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Las 5 exigencias de la RELE y la CIDH ante la “persecución sistemática” contra la prensa en Venezuela

Redacción Runrun.es
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Las 5 exigencias de la RELE y la CIDH ante la “persecución sistemática” contra la prensa en Venezuela

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes, 23 de agosto, las detenciones arbitrarias de periodistas y la “persecución sistemática” de medios y voces disidentes en Venezuela durante el período poselectoral.

A través de un comunicado, la RELE instó a la comunidad internacional “a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana”. También, hizo un llamado “exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen”.

Durante el período poselectoral, la RELE ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas “que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral”.

Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTIQ+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos que sigue la RELE es el del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin que se tenga conocimiento de su paradero. Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Cronología: los activistas y periodistas detenidos durante la represión poselectoral

Según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la “Ley Contra el Odio”, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública.

Persecución y criminalización de la prensa

La RELE alertó a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión.

“Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público”, advirtió.

A nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos “colectivos”.

Debido al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad.

Represión digital y cierre de espacios informativos

La Relatoría Especial advirtió también sobre la criminalización y represión de las expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado a plataformas accesibles de ser “multiplicadores del odio” y promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como “fascistas”, “neofascistas” o “ciberfascistas”. Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos.

La RELE también recordó que en una transmisión en vivo, el gobernante Nicolás Maduro ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y mantener el anonimato.

Igualmente, la CIDH y su RELE han sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas.

A la situación que califica de “grave”, se suma la reciente sanción de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.

Por lo tanto, la RELE insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:

Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;

Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;

Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;

Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;

Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.

115 personas detenidas luego de elecciones fueron trasladadas a Puente Ayala

Después de 15 días del bloqueo en Venezuela, X parece que será un “hasta la vista baby”

Redacción Runrun.es
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Después de 15 días del bloqueo en Venezuela, X parece que será un “hasta la vista baby”

Cumplida la suspensión por 10 días que ordenó Nicolás Maduro el pasado 8 de agosto, el bloqueo a la red social X se mantiene.

Maduro giró instrucciones a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de bloquear la red antiguamente llamada Twitter por una decena de días, pero ya han pasado 15 y los venezolanos solo pueden acceder a X a través de la descarga de un VPN.

“Fuera Elon Musk y fuera X de América Latina”, dijo Maduro, quien tildó a la red del multimillonario sudafricano como un instrumento neofascista. 

Luego del anuncio incumplido de Maduro, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, explicó que el gobierno ha pedido a X que le presente documentación con su representante legal en el país y que exprese que “acepta las leyes venezolanas y convive con las leyes venezolanas”.

“Todavía estamos esperando que ellos se hagan cargo. Venezuela puede vivir sin X, se lo garantizo”, recalcó.

De acuerdo a Maduro, Conatel recomendó que la suspensión de X en Venezuela sea “medida definitiva”. 

“Al único que beneficia el bloqueo de X es al régimen de Maduro, porque le permite seguir manipulando la narrativa de todo lo que está sucediendo en el país y dejar a la población a oscuras”, dijo Melanio Escobar, de la ONG Redes Ayuda.

Debido a la censura y autocensura en Venezuela, X se ha convertido en la principal fuente de información y en la principal fuente de promoción de los mensajes emitidos por la Plataforma Unitaria Democrática, liderada por María Corina Machado y el candidato de las pasadas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia.

Pese al bloqueo de X, algunas instituciones del chavismo, como la cuenta de la Asamblea Nacional siguen activas, así como las de “influencers” a favor del régimen.

Sin embargo, otras como la cuenta de Venezolana de Televisión (VTV), PDVSA y todos los ministerios no tuitean desde el pasado 8 de agosto, la mayoría ha migrado a Telegram.

 

 

Telefónica volvió a omitir datos sobre solicitud de bloqueos e interceptaciones en Venezuela

ONU, UE y gobiernos de América no compran el dictamen del TSJ

Redacción Runrun.es
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ONU, UE y gobiernos de América no compran el dictamen del TSJ

Voces internacionales se sumaron a la condena conjunta a la sentencia 035 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que avaló el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral según el cual Nicolás Maduro fue reelecto el 28 de julio pese a las denuncias de observadores independientes como el Centro Carter y el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, que cuestionaron la integridad y transparencia de los comicios.

