Activistas de derechos humanos que investigan el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, en el estado de Guerrero, México, dicen que no han podido entrevistar a personal militar.
En rueda de prensa celebrada este lunes en Ciudad de México, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que trabajan en el caso dijeron que los soldados que pudieron haber sido testigos de la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre del año pasado sólo pueden ser interrogados a través de un cuestionario escrito.
El equipo de la CIDH, organismo dependiente de la OEA, prefirió no hacerlo así.
El gobierno de México no ha respondido a los señalamientos.
Familiares portan fotografías de algunos de los 43 estudiantes durante una marcha tras 10 meses de la desaparición.
La delegación de la CIDH también señaló que videos de seguridad que contienen pruebas visuales de los hechos pueden haber sido destruidos.
El Ministerio del Interior de México declinó hacer comentarios sobre este punto y, en un comunicado, indicó que el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio, y los miembros de la CIDH tuvieron una reunión con las familias de las víctimas el viernes.
Ingestigación en marcha
Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron detenidos por la policía de la ciudad de Iguala y, según dice el gobierno de México, fueron entregados a un líder de un cartel que mandó que los mataran e incineraran sus cuerpos.
Hasta ahora sólo se ha logrado identificar los restos de uno de los estudiantes.
Los investigadores de la CIDH quieren interrogar a soldados del batallón de Iguala que acudió al lugar de los incidentes en el momento en que los estudiantes chocaron con la policía.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha generado indignación y un profundo malestar en México.
Los parientes de los desaparecidos creen que los soldados no actuaron como debían cuando la policía abrió fuego contra los estudiantes y posteriormente los subió a un autobús.
La CIDH investiga el caso a petición de las familias de las víctimas, con el consentimiento del gobierno.
El informe final de la Comisión se espera en septiembre.
El coordinador y fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Miguel Ángel Jiménez, quien también era líder de la policía comunitaria de Xaltianguis, fue asesinado el sábado, de acuerdo a la información emitida por la Fiscalía General del Estado.
Miguel Ángel Jiménez, tenía 45 años, era taxista y luego de conocerse la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala, se convirtió en activista para encontrar el paradero o una respuesta con respecto a este caso.
La Fiscalía mexicana, indicó que fue hallado, sin vida, vehículo, «estacionado en la carretera que conecta a la Ciudad de México con el turístico puerto de Acapulco, a la altura del poblado de Xaltianguis».
Miguel Ángel Jiménez, ayudó a organizar varios grupos de búsqueda, entre ellos: «Los otros desaparecidos de Iguala».
Otros activistas mostraron su pena ante la pérdida del activista, quien no pudo conocer en vida, el paradero de los jóvenes.
MEXICO (AP) — El Procurador General de México dijo que decenas de confesiones y pruebas forenses practicadas muestran que los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre murieron y que fueron incinerados al día siguiente, en un basurero cercano a la población de Cocula, en el estado sureño de Guerrero.
En una larga exposición de los detalles de la investigación, Jesús Murillo Karam dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de una hoguera fue suficiente para incinerar a los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa sin que se hubieran dejado restos que permitieran su posterior identificación y reconocimiento.
A esta conclusión llegó el martes pese a que sólo se ha confirmado la identificación de uno de los estudiantes a través de una prueba de ADN, Alexander Mora Venancio, y con base en una declaración ofrecida por un laboratorio forense en Innsbruck, Austria, que dijo que era imposible identificar los demás restos con los que cuentan.
Murillo dijo que su conclusión se basó en 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos.
El procurador presentó el testimonio de quien habría sido jefe de los sicarios que los ejecutaron, detenido el 15 de enero, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, detenido tras ser deportado desde los Estados Unidos. También afirmó contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula que entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios y con el testimonio de al menos una decena de sicarios que interrogaron, ejecutaron, incineraron y lanzaron a un río los cuerpos de los jóvenes.
Valentín Cornelio Gonzalez, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación.
Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso.
