En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero vinculada con Norman Danilo Puerta, tenía un pasaporte diplomático que había sido emitido por la Cancillería venezolana. Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, declaró a la Policía de Andorra que Gabriel Ignacio Gil Yánez, también tenía un pasaporte diplomático y que depositó 221.400 euros en efectivo en el principado

 

LA FISCALÍA DE VENEZUELA RECONOCIÓ en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas de la policía científica de ese país (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual —comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz— envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con 1,4 millones de dólares. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada —mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros— a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.

En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.

Carta rogatoria enviada por el Ministerio Público de Venezuela a la Justicia de Andorra en la que solicita asistencia mutua en materia penal y menciona las identidades de los implicados y el pasaporte diplomático del venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández, que lo acreditaba como“asesor” del ministro de Economía y Finanzas de ese país

También, el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.

Acta de declaración tomada a Santiago de Rosello Piera, director financiero de Banca Privada de Andorra, en la que afirma que dos de los venezolanos implicados en la red de lavado, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, tenían pasaportes diplomáticos

Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance) contratado por la BPA —también en 2010— confirma que Gabriel Ignacio Gil Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de finanzas”.

En el reporte elaborado por estos analistas se especifica que Gil Yánez utilizó el pasaporte diplomático emitido por la Cancillería venezolana para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la documentación —más de 150 páginas de informes oficiales— a la que tuvo acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por 221.400 mil euros.

Además, el CIPI obtuvo información que indica que el abogado de la firma United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández Fernández, era Juan Carlos Thula Rauseo, quien también habría accedido a un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.

Una fuente de la Cancillería venezolana validó la versión de que los involucrados consignaban copias de documentos de identidad y fotografías a funcionarios de Secretaría de Presidencia para obtener los “salvoconductos de lujo”.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Finanzas de Venezuela.

Parte del informe elaborado por analistas contratados por Banca Privada de Andorra (BPA) en el que se menciona a los venezolanos implicados que tenían pasaporte diplomático como asesores del ministerio de Finanzas de ese país y las empresas desde las que se transfirieron fondos de dudosa procedencia

“Esos pasaportes se hicieron en Cancillería”

La Cancillería de Venezuela negó en un comunicado difundido el pasado 17 de abril de 2015 “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas investigadas en Andorra”

Sin embargo, un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que accedió a declarar para este trabajo bajo reserva de su identidad, recordó que no se conocen casos de falsificación o robos de pasaportes diplomáticos en los últimos 15 años. “Esos pasaportes se hicieron con material de Cancillería. De dónde más los iban a sacar, de ningún otro sitio. Es imposible falsificar el material para la elaboración de esos pasaportes”.

El funcionario explicó que la emisión de pasaportes diplomáticos se rige por el Reglamento de Pasaportes vigente desde 1974. Este instrumento define quiénes son los ciudadanos que —por su función o cargo— tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. En la lista no figuran los asesores de ministros, pero se establece que el Presidente de la República tiene la autoridad para ordenar la asignación y elaboración de pasaportes diplomáticos a cualquier ciudadano.

“En esa época, durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. Había problemas con el material para los documentos ordinarios y nos decían que había que facilitarle los viajes a los ministros. Por esa razón se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el Ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario al CIPI en conversación telefónica.

Ratificó que muchas de estas solicitudes llegaban desde el Palacio de Miraflores. “Venían de la Secretaría de la Presidencia. Se notificaba al despacho del ministro de Relaciones Exteriores o del Viceministro, si ellos los aprobaban se hacían. Los elaboraba la Dirección de Inmunidades y Privilegios”, dijo.

En esa oficina de la Cancillería, ubicada en la Casa Amarilla, se lleva un registro de los documentos emitidos en un cuaderno denominado libro de pasaportes. “Allí se anotan los datos de todos los pasaportes diplomáticos entregados. Eso se hace para no repetir los números y mantener el orden correlativo. Por eso todo esto es muy extraño. Todos los pasaportes se registran y toda la documentación relacionada (planillas de solicitud) se archiva”, explicó el funcionario, quien asegura que estos soportes deben estar en el archivo del despacho de Relaciones Exteriores.