El más enérgico de los mensajes provino del presidente chileno, Gabriel Boric, quien denunció a pocas horas de conocida la sentencia que el TSJ había terminado de consolidar el “fraude” en Venezuela.

“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, expresó Boric en un mensaje en la red X, al que agregó que su país “no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

Para Luis Lacalle Pou, mandatario uruguayo, el gobierno de Maduro confirmó este 22 de agosto “lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude”.

“Es una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana”, insistió.

Santiago Peña, presidente paraguayo, lamentó que la decisión del TSJ fuera ratificar resultados que “no reflejan la voluntad del pueblo venezolano”: “Es inaceptable validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de votos”.

Bernardo Arévalo, jefe de Estado de Guatemala, sostuvo que el régimen de Maduro “no es democrático” y que su país no reconocía lo que llamó “un fraude”. Cabe recordar que el ascenso al poder de Arévalo enfrentó una carrea de obstáculos pues, a pesar de haber sido escogido con más del 60% de los votos en agosto de 2023, hubo varias tentativas de funcionarios públicos en su país para impedir su juramentación, que se concretó en enero de 2024. 

Por Estados Unidos, habló el portavoz adjunto principal, Vedant Patel, en un comunicado en el que denunció que el fallo del TSJ “carece de toda credibilidad”, dada la “abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos el 28 de julio”. 

“La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Ahora es el momento para que los partidos venezolanos comiencen discusiones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano. Los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria para Maduro solo exacerbarán la actual crisis”, se lee en el documento. 

Además de estos pronunciamientos individuales se emitió un comunicado conjunto en el que los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, EEUU, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron el fallo del TSJ y denunciaron falta de independencia judicial en Venezuela.

En el texto criticaron que el máximo tribunal del país convalide los “resultados sin sustento” del CNE y reiteraron que solo una auditoría “imparcial e independiente” de los votos garantizaría el respeto a la voluntad popular, a la soberanía y la democracia. 

UE y España no reconocerán resultado sin actas

Este 23 de agosto el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, anunció que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y puedan ser verificadas las actas electorales.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, recalcó el jefe de la diplomacia europea, en alusión al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. 

 
Borrell insistió ante la prensa que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección”, algo que “todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”.
 
 El Gobierno español no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela hasta que se publiquen de manera “íntegra y verificable” las actas electorales de las votaciones del pasado 28 de julio.
 
Por otra forma, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores reafirmaron a la agencia EFE lo que, aseguran, es  “desde el primer momento”  la posición del  Ejecutivo de Pedro Sánchez, de reclamar “plena transparencia” en los resultados electorales en Venezuela. 

“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, sostuvo la fuente que declaró a EFE, que además reiteró el llamado “a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas”.

 

ONU reclama “total transparencia”

Sin mojarse mucho las manos, el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó a Venezuela “total transparencia” en los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, y recordó que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas de los distintos colegios tras los contestados comicios.

Guterres se limitó a “tomar nota” del fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ), que este jueves validó el resultado que da ganador a Maduro, y reclamó a  Venezuela “protección absoluta y respeto a los derechos humanos”, después de mostrar su “preocupación” por los informes recibidos de distintos atropellos, entre los que mencionó detenciones arbitrarias de menores, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas opositores, reseñó la agencia EFE. 

Expresidentes también se pronuncian

El expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, tildó de “patraña” el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela  y advirtió que el actual  gobierno de su país  “no puede, ni debe avalarlo, como se lo dijimos ayer al Canciller Murillo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”.

“Es un golpe al pueblo venezolano, y a la expresión soberana de todo un país (…) Lo que espera el dictador (…) es que ese salgan varios países simpatizantes de su dictadura, de la comunidad internacional, a reconocerlo como presidente legítimo. No, señor Maduro, usted es un dictador, un criminal, usted está siendo investigado por la CPI, el mundo ya conoce las actas donde por más de 30 puntos de diferencia Edmundo González tuvo una victoria avasallante. Lo único que se puede negociar son los términos de su salida”, sostuvo Iván Duque, también expresidente de Colombia, en un mensaje difundido en un video.