El gobierno mexicano ha sido criticado por los padres de los estudiantes, expertos en incendios y otros por la inverosimilitud de la explicación oficial de lo sucedido. Los padres aún continúan protestando y buscando a sus hijos.
El procurador dijo que su conclusión se basó en 39 confesiones, 487 peritajes, que incluyeron pruebas de gasolina, diesel y rastros de acero de neumáticos encontrados en la escena del crimen, y agregó que tanto el calor despedido por el fuego como el lugar de la pira así como las horas que el fuego estuvo vivo y que las cenizas fueran trituradas, fueron suficientes para deshacer los cuerpos.
Los funcionarios de investigación dijeron que los cuerpos fueron quemados esa noche así como en los siguientes días y que los restos incinerados fueron empacados en varias bolsas y arrojados a un río cercano.
La escena de los hechos es un barranco de 800 metros que se asemejaba a un horno, dijo Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal.
El procurador afirmó que «no existe una sola evidencia de participación del ejército» en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa vía de investigación.
También explicó que el móvil detrás de la desaparición y muerte de los estudiantes es la percepción por parte de la organización Guerreros Unidos de que entre los estudiantes venían «infiltrados» de los rojos, una organización criminal rival.
Según Murillo, el número de detenidos asciende a 99 y aseguró que aún quedan al menos seis detenciones pendientes más, los elementos de que se dispone la investigación son «suficientes» y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables.
Un centenar de alumnos y padres de la escuela rural Ayotzinapa irrumpieron por la fuerza en un cuartel militar de Iguala (sur) y fueron repelidos con gases lacrimógenos, constató el lunes un periodista de AFP.
Los inconformes llegaron a Iguala poco después del mediodía para exigir que se les permitiera entrar a buscar a los estudiantes desaparecidos en el cuartel militar de la zona 27, ubicado en una céntrica calle de la ciudad, a 191 km de la capital mexicana.
Ante la negativa de los uniformados, tomaron por la fuerza un camión de una empresa de refrescos con el que rompieron una de las puertas principales del campo militar e ingresaron unos 20 metros, hasta que soldados y policías les impidieron continuar al usar gases lacrimógenos y extinguidores para contenerlos.
Los padres de los jóvenes desaparecidos «solo venían a solicitar se les permitiera el ingreso a la instalación militar, pero fueron desalojados violentamente», dijo a la prensa local Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.
«Estoy verdaderamente encabronado (enojado) porque veníamos pacíficamente a pedirle a autoridades militares que nos permitieran ingresar para buscar a nuestros hijos porque nos dijeron que podían estar ahí», dijo de su lado a la AFP Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.
En los enfrentamientos, en los que cuatro personas resultaron con heridas no graves, los inconformes se replegaron y tomaron otro vehículo de cerveza cuyos envases vacíos fueron utilizados como proyectiles, mientras gritaban su acostumbrada consigna de «vivos se los llevaron, vivos los queremos».
Después los padres de familia de los estudiantes desaparecidos se trasladadron a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, donde prendieron fuego una camioneta oficial en el acceso a las instalaciones de la 35 Zona Militar.
A la par, maestros de la radical Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), se manifestaron frente a instalaciones militares y navales en el puerto de Acapulco y en localidades de la costa de Guerrero.
Otro grupo de maestros inconformes realizó protestas pacíficas frente a cuarteles en el vecino estado de Michoacán (oeste).
Desde hace unas semanas los padres de los estudiantes presuntamente masacrados han dicho que tienen indicios de que militares, apostados en ese cuartel militar, tuvieron alguna participación durante la fatídica noche del 26 de septiembre en la que los jóvenes fueron brutalmente atacados por policías y entregados a un grupo narcotraficante.
De acuerdo con investigaciones de la fiscalía federal, los jóvenes habrían sido masacrados por integrantes del cartel de Guerreros Unidos e incinerados en el aislado basurero del vecino municipio de Cocula.
Hasta ahora sólo los restos de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, han sido identificados mediante pruebas de ADN.
