El dirigente opositor Edmundo González fue reconocido como presidente legítimo de Venezuela ante el Parlamento Europeo. La moción logró salir adelante con los votos del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha.
El texto de la resolución fue aprobado con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el documento también reconocen a María Corina Machado como la líder de las fuerzas democráticas del país.
Sin embargo, este reconocimiento no llega hasta la Unión Europea y sus Estados miembros, esto debido a una enmienda de socialdemócratas, liberales y verdes, la cual no tiene competencia en política exterior.
La legislatura se enfrentó a un cambio importante. Se trata de la primera ocasión en la que el Partido Popular Europea vota junto a la extrema derecha, en lugar de hacerlo con el bloque a su izquierda del hemiciclo, es decir socialdemócratas, liberales y verdes, grupo que -tradicionalmente- concesa todas las decisiones de la Eurocámara.
Según lo reseñado por EFE, los grupos más grandes han dejado fuera a la mayoría de los socialdemócratas, quienes estaban de acuerdo con la mayor parte del texto aprobado. Sin embargo, para ellos, el reconocimiento de González Urrutia como presidente y el texto conjunto con la extrema derecha representaban una línea roja.
También se excluyeron los liberales, que rechazaron la ruptura del cordón sanitario y ni siquiera emitieron su voto como señal de protesta, así como los Verdes. Solo un grupo de socialistas portugueses y un liberal decidieron ignorar la postura de sus respectivos grupos.
Un segundo grupo de corte de extrema derecha más pequeño, Europa de las Naciones Soberanas, no se sentó a la mesa de negociación de la resolución, pero votó mayoritariamente a favor.
González Urrutia agradece reconocimiento
El candidato de la Plataforma Unitaria agradeció el reconocimiento del Parlamento Europeo. En su cuenta de X, dijo:
“¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia. Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a la estruendosa voz de una mayoría que exige se respete la verdad”.
De acuerdo a las actas publicadas por la oposición venezolana, González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio por encima de Nicolás Maduro. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no reconoce dichas actas y afirmaron que Maduro fue el ganador de la contienda.
¡Gracias! Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado: vivir en libertad y democracia.
Como presidente electo, agradezco al Parlamento Europeo por este reconocimiento que me trasciende; es el reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo de Venezuela y a… pic.twitter.com/QIwP4kZNw4
Uno de los primeros en pronunciarse fue Antonio Ledezma. El exalcalde metropolitano expresó en X, antiguo Twitter, “Una durísima condena a Maduro por su brutal represión, exigiendo libertad de presos políticos e instan a la Corte Penal Internacional a acelerar las acciones para castigar crímenes de lesa humanidad”.
Andrés Velásquez, militante de la Causa R, también celebró la decisión del Parlamento Europeo: “Parlamento europeo, aprueba reconocimiento a Edmundo González, cómo Presidente electo. Y más allá de reconocer al ganador, el fondo de esa aprobación es el respeto al voto soberano como institución democrática insustituible, expresada el 28 de julio. Maduro PERDIÓ”.
Orgulloso de nuestra bandera tricolor. Emocionante la victoria de hoy en el Parlamento Europeo con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. También una durísima condena a Maduro por su brutal represión, exigiendo libertad de presos… pic.twitter.com/Bk7WiBQyZG
Otro conocido opositor que aplaudió el reconocimiento de González Urrutia fue Leopoldo López, quien está exiliado en España.
“Desde que llegó Edmundo a Europa, lo han reconocido como presidente electo en el Congreso de los Diputados y Senado de España y HOY el Parlamento Europeo aprueba acuerdo donde lo reconocen ganador de la elección del #28J e igualmente presidente electo de Venezuela”.
¿Qué dice el texto aprobado por el Parlamento Europeo?
En el documento, los eurodiputados precisan la necesidad de que la Unión Europea y sus Estados puedan trabajar para que Edmundo González Urrutia pueda asumir la presidencia de Venezuela el 10 de enero de 2025, fecha en la que corresponde asumir un nuevo periodo presidencial.
“El respeto de la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las elecciones, sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, permita una transición pacífica y auténtica y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica”, indica la Eurocámara.
Otra exigencia del organismo está dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI) que incluya las violaciones de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en curso en sus investigaciones sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, que fue proclamado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sin aportar las actas de votación mesa por mesa, como exige la ley.
En un apartado exigen la liberación de los presos políticos y las personas detenidas de forma arbitraria en el país.
“Si el 10 de enero de 2025 no se produce un traspaso pacífico de poder y el restablecimiento de la democracia, se producirá un nuevo éxodo migratorio hacia otros países de la región, similar al que ha llevado a cerca de ocho millones de venezolanos a huir del país en los últimos año”, destacan los eurodiputados.
