El olor a quemado persistía este jueves en los calabozos de la Policía de Carabobo, tras el incendio que el miércoles dejó 68 muertos. “Espero que viva”, repetía llorando Delia Viloria, invocando a su hijo.
Decenas de personas aguardaban noticias bajo un sofocante sol en Valencia. Algunas engañaban el estómago con pedazos de pan y agua.
Cada tanto una policía -con profundas ojeras- salía de la comandancia con listas de sobrevivientes o de reclusos trasladados a otros penales.
“Aquí había como 300 internos; no se cuántos fueron trasladados”, dijo a la AFP un comandante bajo anonimato.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, defensora de los derechos de los presos, la comisaría no debe albergar a más de 40 reclusos que legalmente no deben pasar ahí más de 48 horas, pero duran meses.
“El hacinamiento en los centros de detención preventiva supera el 400%”, indicó a la AFP Carlos Nieto, director de la organización.
Varios internos gritaban el nombre de familiares a través de una pequeña reja por la que sacaban las manos, pero nadie respondía.
“Si no los han llamado para informarles del traslado o para entregarles comida (a sus familiares presos), vengan conmigo”, dijo un delgado agente de la policía científica.
Lo seguían personas con caras largas, pues tendrían que ver cadáveres calcinados para determinar si eran sus parientes.
El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó este jueves a la AFP que la cifra de fallecidos se mantiene en 68 -incluidas dos visitantes- y que la causa fue un posible incendio.
La ONG asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.
“Fue una masacre”
Delia logró entrar al recinto, pero no le permitieron ver los seis cadáveres que quedaban.
“Si su familiar no aparece, traigan una foto con su número de cédula (de identidad). Digan cómo era su cara, sus tatuajes. Solo hay dos que se pueden identificar, los otros están irreconocibles”, informaba la mujer a los familiares.
La mayoría denunciaba que los reos seguían en esa comandancia debido al “fuerte retraso procesal”.
“Él tenía seis meses. Iba a juicio y diferían y diferían”, señaló Delia.
Una situación similar afrontaba el hijo de Yisel Mendoza, quien sobrevivió y sería trasladado.
El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció este jueves la creación de un consejo interinstitucional para “descongestionar” los calabozos policiales.
Mientras pasaba el tiempo, las personas se desesperaban y exigían justicia.
“Hoy fue que supe que mi hijo está bien. Soy una madre desesperada pidiendo justicia, porque esto fue una masacre. Ellos no provocaron el motín”, expresó otra de las familiares, pidiendo resguardar su nombre.
El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela. Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios del país desde 2011, según cifras oficiales y de ONG.
“Pasen y reconózcanlos”
Los cuerpos con quemaduras menores y los de quienes murieron asfixiados fueron entregados a sus familias para que los velaran en funerarias cercanas.
En una de ellas, Luz Díaz lloraba a su nieto.
“No sé por qué si tenían tantos presos ahí no los trasladaron a otras cárceles. A nosotros ellos (los policías) no nos dijeron nada (de lo que pasó), solo ‘pasen y reconózcanlos’ (…). Tenía quemaduras”, relató Díaz a la AFP.
Carmen Varela también recibió el cuerpo de su sobrino, pero no podía sepultarlo porque en la estación policial no encontraban su documento de identidad. La mujer, que esperaba sentada en el piso, aseguró que no murió quemado, sino de un disparo en la cabeza.
“Fue una masacre”, sostuvo.
Tras casi dos días de espera, la cólera y el dolor se apoderaba de los familiares.
“Te quiero, papá”, gritaba una y otra vez un niño de unos tres años mirando hacia el reclusorio. “Yo también te quiero, papi, nos falta poco para estar juntos”, le respondió un hombre desde la prisión.