EL PERICON, México (AP) — El procurador general de México confirmó el domingo que los resultados genéticos de restos calcinados corresponden a uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de dos meses, lo cual robustece la teoría de que fueron asesinados y quemados por un grupo del narcotráfico, en un caso que ha generado una crisis política en el país.
El procurador Jesús Murillo Karam dijo que la Universidad de Innsbruck de Austria, a donde se llevaron 17 muestras de restos, entregó el 4 de diciembre resultados que concluyen que al menos uno corresponde al joven Alexander Mora Venancio, de 19 años y originario de la comunidad de El Pericón, en el estado sureño de Guerrero.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto envió sus condolencias a la familia de Mora Venancio en un mensaje que dio ante líderes empresariales en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana que comienza este lunes en Boca del Río, Veracruz.
«Quiero expresar mi más sentido pésame a los padres de Alexander», dijo el mandatario mexicano ante empresarios y mandatarios de Iberoamérica reunidos el domingo para el X Encuentro Empresarial, entre quienes se encontraba el rey de España, Felipe VI.
También agradeció el apoyo internacional y la solidaridad hacia México por parte de la comunidad internacional «en esta etapa en la que México ha estado inmersa en los últimos meses».
Horas antes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que el resto de las muestras aún se analizan en el laboratorio de Innsbruck con métodos adicionales a los aplicados hasta ahora, pero se pronunció por mantener la búsqueda de los desaparecidos.
Mientras Murillo decía en la Ciudad de México que los restos coincidieron con el perfil genético de su padre Ezequiel Mora y sus hermanos Omar y Hugo, en la pequeña comunidad montañosa de El Pericón decenas de vecinos, amigos y compañeros llegaban hasta la casa de adobe de dos habitaciones de la familia de Alexander para dar sus condolencias.
«Su sueño era ser maestro», dijo Mora, el padre de Alexander, con los ojos rojos de una noche sin dormir y quien recibía con un movimiento de cabeza las palabras de consuelo de las personas que llegaban hasta su casa.
«Quitaron el sueño de mi hijo», agregó el hombre de 63 años, que el viernes estaba en la Normal Rural de Ayotzinapa cuando abogados que representan a las familias de los estudiantes lo llevaron a un cuarto donde los forenses argentinos que colaboran en la identificación le dieron la noticia.
Funcionarios federales y familiares de los estudiantes habían dicho desde el sábado que se había identificado a Alexander, aunque fue ahora que el procurador Murillo dijo la información de manera oficial.
«Se concluye que de acuerdo con los resultados… la muestra corresponde a Alexander Mora Venancio», dijo el procurador, que no aceptó preguntas de la prensa.
El funcionario dijo que hasta ahora han sido detenidas 80 personas, 44 de ellos policías municipales, y que las investigaciones continúan.
Añadió que la identificación fortalece la teoría a partir de los testimonios de tres sicarios del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, que dijeron que los estudiantes fueron quemados en un basurero de la comunidad de Cocula y las cenizas las metieron en ocho bolsas, seis de las cuales fueron vaciadas al Río San Juan, cercano al lugar.
Recordó que los tres sicarios dijeron que luego de 13 o 14 horas de haberlos quemado les ordenaron recoger la ceniza y triturar los huesos que quedaban.
Murillo dijo que marinos encontraron una de las dos bolsas lanzadas al río, que contenía cenizas y elementos óseos, además de restos metálicos de neumáticos encontrados en el basurero donde supuestamente fueron quemados.
Los forenses argentinos, sin embargo, aclararon que sus peritos no estuvieron presentes cuando las autoridades recuperaron la bolsa donde se encontraba el fragmento óseo que permitió la identificación de Alexander.
«El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza», señaló el equipo argentino en el comunicado.
El grupo consideró que «falta aún mayor evidencia física» para determinar si lo que dijeron los sicarios es cierto, es decir, si los quemaron en el basurero y luego arrojaron los restos al río.
Por eso, llamó a continuar con «el proceso de búsqueda de los desaparecidos».
