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¿Es inconstitucional que diputados integren el Comité de Postulaciones Judiciales?

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La Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de agosto por unanimidad, en primera discusión, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que modifica la composición del Comité de Postulaciones Judiciales. La propuesta eleva de 21 a 23 el número de integrantes: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

El cambio ocurre en medio del proceso para renovar el TSJ, cuya escogencia fue acordada en el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo entre el oficialismo y representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015.

¿Qué hace el Comité de Postulaciones Judiciales?

El Comité es el órgano encargado de recibir, revisar y evaluar las postulaciones de quienes aspiran a convertirse en magistrados del TSJ. Su función es elaborar la preselección de candidatos que posteriormente pasa a consideración de la Asamblea Nacional.

La Constitución lo define como un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de candidatos a magistrados del máximo tribunal y establece que debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.

Por eso, la composición del comité resulta determinante: sus integrantes participan en una etapa previa a la designación de quienes ocuparán los cargos de mayor jerarquía del sistema judicial venezolano.

¿Quiénes serían los 23 integrantes?

La reforma plantea una composición de 23 miembros. De ellos, 11 serían diputados de la Asamblea Nacional y 12 representantes de la sociedad civil. La distribución mantendría la presencia parlamentaria que ya existe y aumentaría de 10 a 12 los representantes de sectores sociales.

La diferencia es relevante porque, aunque los diputados seguirían representando 11 de los puestos, la sociedad civil tendría una mayoría de 12 integrantes. El debate, sin embargo, no se centra únicamente en cuántos representantes tendría cada sector, sino en si los parlamentarios pueden integrar el comité en primer lugar.

El artículo 270, en el centro de la controversia

El abogado constitucionalista Rafael Badell Madrid sostiene que la incorporación de diputados es inconstitucional. Su argumento parte del artículo 270 de la Constitución, que señala que el Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.

Badell Madrid sostiene que, además del texto constitucional, la Exposición de Motivos y el Diario de Debates respaldan una interpretación según la cual el comité debe estar compuesto exclusivamente por representantes sociales.

Perkins Rocha, abogado y dirigente político, coincide con esta interpretación. Afirma que ningún parlamentario debería integrar el órgano, independientemente de que sean 11 diputados o una cantidad menor.

Para Rocha, la composición debería reservarse a integrantes cualificados de la sociedad civil, como profesores universitarios especializados en Derecho, miembros de academias y representantes de colegios profesionales.

¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos?

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, también cuestionó la reforma y sostuvo que la Asamblea Nacional modificó la legislación del TSJ en contradicción con la Constitución.

Acceso a la Justicia planteó la misma objeción. La organización considera que los diputados son funcionarios públicos y, por tanto, no pueden ser considerados representantes de la sociedad civil para efectos del artículo 270 constitucional.

La organización recordó además que la reforma apenas fue aprobada en primera discusión. Por ahora, el proyecto modifica la composición del comité, pero todavía debe pasar por una segunda discusión, en la que podría cambiar su contenido.

El debate ocurre mientras el país avanza hacia la renovación del TSJ. En ese escenario, la discusión sobre quiénes integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales no es un asunto meramente administrativo: define quiénes tendrán participación en la etapa inicial de selección de los magistrados del máximo tribunal venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

El Mañanero del 28 de agosto: Avanza la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 28 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante una sesión extraordinaria convocada por el Parlamento para este jueves, 27 de agosto, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que la discusión se realizó para modificar el artículo 65 de esta ley, relacionado con el Comité de Postulaciones, el cual pasa a 23 miembros: 11 de la Asamblea Nacional y 12 de la sociedad civil.