Duque espera que los gobiernos de Brasil, México y el de su país, que a su juicio, más que negociadores han sido “dilatadores” del proceso, puedan asumir “su condición de firmantes de la Carta Democrática Interamericana, reconocer la victoria de González”, la validez de las actas y rechazar “toda esta tramoya para que Maduro se mantenga en el poder”.

“Con indignación, pero sin sorpresa, recibimos la noticia del fallo de Tribunal Supremo de Venezuela, carente de imparcialidad, independencia y credibilidad, con el que se pretende consolidar el fraude electoral de Nicolás Maduro”, escribió el ex mandatario ecuatoriano Gullermo Lasso (2021-2023) en su cuenta de la red social X.

Lasso agregó que el  “régimen totalitario” de Venezuela ha desconocido “los llamados de la comunidad internacional para la verificación de las actas y la habilitación de un proceso de transición hacia la democracia”.

“Es la crónica de un fraude anunciado”: Llueven las críticas contra la sentencia del TSJ sobre las presidenciales

El silencio de los indígenas detenidos en Venezuela: a golpes y sin identidad

La Hora de Venezuela
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El silencio de los indígenas detenidos en Venezuela: a golpes y sin identidad

Un adolescente indígena del pueblo jivi –cuyas comunidades se extienden por los estados Amazonas, Bolívar y Apure– regresaba de pescar en el río Orinoco, a donde había ido a revisar su red, cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Tras la audiencia de presentación, su madre afirmó que lo vio muy golpeado. “Le lloró a la guardia para que lo viera un médico (…) Lo llevaron directamente al ambulatorio militar”, contó el abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de la ONG Foro Penal, Olnar Ortiz. Este es solo uno de los casos de indígenas detenidos en medio de la represión poselectoral.

A unos se los llevaron porque cargaban ollas a cuestas. Otros fueron arrestados al regresar a sus hogares luego de trabajar. A un grupo lo apresaron después de hacer unas compras. Ninguno protestaba. Las detenciones que ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio afectan a ocho pueblos originarios en cuatro estados del país. De acuerdo con Foro Penal, sus derechos a la defensa e identidad también son violentados.

En total, son 15 los indígenas detenidos desde entonces, señaló Ortiz. Actualmente, hay 12 bajo arresto y tres liberados.

El grupo de indígenas pertenece a un universo de 1.505 detenidos –de los cuales 90 fueron liberados– entre el 29 de julio y el 19 de agosto en todo el país, de acuerdo con la ONG. De estos casos, 129 son adolescentes, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres.

Entre los arrestados, nueve son hombres y tres mujeres. Cuatro de ellos pertenecen a la etnia baniva, uno a la puinave, uno jivi, uno yekwana, un piapoco, una pemón, dos baré y un wayúu. Ortiz manifestó que todos fueron capturados en zonas urbanas, nueve de ellos en Puerto Ayacucho, Amazonas; uno en el municipio Mara del estado Zulia, uno en el municipio Gran Sabana, estado Bolívar, y uno en Maracay, Aragua. A petición de la ONG, ninguno de sus nombres se reveló para mantener en confidencialidad la identidad de las víctimas.

Los tres indígenas en libertad son del pueblo baniva, en Amazonas. Uno de ellos es una adolescente que capturaron en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Los otros dos estudiaban en Maracay, estado Aragua, y son primos del puinave que sigue detenido. 

Fuera de su territorio

Ese indígena puinave es un estudiante universitario. Vive en Maracay, estado Aragua, y el 29 de julio salió junto a sus primos a hacer una compra, mientras cientos en la ciudad caceroleaban y protestaban por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron por ganador a Nicolás Maduro. De regreso a sus casas,  en horas de la noche, efectivos de la GNB los arrestaron. A la mayoría los liberaron sin presentación, pero el puinave continúa privado de libertad. Ninguno de ellos estaba en alguna manifestación. 

El joven cursa la carrera de Administración. Terminó su última carga académica en junio y planeaba recibir su título en diciembre de este año. Es oriundo de San Fernando de Atabapo, localidad del estado Amazonas cercana a la zona minera del Parque Nacional Yapacana, a ocho horas de viaje por vía fluvial desde la capital, Puerto Ayacucho.