Aseguró que los pasaportes de los asesores del ministro de Finanzas, vinculados con una red de lavado de dinero, tienen las mismas características que los documentos de este tipo emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El papel, la presentación, la forma en que fueron elaborados, los sellos, la tipografía y las firmas de los funcionarios de Cancillería se corresponden con la de los pasaportes diplomáticos.

Copias completas de las páginas de identificación del pasaporte diplomático que portaba Tulio Antonio Hernández Fernández. El sello de la Dirección de Inmunidades y Privilegios y la firma del funcionario de la Cancillería de Venezuela se corresponden con las mismas de otros pasaportes diplomáticos emitidos para la fecha.

 

Copia del pasaporte diplomático que portaba el venezolano Gabriel Ignacio Gil Yánez y que fue consignado ante Banca Privada de Andorra (BPA). En el documento se lee la acreditación como “asesor especial del ministro de Finanzas”.

Investigación de Andorra duerme en la fiscalía venezolana desde 2010

El expediente levantado por la Justicia de Andorra contiene declaraciones y copias de los documentos presentados por los sospechosos a la BPA en el momento en el que abrieron las cuentas, entre los que se incluyen los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y de Gil Yánez. Además de un informe detallado de diez páginas del oficial de cumplimiento y una carta rogatoria de la fiscalía venezolana, según se constata en la documentación a la que el CIPI tuvo acceso.

En 2010, luego de la detención del excomisario antidrogas Norman Puerta en Andorra por presunto lavado de dinero, el Ministerio Público comisionó a Yemina Carolina Marcano Rigual, fiscal séptima del Ministerio Público para investigar el caso.

El expediente de la “Operación Crù” (Crudo) contiene la rogatoria o exhorto enviado por la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela a la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, en el que solicita “asistencia mutua en materia penal”, como lo establece la legislación venezolana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La petición de apoyo internacional deja claro que las autoridades venezolanas iniciaron una investigación por el caso de Puerta Valera casi de inmediato. “…en lo atinente a la sustentación de la investigación penal que adelanta la Fiscalía Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, identificada con el Nº NN-F07-0030-10, por la presunta comisión de los delitos contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia”, dice el primer párrafo de la carta rogatoria elaborada en fecha 15 de junio de 2010.

La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a otras siete personas investigadas junto al excomisario: Gabriel Ignacio Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio Djamous Kasale.

El exhorto enviado por la Fiscalía Venezolana solicita varias diligencias, entre las que se enuncian: “copias certificadas de los testimonios rendidos por Norman Danilo Puerta Valera”, quien fue detenido en dos ocasiones en el principado, según consta en la documentación obtenida por esta investigación.

Las autoridades de Venezuela también pidieron a la Justicia de Andorra copias auténticas de todas las actuaciones de la causa contra Puerta Valera, así como data migratoria de todos los venezolanos investigados en la causa e información sobre la propiedad de bienes muebles o inmuebles de los involucrados.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación contactó, por medio de una llamada telefónica al despacho, la la fiscal Yemina Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de ningún caso”, respondió.

Los resultados de la investigación llevada a cabo en Venezuela por el Ministerio Público no se conocen. Todos los involucrados en la presunta red de lavado de dinero en la BPA se encuentran en libertad y nunca fueron procesados por ese hecho, ni siquiera el exjefe de antidrogas del Cicpc, Norman Danilo Puerta Valera, que reside en el estado Zulia.

Miguel Antonio Djamous Kasale —mencionado en el expediente— fue asesinado en 2009 en un supuesto intento de secuestro. “El agraviado fue golpeado por los cuatro sujetos que tripulaban una camioneta. Los testigos aseguraron que lo arrastraron hasta una edificación cercana y luego le dieron muerte con varios disparos”, dice una nota publicada en junio de 2009 por El Universal.

La Cancillería de Venezuela procesó la carta rogatoria enviada a Andorra por el Ministerio Público en 2010, tal como lo establece el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009, y no objetó la legitimidad del pasaporte diplomático a nombre de Tulio Antonio Hernández Fernández.

Así se movían las cuentas

Puerta Valera ocupaba la jefatura de la División Contra Drogas de la Policía científica de Venezuela (CICPC). Tulio Antonio Hernández Fernández era uno de los funcionarios, junto a Gabriel Ignacio Gil Yánez, acreditado con pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela.