Recién salido del horno: otras noticias

Alejandro Betancourt: el operador favorito de Washington en Venezuela

Amnistía Internacional emite Acción Urgente para exigir la libertad plena de los presos políticos en Venezuela

En diez días ratifican o anulan condena a Caguaripano

Electricidad al límite: vivir bajo la amenaza de una descarga eléctrica en Venezuela

Rafael Quero Silva: el exmilitar venezolano deportado por ICE

Dólar/Euro BCV

La cita

“En esas listas de las ONG solo están los que pagan, contra eso tenemos que ir porque es una forma de mercantilización de la justicia, del preso como un producto. Contra eso debemos ir con toda nuestra fuerza”, Jorge Rodríguez, presidente de la AN oficialista.

Lo que rompe en las redes

El Hospital del McDonald’s de Caraballeda cerró sus puertas este jueves, 27 de agosto, luego de 2 meses de atención gratuita a víctimas de los terremotos del 24 de junio en La Guaira. El centro atendió un promedio de 150 pacientes diarios con un equipo voluntario de 80 profesionales.

Azuquita pa’l café

Alonso García es un niño que padece cáncer que logró cumplir su sueño de ser bombero por un día en las instalaciones del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, recorriendo las instalaciones, conociendo de cerca las unidades y compartiendo de primera mano con los efectivos, quienes lo recibieron con los máximos honores.

La ñapa (recomendamos…)

La diferencia no debería ser un acto de heroísmo

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En estos tiempos, cuando el término inclusión forma parte de tantas conversaciones, resulta inconcebible que todavía existan países en los que sea necesario establecer leyes que obliguen a las empresas a contratar a personas con cualidades distintas. A lo largo de mi trayectoria profesional, teniendo cualidades distintas, me he encontrado con personas para quienes el hecho que alguien como yo tenga un trabajo es casi un acto de heroísmo.

Particularmente, y por dedicarme a la consultoría empresarial en materia de inclusión laboral, considero que tener un empleo no debería ser visto como un acto extraordinario ni como un logro excepcional. Debería entenderse, sencillamente, como un derecho humano. Lo verdaderamente extraordinario sería que, como sociedad, pudiéramos transformarnos hasta el punto de normalizar la diferencia; entender que lo distinto no tiene por qué generar miedo, sino curiosidad, oportunidades y motivación, siempre desde una mirada respetuosa y humana.

En muchas ocasiones me he encontrado con personas que, al saber que tengo una cualidad distinta, me preguntan sorprendidas: “¿Te gusta trabajar?”. Y mi respuesta siempre parte de algo muy sencillo: a todos los seres humanos nos gusta sentirnos útiles, superarnos y construir nuestros propios caminos. Pero, sobre todo, nos gusta tener la posibilidad de no depender de quienes nos rodean.

Siempre he pensado que esa independencia, entendida en el buen sentido de la palabra, está directamente relacionada con la manera en que nuestro entorno nos trata. Existen distintos tipos de cualidades distintas y diferentes formas de vivirlas, pero también es cierto que quienes las tenemos muchas veces desarrollamos una mayor conciencia sobre nuestro futuro. Sin embargo, con cualidades distintas o sin ellas, todos deberíamos comprender que buena parte de lo que construimos en nuestra vida depende de nuestras decisiones, de nuestro esfuerzo y de la capacidad que tengamos para asumir responsabilidades.

Ganar dinero y alcanzar cierta independencia no significa únicamente mejorar nuestra calidad de vida. También proporciona la tranquilidad de saber que, en el futuro, aquello que alguna vez pudo ser visto como una limitación puede convertirse en una herramienta para ayudar a otros, en lugar de transformarse en una carga para quienes están a nuestro alrededor.

Nunca me ha gustado que me consideren un héroe. Soy una persona común, con los mismos sueños, necesidades, aspiraciones y metas que cualquier otra. Lo único que puede resultar distinto o disruptivo para algunas personas es que utilizo una silla de ruedas como elemento de movilización. Y eso no debería ser suficiente para convertir una vida cotidiana en una historia extraordinaria.