El líder opositor Edmundo González Urrutia emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilado en este país.
“No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos”, dice en el comunicado en que comienza justificándolo “ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español”.
González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado “fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión”.
“Las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar mi salida del país, sin ejercer ningún tipo de presión sobre mi”, asegura el candidato presidencial venezolano, que este jueves fue reconocido como presidente electo de su país.
“Con esta aclaración, espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a la naturaleza de mi traslado y reiterar mi agradecimiento a las autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos”, concluye el comunicado.
El periodista Luis Gonzalo Pérez, parte del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, informó que tuvo que abandonar el país por «múltiples amenazas» en su contra por funcionarios del gobierno venezolano.
A través de un video publicado en Instagram, el periodista explicó que estuvo en resguardo tras su cobertura a las protestas poselectorales para medios internacionales. Indicó que recibió amenazas directas no solo contra él, sino que también se hicieron efectivas a su familia y pareja.
«A partir de este día (29 de julio) me llegaron múltiples amenazas y alertas en donde el Estado venezolano estaba buscándome para dar con mi captura y lamentándolo mucho esto fue una situación que como ser humano y profesional me impactó. Y tuvimos que tomar la decisión de estar bajo resguardo primero y paralizar todas nuestras comunicaciones como ya han visto», comentó.
Recordó que a finales de 2023 se incorporó al equipo de Machado para recorrer el país como parte de una campaña para las elecciones presidenciales. Esto le ocasionó mayor visibilidad en redes sociales y un aumento de las amenazas en su contra.
«Tuve que tomar la decisión de salir de Venezuela, me encuentro en el exilio como millones de venezolanos. Nunca estuvo en mis planes de vida ni laborales el tener que salir forzosamente de mi propio país», dijo.
Luis Gonzalo Pérez destacó que se ha contactado con varios relatores de Naciones Unidas y con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) para documentar su caso.
«En el exilio poselectoral nos encontramos más de 18 trabajadores de la prensa, entre periodistas, fotógrafos, fotorreporteros, corresponsales internacionales. Estamos atravesando una situación donde no se respetan nuestros derechos, donde los periodistas en Venezuela actualmente presos e imputados por cargos por terrorismo. Nuestra labor y nuestras armas son una cámara y un bolígrafo, el poder documentar, el mostrarle al mundo y alzar la voz de quienes no pueden», lamentó.
Manifestó además su respeto y admiración a los periodistas que se mantienen dentro del país. «A mis colegas periodistas que aún se encuentran en Venezuela los quiero, los respeto, los admiro por continuar ejerciendo nuestra hermosa profesión a pesar de que vivir en nuestro país informar es un delito, donde nos persiguen, nos monitorean, agreden, humillan, amedrentan. En donde persiguen a nuestras familias, donde nos mandan mensajes para censurarnos, esto ha hecho que nos autocensuremos. Mi respeto a ustedes, pronto nos volveremos a reunir y ver».
La frase “nada sucede de repente” encierra sabiduría, máxima que pasa desapercibida en la vida cotidiana. A primera vista, puede parecer un cliché o afirmación vacía, un recordatorio de que la paciencia es una virtud. No obstante, esta declaración escueta contiene una verdad esencial sobre la naturaleza de los eventos y procesos que moldean la existencia.
Vivimos en una época que valora la inmediatez y la gratificación instantánea. La tecnología permite acceder a información en segundos, comunicarnos con cualquiera y obtener productos o servicios con un solo clic. En este entorno veloz, es fácil olvidar que casi nada ocurre de manera repentina, súbita o sin un trasfondo de preparación y evolución.
Detrás de cada logro, avance tecnológico o éxito personal, hay meses, a veces años, de esfuerzo constante, consagración y perseverancia. En el ámbito de la ciencia y la innovación, los grandes descubrimientos rara vez son el resultado de un “eureka” instantáneo, como suele retratarse en la cultura popular. En realidad, esos avances son el fruto de arduo trabajo, incontables experimentos y fracasos que culminan, eventualmente, en una revelación.
En el ámbito propio y profesional, este axioma cobra relevancia. Es común que el individuo apetezca éxito y felicidad de un día para otro. Queremos alcanzar metas, mejorar relaciones o conseguir bienestar de manera apremiante. Sin embargo, lo cierto es que las grandes victorias –ya sea en una carrera, en la construcción de relaciones significativas o en el desarrollo de habilidades excepcionales– son el fruto de tiempo, dedicación y arrojo inquebrantable. La mayoría de los éxitos no surgen de la nada; requieren aguante, aprendizaje continuo y una buena dosis de perseverancia. Aquellos que triunfan en cualquier área han invertido años de duro trabajo para llegar a donde están.
