Patricia Marcano
La actuación de Guyana sobre el territorio Esequibo, en los últimos 15 años, no solo ha traspasado los límites legales fijados en el Acuerdo de Ginebra y otros propios del derecho internacional, sino también los límites venezolanos, hasta el punto de que hoy no solo está en riesgo la pérdida de la Guayana Esequiba, reclamada por Venezuela desde el laudo de 1899, sino también gran parte de la plataforma continental del estado Delta Amacuro, territorio soberano sin discusión.
En esto coinciden especialistas en el tema, con base en documentos y hechos que demuestran las arbitrariedades del país vecino, y advierten que el país debe cambiar su actitud pasiva e incluso “cómplice” para no perder más de lo que ya le han quitado.
“Lo que está ocurriendo en la zona en reclamación es grave porque en derecho internacional el que calla otorga y, desgraciadamente, el gobierno ha callado frente a los atropellos y acciones que ha hecho Guyana, hasta el punto de que ha comprometido jurídicamente, casi de manera definitiva, la reclamación del Esequibo. Pero el problema más grave está al oeste del Esequibo, porque Guyana no solamente ha otorgado concesiones en el espacio marítimo de la zona en reclamación sino también en aguas venezolanas, sin que Venezuela proteste”, señaló el abogado Emilio Figueredo, quien durante 12 años fue embajador ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra.
Venezuela no aceptó ni acepta el Laudo Arbitral de 1899 que le otorgó a la entonces Guayana Británica 159.500 km2 de territorio venezolano, reconocido así en mapas desde la Capitanía General de Venezuela. Fue un documento firmado sin la presencia de jueces venezolanos, con tres de cinco personas interesadas en beneficiar a Gran Bretaña y en condiciones poco transparentes.
Seis décadas después se firma el Acuerdo de Ginebra (1966), el cual toma en cuenta las dos posiciones frente al Esequibo (Venezuela considera que el laudo es nulo e írrito y por ello se debe llegar a un arreglo, mientras que Guyana pide demostrar dicha nulidad). Establece que ambas partes deben buscar una solución práctica y mutuamente satisfactoria, y establece los mecanismos para lograrlo: negociación, buenos oficios, mediación, conciliación, arbitraje y, en última instancia, acudir a la corte internacional.
El general Oswaldo Sujú Raffo, presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (Idefv), señala que Guyana ha sido intransigente en todos estos años, apegándose a la premisa de que se de muestre la nulidad del laudo. Y además se ha valido del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra (el cual establece que nada de lo que haga o deje de hacer Guyana o Venezuela en esa zona, ni le da ni le quita derechos, a menos de que lo que se haga sea aceptado y firmado por escrito), para intervenir el territorio, argumentando que el acuerdo no prohíbe la explotación.
Un argumento que no es válido –aclara Figueredo-, porque Guyana tiene la posesión de la zona en reclamación, no la soberanía, según el Acuerdo de Ginebra. “Tendrá la soberanía plena en el momento en el que se resuelva el diferendo, mientras eso no pase, Guyana debe solicitar permiso a Venezuela para hacer cualquier cosa, y este hecho le da facultad a Venezuela para objetar. Pero al callar, le abrieron las puertas de par en par a Guyana”, señala el abogado, quien es presidente editor del portal Analítica.com
AL MARGEN DE LO LEGAL
En 1999, la ex colonia británica trazó una línea arbitraria sobre la proyección del Delta venezolano, delimitó espacios marítimos ubicados entre la cuenca de la Guayana Esequiba y la cuenca del Delta del Orinoco, los distribuyó en bloques y años más tarde entregó concesiones. Todas tocan aguas venezolanas aunque la línea trazada tiene la intención de hacer ver que todo eso es guyanés. Venezuela reclamó pero Guyana no hizo caso, recuerda el presidente del Idefv.
