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Huella digital | Gladys Gutiérrez sabe cómo neutralizar poderes autónomos

Equipo de Investigación RR
10/05/2022
La abogada del Chávez golpista, candidata con dos reveses electorales, exprocuradora y quien construyó una  trayectoria diplomática en España por su cercanía con el fallecido comandante forma parte del “selecto grupo” de  magistrados repitientes en el “nuevo” TSJ aunque la  Constitución se lo prohíbe 
Gutiérrez asumió un segundo mandato al frente del máximo órgano judicial con un historial de polémicas sentencias que, entre otras cosas, implicaron la anulación de las atribuciones constitucionales del parlamento opositor electo en 2015  y echaron por tierra las denuncias de fraude tras las comicios de 2013

 

Gladys Gutiérrez Alvarado se convirtió el pasado 26 de abril de 2022 en una de los 12  magistrados repitientes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  que la Asamblea Nacional de corte oficialista designó con retraso de un mes respecto al lapso contemplado en la Ley Orgánica del TSJ.

El artículo 264 de la Constitución solo permite un período único de 12 años para el ejercicio del cargo de magistrado. Pero esto no ha sido un impedimento para que Gutiérrez repita como togada y, además, para que se anote otro período al frente del máximo órgano de justicia del país. 

El pasado 27 de abril, la Sala Plena del “nuevo” TSJ la designó como la mandamás de la institución en sustitución de Maikel Moreno. Gutiérrez fue designada como magistrada por primera vez el 9 de diciembre de 2010. Y llama la atención que, al revisar su perfil biográfico y su carrera dentro del TSJ en el sitio web oficial del órgano, no se menciona que Gutiérrez ya lo había presidido. Dato curioso, si se toma en cuenta la envergadura del cargo que antes ostentó. 

El 9 de mayo de 2013, Gutiérrez se convirtió en la tercera mujer en ocupar la Presidencia del principal juzgado del país, tras relevar el mandato de siete años de Luisa Estella Morales.

La abogada y jueza, egresada de la Universidad Central de Venezuela y nativa de la ciudad de Punto Fijo, Falcón, se ha paseado por distintos cargos durante las gestiones de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los que figuran: procuradora general de la República, embajadora ante el Reino de España, cónsul de Venezuela en Madrid y ministra consejera de la  Embajada de Venezuela en España.

Su trayecto en España comenzó un año después de que Hugo Chávez asumiera como presidente, cuando fue designada como consejera del consulado venezolano. En solo un año, escaló hasta ser cónsul en Madrid y necesitó dos años más para alzarse como embajadora en España,  cargo en el que se mantuvo hasta 2005. 

A su regreso a Caracas, en 2006, fue designada como procuradora general, un puesto que ocupó hasta diciembre de 2010, cuando fue electa magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 

Desde el año 2011, estuvo al frente de la Comisión Judicial, una instancia del TSJ que designa y remueve, sin procedimiento alguno, a los jueces provisorios.

El primer intento de Rodríguez de ingresar a la vida política pública por el chavismo fue en 1999, cuando fue candidata a gobernadora de Nueva Esparta, pero no tuvo éxito en sus aspiraciones. Ese no fue el único cargo de elección popular al que aspiró: también intentó lograr un curul en el extinto Congreso de la República, pero fracasó por segunda vez en su intento, hasta que en 2005 consiguió un escaño en la Asamblea oficialista como diputada suplente de Ibrahím Velásquez.

La catapulta de Chávez

“Suprema Injusticia”, un proyecto de la organización Transparencia Venezuela, reseña que la carrera judicial de Gutiérrez antes de ser electa magistrada por la Asamblea de 2010 había pasado sin pena, ni gloria.

“No se desempeñó como juez en ninguna materia, ni como fiscal o defensor público, asimismo, se desconoce si litigó de manera privada o por lo menos en su hoja de vida, disponible en el sitio web del máximo juzgado, no se informa al respecto. Su primer cargo relacionado con el derecho fue el de Procuradora General de la República”, se lee en una de las publicaciones de Suprema Injusticia, disponible en el siguiente enlace: https://supremainjusticia.org/quien-es-gladys-gutierrez/

 

Este dato es llamativo, porque una vez más, comprobaría que la llegada y ascenso de Gutiérrez en el TSJ ha sido a espaldas de lo que dictamina la Constitución. La Carta Magna establece que los aspirantes a magistrados tengan una carrera de, al menos, 15 años como jueces o docentes universitarios.