Tanto Hernández Fernández como Gil Yánez —quien estuvo preso por intento de robo de aeronave entre 2010 y 2014— hacían transferencias e ingresos en efectivo de altas sumas de dólares y euros a la cuenta de Puerta Valera a título personal y también en nombre de compañías fantasmas compradas a través de BPA Serveis, una filial de la entidad en Panamá, según reza en el expediente por la Policía de Andorra e informes de auditores de una comisión de fiel cumplimiento.

Parte de la documentación suscrita por auditores contratados por la Banca Privada de Andorra (BPA) que muestra los ingresos y transferencias de montos en dólares y euros a la cuenta del exjefe de la División Antidrogas de la Policía Científica de Venezuela, Norman Danilo Puerta Valera.

Según el informe de la policía andorrana, Tulio Hernández y Gabriel Gil utilizaron sus pasaportes diplomáticos para facilitar los trámites de apertura de cuentas y documentación requerida en la Banca Privada de Andorra. Por su parte, la entidad financiera se confió de los pasaportes diplomáticos como soporte de compliance.

Entretanto, a una semana de publicado el reportaje del CIPI, en Venezuela no han sido respondidas las siguientes interrogantes:

¿Por qué no se han pronunciado sobre el caso de Andorra y los supuestos asesores, Nelson Merentes, exministro de Economía y Finanzas de Venezuela, ni el coronel Manuel Barroso, extitular de la Secretaría de la Presidencia de ese país, despacho que tramitó los pasaportes diplomáticos de los investigados?

El comunicado de la Cancillería de Venezuela se limitó a negar la emisión de los pasaportes diplomáticos a Hernández Fernández y Gil Yánez, sin embargo, no explica: ¿Iniciaron las autoridades venezolanas una investigación para determinar el origen de esos documentos y la participación de estos venezolanos en la supuesta red de lavado de dinero?

Al momento de recibir el pasaporte diplomático, Tulio Antonio Hernández Fernández tenía antecedentes penales por tráfico de heroína, ¿la Fiscalía venezolana indagó sobre este hecho a propósito de la investigación del caso Andorra?

 

La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El policía fue detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tenía condena vigente por tráfico de heroína, pero había recibido una medida de “gracia” y estaba en libertad

 

LOS MILES DE MILLONES DE DÓLARES que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención). El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el expolicía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

Norman Danilo Puerta Valera, el excomisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de una aeronave.

 

Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. “Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Tulio Hernández Fernández

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado. Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hérnandez Fernández, viajó a Andorra

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

—¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

—¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernandez Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal: “Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

 

Gabriel Ignacio Gil Yánez

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. “Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera. Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.

Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó: “Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet. Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panamá

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del excomisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) está integrado por profesionales en Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México, Costa Rica y España. Esta información se publica también hoy en diarios digitales e impresos en Caracas, Panamá, Miami, Sao Paulo y Bogotá.

 

Portales internacionales y nacionales de noticias, los principales periódicos regionales de Venezuela, así como El Mundo de España, abrieron el martes con el hallazgo de un reportaje realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI). La información revela que dos venezolanos que recibieron pasaportes diplomáticos por ser «asesores» de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, lavaron más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA). Basándose en investigaciones y documentos del Grupo Antiblanqueo de Andorra, los periodistas dejaron al descubierto las transacciones presuntamente ilícitas de Tulio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yánez, quienes formaban parte de una red que involucra a un ex jefe del Cicpc y a otros funcionarios del Estado.

Además de publicar la investigación realizada por profesionales de 10 países de Iberoamérica, El Mundo de España dedicó su editorial al referido trabajo periodístico. Sobre la autoría del reportaje, afirmaron: «El hecho de que por primera vez publiquemos una exclusiva bajo una firma colectiva (Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación) para proteger la identidad de sus autores es una prueba más de las dificultades que tiene que sortear la prensa libre para abrirse paso en Venezuela».

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación está integrado por profesionales de Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Chile, Venezuela, Estados Unidos, México, Costa Rica y España.

A continuación se muestran algunos de los portales web que cubrieron esta noticia. Haz clic en las imágenes para abrir los contenidos desarrollados:

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Grabaciones telefónicas de evidente alta profesionalidad, ponen de relieve la intervención de altas personalidades españolas y francesas en la liberación por parte de Banca Privada d´Andorra (BPA) de € 200 millones propiedad de un empresario «chavista» venezolano, según el programa matinal «Espejo Público» de la televisora privada «Antena 3».