A raíz de los terremotos ocurridos recientemente en Colombia y Venezuela, considero necesario hacer un llamado a una reflexión mucho más amplia. Las situaciones de emergencia nos recuerdan que la diferencia existe y que debemos estar preparados para comprenderla, atenderla y valorarla. Por eso, más que hablar únicamente de programas de sensibilización empresarial, creo que necesitamos impulsar una conversación como sociedad civil que nos permita reconocer el talento, las capacidades y las posibilidades que existen en cada persona.

Ciertamente, existen diferentes cualidades distintas y cada ser humano las enfrenta y las desarrolla de manera particular. Lo que resulta inaceptable es que la sociedad en la que vivimos todavía tenga tantas dificultades para aceptar la belleza de la diferencia y que, en determinados momentos, pueda llegar a ser tan deshumanizada frente a aquello que no comprende o que no sabe cómo manejar.

Creo que hoy, más que nunca, es necesario entender que la dinámica de nuestra sociedad ha cambiado. Tenemos que hacer un llamado a lo humano, a lo diferente y a la integración real de aquellas personas que tenemos mucho que aportar y que, quizás por desconocimiento, prejuicio o ignorancia, las instituciones y la sociedad todavía no han sabido valorar plenamente.

La verdadera inclusión comienza cuando entendemos que todos tenemos los mismos deberes y derechos para convivir y aportar a la sociedad. Ya es hora de humanizarnos, de cambiar nuestra manera de pensar y de convertirnos, simple y llanamente, en agentes de cambio positivo frente a una sociedad que parece necesitar, cada vez con mayor urgencia, recuperar aquello que nos hace humanos.

La diferencia no debería ser una excepción que debemos aprender a tolerar. Debería ser parte natural de la sociedad que queremos construir.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Dictan privativa de libertad para el agresor de Linda Loaiza

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La abogada Linda Loaiza informó que, tras finalizar la audiencia de presentación de Luis Carrera Almoina, la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas ordenó su privativa de libertad.

La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género y fallas estructurales en el sistema de justicia venezolano, más de dos décadas después de los hechos que conmocionaron al país.

Loaiza indicó que el lugar de reclusión de Carrera Almoina será en el Rodeo II, ubicado en el estado Miranda. La abogada agregó que mañana será la audiencia en la Corte de Apelaciones para revisar el delito de violación.

Pide que no sea beneficiado

A través de un comunicado, la abogada Linda Loaiza solicitó a las autoridades venezolanas que no se le otorgue ningún beneficio procesal a Carrera Almoina.

Loaiza informó que el pasado martes 25 de agosto, Carrera Almoina acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas para ponerse a derecho. 

El caso de Loaiza volvió nuevamente a los tribunales luego de que un juzgado de la capital emitiera una nueva orden de aprehensión contra Carrera Almoina por el delito de violación. 

Caso Linda Loaiza

El 27 de marzo de 2001, con apenas 18 años, Loaiza fue secuestrada por Carrera Almoina (hijo del entonces rector de la Universidad Nacional Abierta, Gustavo Luis Carrera Damas) en su apartamento de Los Palos Grandes durante cuatro meses y sometida a torturas físicas y psicológicas, además de abuso sexual. 

Cuatro meses después, Loaiza pudo evadirse de su agresor, quien ese día no la amordazó cuando salió de la vivienda. La merideña pidió auxilio desde la ventana y vecinos alertaron a efectivos de la Policía de Chacao.

Luego de ser rescatada, Loaiza permaneció en centros hospitalarios por más de un año y tuvo que someterse al menos a 15 cirugías a raíz de todas las torturas a las que fue sometida.

Informes médicos reseñaron que sufrió fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, quemaduras de cigarros, marcas de mordiscos y otras secuelas físicas de violencia sexual. Además padecía desnutrición y sus muñecas, tobillos y piernas tenían marcas de ataduras. 

Luego de una serie de investigaciones, su captor fue arrestado en 2004. Dos años más tarde fue condenado a seis años de prisión por varios delitos de agresión sexual. Posteriormente, en 2008, un tribunal decidió que Carrera Almoina había cumplido la pena.

La abogada llevaba 25 años pidiendo que a Carrera Almoina fuera juzgado por los delitos de violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración. 

Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que responsabiliza al Estado venezolano de no haber colaborado en el caso.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Loaiza pide que no den beneficio procesal a Carrera Almoina

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A través de un comunicado, la abogada Linda Loaiza, solicitó a las autoridades venezolanas que no se le otorgue ningún beneficio procesal a Luis Carrera Almoina, quien de acuerdo a la defensora de los derechos humanos fue privado de libertad este jueves luego de una audiencia de presentación y se indicó como sitio de reclusión la cárcel de El Rodeo II en el estado Miranda.

Loaiza informó que el pasado martes 25 de agosto, Carrera Almoina acudió a la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas para ponerse a derecho. 

El caso de Loaiza volvió nuevamente a los tribunales luego de que un juzgado de la capital emitiera una nuevo orden de aprehensión contra Carrera Almoina por el delito de violación. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado incumplió con su deber y violó los derechos de Loaiza y su familia por la ausencia de una investigación, revictimización y discriminacion durante el juicio.

Loaiza fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 en el sector de los Palos Grandes en Caracas y durante cuatro meses sufrió torturas que le provocaron lesiones y la obligaron a ingresar al quirófano en más de una oportunidad. 

La abogada tiene años pidiendo que a Carrera Almoina se le juzgue por violación, tortura y homicidio calificado en grado de frustración. 

Carrera Almoina cumplió condena de poco más de seis años de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones graves a la profesional del derecho.

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EE. UU. estaría negociando adquirir participación en más de 12 yacimientos petroleros de Venezuela

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El gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, estaría en conversaciones con el interinato de Delcy Rodríguez para adquirir una participación en varios yacimientos petroleros de Venezuela.

Según fuentes estadounidenses citadas por Axios, este acuerdo duplicaría con creces las reservas de petróleo de Estados Unidos al extraerlo de un país que posee las mayores reservas probadas del mundo. “Decir que este acuerdo es enorme sería quedarse corto”, dijo uno de los funcionarios. “Es gigantesco”.

La publicación indicó que aún se están ultimando los pormenores, pero estas conversaciones abarcarían más de 12 yacimientos petrolíferos productivos y no la totalidad de las reservas probadas de Venezuela. Según la fuente, estos yacimientos cuentan con 90 000 millones de barriles de reservas probadas y solían estar controlados por antiguos miembros influyentes del gobierno venezolano, así como por intereses que en su día estuvieron controlados por China.

Como compensación por ceder a Estados Unidos una participación en la propiedad, el gobierno interino bajo tutela de la administración de Trump se beneficiaría de que empresas privadas, incluidas firmas del país norteamericano, desarrollaran los yacimientos y devolvieran mayores ingresos petroleros a ese país.

“El presidente Trump está cerca de asegurar el futuro energético de Estados Unidos para las generaciones venideras, no solo en EE. UU. sino en todo el hemisferio”, dijo una de las fuentes consultadas.

Según la nota, estas conversaciones estarían siendo sido encabezadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Delcy Rodríguez. Además, el reportaje recordó que altos funcionarios de los departamentos de Estado y de Defensa se reunieron en julio con sus homólogos en Caracas para discutir más detalles.

En vista de que la administración de Trump es sensible a los señalamientos de que Delcy Rodríguez estaría regalando los recursos naturales de Venezuela a Estados Unidos, dijo un funcionario, por lo que “estamos haciendo todo lo posible para demostrar cómo esto beneficiará al pueblo de Venezuela, porque así será”.

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Alejandro Betancourt: el operador favorito de Washington en Venezuela

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Una nota del medio estadounidense The Washington Post (TWP) reveló que altos funcionarios de Estados Unidos intervinieron para frenar investigaciones internacionales contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien fue contratado por la administración Trump para ayudar a afianzar el control sobre el gobierno y la industria petrolera de Venezuela.