Antes de ser una figura política, de su carrera como abogada se conoce poco. Solo que participó como asesora en la redacción de la Constitución “bolivariana” de 1999 y que fue una de las juristas  que asumió la defensa de Hugo Chávez en el juicio por el golpe de Estado frustrado contra Carlos Andrés Pérez. De hecho, se afirma que  Chávez vivió en un apartamento que tenía Gutiérrez Alvarado en el sureste de Caracas durante los meses de la intensa campaña presidencial de 1998. 

Cuando el dirigente del MVR llegó al poder, Gutiérrez comenzó a ganar notoriedad en su círculo cercano y, como revelan  periodistas especializados en la fuente política, llegó a ser una funcionaria de “alta estima” del presidente fallecido. Gutiérrez fue jefa de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros hasta el año 2000, cuando fue trasladada a España para iniciar carrera diplomática

De Gutiérrez se popularizaron unas declaraciones que dio desde España en el año 2001, en las que resume su simpatía con el líder “revolucionario” y con su proyecto de gobierno:  “Con Chávez, los excluidos sienten que forman parte de la sociedad y que se les toma en cuenta”.

Luego de su retorno al país, la abogada se convirtió en la procuradora del gobierno de Chávez durante 5 años. Desde ese puesto, fue parte de la comisión que dirigía la entonces diputada Cilia Flores para avanzar en el proyecto de reforma constitucional que el electorado venezolano rechazó en un referéndum en el año 2007.

Además, a principios de 2011, a Gutiérrez le encomendaron ser representante del Poder Judicial ante la “Misión Justicia Socialista”, ideada por Chávez para “facilitar asistencia legal a consejos comunales, comunas y ciudadanos”.

Transparencia Venezuela  denunció que la presidenta del TSJ favoreció a la familia de Chávez en cargos judiciales. Le atribuyen el hecho de ser, en 2013, la principal promotora de la designación de Argenis Chávez como director de la Magistratura, “desde donde administró el 85% de los fondos del Poder Judicial”. 

 

Tres visitas bastarán para “doctorarse” 

Una nota publicada por el diario El Español el 29 de mayo de 2016 reseñaba que Gutiérrez se doctoró en la ciudad de Zaragoza con tan solo tres visitas a la ciudad. 

De acuerdo con esta versión, la lectura de su tesis tuvo lugar en el año 2011, ante un tribunal con dos profesores de Podemos, uno de ellos justamente era Juan Carlos Monedero, de la Universidad Complutense, fundador del partido morado y quien fue apartado de esa tolda política en el año 2015 tras descubrirse una transferencia de  425.150 euros desde el Banco del Tesoro a una empresa creada por él mismo para recibir ese dinero.

Un veterano profesor zaragozano de identidad no revelada comentó al medio entonces: “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabía quién era, ni que se había doctorado aquí”.

El medio aseguraba que a Gutiérrez solo le bastaron tres visitas a Zaragoza para obtener su doctorado: dos para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y otra para defender su proyecto, titulado El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. El jurado le concedió un grado de cum laude por unanimidad. Aseguran que, en dos de los periplos, durmió en su casa en la ciudad de Madrid y que en el tercero, cuando presentó la tesis, descansó por todo lo alto, en uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la ciudad: el Palafox. 

El tema fue polémico y dio pie a muchos debates en los medios de comunicación españoles. En un programa de televisión del 17 de febrero de 2017 afirmaban que esta titulación “exprés” que denunciaban habría sido “cuadrada” con tres personas, entre las que mencionaban a Monedero,

“Se tuvo que venir para acá, ya que no podía sacar el doctorado en  sus universidades amañadas y lo necesitaba para que la pudiesen poner en el régimen chavista como responsable del TSJ”, se escucha de parte de uno de los denunciantes.

 

Un historial de sentencias polémicas

La primera presidencia de Gutiérrez en el TSJ se concretó en un año de convulsión política en Venezuela en el que se produjo la  muerte del presidente Hugo Chávez, lo que llevó a la celebración de unos comicios especiales para escoger a su sucesor en la silla de Miraflores.  

En una ajustada contienda, que fue denunciada de fraudulenta por la oposición venezolana, el Consejo Nacional Electoral declaró el triunfo de Nicolás Maduro  con apenas 1,49% de los votos por encima de su contrincante, Henrique Capriles Radonski. 