Su hermana tuvo que movilizarse desde aquel poblado hasta Maracay para poder atenderlo y garantizar alimentación mientras está preso en el Centro de Atención al Detenido de La Morita II.

Sin motivo ni causa

Además del jivi, el abogado relató que a los cuatro banivas los detuvieron el lunes, 29 de julio. El pueblo baniva habita en la cuenca del río Isana, en las fronteras entre Brasil, Venezuela y Colombia. Ortíz relató que alrededor de las 9:00 pm el grupo volvía a sus casas en Puerto Ayacucho, luego de pasar todo el día en un río cercano. 

En la zona hubo manifestaciones por el descontento tras los resultados electorales, pero ninguna fue numerosa y se desarrollaron sin inconvenientes ni represión. ”La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empieza, posteriormente, a detener a todas las personas que conseguía la calle”, señaló. Vieron a las personas con ollas en mano y las detuvieron. 

”Esto es un pueblo, es muy común que la gente cocine en un río (…). Ellos (efectivos de la GNB) lo catalogaron como que ellos (banivas) estaban en la manifestación. Pero realmente (no estuvieron en) ninguna manifestación, porque incluso en el acta dicen que ellos cargaban cabillas”, explicó Ortiz. El abogado añadió que las autoridades involucraron a este grupo en las protestas del 30 de julio, aunque los apresaron el día anterior. ”Y todo esto se tiene acta policial”, recalcó.

El indígena Baré arrestado trabajaba junto a otra persona, actualmente también en reclusión, cuando los capturaron en Puerto Ayacucho. Ambos cerraron el local donde laboraban cuando iniciaron las protestas. Los interceptaron de camino a sus hogares. 

Al indígena Wayúu que arrestaron en Zulia, “le hicieron la Operación Tun Tun’‘ –nombre que designa a los allanamientos de residencias y detenciones arbitrarias de opositores por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas-, declaró Ortiz. 

A la mujer de la etnia Pemón la capturaron cuando estaba en la vía hacia Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, de llegada a su comunidad. 

El más reciente arresto arbitrario de un indígena sucedió en Puerto Ayacucho el pasado 17 de agosto, durante la Gran Protesta Mundial que convocó la oposición. La víctima es el abogado y defensor de los Derechos Humanos (DDHH) de los Pueblos Indígenas, Henry Gómez, quien además pertenece a la comunidad Baré.

Gómez asistió a una manifestación pacífica donde los asistentes, la mayoría de la tercera edad, cantaban el himno nacional y rezaban, indicó Ortiz. Un teniente coronel arremetió contra ellos y el abogado, al darse cuenta que intentaban llevarse a una mujer que conoce y que padece esquizofrenia, se acercó a mediar. ”Pero lo acorralan y se los llevan a todos”, afirmó. 

Ubicación de los arrestos

Represión poselectoral a una minoría ignorada

A excepción del caso del estudiante puinave, los familiares de los otros indígenas están más cerca de sus centros de reclusión para atenderlos.

Ortiz explicó que a ninguna de las 12 personas le permitieron que la defendiera un abogado de su confianza. Tampoco pudieron hablar durante los juicios telemáticos –audiencias vía telefónica entre Puerto Ayacucho y Caracas–, lo cual violó su derecho a identificarse como indígenas. ”Ahí se les está irrespetando otro derecho fundamental, como el de tener un intérprete durante la audiencia o durante todo el proceso del sistema judicial”, declaró. 

El artículo 139 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica: ”el Estado garantiza a los indígenas el uso de sus idiomas originarios en todo proceso administrativo o judicial. Se requerirá del nombramiento de un intérprete, a los fines de prestar testimonios, declaraciones o cualquier otro acto del proceso. Los actos que hayan sido efectuados sin la presencia del intérprete serán nulos”.

El momento de la audiencia permite que la persona se identifique como parte de la comunidad y es deber del juez preguntar si está conforme con tener un intérprete o no. Los 12 indígenas hablan sus dialectos y español, así que las autoridades dieron por sentado sus identidades.  