Parientes y compañeros de los jóvenes en la Normal Rural de Ayotzinapa dijeron el sábado que los expertos habían confirmado la identidad del estudiante Alexander Mora, un joven campesino al que sus compañeros apodaban «La Roca» por su determinación.
«Era un compañero fuerte, muy perseverante en lo que se proponía», explicó el líder estudiantil Omar García. «Es una pérdida muy grande».
Las familias fueron informadas el viernes por la noche por un equipo de expertos forenses argentinos que trabajan en nombre de los familiares y con la oficina del procurador general, dijeron familiares. Los padres de Mora estuvieron acompañados el sábado por miembros de la comunidad escolar en El Pericón.
«No sé si eran dos huesos, un huesito, quién sabe», dijo Mora el domingo. Los forenses le dijeron a hombre que le entregarán los restos de su hijo en dos semanas.
Omar Mora, hermano de Alexander, dijo que no aceptaba completamente la idea de que esté muerto.
«Nosotros no llegamos a la resignación todavía de aceptar que él está muerto», comentó. «Tenemos la esperanza que los chavos tengan otra suerte», añadió sobre los otros compañeros de su hermano.
Murillo anunció el 7 de noviembre por primera vez que habían encontrado cenizas y algunos restos y que los tres sicarios habían declarado que los redujeron a cenizas.
Pero la macabra historia, sin testigos y apenas sin rastro de los 43 jóvenes, hizo que los padres rechazaran esa versión y que reclamaran la búsqueda con vida de sus hijos.
Los padres de los desaparecidos marcharon el sábado con miles de personas en una manifestación organizada con antelación en la Ciudad de México, descendiendo de los autobuses con el rostro sombrío. La mayoría declinó hablar con los reporteros.
«Los padres no vamos a descansar hasta hacer justicia», dijo Felipe de la Cruz, padre de un estudiante de la escuela.
«Si piensan que con uno confirmado nos vamos a quedar a llorar se equivocan», añadió, y dijo que mantendrán la búsqueda de los 42 restantes.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre luego de varios ataques de la policía local contra los jóvenes, en los que murieron tres alumnos y tres civiles más en la localidad de Iguala, al sur de la Ciudad de México.
Murillo Karam ha dicho que fueron atacados por la policía por orden del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que después fue detenido cuando estaba prófugo. El caso forzó la dimisión del gobernador de Guerrero.
El caso ha causado una gran conmoción, tanto en México como en el extranjero, dado que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local corrupto y las autoridades federales tardaron 10 días en intervenir.
Decenas de miles de personas han tomado las calles en las últimas semanas con gritos de justicia y, cada vez más, exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. El caso se ha convertido en un símbolo de los abusos de autoridad y la corrupción en el sistema mexicano y a los que se enfrentan de forma cotidiana todos los mexicanos.
En la trágica noche del 26 de septiembre, en la que desaparecieron 43 estudiantes, algo en México cambió: dos meses después, la indignación no cede en las calles y el gobierno se ve obligado a dar un golpe de timón para enfrentar la impunidad y corrupción.
El presidente Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en dos años en el poder, anunciará mañana reformas en la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado.
“Se deben tomar decisiones donde hay debilidades del Estado mexicano”, adelantó el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.
El plan, para cuya ejecución se creará una comisión de todos los poderes del Estado, establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.
“Veremos qué profundidad tendrán esas medidas. Hasta ahora, el presidente no ha tenido una respuesta coherente a la crisis y tiene que dar una válvula de escape, ocuparse de lo que no había atendido: la corrupción y la violencia”, declaró el experto en seguridad Alejandro Hope.
La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico.Enrique Los jóvenes fueron atacados a tiros en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.
En tanto, el equipo argentino de Antropología Forense, que participa en las investigaciones a pedido de familiares de los desaparecidos, identificaron los restos de tres personas hallados en fosas del sur de México, aunque ninguno corresponde a alguno de los 43 estudiantes.
