armas de fuego

La mañana del domingo 02 la Policía de Aragua detuvo a tres hombres que portaban un lanza misil y demás armas de fuego en un barrio de Maracay, estado Aragua.

Cerca de las 10:30 a.m. cuando una patrulla motorizada del cuerpo policial de Aragua recorría el barrio La Cooperativa de la parroquia Las Delicias de Maracay, tres individuos abrieron fuego contra los efectivos e intentaron huir de la zona, pero fueron aprehendidos. Les fue incautado un lanza misil AT4, una pistola calibre 45, una granada y una culata de rifle.

Los tres hombres fueron identificados como Oscar Eduardo Abreu Rodríguez de 24 años, Víctor José Pérez Rodríguez de 32 años y Víctor Ramón Pérez Rodríguez de 27 años según el reporte policial.

 

El Fiscal 7° Yulimy Marcano fue notificado del hecho.

 

El tema del ingreso de armas a las cárceles no es de nueva data, desde que recuerdo visitar recintos penitenciarios siempre he visto armas en poder de los reclusos, lo que ha variado hoy en día es el tipo de armas que usan, en los años 80 y 90 nuestros presos solamente poseían chuzos, un arma blanca con el que se causan heridas punzo penetrantes y chopos, una especie de arma de fuego de fabricación casera hecha con un tubo, una liga y un clavo que servía para activar la bala que colocaban, esto no significa que no había otras armas de fuego, claro que las había pero en una cantidad muy mínima, casi insignificante.

Cuando revisamos los índices de violencia en las cárceles venezolanas en lo que han dado por llamar la cuarta república, el noventa por ciento de los privados de libertad fallecían por heridas de chuzos no por armas de fuego, en esa época en las cárceles aun mandaban los representantes del Estado no los pranes, que aún no habían aparecido, ni saltado a la fama.

La reciente muerte del expran de la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita ha puesto de nuevo en el tapete las armas en poder de los reclusos en las cárceles venezolanas. A pesar de las irresponsables declaraciones de la Ministra para el Servicio Penitenciario donde alegaba que las armas estaban allí desde la cuarta república, todos pudimos ver como las armas exhibidas por los presos no eran precisamente viejas, sino de nueva generación y de alta tecnología, armas que entre otras cosas solo pueden estar en poder de las Fuerzas Armadas y no de los privados de libertad.

Me viene a la mente el 28 de febrero de 1999, cuando el para entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías, a pocos días de su toma de posesión cuando visitó la cárcel de Yare I, donde estuvo recluido y dio inicio al Plan Nacional de Desarme de la Población Reclusa, que tenía el objetivo de humanizar las cárceles, que los reclusos participaran voluntariamente en el desarme y que ellos mismos pusieran las quejas que tenían del sistema penitenciario. En esa oportunidad dijo a los reclusos de Yare: “Muchachos, cuenten con estas manos para llevarlos a la vida de nuevo”. Era el primero de muchos planes que vinieron con posterioridad para solucionar el caos penitenciario, lamentablemente ninguno ha dado resultados.

Recuerdo que en esa visita del Presidente Chávez a Yare los reclusos le entregaron una caja de armas que tenían en su poder, que significaba el desarme de la población penitenciaria, pocos días después dentro de ese recinto ocurría un enfrentamiento entre bandas con saldo de muertos y heridos con armas de fuego.

Hay que tener claro que todo lo que ocurre en un recinto carcelario es responsabilidad única del Estado venezolano, las cárceles son custodiadas en la parte externa por la Guardia Nacional y en su parte interna por funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Lo que ocurre dentro de las cárceles no se le puede achacar a agentes externos porque todo esta o más bien debería de estar bajo el control de las autoridades. Las personas que visitan las cárceles son sometidas a rigurosas requisas por parte del personal de prisiones, la mayoría de ellas vejatorias, humillantes y degradantes, por lo que resulta imposible pensar que las armas que ingresan a los recintos carcelarios sean llevadas por la visita.

¿Quién introduce las armas en las cárceles? No hay que ser un experto en el tema penitenciario para entender que las armas son introducidas por los funcionarios encargados tanto de su custodia interna y externa, es una responsabilidad compartida de la cual no pueden escurrirse fácilmente. La misma Ministra para el Servicio Penitenciario ha reconocido que el ingreso de armas a los recintos carcelarios es por parte de funcionarios de allí y hasta hablo de una lista de 200 personas que han sido sancionadas por estos hechos, en verdad desconozco si esto es cierto, lo que si es cierto es que no hemos visto a funcionarios tanto del Ministerio Penitenciario como de la Guardia Nacional juzgados y sancionados por estos delitos.