Durante meses, autoridades estadounidenses presionaron a Suiza para que resolviera sin sanciones penales una investigación por presunto lavado de dinero contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

Según confirmaron a The Washington Post dos personas familiarizadas con las conversaciones. La intervención buscaba garantizar que Betancourt pudiera viajar libremente y mantener su rol como intermediario entre Washington y la nueva administración venezolana encabezada por Delcy Rodríguez.

Alejandro Betancourt, de 46 años, se ha enfrentado en la última década a múltiples investigaciones, en Suiza, España y Estados Unidos, por presunto blanqueo de dinero, incluyendo si tuvo algún papel en un acuerdo de préstamo que, según los fiscales estadounidenses, malversó más de 1.000 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Betancourt fue arrestado dos veces en Gran Bretaña en 2025: primero, tras una orden de detención emitida por España en el marco de una investigación relacionada con blanqueo de capitales, y en noviembre, a petición de Suiza. Durante meses, Betancourt tuvo prohibido salir del Reino Unido mientras las autoridades suizas consideraban su extradición.

El abogado de Betancourt en Estados Unidos, Jon A. Sale, ya había negado la participación de su cliente en el lavado de dinero. «Mi cliente niega haber cometido delito alguno», declaró Sale al Miami Herald en un artículo de 2021 sobre su conexión con una investigación del Departamento de Justicia.

Semanas después de que el ejército estadounidense capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, altos funcionarios estadounidenses comenzaron a presionar a las autoridades suizas para que resolvieran su caso contra Betancourt, según informaron personas familiarizadas con las conversaciones.

“Aliado importante”

Mauricio Claver-Carone, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesor extraoficial sobre Venezuela para la administración Trump, ha descrito a Betancourt como un “aliado importante” para Estados Unidos. A medida que Estados Unidos afianzaba su control, Betancourt desempeñó un papel fundamental en la negociación de los primeros contratos para acelerar la extracción de petróleo, según fuentes cercanas al asunto.

En enero, el subsecretario de Estado Christopher Landau se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza en relación con Betancourt, según informaron personas con conocimiento de la comunicación, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar detalles delicados.

En febrero, la entonces fiscal general Pam Bondi habló con el fiscal general suizo sobre la investigación del caso Betancourt, según fuentes cercanas a las conversaciones. Un mes después, Todd Blanche, entonces fiscal general adjunto, participó en una llamada con fiscales suizos, según las mismas fuentes.

Ascenso de un empresario misterioso

El ascenso de Betancourt, de ser un empresario venezolano que amasó una fortuna en su juventud a alcanzar lo que algunos describen como una posición preeminente en la administración Trump, ha alarmado a algunos venezolanos que lo consideran un símbolo del pasado corrupto del país.

Betancourt apenas tenía 30 años cuando su empresa, Derwick Associates, ganó contratos para construir centrales eléctricas para el gobierno de Hugo Chávez, el fundador del estado socialista de Venezuela.

En la década de 2010, Betancourt adquirió una participación en Petrozamora, una compañía petrolera propiedad conjunta del Estado venezolano y inversionistas rusos. Bajo la dirección de Betancourt, la compañía se convirtió en una de las operaciones de extracción más exitosas de Venezuela.

En 2016, investigadores estadounidenses comenzaron a indagar sobre un acuerdo de préstamo realizado en bolívares, la moneda venezolana, a la petrolera estatal PDVSA, que fue reembolsado en moneda extranjera a un tipo de cambio oficial artificialmente alto.

La investigación, denominada Operación Fuga de Dinero, derivó en cargos por lavado de dinero en el sur de Florida contra el primo de Betancourt, Francisco Convit, y otros, incluidos funcionarios venezolanos que presuntamente recibieron sobornos para facilitar el plan, el cual, según los fiscales, ascendió a 1.200 millones de dólares. Varios acusados ​​se declararon culpables.

El puente entre Venezuela y Washington

Betancourt se convirtió en el puente entre Washington y Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro. Según fuentes, funcionarios estadounidenses le indicaron a Rodríguez que cualquier decisión petrolera debía coordinarse con Betancourt.