El equipo forense no informó la identidad de esas personas y solo mencionó que desaparecieron en los últimos meses en Iguala.
Proceso
Investigación
Versión de detenidos
Agentes y sicarios detenidos han declarado que los estudiantes fueron entregados a miembros del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en un basurero de Cocula, cercano a Iguala.
Restos en análisis
Los restos encontrados en el basurero de Cocula y en un río cercano fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria, por recomendación de los forenses argentinos, al tener uno de los laboratorios con mayor capacidad y experiencia reconocida a nivel mundial.
MEXICO (AP) — El enojo por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en México se tornó el jueves también contra el presidente Enrique Peña Nieto, que para algunos enfrenta la mayor crisis desde que asumió el poder hace casi dos años.
Decenas de miles de manifestantes se volcaron a las principales calles de la Ciudad de Méxicopara acompañar a los padres de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en el estado sureño de Guerrero, y a la par de exigir justicia reclamaron la actuación del presidente y su gobierno, que no ha aclarado el caso.
«Estamos cansados», dijo Julieta González, una psicóloga y profesora que caminaba por el centro de la capital mientras sostenía una hoja que rezaba: «quiero que renuncie Peña Nieto». La acompañaba su hija de ocho años.
«Todo es parte de la corrupción», consideró. «Los que tenemos hijos queremos dejarles algo, por lo menos el ejemplo de que levantando la voz podemos hacer mucho y podemos hacer que escuchen».
En su mayoría vestidos de negro, los manifestantes caminaron hacia el Zócalo, la plaza principal del centro de la capital, mientras alzaban banderas mexicanas pintadas de negro en señal de duelo, fotografías de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y pancartas con leyendas de «Ya me cansé» y «Fue el Estado».
En pancartas, pintas en paredes y gritos se repetía una y otra vez: «¡Fuera Peña!».
En otras ciudades de México y en el extranjero también hubo manifestaciones.
En la capital de El Salvador, universitarios vestidos de negro y otros con ropa blanca manchada de rojo marcharon hacia las inmediaciones de la embajada mexicana para exigir que se conozca el paradero de los jóvenes. En Bolivia, estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés protestaron en el recinto portando fotos de los desaparecidos con la leyenda: «Vivos se los llevaron… Vivos los queremos».
El 26 de septiembre, policías de la ciudad sureña de Iguala atacaron a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que habían llegado a recolectar recursos. Tres murieron y 43 más desaparecieron. Según las investigaciones habrían sido entregados a sicarios del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, algunos de los cuales han declarado que los mataron y quemaron en un basurero de la zona, aunque hasta ahora no se han concluido las pruebas de ADN de los restos localizados.
«Es demasiado injusto», afirmó Mariana Cárdenas, estudiante de mercadotecnia de 26 años, frente al monumento a la Revolución, en el centro de la capital.
«Como mamá yo no me imagino el dolor que están pasando los padres y familias de los estudiantes», comentó la joven, acompañada de sus dos hijas, de 4 y 5 años, que portaban banderas mexicanas de luto y una pancarta en la que se leía: «¿Y si tu hijo fuera el número 44?».
La marcha de la Ciudad de México fue en gran medida pacífica, al contrario que recientes protestas que terminaron con la quema de edificios del gobierno en Guerrero. Siempre que manifestantes enmascarados intentaban unirse a la concentración, los asistentes se lo impedía con cánticos de «¡Violencia no!» y «¡Fuera las máscaras!».
Luego de que la mayoría de los manifestantes abandonase el Zócalo, un pequeño grupo de jóvenes enmascarados empezó a enfrentar a la policía con piedras y palos. La policía respondió con extintores para acabar con los incendios provocados por el grupo y para obligarles a retirarse de la plaza.
En las primeras horas del día unos 200 jóvenes, la mayoría con las caras cubiertas por máscaras o bandanas, se enfrentaron a agentes antimotines mientras trataban de bloquear una autovía en las cercanías del aeropuerto internacional, en la zona oriente de la capital mexicana. Un agente fue golpeado luego que los jóvenes lanzaron piedras y cocteles molotov, y una patrulla fue incendiada.