El negocio del ingreso de armas, drogas, alcohol, teléfonos celulares y otras cosas más, es un gran negocio con el cual se lucran muchos funcionarios inescrupulosos del Ministerio Penitenciario y la Guardia Nacional, los principales componentes de las llamadas “mafias carcelarias” son estos, parafraseando a mi maestro Elio Gómez Grillo “Las cárceles son un negocio tan productivo como PDVSA”.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario ha sido negligente, ineficiente e incapaz a la hora de solucionar los problemas que se viven en nuestras cárceles, entre ellos el ingreso de armas, si los recientes hechos de la cárcel de la isla de Margarita no hubiesen ocurrido seguiríamos engañados con el cuento de que no hay armas en las cárceles, “ni siquiera una hojilla” como se atrevió a decir la titular de ese Ministerio.

Se hace necesario y urgente investigar a fondo esta situación, al momento de escribir estas líneas el Comandante de la Guardia Nacional había dejado embarcados a los diputados de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional en la comparecencia a la cual había sido convocado a explicar esta situación, igualmente la Ministra para el Servicio Penitenciario se había excusado de comparecer por tener otro compromiso en la fecha indicada, mientras los ciudadanos seguimos esperando respuestas sobre este tema donde por cierto aún no hemos visto el desarme de la cárcel de San Antonio en la isla de Margarita anunciado hace ya unos cuantos días.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional

 

 

WASHINGTON (AP) — Enjugándose las lágrimas de una mejilla durante cierto momento de su discurso, el presidente Barack Obama anunció el martes su plan para reforzar el control de las armas de fuego en Estados Unidos, recurriendo a sus poderes presidenciales en vista de que el Congreso se abstuvo de aprobar los cambios legales por los que imploró previamente.

Obama acusó a los defensores de las armas y sus cabilderos de tomar al Congreso como rehén, pero dijo que «no podrán tomar de rehén a Estados Unidos». Insistió en que es posible apegarse a la Segunda Enmienda de la constitución —que garantiza el derecho a poseer y portar armas— y al mismo tiempo hacer algo para abordar los frecuentes tiroteos masivos en Estados Unidos, que dijo se han convertido en «la nueva normalidad».

«Esto no es una conspiración para quitarle a todos sus armas», dijo Obama durante la ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. «Si pasas una revisión de antecedentes, podrás comprar un arma de fuego. El problema es que algunos vendedores de armas han operado bajo un conjunto diferente de reglas».

Obama se enjugó lágrimas al recordar a los 20 niños asesinados en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut. Rindió homenaje a sus padres, algunos presentes en la ceremonia, al decir que ellos nunca se imaginaron que la vida de sus hijos sería acortada por una bala. «Cada vez que pienso en esos niños, me da rabia», dijo el presidente.

El núcleo del plan de Obama está en extender la definición de distribuidor de armas de fuego, con lo que la administración espera aumentar el número de ventas sujetas a revisión de antecedentes.

Bajo la ley actual, sólo los distribuidores de armas de fuego con licencia federal deben revisar los antecedentes de los compradores potenciales, pero en las ferias de armas, sitios web y mercados de pulgas, los vendedores burlan tales requisitos al negarse a registrarse como distribuidores con licencia.

Con el objetivo de reducir ese vacío legal, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) emitirá una guía actualizada que dice que el gobierno deberá catalogar como distribuidor a todos los que participen «en el negocio» de la venta de armas de fuego, sin importar dónde las venden.

Con ese objetivo, el gobierno considerará otros factores, incluso cuántas armas de fuego vende una persona, con qué frecuencia y si se venden a cambio de una ganancia.

La Casa Blanca también dio aviso a los vendedores de que la administración planeaba aumentar el cumplimiento de las leyes, entre lo que se incluye el despliegue de 230 nuevos examinadores que la FBI contratará para procesar las revisiones de antecedentes.

Las medidas anunciadas por Obama fueron recibidas con una predecible división partidista.

Los precandidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders elogiaron al presidente y se comprometieron a seguir tomando medidas similares si llegan a la Casa Blanca. El campo republicano formó un coro de voces que prometieron anular todo el paquete. El precandidato presidencial Marco Rubio acusó a Obama de estar «obsesionado con socavar la Segunda Enmienda».

En el Congreso, los demócratas y los republicanos se alinearon de manera similar, en lados opuestos.