A estas violaciones se unen los incumplimientos de los lapsos procesales que establece el Código Orgánico Procesal Penal para presentarlos ante tribunales. 

En los casos particulares de dos mujeres indígenas, el abogado indicó que las golpearon y maltrataron física y verbalmente, por militares de la GNB. ”No había ningún personal femenino, lo que agrava más la situación”, comentó en referencia a las autoridades que las recluyen. Las mujeres no pudieron denunciar su abuso durante la presentación, a pesar de tener exámenes médicos forenses. 

La organización defensora de los derechos humanos, Caleidoscopio Humano, se pronunció el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en su perfil de X sobre la represión postelectoral: ”Exigimos al Estado venezolano que cumpla con su deber de proteger a la población indígena, como lo establece la Constitución, priorizar su bienestar, preservar sus territorios ancestrales y garantizar el pleno goce de sus derechos”.

Paradójicamente, el Ministerio Público venezolano también se pronunció ese día y declaró: ”Reconocemos los derechos de nuestros pueblos originarios y reiteramos nuestro compromiso de defender de manera integral el goce de sus garantías”. Para ese momento, más de una decena de indígenas había sido detenida arbitrariamente. 

El Mañanero del 23 de agosto: TSJ dijo amén a los resultados del CNE y más noticias

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 23 de agosto: TSJ dijo amén a los resultados del CNE y más noticias

En El Mañanero del 23 de agosto de 2024 de Runrun.es resumimos los titulares más destacados sobre Venezuela:  sin sorpresas y sin mostrar un acta, el Tribunal Supremo de Justicia dijo “amén” a los polémicos resultados electorales del Consejo Nacional Electoral. El rechazo nacional e internacional a la sentencia no se hizo esperar. A golpes y sin identidad están los indígenas detenidos en las protestas. Superlano cumplió tres meses detenido, sin defensa privada y sin poder ser visitado por su familia. 

Misión de la ONU destaca falta de transparencia del TSJ

“Crónica de un fraude anunciado”: llueven críticas contra sentencia del TSJ

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Hacinamiento en cárceles se incrementó tras protestas electorales

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“Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra, expresó el presidente de Chile, Gabriel Boric. 

 

OVP denuncia que hacinamiento en cárceles se acentuó después de protestas poselectorales 

Redacción Runrun.es
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OVP denuncia que hacinamiento en cárceles se acentuó después de protestas poselectorales 

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la crisis de hacinamiento que viven las cárceles venezolanas, aspecto que se ha agravado con el traslado de las personas luego de las protestas suscitadas a raíz de la lectura de los resultados correspondientes a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

De acuerdo a la ONG, estas prácticas atentan contra las garantías judiciales establecidas en la Constitución de la República.

El OVP denunció que a ninguno de los aprehendidos a partir del 29J les han practicado evaluaciones médicas o psicológicas y están conviviendo en condiciones “infrahumanas de reclusión”.

Recordó que algunos padecen de ciertas patologías o discapacidad y no les garantizan el acceso a una atención médica digna y adecuada.

La organización también resaltó que el acceso a agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o escaso, pues lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse.

El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que la alimentación está basada básicamente en granos, arroz o arepas sin relleno, además no consumen frutas, verduras y mucho menos proteínas.

La organización apuntó que, en el caso de los centros de detención preventiva o calabozos policiales, la situación es peor.

Afirmó que los presos son sometidos a compartir celdas totalmente hacinadas e insalubres, donde tienen que hacer sus necesidades en bolsas o potes plásticos. Asimismo, se ven obligados a dormir en el suelo o de pie, mientras que la comida y el agua potable debe ser suministrada por los familiares.

Prisiones para periodistas

El OVP informó además que desde la celebración de las elecciones se han producido al menos siete aprehensiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa, los cuatro primeros fueron: Yousner Alvarado en el estado Barinas; la reportera gráfica Deisy Peña en Miranda; el camarógrafo Paúl León, en el estado Trujillo; el periodista José Gregorio Camero en Guárico, y el periodista Roland Carreño en Caracas, quien resultó apresado por segunda vez. 