En distintos momentos de la marcha vespertina, los manifestantes realizaron un conteo progresivo del número 1 hasta al 43, recordando el número de los normalistas desaparecidos.
«Nosotros no sólo ya nos cansamos, ya estamos hasta la madre de este gobierno», dijo una estudiante de 21 años de edad que afirmó venir de Guerrero y prefirió no dar su nombre por miedo a represalias. «Ya desaparecieron algunos; no quiero ser la siguiente».
Horas antes, el presidente señaló que la violencia «es inaceptable» y dijo que si bien el país está «dolido», convocó a actuar de manera pacífica.
Esta misma semana, el mandatario dijo que veía en algunos hechos violentos en las distintas movilizaciones que han ocurrido desde el ataque a los estudiantes intentos de «desestabilización» de su proyecto de país.
El caso de Iguala mostró la complicidad entre las autoridades y el narcotráfico, lo que ha estimulado las protestas para exigir justicia, pero también para expresar el rechazo al gobierno. Hasta ahora han sido detenidas al menos 76 personas, incluidos el alcalde de Iguala y su esposa, considerados los autores intelectuales de las desapariciones.
Las movilizaciones del jueves coincidieron con el día en que el país conmemora el inicio de la Revolución Mexicana de 1910 y en el que tradicionalmente se realiza un desfile deportivo. Sin embargo, el gobierno federal decidió cancelar a última hora el desfile sin precisar los motivos.
El 26 de septiembre pasado, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cártel de los Beltrán Leyva. A partir de ese momento, según la versión oficial,nada se sabe de los normalistas.
Aquí una recaputalación de todos los hechos relacionados con el secuestro de los estudiantes, que ha encendido protestas y alarma entre organizaciones a nivel nacional y mundial:
26 de septiembre
Estudiantes de la Normal de Ayotzinapatomaron dos camiones para llegar a Iguala, lugar en el que tomaron otras dos unidades, adonde se dirigían —según testimonios de algunos estudiantes— a tomar dos camiones que les faltaban para viajar a sus prácticas a la Costa chica de Guerrero, así como enviar una comitiva a la Ciudad de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Sin embargo, ya en Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos, y para ello pedir apoyo a la policía de Cocula (un municipio cercano), alsuponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.
30 de septiembre
22 policías son detenidos por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, donde enfrentarán un proceso jurídico por el delito de homicidio.
Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal, solicitud que fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.
Hasta ahora, el funcionario local y su esposa están prófugos.
1 de octubre
El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció la emisión de una orden de presentación en contra del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
“También se realiza una orden de presentación del quien fungía como secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores”, tuiteó el funcionario estatal.
3 de octubre
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la desaparición de los 43 estudiantes. El organismo internacional calificó el hecho como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.
4 de octubre
En medio de la búsqueda de los estudiantes, la procuraduría de Guerrero confirmó el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalista); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas, a 10 días de su desaparición. A partir de ese momento, la Procuraduría de Guerrero sólo coadyuva en las investigaciones.
5 de octubre
El procurador de Guerrero informó que, a partir de la declaración de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos, policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo, quienes fueron asesinados en una zona cercana adonde localizaron las fosas.
Asimismo, el Consejo Político Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) determinó por unanimidad expulsar de sus filas a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala prófugo.
6 de octubre
Once días después de la desaparición de los jóvenes, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso (aquí el video). “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”, dijo el mandatario federal.
El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Asimismo, elementos de la Gendarmería tomaron el control de la seguridad en el municipio de Iguala, según información del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
Murillo Karam dice que encabezará la investigación por los normalistasdesaparecidos.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que se le dictó auto de formal prisión a 22 policías municipales de Iguala.
7 de octubre
La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el crimen de seis personas en Iguala como inhumano y absurdo, y pidió a México una investigación completa y transparente.
La oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda efectiva de los jóvenes, desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto.