La lideresa de los demócratas en la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo que Obama actuó claramente dentro de su autoridad y se sumó a los llamados del mandatario para que el Congreso termine ese trabajo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, pronosticó impugnaciones en los tribunales.

«En lugar de enfocarse en los criminales y los terroristas, se enfoca en los ciudadanos, la mayoría de los cuales son respetuosos de la ley», dijo Ryan. «Sus palabras y acciones equivalen a cierta intimidación que atenta contra la libertad».

 

 

 

 

 

El ex ministro de Relaciones Interiores publicó en Twitter su opinión sobre la resolución. Recomienda aplicar el manual del Uso Diferenciado y Progresivo de la Fuerza para el control de orden público, y dejar esta tarea a la PNB

 

@ronnarisquez

 

 

El ex ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, expresó su desacuerdo con la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa y la calificó de “innecesaria y provocadora”.

El documento, que establece las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de orden público y control de manifestaciones, contempla el uso de armas de fuego y la aplicaciòn de la fuerza potencialmente mortal.

Rodríguez Torres, que es mayor general del Ejército y fue director de la DISIP (ahora Sebin), apeló a su experiencia para elaborar un artículo que publicó en su cuenta de Twitter @RodriguezT4F con sus objeciones a la resolución firmada por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladrimir Padrino López.

“Se ha polemizado mucho en torno a esta resolución emanada desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa que pretende regular las actuaciones de la FANB en el tema tan sensible del orden público. Voy a emitir opinión al respecto, dada mi experiencia en la materia”, escribió, Rodríguez Torres, quien fue destituido de su cargo como ministro en 2014, luego de un incidente en el que fueron asesinados cinco integrantes del Frente 5 de Marzo.

 

 

El ex titular de Interior y Justicia considera que la intención de la resolución es “buena”, porque coloca límites a la FANB cuando participa en el restablecimiento del orden público. “Sin embargo, creo que es innecesaria y provocadora de un debate que por lo sensible debe manejarse con la sutileza correspondiente. Aclaro que la revolución bolivariana y sus instituciones han rescatado el sentido sagrado y fundamental de los Derechos Humanos, inclusive ampliando su valor en tiempo y espacio”.

Rodríguez Torres recordó que: “La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68 prohíbe taxativamente el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones pacíficas”. Agregó que además ya existen en el país normas que complementan la actuación de los cuerpos policiales, orientadas a garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Explicó que a estas regulaciones se suman los principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza de los cuerpos policiales, que están recogidos en un manual. “Son un marco sólido para la actuación ante las protestas de los ciudadanos”, aseguró el ex ministro, quien considera que estos instrumentos son suficiente para regular la participación de los cuerpos de seguridad en protestas.

 

 

 

 

Apoyo a la PNB

“Es válida la preocupación sobre el qué hacer en caso de que una manifestación se torne violenta y los manifestantes o algunos de ellos utilicen armas de fuego contra los representantes de la autoridad. Y digo que es válida porque en las llamadas “guarimbas” del año 2014 murieron oficiales de la FANB y funcionarios policiales por disparos hechos desde las filas opositoras que disfrazaron de pacífica a una insurrección armada y con el claro fin de derrocar al gobierno del presidente Maduro”, precisó Rodríguez Torres,

Sin embargo, aclaró que: “Ante una situación así, ya vivida, se aplica las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, empleando entonces a las unidades tácticas especiales de los cuerpos de policía para la neutralización de tales amenazas… Por estas razones, creo que tal resolución es innecesaria y me atrevo a recomendar que más bien se unifiquen los criterios de actuación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la GNB, tomando como guía las normas y principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, aprovechando la coyuntura para generar una doctrina propia y profundamente humana en el tema del control de las manifestaciones”, escribió el ex ministro.

Finalmente recomendó que los recursos para la adquisición de equipos de orden público sean a la Policía Nacional Bolivariana “de manera de fortalecerla y darle suficiente capacidad para alejar cada día más a la GNB de tales misiones, que solo sea por vía de excepción que se emplee a este componente militar en el control del orden público”.

El artículo publicado por el ex ministro y líder del alzamiento militar del 4F concluye con la siguiente frase: “¡Puede haber razones para molestarnos, pero jamás para matarnos!”

 

La fiscal también cuestionó la resolución

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuestionó el jueves la resolución elaborada del por el Ministerio de la Defensa país que permite a la FANB el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.

“Yo creo que a esa resolución hay que hacerle correcciones; además, rectificar es de sabios, yo no veo problema en que se le hagan algunas correcciones, esa es la opción de la fiscal”, dijo Ortega Díaz en Globovisión.