Las dos últimas detenciones fueron las de los periodistas Víctor Ugas, que enfrentaría su tercera detención, y Ana Carolina Guaita en el estado Vargas, de quien se desconoce su paradero.

115 personas detenidas luego de elecciones fueron trasladadas a Puente Ayala

115 personas detenidas luego de elecciones fueron trasladadas a Puente Ayala

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115 personas detenidas luego de elecciones fueron trasladadas a Puente Ayala

115 personas que fueron aprehendidas luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueron trasladadas el pasado 8 de agosto al Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, en el estado Anzoátegui, mejor conocida como “cárcel de Puente Ayala”.

Así lo informó la organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad.

La ONG dirigida por Carlos Nieto Palma reportó que se trata de 103 hombres y 12 mujeres que fueron presentados ante el Tribunal de Barcelona, mediante audiencias telemáticas y posteriormente imputados por incitación al odio y terrorismo, cargos que contemplan penas de hasta 30 años. 

UVL apuntó que los privados de libertad se encontraban en el Centro de Detención Preventivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en el Polígono de Tiros de Barcelona, donde permanecían en uno de los calabozos del centro policial.

Voceros de UVL en la región reportaron que los familiares de los detenidos no fueron informados de los traslados a la cárcel y se percataron el mismo día cuando acudieron a llevarles alimentos. 

Abogados, a quienes se le impidió asumir las defensas en los tribunales orientales, manifestaron que los privados de libertad se encuentran en un área habilitada solo para ellos y que aún no les han permitido comunicación con alguno de ellos.

Cárcel por protestar

De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el pasado 18 de agosto había 1.503 arrestos verificados e identificados luego de las protestas que iniciaron el 29 de julio.

Entre los detenidos hay 129 adolescentes, de entre 14 y 17 años, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres. 

Distrito Capital es la región que más acumula detenidos, con 315; seguida de Carabobo, con 196, y Anzoátegui, con 113 arrestos. Continúan los estados Aragua (107), Miranda (89), Barinas (72), Lara (76) Nueva Esparta (69) y Zulia (68).

Diversas ONG y activistas denunciaron una ola de represión en las semanas posteriores a los comicios y el propio Nicolás Maduro reconoció que las fuerzas de seguridad realizaron cerca de 2.000 detenciones.

 

Advierten que ley contra las ONG castiga asistencia a víctimas y defensa de DDHH

“Es la crónica de un fraude anunciado”: Llueven las críticas contra la sentencia del TSJ sobre las presidenciales

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“Es la crónica de un fraude anunciado”: Llueven las críticas contra la sentencia del TSJ sobre las presidenciales

La sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio generó un río de críticas negativas hacia el Poder Judicial,  al que señalaron por avalar el presunto “fraude electoral”. 

Dirigentes políticos, organizaciones no gubernamentales y analistas cuestionaron la sentencia. Entre ellos destaca el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien a través de X (antes Twitter) citó el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía “reside intransferiblemente en el pueblo”.

“Los órganos del Estado emanan la soberanía popular y a ella están sometidos”, expresó. González Urrutia había advertido horas antes que cualquier decisión de este estilo solo agravaría la crisis política. 

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, aseguró que el TSJ hizo lo que ya tenía previsto: “Es la crónica de un fraude anunciado. Todos sabemos cómo ha actuado esa Sala Electoral. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos”.

“Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue contra los diputados de Amazonas en la AN, contra las elecciones en Barinas, contra el referéndum revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala, el bodrio que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el CNE? ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos?”, replicó.

Guanipa, aunque reconoce la indignación, manifestó que no es momento de decepcionarse e instó a esperar los anuncios de la opositora María Corina Machado y Edmundo González.

El dirigente Andrés Velásquez, de La Causa R, consideró que la sentencia de la Sala Electoral “no ha sorprendido a nadie” y que ya se había anticipado.

“Ahora la pregunta ¿Esa sentencia aclara el fraude? Todo lo contrario, oscurece aún más, ya que pretendiendo tapar el fraude, está cargada de amenazas. Instituciones fallidas limpiándose entre sí”, recriminó Velásquez.