Según los conductores del programa, se trata de grabaciones secretas de la Guardia Civil española obtenidas durante la «Operación Clotilde», puestas de conocimiento de las autoridades estadounidenses.

Las referencias que hace un mes hizo el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a mafias rusas y chinas vinculadas con depósitos millonarios de venezolanos en BPA, calzan bien con la versión de «Espejo Público» de que cuando la Guardia Civil investigaba operaciones de la mafia rusa en Andorra, se encontró con conversaciones referidas al caso venezolano.

En la conversación sostenida entre Diego Salazar, presentado como «mano derecha» de un «magnate petrolero» y Pablo Laplana, funcionario de BPA, los interlocutores comprometen al ex juez estrella español Baltasar Garzón Real, contratado por BPA, y el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, conocedor del idioma español por su crecimiento en Venezuela.

Según los conductores de «Espejo Público», Salazar admitió la existencia de la conversación, calificándola de «normal entre abogados y clientes». El contenido, sin embargo, es excepcional.

De acuerdo con Salazar, éste pagó a la policía US$ 80.000 para facilitar la liberación de los € 200 millones, pero a los 6 meses no hubo resultados y «los policías pidieron más». En un momento de la conversación, se escucha decir que «la Fiscalía no es como en Alemania; es un ‘cogeculo’ (sic)».

Laplana comentó a Salazar que las cosas se hacen en Andorra de otro modo y «los bancos tratan (las cosas) suavemente», asegurándole que tanto la dirección general de BPA como sus dueños estaban haciendo lo necesario para desbloquear el depósito.

De la conversación Salazar-Laplana se desprende que aunque los papeles aparentes de Garzón eran contradictorios, en favor de la liberación y de la legalidad, estaban convenidos de antemano para justificar mejor la decisión final.

Las fuentes indican que, finalmente, el depósito fue desbloqueado.

*Con información de ABC y Cuentas Claras

El diario español ABC reveló que el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por el caso de las escuchas de la Gürtel, fue contratado a finales de 2012 por Banca Privada de Andorra (BPA), actualmente intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero. El objetivo de la entidad era desbloquear las cuentas de uno de sus clientes más selectos, Diego Salazar, un magnate venezolano que se hizo multimillonario al calor de sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hace algún tiempo por su primo hermano Rafael Ramírez Carreño, hoy embajador de su país ante la ONU.

El motivo de ese bloqueo de sus cuentas en BPA, ordenado el 30 de noviembre de 2012, era que la Fiscalía del Principado sospechaba que Salazar blanqueaba cantidades millonarias de dinero a través de ellas. En concreto, según las intervenciones telefónicas de diciembre de 2012 autorizadas por la Audiencia Nacional a la Guardia Civil en el marco de la operación Clotilde, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, el magnate investigado habría movido «cientos de millones de euros» y además a la juez de Andorra que llevaba el caso le resultaba muy sospechoso «el parentesco de Diego con su primo», en referencia a Rafael Ramírez.

El nombre de Garzón sale a relucir en cuatro ocasiones. La primera el 13 de diciembre cuando Pablo Laplana, gestor de BPA a quien se investigó en el marco de la citada investigación de la Guardia Civil, le dice a Luis Mariano, encargado de las cuentas de Salazar en la entidad, que han «contratado a Garzón para que ataque», refiriéndose, claro está, a la decisión de las autoridades judiciales andorranas de bloquear las cuentas del magnate.

Al día siguiente, Laplana recibe la llamada de un hombre sin identificar y hablan sobre el recurso de Salazar dirigido al Tribunal Supremo de Andorra, y a la composición de ese tribunal para «utilizar influencias favorables a los intereses de Diego Salazar». Después, se refieren al exmagistrado de la Audiencia Nacional, «con el que quieren hablar sobre este asunto», siempre según el informe de escuchas a cuyo contenido ha tenido acceso ABC.

La tercera alusión se produce dos días después en una conversación de Laplana con un hombre no identificado de acento suramericano. Los interlocutores hablan del recurso de Diego Salazar «que lleva el juez Garzón», sin que los informes precisen más datos sobre este asunto.

