En julio de 2007, cuando Raúl Castro estaba al mando del país mientras su hermano recibía atención médica, el presidente interino emitió una crítica asombrosa de la economía cubana al describir las ineficiencias de la industria láctea. Su descripción del oneroso y costoso mecanismo para llevar la leche de las vacas hasta la mesa familiar era una historia ya conocida para los cubanos, quienes han sido sometidos por décadas a una economía centralizada, que se encuentra entre las más disfuncionales y anómalas del mundo. Pronto se hizo evidente que la inesperada franqueza de Castro ese día representaba el inicio de una era de transformación para la economía de la isla.
Luego de que Fidel Castro cediera el poder a su hermano en 2008, el Gobierno cubano inició una serie de reformas que han permitido que sus ciudadanos comiencen a crear formas de sustento que no están completamente sujetas al control del Estado. El ritmo ha sido vacilante, con mucho retroceso propiciado por la antigua guardia del Gobierno, que considera una mayor liberalización de la economía como un repudio del sistema socialista que Fidel Castro hizo sacrosanto.
El inminente final de la era de los Castro —Raúl Castro, de 83 años, ha dicho que dejará el cargo en 2018— coincide con un intenso debate sobre el futuro de la economía del país.
Hasta ahora, la administración Obama ha observado las reformas con escepticismo. La Casa Blanca ha flexibilizado las restricciones de viaje a la isla y de remesas, pero ha hecho relativamente poco para empezar a levantar la red de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Cuba durante décadas.
El presidente Obama podría ayudar a expandir el papel de la pequeña pero creciente clase empresarial al flexibilizar sanciones mediante pasos que puede tomar unilateralmente la rama ejecutiva. También puede colaborar con el creciente número de legisladores que apoyan la expansión de relaciones comerciales con Cuba. La Casa Blanca podría iniciar el proceso eliminando a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que respaldan a organizaciones terroristas. También es posible ampliar los mecanismos mediante los cuales los estadounidenses pueden proveer capital a las empresas independientes.
Hacer eso empoderaría a los cubanoamericanos que desean desempeñar un papel más robusto en la transformación económica de la isla. Además, gradualmente, disminuiría la habilidad del Gobierno cubano de culpar a Washington por las deficiencias de una economía que está fallando a sus ciudadanos, principalmente como resultado de las políticas estatales.
Antes de que Fidel Castro asumiera el poder en 1959, la economía de Cuba estaba dominada por su relación con Estados Unidos, entonces el más importante importador del principal producto cubano, azúcar. Los turistas estadounidenses viajaban a la isla por montones, atraídos por su proximidad, clima tropical y deleitante vida nocturna.
Luego del derrocamiento de Fulgencio Batista, un líder autoritario que había protegido los intereses comerciales estadounidenses, el Gobierno de Fidel Castro afianzó el control sobre, prácticamente, todo segmento de la economía. Decomisó tierra y propiedades de empresas estadounidenses y prometió garantizar vivienda, atención médica y educación a todos los ciudadanos. El sistema comunista generó una economía retrógrada y lánguida, respaldada ampliamente por Moscú. Pero luego del colapso de la Unión Soviética en 1991, la economía cubana se desplomó.
Los cubanos llaman de manera eufemística a la austera privación de los años 90 el “periodo especial”, una época en que el Gobierno cubano fue forzado a permitir cierta inversión extranjera y autorizar, de manera limitada, el empleo por cuenta propia. En 1999, la Habana encontró un nuevo benefactor en el recién elegido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyo apoyo hizo posible que las autoridades cubanas apretaran el control estatal de la economía.
Pero en los últimos dos años, Venezuela, que provee petróleo ampliamente subvencionado a Cuba a cambio de servicios médicos, lidia con una crisis política y económica que empeora, y que podría forzar la eliminación de subvenciones a La Habana.
La precariedad de esa relación le ha dado más urgencia al debate sobre cuán rápido el Gobierno cubano necesita implementar las reformas que respaldó Raúl Castro. Los líderes de la antigua guardia advierten que una economía de mercado liberalizada podría convertir a Cuba en una sociedad menos igualitaria y proveería una apertura a que Estados Unidos desestabilice al gobierno mediante una inundación de inversión privada. Los reformistas, incluidos algunos de los economistas más respetados del país, argumentan que el estado actual de la economía es insostenible.
La realidad es que los logros en la previsión social de la isla no pueden sustentarse si se mantienen las tendencias económicas y demográficas actuales. Cuba, Argentina y Chile son los únicos países de Latinoamérica y el Caribe actualmente clasificados en el rango superior del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, una medición del nivel educativo, expectativa de vida, entre otros indicadores, de un país.
El salario promedio en Cuba, en la actualidad, equivale a aproximadamente el 28% del valor adquisitivo antes del colapso de la Unión Soviética, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana, una entidad estatal adscrita a la Universidad de la Habana. La devaluación ha causado hurtos descontrolados en los centros laborales. También ha incentivado a miles de profesionales cubanos que han emigrado a Estados Unidos y Latinoamérica en los últimos años en busca de una vida mejor. La tasa de natalidad del país ha descendido, a la vez que los ciudadanos en edad avanzada viven más tiempo.
El sector agrícola sigue obstaculizado por tecnología desactualizada y políticas bizantinas. Una ley para atraer inversión extranjera que la Asamblea Nacional de Cuba aprobó en marzo, aún no produce un solo acuerdo. Y, para aumentar los desafíos, el Gobierno cubano ha prometido eliminar próximamente su sistema de doble divisa, un proceso que podría generar inflación. El sistema dual, que incluye un peso ajustado al dólar, se estableció en los años 90, cuando se abrió el turismo.
A pesar del estancamiento económico, hay que destacar el crecimiento de una nueva clase de empleados del sector privado, actualmente casi 500,000. Aunque no es una cifra enorme en una nación de 11 millones de habitantes, constituye una clase sorprendentemente ingeniosa en un país donde administrar un restaurante privado exige adquirir prácticamente todos los ingredientes en el mercado negro. Un producto tan básico como la papa tiene que adquirirse como contrabando en Cuba.
Muchos de los que han establecido negocios, tales como posadas, son cubanos que regresaron con ahorros obtenidos en el extranjero y aquellos con parientes que aportaron el capital inicial. Todos luchan con la burocracia ante la imposibilidad de importar legalmente productos tan básicos como colchones y almohadas. Traer artículos de Estados Unidos es costoso y complicado, como consecuencia de las sanciones estadounidenses.
Las autoridades cubanas parecen tener una actitud inconstante respecto al creciente sector privado. Aunque dan la bienvenida al empleo y a la ganancia tributaria que genera, los burócratas están poniéndoles trabas a los negocios particularmente exitosos, y obligando algunos a convertirse en cooperativas administradas conjuntamente con el Estado. El mensaje parece ser: queremos prosperidad pero no personas más prósperas que otras.
Washington podría empoderar el campo reformista al facilitar que los empresarios cubanos obtengan financiamiento externo y formación empresarial. Es poco probable que esa estrategia sea exitosa, a menos que Estados Unidos abandone su política de cambio de régimen. A pesar de que la transformación económica de Cuba está avanzando lentamente, bien podría conducir a una sociedad más abierta. Por ahora, el continuo antagonismo proveniente de Washington solo está ayudando a la antigua guardia.
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