Gladys Gutiérrez asumió la presidencia el mayo de 2013, casi un mes después de las polémicas elecciones, con la meta, según declaró de “profundizar en los avances que había tenido el TSJ en su empeño porque la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad”. Cuando le preguntaron sobre el destino de la denuncias interpuestas ante el TSJ  por un supuesto fraude electoral, Gutiérrez respondió: “Los jueces hablan con sus decisiones (…) se les dará la adecuada respuesta, escrupulosamente apegada a la Constitución y a las leyes”.

Su predecesora, Luisa Estella Morales, había negado antes a la oposición un recuento manual de los votos de las controversiales presidenciales, bajo el supuesto argumento de que el sistema electoral era automatizado: “El conteo manual no existe, se ha engañado a aquellas personas que han pensado que esto podía producirse. Debemos llamar a la seriedad y a la sindéresis. Cuando solicitamos un imposible, como el conteo manual, estamos llamando a que se comience una lucha de calle sin fin y, por eso, hay que establecer responsabilidades”.

La Sala Constitucional regida por Gutiérrez declaró inadmisibles al menos diez recursos en los que la oposición denunciaba  fraude en el proceso electoral del 14 de abril de 2013, con lo que consolidó judicialmente a Maduro en el poder. 

En ese momento, Gutiérrez declaró que la Sala Constitucional  “era la máxima intérprete de la Constitución de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna” y que por ello resolvieron, por decisión unánime,  asumir las causas relacionadas con las impugnaciones  que cursaban en la Sala Electoral y presentadas por la oposición: “Ejercimos la facultad extraordinaria que atribuye el artículo 25, numeral 16 de la Ley Orgánica del TSJ”. 

En una alocución pública de casi 20 minutos, Gutiérrez habló sobre los 10 recursos y justificó que, por la “relevancia que tenían para la sociedad venezolana”, el TSJ resolvió que las decisiones de estas causas fueran conjuntas, es decir, la redacción y deliberación se hizo de manera “colectiva”: “Cada magistrado y magistrada de la Sala hizo los aportes que se requerían”.

La magistrada justificó detalladamente por qué rechazaron cada causa. Por ejemplo, y respecto a la decisión sobre uno de los recursos introducidos por la oposición para invalidar los comicios que llevaron a Maduro a Miraflores, Gutiérrez justificó que no se explicaron detalladamente los hechos ni las irregularidades demandadas. 

“Es inadmisible el recurso contencioso electoral intentado (…) por cuanto la parte accional no mencionó al extracto cuya impugnación solicita, ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que, a través de nexos causales adecuados, demostraran que hubiesen engañado a otro para alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población”, sentenciaba Gladys Gutiérrez en una alocución pública. 

Por otra parte, y con relación a la propuesta de repetir los comicios en las mesas en las que hubo fraude, alegó que la apelación de la oposición a decisiones previas “no se presentó a tiempo”, por lo que se declaró la “cosa juzgada”.

El TSJ tampoco admitió los recursos que solicitaban nulidad de acto de votación y proclamación de Maduro por incorporar a votantes que no debían hacerlo, bajo el alegato de que la impugnación era extemporánea, porque un año antes había concluido el lapso para cuestionar el registro electoral.

De igual manera, descartaron la denuncia sobre la supuesta nacionalidad de Maduro: “No alegaron hechos más allá de opiniones particulares y opiniones políticas, que configuran un juicio de valor del recurrente”, leyó Gutiérrez. 

El máximo órgano del Poder Judicial también rechazó otros recursos en los que cuestionaban su independencia y los acusaban de favorecer a Maduro: “La demanda debe ser declarada inadmisible por contener conceptos ofensivos e irrespetuosos“, sostenía Gutiérrez. 

 

No conforme con rechazar los argumentos presentados por el excandidato presidencial Capriles Radonski, la Sala Constitucional del TSJ le impuso una multa de cien unidades tributarias y hasta remitió copa del fallo al Ministerio Público para que el ente resolviera si el político había incurrido en delito en sus expresiones contra el máximo órgano judicial del país. 

La respuesta de Capriles a la declaración de inadmisibilidad a las impugnaciones contra las presidenciales fue la siguiente: “Inadmisible es la falta de justicia en nuestro país, más de 50 venezolanos asesinados cada día, inadmisible es la corrupción del Gobierno”.