La Cámara de Diputados anunció la creación de una Comisión Especial que dará seguimiento a las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa.
Normalistas de Ayotzinapa protestaron al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Chilpancingo, capital de Guerrero. Al interior, tapizaron paredes con los retratos de sus compañeros desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
8 de octubre
Tras solicitar medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, Amnistía Internacional (AI) emitió ocho recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para que las autoridades a su cargo aceleren la investigación y den con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Se realiza la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa. “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!”, miles de personas marcharon en México y el mundo por los normalistas desaparecidos.
9 de octubre
Autoridades del gobierno de Guerrero tuvieron un primerencuentro con los integrantes de la recién creada Comisión civil del impulso y seguimiento a la búsqueda de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
10 de octubre
El procurador Murillo Karam informó sobre la detención de otras cuatro personas por ladesaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la localización de otras cuatro fosas clandestinas en Iguala, Guerrero.
Los números que dio el funcionario federal en ese momento: 34 personas detenidas —26 policías de Iguala, cuatro miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos y los cuatro anunciados ese día— y las nueve fosas clandestinas localizadas en el municipio guerrerense donde la policía municipal presuntamente asesinó a 17 jóvenes.
Murillo Karam dijo que se seguía buscando al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores.
13 de octubre
Normalistas de Ayotzinapa incendiaron varias oficinas que se encuentran en el interior del Palacio de Gobierno de Guerrero, así como las instalaciones del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Colectivos de la UNAM convocan a un paro de 48 horas para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes.
14 de octubre
Fuerzas federales detuvieron a 14 policías más involucrados en la detención, el traslado y la entrega de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa al grupo delictivo Guerreros Unidos, el pasado 26 de septiembre, confirmaron los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad(CNS) y la Agencia de Investigaciones Criminal de la PGR(AIC).
El titular de la PGR confirmó que los 28 cuerpos hallados en las primeras fosas de Iguala no son de normalistas.
16 de octubre
Crece la movilización estudiantil por desapariciones de normalistas de Ayotzinapa. Lasprincipales universidades públicas del país amanecieron ese miércoles en paro de labores de 48 horas aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo en “solidaridad” con los estudiantes de Ayotzinapa.
Peña Nieto mencionó nuevamente en un discurso a los jóvenes desaparecidos; asegura que localizarlos es la prioridad para el Estado.
17 de octubre
Fuerzas federales detuvieron al hombre considerado como el máximo líder del grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes, anunció la Procuraduría General de la República (PGR).
Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como líder de la organización Guerreros Unidos, fue arrestado un día antes (el 16) junto con uno de sus operadores más cercanos.
Los números que actualizó Murillo Karam: detenidos 36 policías de los municipios de Iguala y Colula, y 17 integrantes del crimen organizado. Asimismo, el funcionario federal detalló que hallaron tres fosas clandestinas más en Iguala.
El sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, dijoque losestudiantes están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, de acuerdo con el testimonio que recibió por parte de dos personas.
“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos“, dijo el sacerdote de 69 años a la agencia de noticias Nóvosti.
19 de octubre
Fuerzas federales toman el control de la seguridad en 13 municipios presuntamente infiltrados por el crimen organizado; desarman a los policías locales.
20 de octubre
La PGRofreció una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a la localización de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Un grupo de cinco encapuchados incendió el edificio que ocupan las oficinas de ‘Guerrero Cumple’, el programa asistencialista más importante del gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Los normalistas se deslindaron del hecho.
Tras reunirse con autoridades federales, el representante de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos dijo que no confiaban en las indagatorias realizadas y que no están satisfechos con los avances que tiene la PGR en las investigaciones.
22 de octubre
La PGR establece una nueva línea de investigación: reconoce que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso reconoce a ésta última como la principal operadora.
Murillo Karam confirma que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes.
Ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades dos días para encontrar a los normalistas.
23 de octubre
El gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia a su cargo. El guerrerense se dijo convencido de que esta era la decisión responsable para seguir sirviendo a su entidad. La solicitud del funcionario estatal fue “para favorecer un clima que ponga la atención en la solución, el día de hoy(…)”, dijo.