Se trata del bloque Pomeron, manejado por la empresa canadiense CGX y ocupando 23.000 Km2 de Venezuela; el Stabroek, en manos de la Shell y Exxon, ocupando 70.000 km2; y el Roraima, asignado a la estadounidense Anadarko Petroleum, en 13.100 Km2, precisa Sujú Raffo
También aclara que la jurisprudencia internacional, emanada del tribunal de La Haya, establece que mientras exista una controversia territorial no se puede hablar de atribuciones en el mar, por lo que no pueden delimitarse áreas marinas y submarinas. Y en el caso venezolano, está el Decreto 1.152 de 1968, que estableció la línea de base recta en el Delta del Orinoco y definió el mar territorial desde Punta Araguapiche hasta la desembocadura del río Esequibo, ordenando el patrullaje de esas aguas.
Lo que ha hecho Guyana en esas aguas puede ser considerado como un nuevo diferendo pero marítimo, dice Sujú Raffo, y advierte que “explotar petróleo o hidrocarburos en el Delta del Orinoco, zona donde Venezuela tiene plena soberanía, es casus belli, es decir, es motivo de guerra”.
ÁREA ESTRATÉGICA
Las pretensiones de Guyana sobre el territorio marítimo venezolano son de cuidado. Se trata de las bocas del río Orinoco y de la salida a la faja bituminosa. El territorio de un país está compuesto por la parte terrestre y la prolongación hacia el mar, según su ubicación. Así, la plataforma continental es la continuación del territorio terrestre bajo el mar. El ex embajador detalla que la plataforma suele llegar hasta 200 millas de la costa, pero en casos donde geomorfológicamente siga su extensión sin interrupciones, puede llegar hasta 350 millas.
“Esta es la única zona de Venezuela donde podemos extender la plataforma continental hasta 350 millas. Eso te da derechos inherentes y es una zona que mide aproximadamente 161.000 km2. Si se aplica lo que Guyana pretende, nos quitarán casi todo, nos quedarían menos de 70.000 km2”, detalla Figueredo.
Es una zona con inmensos depósitos de hidrocarburos, con gas y petróleo. En la zona en reclamación han explotado recursos mineros pero no han hallado hidrocarburos. Además explica que allí se dan todas las condiciones para que existan pues las corrientes del Orinoco, que durante años han arrastrado y depositado nitritos y fósiles, se desplazan hacia el noroeste, hacia la zona entre Venezuela y Trinidad, no hacia el este donde está Guyana.
“Lo que se está jugando es el futuro de Venezuela. Los venezolanos no lo saben pero hoy el Delta del Orinoco es más importante que el Golfo de Venezuela, que durante años junto al lago de Maracaibo fue la base del crecimiento petrolero. Ahora el futuro venezolano está en la faja bituminosa del Orinoco, en esa zona marítima. ¿Por qué crees que están la Shell y Exxon? Ellos deben saber más que Guyana y nosotros sobre lo que hay allí. Por ello aquí hay dos situaciones, se debe defender la soberanía del Orinoco y mantener la reclamación en el Esequibo”, plantea Figueredo, quien reconoce que en el pasado hubo errores sobre el manejo del diferendo, pero no vinculados a la ausencia de defensa de la soberanía nacional, cosa que sí ha ocurrido desde 2002, asegura.
Para Sujú Raffo, el interés político e ideológico, de la tesis del socialismo y hermandad entre países, no puede estar por encima del interés nacional y de la defensa de la soberanía. “Cualquier cosa que se permita que haga Guyana es un delito de traición a la patria, y eso no prescribe nunca. No se puede aceptar que teniendo todo a nuestro favor, ahora estemos en la posición de un país agredido por una nación a la que ayudamos”.
“AQUIESCENCIA”
La actitud “displicente” de Venezuela frente a Guyana es explicada por Figueredo. “En 2002 el país corría el riesgo de que la OEA le aplicara la Carta Democrática Interamericana. Venezuela necesitaba los votos de los 15 países del Caricom, incluida Guyana, para que no se aprobara. La solidaridad internacional fue más importante que la soberanía nacional. Y a partir de ese momento el presidente Chávez cambia su posición”.
En 2004 Chávez expresa públicamente, en una visita a la capital guyanesa, que “el gobierno venezolano no se opondrá a que empresas extranjeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio, si es en beneficio de sus habitantes”, hecho que evidencia la nueva política sobre el tema, dicen los especialistas, quienes además agregan otro hecho a este giro: la influencia de Fidel Castro. Figueredo y Sujú recuerdan que Cuba siempre apoyó a Guyana con el Esequibo, por considerar que eo imperio norteamericano se lo arrebató en alianza con los venezolanos.