Sin sorpresas y sin mostrar un acta el TSJ valida resultados del CNE

El exgobernador de Miranda Henrique Capriles también reaccionó y señaló que la decisión de la Sala Electoral “no resuelve ni cambia lo que el pueblo venezolano decidió en paz con su voto” en las elecciones.

“Lo único que hace la sentencia es profundizar la crisis política, económica y social de nuestro país. Reafirma a su vez la gravísima situación institucional que profundiza la desconfianza de la gran mayoría de los venezolanos en el sistema de administración de justicia”, expresó.

A su vez, el excandidato presidencial Enrique Márquez acotó que todo el mundo “sabe lo que pasó”, incluyendo el TSJ y el CNE, por lo que citó al Libertador Simón Bolívar: “La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe, es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan”.

También reaccionó Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela (MPV), partido que apoyó la candidatura de Edmundo González. Calzadilla destacó varias irregularidades del proceso electoral y la decisión de la Sala Electoral del TSJ.

“Cuando se va a abrir una caja porque una de las partes hizo una impugnación, deben estar presentes los interesados: los candidatos participantes y los partidos políticos. Nos llama la atención que las cajas de resguardo de los instrumentos electorales no contaron con la presencia de ningún testigo de los partidos políticos”, indicó sobre el proceso de peritaje del material electoral que hizo el TSJ.

En tal sentido, consideró que “aquí hay procedimiento un absolutamente irregular que no está en la Constitución. Ni en las leyes electorales del país”.

Mientras tanto, Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Vzla y abogado, invocó al cumplimiento del artículo 138 de la Constitución: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos”.

“Que Dios y la patria nos premien y si no, que nos lo demanden”, expresó.

Sentencia vulnera derechos de los venezolanos a elegir su destino

La ONG Defiende Venezuela rechazó la sentencia del TSJ y recordó que ese organismo “ha sido señalado anteriormente como un órgano imparcial y cooptado por el Ejecutivo”, como lo ratificó recientemente la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela.

Además, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, advirtió que el TSJ “vulnera el derecho de los venezolanos a elegir su destino político y con esta decisión abre las puertas a un escenario que compromete la estabilidad social y la urgente reconstrucción de la democracia”.

Desde la organización que representa, reiteró que la crisis de derechos humanos en Venezuela “se agravará ante la falta de transparencia electoral y represión generalizada”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, consideró que la reciente decisión del TSJ “no es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude electoral” y recalcó que el TSJ “no es imparcial ni independiente”. 

Analistas consideran que la decisión del TSJ viola el “orden público procesal”

José Ignacio Hernández, exprocurador especial del extinto gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la sentencia de la Sala Electoral del TSJ “viola el orden público procesal”.

“En la práctica, solo coloca más en evidencia la ilegitimidad del resultado electoral”, añadió.

A su vez, la politóloga Ana Milagros Parra recordó que el TSJ ni su Sala Electoral “tienen las competencias del CNE”. Indicó además que no se publicaron actas, que todavía no hay pruebas y que no es la primera vez que el TSJ utiliza esta estrategia.

Finalmente, el periodista experto en la fuente electoral Eugenio Martínez, sostuvo que en la sentencia, los magistrados del TSJ “obviaron todo lo referido a los artículos 382 y 385 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre)”, los cuales indican taxativamente cómo debe el CNE publicar los resultados de cada acta.

Artículo 382: “El Sistema Automatizado de Totalización debe emitir una “hoja complementaria de totalización contentiva de una relación en forma tabulada de los datos registrados en cada una de las actas de escrutinio, tanto para los cargos ejecutivos como a cuerpos deliberantes por las modalidades nominal y lista”.

El rechazo de la comunidad internacional

Gabriel Boric, presidente de Chile, consideró que el TSJ terminó de “consolidar el fraude” en Venezuela.

“El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, expresó.

Agregó que ha visto a venezolanos “que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo”, por tanto, expresó que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”.

Asimismo, Iván Duque, expresidente de Colombia, afirmó que el “Tribunal Sumiso de Justicia” validó la “tal victoria” de Maduro. “Eso es un golpe al pueblo venezolano, a la expresión soberana de todo un país que quiere decir: ¡Ya basta a la dictadura!”.

Sin sorpresas y sin mostrar un acta el TSJ valida resultados del CNE
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