Con sus pronunciamientos contra las denuncias de fraude electoral en Venezuela se iniciaba una larga lista de  sentencias polémicas que llevarían su firma o su visto bueno.

Gutiérrez estampó su rúbrica en una sentencia sobre las prótesis mamarias fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Prothése (PIP) en la que se ordenó a las clínicas y hospitales  retirarlas a las pacientes afectadas. También, en febrero de 2014,  el Tribunal Supremo de Justicia decidió, en una resolución encabezada por Gutiérrrez, designar los jueces penales “cuando lo considerara necesario” para los casos que definiera como complejos en 18 de los 23 estados del país, lo que abrió las puertas para que en esas entidades, la justicia fuese controlada desde Caracas.

Pero los fallos más controversiales siempre fueron los relacionados con el tema político,  porque implicaron la destitución y condena de autoridades electas, como el exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, y el exalcalde de San Cristóbal y militante de Voluntad Popular, Daniel Ceballos, en el marco de intensas protestas ocurridas en esas ciudades en el año 2014. 

En el caso de Ceballos, el 31 de marzo de 2014, la Sala Constitucional declaró el desacato al mandamiento de amparo constitucional que había dictado la misma instancia en los casos de los exalcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky. 

La Sala del Alto Juzgado, en ponencia conjunta, sancionó a Daniel Ceballos a cumplir 12 meses de prisión. Al dar lectura de la sentencia, Gutiérrez además dijo que Ceballos cesaba en el ejercicio de su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Justo en el marco de esas manifestaciones, Gutiérrez criminalizó públicamente las protestas, al calificarlas como “guarimbas incompatibles con la Constitución”. 

«En Venezuela está garantizado totalmente el derecho a la manifestación, pero no de la forma como se han producido», recalcaba.

En junio de 2015, Gutiérrez fue la magistrada ponente de una sentencia que apoyó la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (Guadualito) del estado Apure, Lumay Barreto, electa por el partido Voluntad Popular en las municipales de diciembre de 2013. 

El máximo tribunal aceptó una denuncia de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del 27 de febrero de 2015, quienes denunciaron  “graves irregularidades” y un “vacío de autoridad” que habría “quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”.

Con su decisión, Gutiérrez validó la tesis de que la alcaldesa de Guasdualito se ausentó de su despacho sin cumplir con los trámites legales pertinentes. 

 

El 7 de abril de 2015, Gutiérrez desechó en una sentencia una demanda presentada contra la utilización del sistema biométrico – captahuellas- para la compra de medicinas y alimentos.

El recurso fue intentado en septiembre de 2014 por el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez y otro grupo de ciudadanos, quienes pidieron al  TSJ que refrendara la “inaplicabilidad del sistema biométrico o captahuellas”.

En la demanda de amparo por intereses colectivos y difusivos denunciaban que el sistema atentaba contra  los derechos a la salud, a disponer de bienes y servicios de calidad y a la seguridad alimentaria y advertían que, en lugar de solucionar el problema alimenticio, el Estado dificultaba el acceso a los venezolanos el acceso a los bienes esenciales con este “engorroso” mecanismo”.

Pero la presidenta del TSJ consideró que  los argumentos que planteaban los denunciantes carecían “de un mínimo de pruebas que avalen la pretensión y que, por ende, permitan advertir la existencia de la señalada amenaza para la población, de manera que no pueda evaluarse el perjuicio que pudiera ocasionar la implementación de este sistema biométrico de identificación, en especial, en los derechos invocados por los accionantes, como lo son los derechos a la salud, a la alimentación  y a disponer de bienes y servicios de calidad”.

 

En enero del 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó revisar la detención del comisario Coromoto Rodríguez,  jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional, pese a las denuncias de su abogado, quien sostuvo que estuvo casi seis meses tras las rejas de forma ilegal por cuanto el Ministerio Público no lo acusó ni imputó por delito alguno.

De acuerdo con lo que publica Transparencia Venezuela, la Sala Constitucional del TSJ consideró que no tenía ningún sentido analizar el caso en virtud de que el exfuncionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) “se encontraba  en libertad”.