“Guyana se volvió cada vez más audaz, toma decisiones unilaterales y otorga concesiones no solo en el Esequibo sino también en espacios marinos. La consecuencia es que en estos 13 años se ha hecho todo lo posible para que Guyana tenga un expediente muy fuerte en contra de Venezuela”, dice Figueredo, quien fue miembro principal de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (Care), durante 10 años.
Considera que el país vecino debe tener registro de todas sus actuaciones sobre el Esequibo y las veces que Venezuela no ha defendido sus derechos, para apelar al principio de la aquiescencia (“el que calla otorga”); si el país no cuestionó a Guyana da a entender que le reconoce su soberanía sobre la zona en reclamación. Por ello estaría buscando resolver el diferendo en la corte internacional.
El internacionalista Rafael Sureda Delgado agrega que Venezuela tampoco ha protestado la actuación de Brasil, nación que desde hace años controla parte del Esequibo con inversiones acordadas con Guyana. “Entre los estados no hay amistades, entre los estados hay intereses”, aclara el profesor, quien formó parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Reclamación del Esequibo (1982).
Venezuela debe frenar a Guyana
Con la firma del Acuerdo de Ginebra, en febrero de 1966, se iniciaron las negociaciones entre ambos países. No hubo resultados en 4 años. En 1970 se firma el Protocolo de Puerto España, que congela la reclamación durante 12 años, y es en 1983 cuando ambos países vuelven a reunirse y deciden acudir a la figura del buen oficiante. En 1989 se designa el primero, el granadino Alister McIntyre; a los 10 años es sustituido por Oliver Jackman, de Barbados, quien fallece en 2007. Pasan tres años sin oficiante y en 2010 asume Norman Girvan, de Jamaica. Estuvo hasta abril del año pasado porque también falleció. No se ha designado a otra persona.
El internacionalista Rafael Sureda Delgado, quien formó parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Reclamación del Esequibo (1982), cuestiona que hasta ahora no se conozca públicamente ningún informe de los que debieron realizar los buenos oficiantes o los representantes de ambos países ante esta figura. “¿Están escondiendo algo?”, se pregunta. Considera que prácticamente el tema ha estado congelado desde 1966 hasta la actualidad, pues no se avanzó nada, y por tanto “ya es momento de dejar la pasividad y pasar a la acción, y eso sería retomar las negociaciones entre delegados de ambos países”.
Emilio Figueredo, quien fue embajador ante la ONU para la aplicación del Acuerdo de Ginebra desde el gobierno de Jaime Lusinchi hasta el segundo mandato de Rafael Caldera, ve necesario hacer dos cosas: proteger la plataforma continental de Delta Amacuro con un decreto, para frenar las apetencias de Guyana, y continuar con el procedimiento fijado por el Acuerdo de Ginebra hasta llegar a alguna solución satisfactoria para ambos como dice el documento.
Sobre esa solución satisfactoria, Sureda y Figueredo recalcan que obviamente no plantea que 100% del territorio sea para Venezuela o para Guyana. Sureda recuerda una tesis planteada hace años donde se propone la devolución de un espacio al norte de la Guayana Esequiba, para ampliar la salida de Venezuela al Atlántico. A su juicio eso debería aceptarse.
Para el Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, partir el territorio no es una opción porque llegar a un acuerdo no es entregar, señala Oswaldo Sujú Raffo, presidente del instituto. “Guyana debe reconocer que ese territorio es venezolano. Si lo reconocen, se le puede ofrecer un apoyo para que desarrollen la zona con beneficios para ellos, con empresas mixtas”. Reitera que el país debe poner orden en las ilegalidades que está haciendo Guyana, hacer cumplir la Constitución y ser más fuerte en su posición para sentar un precedente. Además ve necesario denunciar ante organismos internacionales como la ONU la explotación sin control de un territorio que no es guyanés, donde están contaminando, deforestando y desplazando a etnias indígenas.
