Las elecciones presidenciales del 28 de julio dejaron en el país una sensación de incertidumbre y tensión que han repercutido en la participación electoral de todos los venezolanos en las próximas elecciones regionales, reprogramadas ahora para el 25 de mayo.
La controversia y el descontento por los cuestionados resultados electorales, ha generado debates sobre la legitimidad del proceso electoral y las estrategias a seguir en los próximos comicios.
Mientras tanto, ya se observa en las redes sociales por pronunciamientos políticos y opiniones de la sociedad civil, a una oposición nuevamente dividida y enfrentada entre los que llaman a la abstención y aquellos que promueven la participación.
Los que sí y los que no
El primero en saltar fue el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien hizo un llamado a votar en las elecciones regionales como “una forma de reivindicar las presidenciales de julio y demostrar el descontento con el gobierno de Maduro”. Capriles argumentó que votar es “un acto de resistencia y una manera de hacer sentir la voz del pueblo”.
Por otro lado, la líder de oposición, María Corina Machado, llamó a la abstención, argumentando que “participar en las elecciones regionales sería convalidar la farsa electoral del régimen”. Machado sostiene que ir a votar sin que se respeten los resultados es “desvirtuar el voto” y que solo habrá comicios legítimos cuando “se respete el triunfo reclamado por la oposición en las presidenciales”.
En un foro realizado el pasado viernes 20 de febrero en los espacios del Centro de Estudios Políticos y De Gobierno (CEPyG) de la Universidad Católica Andrés Bello, el dirigente político del Movimiento por Venezuela, Andrés Caleca abogó por la participación electoral.
Caleca reconoció que actualmente la oposición está disminuida y bajo asedio con partidos débiles, sin sindicatos, gremios y organizaciones sólidas, pero hizo un llamado a la “resistencia democrática” para impedir la desmovilización y la despolitización de la sociedad, lo que a su juicio es el objetivo del gobierno.
Por su parte, Benigno Alarcón, director del CEPyG Ucab, fue enfático en argumentar que el único espacio democrático que se debe preservar es el del 28 de julio “no hay ningún espacio más importante en este momento que el que ya ganamos, no los que podemos ganar, sino el que ya ganamos”.
Alarcón señaló que la “seguidilla” de elecciones anunciadas por el gobierno busca “pasar la página” y que todo lo que sucedió en julio quede en el olvido.
Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro busca generar un “clientelismo competitivo” que permita a una “oposición clientelar” servir a los intereses del Gobierno y así mantener una “fachada democrática”.
Alarcón señaló que estas elecciones son el reflejo de las anteriores en donde la Asamblea Nacional estaba representada con el 92% por el partido del gobierno y el 8% restante, por partidos de oposición fragmentados.
Para el director del CEPyG Ucab, estas elecciones representan una batalla que lejos de fortalecer, debilitan a la oposición. Indicó que ha tenido acceso a dos encuestas serias que ubican la intención de voto por debajo del 20%, lo que se traduce en que “ni el chavismo va a votar”.
El Cardenal Baltazar Porras se pronunció sobre el tema y afirmó que la gente no está preocupada por si vota o no vota en las elecciones regionales y legislativas. Aseguró que a la gente le preocupa los derechos humanos, la gente que está detenida, la falta de empleo y la migración.
El verdadero debate en el país no es si votar o no en las elecciones regionales y legislativas, sino las preocupaciones reales de la gente.” Así me lo dijo el Cardenal Baltazar Porras. pic.twitter.com/T8xW1q4pr9
— freddyzur (@freddyzur) February 21, 2025
El partido político Encuentro Ciudadano, dirigido por Delsa Solorzano, a través de un comunicado difundido en redes sociales informó que se abstendrá de participar en las elecciones, pues “no hay condiciones”.
“NO postular candidatos para el proceso convocado primero para el 27 de abril y ahora para el 25 de mayo (…) Creemos en el voto y lo protegemos. Hoy, bajo esta persecución brutal contra testigos y miembros de mesa, no hay condiciones reales para hacerlo”, aseguró Solorzano.
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Por su parte, el partido político Un Nuevo Tiempo, dirigido por Manuel Rosales, reafirmó que considera que “se debe participar en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo para defender en las urnas la mayoría que la oposición ha consolidado en los últimos años”.
Una reacción distinta fue la de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien condicionó su participación en las elecciones regionales a cambio del reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio, la existencia de un árbitro electoral confiable, la presencia de una observación internacional calificada y la liberación de todos los presos políticos.
Para Magalli Meda, activista de Vente Venezuela asilada en la Embajada de Argentina en Caracas desde hace 11 meses, “participar en las regionales es ir a pedirle el voto a un país que está absolutamente consciente de que la única forma de lograr un cambio significativo en nuestra cotidianidad, es respetando la votación de la elección presidencial”.
“Eso es basura, porque esto es un régimen criminal, ¿cuántos alcaldes hay presos hoy? o ¿Cuántos están fuera del país para que no los encarcelen? Lo que pretende la dictadura es una paz autoritaria que no le deja nada al ciudadano”, afirmó Meda en entrevista para el medio La Gran Aldea.
Elecciones sin garantías
Lejos del dilema de si participar o no en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, hay una realidad que no se puede pasar por alto y es que el Consejo Nacional Electoral está pasando por alto varios aspectos que garantizan la confiabilidad, legitimidad y transparencia de un proceso electoral.
En primer lugar, el CNE no ha presentado los resultados detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, como lo establece la normativa electoral en la Constitución, lo que ha generado desconfianza en todos los venezolanos.
No es un secreto que todos los poderes públicos están controlados por el gobierno, lo que ha contribuido en gran medida a la intervención judicial de partidos de oposición, secuestro de tarjetas y normas arbitrarias para impedir la participación de opositores en las elecciones.
Diversos países y organizaciones internacionales como el Centro Carter y la ONU, han mostrado su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales de julio y han señalado irregularidades, pidiendo que se publiquen las actas de escrutinio.
En su más reciente informe sobre las elecciones en Venezuela, el Centro Carter concluyó que los comicios “no fueron democráticos” y además “no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral”.
A casi seis meses de los controvertidos resultados electorales que desencadenaron protestas en todo el país y dejaron miles de presos políticos, la página web del CNE sigue “sin funcionar” y, a pesar de que se avecina una nueva elección, el ente no ha publicado el cronograma electoral ni ningún dato del proceso, excepto la fecha que, fue reprogramada para el próximo 25 de mayo “a petición de todos los actores democráticos que hacen vida en Venezuela”.
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