También, en la sentencia número 1102 del 15 de diciembre de 2016, cuyo fallo redactado por la Gladys Gutiérrez, no se analizaron las irregularidades denunciadas por la defensa con relación a que Rodríguez permaneció detenido ilegal y arbitrariamente por decisión del juez Miguel Graterol.

Coromoto Rodríguez estuvo en una celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a pesar de que los fiscales Alfredo Caufman y Griolinda Morales rechazaron procesarlo por los disturbios ocurridos el 18 de mayo de 2016 en Caracas.

El primer brazo de Maduro para neutralizar el Parlamento opositor

Gutiérrez fue señalada por Estados Unidos de contribuir con el gobierno de Maduro a través de sentencias que socavaron el funcionamiento del Parlamento de mayoría opositora electo en el año 2015. 

Los fallos impidieron a los diputados opositores, entre otras cosas, revisar la designación a destiempo de magistrados por parte de la mayoría oficialista que los precedió en la Asamblea. En ese convulso mes final del año, el oficialismo pisó el acelerador para nombrar a 13 nuevos magistrados del TSJ en sesiones extraordinarias durante el asueto navideño, una jugada con la que se inició un camino de sentencias tendenciosas con las que el TSJ anuló las capacidades y alcances constitucionales del nuevo Parlamento.

La arremetida  contra la nueva asamblea comenzó a pocos días del triunfo electoral opositor de diciembre de 2015. El 30 de ese mes, la Sala Electoral suspendió las proclamaciones de cuatro diputados del estado Amazonas, tres de la MUD y el 1 del PSUV. El 11 de enero de 2016, la misma sala ordenó desincorporar a los diputados de Amazonas -quienes habían optado por juramentarse pese al veto judicial- y tres días después, la Sala Constitucional a la que pertenecía Gutiérrez convalidó las decisiones de la Sala Electoral TSJ sobre esos parlamentarios. 

Con esta decisión, la Asamblea de mayoría opositora perdía la mayoría calificada que había alcanzado legítimamente en las urnas y que era imprescindible para aprobar reformas estructurales que pudiesen propiciar un camino a la reinstitucionalización del país. 

El 11 de febrero de 2016,  en una ponencia conjunta de la Sala Constitucional de la que Gutiérrez era presidente y en respuesta a un recurso de interpretación introducido por el Ejecutivo,  el TSJ validó decreto de emergencia económica presentado por Nicolás Maduro, pese al  rechazo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. 

La Sala Constitucional de TSJ declaró que el Estado de emergencia económica estaba “en vigencia desde la publicación del fallo” y que su validez y legitimidad permanecían “intactas”, con lo que anulaba el acuerdo de la Asamblea Nacional del 22 de enero de 2016 con el que el Parlamento se opuso a que Maduro adoptara medidas especiales durante 60 días. 

El 29 de marzo de 2016, la Sala Constitucional también decidió que la AN no podía revocar las designaciones de magistrados del TSJ, una limitación de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

“La Sala Constitucional emitió numerosas sentencias de Estado en las que se vertieron estudios y análisis pertinentes desde el derecho constitucional para dar solución a la situación suscitada por el poder legislativo (…) Decisiones indispensables para el normal funcionamiento del poder público nacional y el desenvolvimiento de la vida democrática del país, tales como omisiones inconstitucionales, examen inconstitucional de leyes y decretos, entre otros”. Así justificaba Gutiérrez las actuaciones contra la AN del TSJ a su mando en la apertura del año judicial 2017.

Su arremetida contra la AN fue la causa de la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos, junto con otros siete magistrados, por usurpar funciones legislativas.

La AN en bandeja de plata para Maikel Moreno

El 24 de febrero de 2017, Gladys Gutiérrez fue reemplazada en el Tribunal Supremo de Justicia por Maikel Moreno, después de dejar herida a muerte la autonomía del Poder Legislativo y servirle en bandeja de plata el “remate”  al nuevo mandamás del órgano. 

Un mes después, el país entraría en una prolongada crisis política con protestas masivas que fueron reprimidas con violencia por parte de los cuerpos de seguridad.

Uno de los motivos que lanzó a la gente a las calles, y que se sumó al malestar por padecer al  menos dos años de una dramática situación económica y humanitaria, fue una primera sentencia, de fecha 28 de marzo, en la que se declaró en desacato a la AN por supuesta “injerencia de una autoridad extranjera” y que le otorgó a Nicolás Maduro la “habilitación legislativa” en cualquier materia penal. 