Éxito de la defensa

Finalmente, el 20 de diciembre de 2012 se produce la cuarta conversación en la que el exmagistrado sale a relucir, y de nuevo son Laplana y Luis Mariano los que hablan. Esta vez el primero de ellos sigue comentando los detalles del caso judicial y la intención de BPA de que con sus recursos no solo se desbloqueen las cuentas, sino que todo el sumario, en cuyo marco tomó esa decisión la juez andorrana, fuese sobreseído. Eso, añade, daría lugar por parte de la entidad a la reclamación por daños y perjuicios, por una parte, y a emprender acciones penales por abuso de poder y prevaricación por otra. Añade que «Vilepand -según informaciones procedentes de Venezuela se trata de Dominique de Villepin, ex primer ministro francés y abogado del magnate venezolano- ha hecho un borrador que se lo ha mandado hoy a Garzón», se supone que para que lo estudiara e hiciera las aportaciones que considerar a oportunas.

Lo cierto es que el dictamen de Garzón y el resto de actuaciones de abogados que movilizó Diego Salazar dieron sus frutos hace diez meses,cuando el Tribunal del Corts del Principado, en contra del criterio de la Fiscalía, de la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) y del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), autorizó a Salazar y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de los casi 200 millones de dólares bloqueados en sus cuentas.

Una decisión cuestionable

Esta decisión judicial contrasta con los acontecimientos posteriores, en especial con las intervenciones de BPA en el Principado y de su filial Banco Madrid en España por ser consideradas por los investigadores como «estructuras al servicio del blanqueo de dinero». Como se sabe, existen potentes indicios de que la mafia china liderada por Gao Ping, el grupo de crimen organizado ruso de Viktor Kanaikin y Andrei Petrov y personajes relevantes del chavismo venezolano utilizaban las dos entidades para lavar enormes sumas de dinero. Pero aunque las cantidades en los dos primeros casos son importantes, sin duda la mayor partida era del último grupo, entre los que hay personajes a los que se relaciona con la corrupción política al más alto nivel en su país.

La respuesta de Garzón

“Aguantando la manipulación y la falsedad”, así se manifestó el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en respuesta a la información del diario ABC, en exclusiva para el portal Cuentas Claras, que lo señala de estar presuntamente vinculado a un  contrato para lograr el desbloqueo de las cuentas de Diego Salazar Carreño, primo del actual embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Rafal Ramírez Carreño, quien también fue ministro de Petróleo y Minas  y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

A Garzón le resulta curioso que el bufete de abogados que defiende en España a Diego Salazar en el caso de las cuentas de Banca Privada de Andorra – asociada a lavado de dinero- “es el mismo que defiende a Iñaqui Urdangarin, y a ellos no los nombran”, lo cual atribuye a la conocida posición política del diario español.

Como se sabe, Urdangarin es el esposo de la infanta Cristina, está siendo procesado por  malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.

Garzón es enfático al calificar la información que lo asocia con Diego Salazar como vergonzosa. “Esta es la respuesta contra  mi libro y contra  mi persona,  como abogado”.

Se refiere Garzón a su más reciente obra “El Fango”, su crónica sobre 40 años de corrupción en España,donde analiza los casos que más impacto social tuvieron en su momento y en muchos de los cuales intervino directamente como juez instructor. Entre otros asuntos el libro analiza lo ocurrido con los casos “Juan Guerra”, “Gal”, “Roldán”, “Gürtel”, “Nóos”, “Matas” o “Pujol”. El libro, editado por Debate, será presentado este jueves en Madrid.

 

Caso BPA: Antena 3 devela grabación que implica a Diego Salazar con políticos famosos (audios)

Un pinchazo telefónico al BPA (Banca privada de Andorra) pone al descubierto una megaoperación muy oscura de 200 millones de dólares, y en el que, salen nombres como el del exjuez español Baltasar Garzón o Dominique de Villepain, ex primer ministro francés, relacionándolos con el desbloqueo de cuentas con más de 200 millones dólares del corredor de seguros venezolano Diego Salazar en el Banca Privada de Andorra (BPA).

Espejo Público, el programa de Antena 3, tuvo acceso en exclusiva a unas grabaciones reales que han provocado la intervención de la Banca Privada de Andorra, el que hasta ahora es el mayor escándalo financiero del Principado.