En la política, la perseverancia es clave
Esta reflexión también aplica en el ámbito social y político. Los cambios profundos en una sociedad –desde los avances en derechos civiles hasta la igualdad de género o la justicia social– no ocurren de la noche a la mañana. Son resultado de generaciones de lucha, activismo y concienciación. Aunque en ocasiones algunos parezcan surgir de manera abrupta, suelen tener detrás un largo proceso de germinación, cálculo y evolución del pensamiento colectivo. En el ambiente de la política, rara vez algo se da de forma inmediata; laudos, decisiones, movimientos e intercambios importantes suelen gestarse con mucho tiempo antes de hacerse evidentes.
La frase “nada sucede de repente” recuerda la jerarquía de la entereza, serenidad y perseverancia. En una época marcada por el desasosiego y evidente zozobra, es fundamental entender que las verdaderas gratificaciones requieren maduración, compromiso y firme determinación. Aceptarlo ayuda a reducir la frustración y el estrés que acompañan la búsqueda de objetivos y metas, tanto personales como culturales y sociales.
Resumen que invita a ser pacientes y apreciar el proceso tanto como el resultado. Detrás de cada logro, evento y transformación significativa en la vida, existe una historia de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento. La próxima vez que enfrentemos un desafío o una meta aparentemente inalcanzable, recordemos esta verdad: “nada sucede de repente”. Con rectitud, valor, moralidad y ética, todo es posible.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este jueves que presentará «algunas cosas» sobre el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, luego que este asegurara que fue presionado por parte del gobierno venezolano para firmar un documento y poder salir de Venezuela.
«Acuérdense que hay un lapso de 24 horas que ya feneció, quizás con cierto retraso de algunas horas voy a comparecer ante los medios de comunicación para presentar algunas cosas sobre el coaccionado», señaló desde la sesión de la Asamblea Nacional.
Es importante recordar que Rodríguez presentó el miércoles como evidencia una carta que manifestó fue firmada por González, donde según indicó el presidente del Parlamento venezolano, este reconoce la sentencia de la Sala Electoral y acata la validez de la reelección presidencial del mandatario Nicolás Maduro.
🔴 Jorge Rodríguez anunció que presentará algunas pruebas sobre la Edmundo González Urrutia, “el coaccionado”.
🗣️ Ese señor dijo que que él se va a juramentar el próximo 10 de enero yo me pregunto ¿Dónde se va a juramentar, en el Doral en Miami?
Sin embargo, el excandidato presidencial afirmó que fue «presionado» por el gobierno venezolano.
«En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», dijo.
Por otra parte, ante las declaraciones de González donde expresa que se juramentará el próximo 10 de enero de 2025, Rodríguez puntualizó:
“Ese señor dijo que él se va a juramentar el próximo 10 de enero, ¿Dónde se va a juramentar? ¿Se va a juramentar en la clínica de rehabilitación de personas de la tercera edad donde trabaja Dinorah Figuera en Valencia, España? ¿Viajará a Doral en Miami y buscará al excelso jugador de Pádel de Juan Guaidó? ¿No se supone que tiene que pararse aquí para recibir el juramento según lo que está establecido en esta Constitución? En consecuencia, coaccionado, acude, te estamos esperando”, concluyó Rodríguez.
Fotos de EGU con los Rodríguez dejan más dudas que certezas
Quedan más dudas que certezas sobre las fotos y la carta que firmó González Urrutia.
La principal duda es por qué esta carta está redactada directamente para ser firmada, es decir, pareciera estar redactada en primera persona. ¿Realmente fue Edmundo González quien la redactó o se la presentaron así, lista para firmar, los hermanos Rodríguez?
Al saber que Edmundo González no dio su consentimiento para ser fotografiado y grabado, como dijo su abogado, hay que preguntarse: ¿Las fotos y las grabaciones que dice tener Rodríguez fueron tomadas a escondidas y con qué propósito? ¿Quién fue la persona que las tomó?
Otra cosa que hasta el momento se desconoce es si el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, sabía los detalles de la conversación entre los Rodríguez y González Urrutia donde se produjo la supuesta coacción, conocía de estas fotos, de las supuestas grabaciones y si estuvo de acuerdo con que se tomaran.
La firma que muestra Jorge Rodríguez desafía la afirmación hecha por el abogado de Edmundo González de que el opositor no había firmado ningún documento al respecto, como lo dijo el 8 de septiembre (cuando ya González Urrutia estaba en suelo español).
En Venezuela hay más de 1 800 presos políticos, según cifras del Foro Penal Venezolano. Uno de esos es José Gregorio Pérez, quien vive en Charallave, estado Miranda y es una de las personas detenidas en el contexto de la represión poselectoral.