Veinticuatro horas después, la Sala Constitucional también decidió asumir las competencias de la AN mientras durara el “desacato” y cuatro días más tarde, retiraron el apartado sobre inmunidad parlamentaria. 

Tras abandonar el puesto como presidenta del TSJ, se conoció que Gutiérrez se fue a vivir a España. En junio de ese año, la magistrada no había asistido a más de dos salas plenas, y se barajó entonces la posibilidad de activar  a su magistrado suplente, reseñaba la publicación del medio aliado Tal Cual “Magistrada en fuga”.

De magistrada a rectora electoral

Gladys Gutiérrez pasó a ocupar un bajo perfil entre 2018 a 2020. Un rastreo digital ubica contadas referencias noticiosas suyas en esos años. 

En redes sociales fue viral el afectuoso saludo a Maduro, con beso y abrazo incluidos, cuando este se fue a juramentar como presidente para el período 2019-2025, tras las polémicas elecciones presidenciales de 2018 desconocidas por la comunidad internacional. Ese desconocimiento hizo que un año después, más de 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino. 

Cuando Gutiérrez acudió a ese acto, en redes aseguraron que ella había estado ejerciendo su cargo como magistrada de forma ilegal y que mandaba su firma para las sentencias a distancia.

También, fueron repetidas las menciones sobre sus  viajes constantes  a la isla de Curazao, donde supuestamente era hospedada por la cónsul Marisol Gutiérrez. 

En momentos puntuales de esos años, Gutiérrez vuelve a ocupar titulares por medidas de algunos países en su contra. 

Panamá la sancionó en mayo 2018, tras considerarla “de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”

Mientras que, en diciembre de 2019, fue incluida en la lista de 29 venezolanos, políticos y empresarios sancionados por países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por colaborar con el régimen de Nicolás Maduro.

En el año de inicio de la pandemia, 2020, Gladys Gutiérrez  reapareció y para formar parte, otra vez, de un zarpazo a la AN opositora. En el mes de junio fue juramentada como rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Indira Maira Alfonzo Izaguirre (presidenta del máximo ente comicial),  Rafael Simón Jiménez Melean (vicepresidente del CNE) y los rectores principales Tania D’Amelio Cardiet y José Luis Gutiérrez Parra.

“Chávez la dejó en el testamento, definitivamente”, comentaba sobre este nuevo cargo de Gutiérrez el periodista venezolano Nehomar Hernández, tras recordar que los méritos académicos de la magistrada-rectora habían sido puestos en duda por la forma “exprés” en la que habría obtenido su doctorado. 

Para ese momento, la Asamblea Nacional era presidida por Juan Guaidó. Por norma constitucional, ese debió ser el ente encargado de designar las nuevas autoridades del CNE para las parlamentarias que se celebrarían ese mismo año, pero la decisión se tomó desde el TSJ, presidido entonces por Maikel Moreno. Con esta decisión se despojó al Parlamento de otra de sus atribuciones legales: la de nombrar a las autoridades electorales.

Gutiérrez participó en la organización de los comicios parlamentarios de 2020 que llevaron nuevamente al chavismo a controlar  el poder legislativo, pese al desconocimiento de la comunidad internacional de esta elección.

La exrectora recibió prontamente una gratificación del mismo parlamento que ayudó a constituir. En mayo de 2021, dicha AN aprobó por unanimidad su designación como embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ y otros organismos internacionales con sede en el reino de Países Bajos. 

La  abogada Tamara Sujú,  defensora de los derechos humanos, criticó esta designación y recordó que Gutiérrez formó parte  de la  “represión sistemática” del régimen de Nicolás Maduro. 

El retorno de Gutiérrez a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia comenzó a ser anticipado a principios de 2022, así como también la nula posibilidad de que el órgano judicial actúe de forma independiente bajo su mandato: su historial político no permite tener muchas esperanzas.

Antes de la designación de magistrados por parte de la AN oficialista, la organización Acceso a la Justicia mantuvo una campaña permanente para denunciar que Rodríguez y otros 29 magistrados activos aspiraban a la reelección pasándole por encima a lo que contempla la  Constitución. 

El abogado Perkins Rocha advertía que Gutiérrez buscaría reeditar desde el TSJ que nuevamente dirige lo que, a su juicio, hizo en su breve paso por el CNE: la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.

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