Todo arranca de una operación de la Guardia Civil de España que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada “Operación Clotilde”. Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.(La Patilla)

 

 

28 ONG denuncian hostigamientos contra defensores de DD HH en Venezuela

Algunas de las organizaciones que son víctimas del acoso denunciado son Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

28  organizaciones dedicadas a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, emitieron desde Panamá un comunicado, en el que denuncian que los defensores de Derechos Humanos son hostigados en Venezuela.

Infieren que las autoridades del país deben cesar del hostigamiento a dichos defensores.

En el texto enumeran varias amenazas en contra de algunos protectores que ha realizado el gobierno nacional.

Aquí el comunicado completo publicado en la página de Human Rights Watch(El Nacional)

 

 

EE UU: Sanciones a funcionarios son en solidaridad con los venezolanos

Las sanciones estadounidenses contra Venezuela son una expresión de solidaridad de Washington con el pueblo de ese país, aseguró hoy el coordinador de Política de Sanciones del Departamento de Estado de EE UU, Daniel Fried.

Estas medidas «no van contra el pueblo, sino que son una expresión de solidaridad con los venezolanos, que están sufriendo graves presiones en lo político y en lo económico» por parte de las autoridades de Caracas, dijo el funcionario en Madrid.

Fried, que se entrevistó hoy con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se refirió a las sanciones impuestas por Washington al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro en un encuentro con periodistas.(El Nacional)

 

 

Designan a Alejandro Fleming como viceministro para América del Norte

Por medio del decreto presidencial número 1.690, se conoció acerca de la designación de Alejandro Fleming como viceministro para América del Norte, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo a la Gaceta Oficial número 40.633, se oficializó dicho nombramiento.

Como se recordará, Alejandro Fleming ha desarrollado diversos cargos estratégicos dentro del Gobierno nacional, entre ellos estuvo su paso por el ministerio de Turismo como titular de la mencionada cartera, así como presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).(Noticias 24)

 

 

Alertan ante intentos de la derecha venezolana para sabotear Cumbre de las Américas

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Christian Zerpa considera que la derecha venezolana intentará sabotear la posición de Venezuela en la venidera Cumbre de Las Américas que se celebrará en Panamá, el 10 y 11 de abril, en su intento de movilizar su influencia en un contexto en el que el repudio mundial al decreto estadounidense contra Venezuela se ha hecho eco.

«Se están organizando unos foros con apoyo de la derecha venezolana, que buscarán sabotear la posición de nuestro país en la Cumbre de Panamá. Van a usar la presencia de las señoras esposas de los políticos presos: Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma, para crear un show, en una llamada reunión de sociedad civil», señaló el parlamentario en declaraciones ofrecidas este martes a Venezolana de Televisión, durante el programa El Desayuno.

La agenda de la VII Cumbre de las Américas, a realizarse en Panamá, estará marcada por la posición de América Latina en apoyo a Venezuela tras las recientes agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos, que emitió un decreto en el que califica a la nación suramericana como una «amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional».(AVN)

 

El pasado 10 de marzo, una noticia sacudió el sector bancario de Andorra. La Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, en sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) era un coladero de lavado de dinero del crimen internacional. La medida provocó una escalada de acontecimientos: la intervención del banco por las autoridades andorranas y de su filial en España, Banco Madrid; la dimisión del consejo de administración y la detención de su consejero delegado, Joan Pau Miquel; una fuga de depósitos de los clientes y la imposición de un corralito, y la declaración de la suspensión de pagos de Banco Madrid.

La actuación del Fincen es sólo una muestra de la creciente importancia de la inteligencia financiera de EE.UU. en la lucha contra el crimen. En el pasado, el Departamento del Tesoro apenas contaba en las discusiones sobre la guerra contra organizaciones criminales a nivel global, dominada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) y la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA).

Hoy, sin embargo, la inteligencia financiera es clave en casi cualquier investigación criminal, desde la definición y el seguimiento de sanciones a países o personas –desde Irán a Rusia—, la persecución de células terroristas a través de su financiación y de los rastros que deja su dinero, la evaluación del poderío económico de países u organizaciones que podrían ser una amenaza para EE.UU. y el control de la proliferación de actividades nucleares.

