La organización no gubernamental Defiende Venezuela destacó en un documento las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país luego del 28 de julio.
Destacaron las acciones del gobierno venezolano en respuesta a las protestas que surgieron tras el cuestionado resultado electoral emitido por el CNE y alertaron que las medidas represivas “buscan silenciar la disidencia, infundir miedo entre la población, restringiendo sus libertades fundamentales y derechos civiles”.
Destacaron que la violación “sistemática” de los derechos ha sido documentada por diversas organizaciones de derechos humanos “y ha generado condena internacional”.
En el texto compartido a esta redacción se detallan los derechos civiles y políticos que han sido vulnerados en el marco de la represión poselectoral.
Derecho a la manifestación pacífica
Denunciaron que la represión violenta de las protestas, que incluye el “uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados”, viola el derecho fundamental a la protesta pacífica, garantizado en el artículo 68 de la Constitución-
“Esta represión busca impedir que los ciudadanos expresen su descontento y demandas de manera pública y organizada”, destacan.
Derecho a la libertad de expresión
Defiende Venezuela destacó que la censura de medios de comunicación, las agresiones a periodistas y las restricciones al trabajo periodístico atentan contra la libertad de expresión, lo cual es violatorio del artículo 57 y 58 de la Constitución: “Esta represión incluye detenciones arbitrarias de periodistas y el bloqueo de medios que intentan informar sobre la situación en el país”.
Agregan que la Corte IDH contempla que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática: “Es indispensable para la formación de la opinión pública(…). Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
Derecho a un juicio justo
A juicio de la ONG, los detenidos con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio han sido privados de las garantías procesales básicas, incluyendo el acceso a abogados y una defensa adecuada.
“Las audiencias judiciales, cuando se llevan a cabo, se realizan sin el debido proceso y en ausencia de representación legal apropiada, esto es violatorio al artículo 49 en sus distintos ordinales y del artículo 139 del COPP”, reseñan.
Derecho a la integridad personal
En este punto resaltan las condiciones de detención “inhumanas”, que incluyen hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos, junto con el uso desproporcionado de la fuerza, lo que indican, constituyen tortura y tratos crueles.
“Los detenidos sufren abusos físicos y psicológicos que atentan contra su dignidad y bienestar. Esto es violatorio a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución.
En uno de los casos documentados por Defiende Venezuela, se logró certificar que en Zona 7, Boleita, los detenidos eran llevados a calabozos extremadamente pequeños, sin acceso a ventilación ni luz solar, donde eran ingresadas varias personas. Para poder entrar todos, muchos debían quedar de pie”, explicaron.
Derecho a la libertad personal
Las detenciones arbitrarias y sin fundamentos claros, afirma Defiende Venezuela, violan lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional.
“Las autoridades detienen a personas sin justificación legal. En varios casos identificados por la organización, las víctimas aseguran que aprehendieron a sus familiares en contextos distintos a las protestas, caminando por las calles o estaciones de autobuses. En conjunto, estas violaciones representan un ataque sistemático contra los derechos humanos en Venezuela, evidenciando una estrategia para mantener el control y suprimir cualquier forma de oposición”, detallan-
Cuatro exhortos a las autoridades
Tras enumerar la lista de derechos humanos que se han violado en el marco de la represión poselectoral, Defiende Venezuela hizo varios exhortos al Estado venezolano, entre los que se encuentran:
- La liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas.
- Una investigación independiente y exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
- El cumplimiento de las garantías procesales para todos los detenidos, incluyendo el acceso a abogados y juicios justos.
- El respeto a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Los mecanismos internaciones de protección deben mantenerse vigilantes y apoyar a los venezolanos en su lucha por la democracia y los derechos humanos.
- Es imperativo que el gobierno venezolano cese la represión y permita el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.
