Justicia, Encuentro y Perdón denunció traslado de adolescentes detenidos de Guanare a Caracas
Sus familiares no tienen la posibilidad de verles
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que los adolescentes Diego Gallardo, de 15 años, y Ray Saldivia, de 14 años de edad, detenidos el pasado 1 de agosto en Carúpano, estado Sucre, fueron trasladados a Caracas, lejos de sus familias, a pesar de ser menores de edad.
De acuerdo a la organización, los adolescentes fueron delatados por alguien de su comunidad al confundirlos con personas que derrumbaron una estatua los primeros días de las manifestaciones poselectorales.
JEP afirmó que a Gallardo y Saldivia les imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio y destrucción de monumento.
Pese a que sus padres entregaron cartas de buena conducta firmadas por miembros de la comunidad, ambos jóvenes permanecen tras las rejas y engrosan la cifra de presos políticos del gobierno de Maduro.
Según cifras oficiales, hay más de 100 adolescentes detenidos en el marco de las protestas luego de emitirse los resultados a favor del chavismo el pasado 28 de julio.
Además de ser separados abruptamente de sus familias sin la posibilidad de que puedan verlos, los adolescentes son sometidos a procesos judiciales y condiciones de reclusión desprovistos de los preceptos establecidos en la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA).
JEP denunció que entre los adolescentes detenidos hay personas con problemas de salud crónicos e incluso discapacidades.
Abusos en el INOF
La organización también expuso que han recibido denuncias de mujeres recluidas en la cárcel del INOF en Los Teques, incluidas las detenidas en el contexto electoral, sometidas a abusos, tratos crueles y degradantes.
JEP aseveró que las mujeres permanecen en condiciones que atentan contra su dignidad y sus derechos fundamentales a raíz del reciente cambio de autoridades en el recinto penitenciario.
Sentenció que algunos familiares aseguraron que a estas les han quitado las pertenencias y los insumos de higiene. Además, no les permiten el ingreso de alimentos ni cualquier otro suministro.
JEP exigió a las autoridades una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de maltrato y abuso para que sean tomadas las medidas necesarias a fin de corregir cualquier irregularidad y asegurar el trato digno y humano que establece el sistema penitenciario.
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