En los últimos años se ha disparado el personal del Tesoro americano dedicado a peinar movimientos de dinero sospechosos y rastrear como sabuesos la procedencia de fondos. Se calcula que son 700 agentes, algunos desplegados en lugares de conflicto, que suministran información y colaboran con otras agencias de inteligencia.

La inteligencia financiera «ha abierto un nuevo campo de batalla para EE.UU., en el que podemos perseguir a aquellos que pretenden hacernos daño sin poner a nuestras tropas en peligro o usar armas mortales», dijo el pasado junio en un discurso el secretario del Tesoro, Jack Lew.

El 11-S, un punto de inflexión

La prosperidad de recursos y el alcance de la inteligencia financiera fueron propiciados por los atentados del 11-S y las leyes antiterroristas que le siguieron, como la Patriot Act, que dieron mucho poder a las autoridades para acceder a la información financiera de individuos y organizaciones.

Con Obama, el papel de la inteligencia financiera no se ha relajado, sino que incluso ha ganado protagonismo, en un momento en el que el presidente prefiere usar cualquier estrategia antes que el uso de la fuerza militar. «Las sanciones financieras se han convertido en la primera respuesta en las crisis políticas internacionales», aseguró a Bloomberg Eric Sorber, un exempleado del Tesoro que ahora trabaja como abogado especialista en sanciones para la firma Gibson, Duna & Crutcher. «Para el presidente es muy fácil imponerlas, tienen gran capacidad de presión y limitan los efectos colaterales», dijo.

La imagen popular sobre operaciones de inteligencia tiene más que ver con espías al estilo de James Bond desbaratando ataques secretos de rusos y chinos. «En parte es todavía así y no hay que quitarle importancia», dijo al mismo medio financiero Christopher Swift, que antes investigaba la financiación de grupos terroristas para el Departamento del Tesoro y ahora es profesor de la Universidad de Georgetown. «Pero si miras qué tipo de organizaciones a nivel global son un problema para EE.UU. y sus aliados, muchas son actores no estatales, como sindicatos del crimen, del tráfico de drogas o del terrorismo internacional y la mejor manera de entender cómo funcionan esas organizaciones y de hacerles daño es seguir la pista del dinero», aseguró.

El rastro de Gao Ping, Petrov y Venezuela

Precisamente, «seguir la pista del dinero» es el lema del Fincen, dirigida por Jennifer Shasky y dedicada sobre todo al lavado de fondos y a la financiación de grupos terroristas, y que rastrea cerca de un millón de movimientos financieros al año. «La primera motivación de los criminales es ganar dinero, y dejan rastros financieros al tratar de blanquear o gastar sus ganancias», explica en su web. Esas huellas son las que siguieron los agentes del Fincen para establecer la relación entre los fondos manejados en BPA con Gao Ping, altos cargos de Venezuela y el ruso Andrei Petrov, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Semion Mogilevich, colocado en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Cuando se anunciaron las medidas contra BPA, la directora del Fincen se apresuró a felicitar a otros organismos que habían colaborado en la investigación, como la sección de confiscación de activos y blanqueo de dinero del Departamento de Justicia, la fiscalía, el departamento de Inmigración y Aduanas y la unidad de investigación criminal del IRS –el organismo recaudador de impuestos de EE.UU.. Esto da una idea de la diversidad de entidades que participan en estas operaciones.

La última muestra del creciente peso de la inteligencia financiera se produjo el pasado febrero, cuando David Cohen, hasta entonces subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, tomó posesión como vicedirector de la CIA, segundo en la jerarquía de la agencia. Era la primera vez que alguien proveniente del Tesoro recalaba en una posición de ese rango. Hace no tantos años, a los que seguían la pista del dinero apenas se les dejaba entrar en las reuniones importantes sobre inteligencia.

 

 

 

El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso El Mundo. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos en Banca Privada d’Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.

El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.

De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano.

Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EE UU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez.

Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar imprescindible. «Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas», sentencia el Tribunal de Corts.

Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen, como ya reveló El Mundo el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para «asesorarlas» en la adjudicación de contratos multimillonarios.

Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar, primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan su dinero. «Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial». En su informe de alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por el primo de Salazar.

La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.