24 de octubre
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que por instrucción presidencial se blindará Guerrero para cuidar a la población y garantizar la seguridaden la entidad.
25 de octubre
Durante la madrugada, el Congreso de Guerrero aprobó la solicitud de licencia de Ángel Aguirre.
Estudiantes de 80 escuelas de México, que conforman la Asamblea Interuniversitaria, convocan a la Tercera Jornada de Acción Nacional e Internacional y a realizar un paro y movilizaciones nacionales el próximo 5 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
26 de octubre
Se cumple un mes de la desaparición de los normalistas.
Salvador Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador sustituto de Ángel Aguirre Rivero para concluir el periodo 2014-2015. En su primer mensaje aseguró quela prioridad de su gestión será intensificar la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un mes en Iguala.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon al mediodía la Autopista del Sol -que conecta el puerto turístico de Acapulco con el centro del país- en ambos sentidos, en protesta por la desaparición de 43 de sus compañeros.
27 de octubre
Dos de los cuatro últimos detenidos por el caso Ayotzinapa afirmaron haber recibido a un numeroso grupo de personas que se presume fueron los normalistas, informó el procurador Murillo Karam en conferencia de prensa.
Luego de la primera reunión de trabajo entre Rogelio Ortega, quien tomó el cargo como gobernador de Guerrero el domingo, y el presidente Enrique Peña Nieto, salieron a unaconferencia de prensa conjunta en la residencia oficial de Los Pinos, en la cual se comprometieron a mantener como prioridad la búsqueda de los normalistas desaparecidos y a entregar a sus familiares una carpeta informativa sobre la investigación.
El sacerdote Alejandro Solalinde se disculpó con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos por haber hecho públicos los testimonios sobre sus hijos; además explicó sobre su visita de un día antes, a la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde le impidieron realizar una misa.
“Quiero externar mi más sincera solidaridad con el dolor de las y los familiares de los normalistas de #Ayotzinapa, asegurándoles que mi intención no ha sido nunca hacer más difícil esta experiencia por la que hoy atraviesan. Ofrezco mis oraciones para que la esperanza les siga dando fuerza en la búsqueda de sus familiares”, dijo en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Decenas de jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Normal J. Guadalupe Aguilera, tomaron las instalaciones de diversos medios decomunicación de Durango.
29 de octubre
El papa Francisco dijo que reza por los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. “Envío un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos. Que nuestro corazón de hermanos esté cerca de ellos, orando en este momento”, detalló el pontífice.
Tras la reunión que duró unas 5 horas, los padres dijeron que no confían en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de los jóvenes. Asimismo, el gobierno federal aceptó 10 compromisos relativos a la búsqueda de los jóvenes.
Manifestantes llegaron al mediodía del viernes 31 de octubre al ayuntamiento de Acapulco, tras una marcha por el puerto turístico del sur de México, para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
3 de noviembre
Un contingente de 43 ciudadanos representantes de igual número de organizaciones civiles partió desde Iguala en una caminata hacia la Ciudad de México con la que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Las 43 personas marcharán 191 kilómetrosen representación de cada uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Familiares de los normalistas desaparecidos acusaron la noche del lunes 3 de noviembre enconferencia de prensa que funcionarios federales no presentaron ningún avance sobre las labores de búsqueda de los jóvenes, por lo que rechazaron la instalación de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información sobre las investigacionesencabezadas por la PGR en Guerrero.
4 de noviembre
Durante la madrugada, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el DF. La operación se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y en ella participaron 20 elementos de élite.
5 de noviembre
Se realizó la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Miles de personas marcharon en la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los normalistas.
Al mismo tiempo, al menos 115 escuelas en todo el país iniciaron un paro nacional de tres días por la causa.
7 de noviembre
Familiares de los 43 estudiantes se reunieron nuevamente con el procurador Jesús Murillo Karam en el hangar del aeropuerto de Guerrro.