El empresario también facilitó acuerdos opacos que otorgaron licencias a Vitol y Trafigura para comprar crudo venezolano con un descuento de 15 dólares por barril y pago adelantado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Amnistía Internacional emite Acción Urgente para exigir la libertad plena de los presos políticos en Venezuela

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Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que exige la liberación  inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. La organización advirtió que las excarcelaciones registradas recientemente no representan el fin de la política de persecución en el país ya que la mayoría de los ciudadanos liberados continúan sometidos a procedimientos penales abiertos y a restricciones de sus derechos, mientras que cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón desde el pasado 14 de agosto han sido excarceladas alrededor de 80 personas. Entre las medidas de libertad condicional que se han concedido bajo medidas humanitarias se encuentran las de Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, privadas de libertad desde agosto de 2018 y marzo de 2019, las cuales se les mantiene vigente la condena impuesta en 2022 tras procesos judiciales sin garantías.

La organización enfatizó que una persona excarcelada que permanece bajo un mecanismo arbitrario a un juicio penal o a medidas cautelares abusivas no ha recuperado plenamente su libertad, citando como ejemplo los casos de defensores de derechos humanos y presos de conciencia como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas. 

Opacidad, torturas y denuncias

El pronunciamiento internacional expone la falta de transparencia del Estado sobre las custodias de las personas encarceladas por motivos políticos y es así que, Amnistía Internacional y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicaron con profunda preocupación la situación en la prisión el Rodeo I ya que se habían registrado informes recientes donde se habla de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos hacia los reclusos.

A todo este panorama se le suma el desconocimiento del paradero del ciudadano Jorgen Guanares, desaparecido tras su detención el 2 de agosto de 2024, además de la negación constante de la atención médica urgente a detenidos con graves problemas de salud como Juan Carlos Marrufo, encarcelado desde marzo de 2019.

La Acción Urgente también explica que casos recientes de persecución judicial en distintas zonas del país como los casos de Roberto Pérez, Olbis Dirinot y Rafael Guedez que fueron detenidos en Falcón en septiembre de 2024 y declarados culpables en agosto de 2026 por cargos de tráfico de materiales estratégicos sin pruebas creíbles. Por otro lado, Renny González y Nudre Chourio fueron encarcelados en Zulia y acusados de terrorismo por pertenecer a un grupo de WhatsApp, mientras que Jonathan Delgado fue arrestado en Trujillo bajo señalamientos de un presunto sabotaje electoral. 

Falta de transparencia

Para la fecha actual las estimaciones sobre el número de privados de libertad por motivos políticos siguen siendo elevadas. Es así que, la ONG Foro Penal reporta más de 300 personas bajo custodia arbitraria, otras organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón elevan la cifra a 448 detenidos y esta realidad contrasta con las declaraciones de autoridades del Estado y voceros de la Asamblea Nacional que desde enero han anunciado excarcelaciones inminentes y ofrecieron cifras que no se corresponden con las medidas ejecutadas. 

Este documento de Amnistía Internacional recuerda que el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar desacuerdos forma parte de una especie de política sistemática de represión documentada desde 2014, donde dichas prácticas han sido reseñadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de la investigación de Venezuela.

Exigencia de respuestas

Ante el gran problema de crisis humanitaria que se han profundizado por el doblete sísmico ocurrido en junio, la organización internacional y el OVP reiteraron que la respuesta del Estado no puede limitarse a medidas parciales o discrecionales, por esto mismo las organizaciones exigen una solución integral que pueda garantizar la liberación plena y si condiciones de todos los presos políticos en el país, al igual que mejorar la atención médica y el cese definitivo de las persecuciones.

Finalmente, solicitaron que se garantice el acceso efectivo a los centros de reclusión del país a los equipos internacionales de protección de los derechos humanos, específicamente a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que puedan ver de primera mano el estado de salud, evaluar las condiciones de reclusión y hacer el debido seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.