El lunes 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, en las que se declaró a Nicolás Maduro como el vencedor -resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional- José Gregorio fue detenido por sujetos encapuchados, presuntamente colectivos, portando armas largas en conjunto con la policía municipal de Charallave cuando regresaba a su casa después de una jornada de trabajo.
Según Diego Casanova, hermano de Pérez, a su pariente lo acusaron de supuestamente lanzar piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero él lo desmiente. Su hermano dice que es una víctima de la “política represiva” del gobierno de Nicolás Maduro contra los sectores populares del país que no apoyaron al oficialismo en las elecciones presidenciales.
“Todos sabemos lo que pasó el 28 y cómo a partir de los resultados el gobierno desató una lanza represiva contra los sectores populares del país. Activó un operativo de revancha contra los más pobres en venganza por esa decisión”, relató Casanova en un live de Instagram de la cuenta ConVzla Mundo.
José Gregorio lleva más de 50 días recluido en un comando policial. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, por diferentes factores como la clausura de penales, retraso en la construcción de nuevos centros de reclusión, entre otros; han convertido a los centros de detención preventiva en lugares que acogen de forma indefinida a los presos, cuando allí no deberían pasar más de 48 horas recluidos.
Esos lugares no cuentan con condiciones de salubridad adecuadas y además, presentan una falta de alimentos que han afectado el derecho a la vida y a la salud de los privados de libertad.
Familia de bajos recursos
José Gregorio tiene 26 años y vive en el barrio La Colmena, un sector pobre de Charallave. No es una persona conflictiva, por el contrario, solo se dedica a trabajar como jardinero y el día en que lo detuvieron iba de regreso a su casa después de hacer unas compras tras salir de su jornada laboral.
Diego señala que su hermano fue detenido sin ninguna mediación cuando iba a pasar por un puente. Dice que su familia es de escasos recursos y tiene que llevarle comida diariamente al Comando de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas en Charallave, donde está detenido.
“Hemos vivido un calvario y mi familia no tiene los recursos suficientes para garantizar la alimentación diaria de un preso. Es difícil porque hay que llevar desayuno, almuerzo, cena y agua”, relató su hermano.
Además, a la familia de José Gregorio solo les permiten visitarlo una vez a la semana y durante apenas una hora. Pero a veces también suspenden las visitas sin ninguna razón.
La familia de José Gregorio logró verlo el 10 de agosto de 2024, más de 10 días después de haber sido detenido.
El alcalde de Charallave lo habría golpeado
Durante una asamblea de familiares de presos políticos realizada en días pasados, Diego Casanova denunció que después que su hermano fue detenido, el alcalde de Charallave lo golpeó.
“Cuando llega al comando policial, el mismo alcalde, me comenta él, es quien lo golpea. Le da una cachetada y le dice que quién le pagó”, relató Diego.
— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) August 25, 2024
Diego defiende DDHH, ahora los de su hermano preso
“Mi hermano no es terrorista, ninguno de los presos políticos lo es. Todos son inocentes. Esa es la verdad”, dice parte de una publicación de Diego en su cuenta de Instagram. Él es activista de derechos humanos, pero ahora le ha tocado vivir en carne propia la defensa de un familiar que ha sido apresado de forma arbitraria.
“Nosotros entendemos que eso busca quebrarnos, amedrentarnos moralmente para que dejemos de exigir que se cumpla el mandato que la gente emitió de forma soberana”, comentó.
Diego denunció también que en el caso de su hermano José Gregorio, así como de muchos presos políticos, no se respeta el debido proceso. A pesar de que ha insistido en tener un abogado de confianza, no se lo han permitido.
“La Fiscalía no tiene ninguna evidencia, incluso la Defensa Pública nos lo ha hecho saber. Ellos tienen un desastre. Ni siquiera tienen un registro de todos los casos. Han instaurado la política de audiencias telemáticas. Hacen audiencias a diestra y siniestra incluso contra quien esté en el momento y lugar equivocado”, dijo Diego.
Aunque ya Diego se dedicaba a la defensa de DDHH, después de la detención de su hermano no deja de acudir a asambleas y concentraciones para pedir la liberación de José Gregorio y de todos los presos políticos víctimas de la represión poselectoral.
“Ahora te piden que abras WhatsApp y pongas en el buscador Maduro, guarimba o María Corina, a ver qué consiguen”, dijo un caraqueño que pidió no ser identificado en una zona popular de la capital venezolana sobre la conducta de los cuerpos de seguridad del Estado después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Aunque el nivel de patrullaje y alcabalas ha bajado, especialmente después de la partida del candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, en zonas populares de Caracas como El Valle, Caricuao, Petare y Catia, la gente sigue con cautela y evita confrontar a cualquier uniformado.
Tampoco es que la relación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad era cordial, pero según las propias cifras del gobierno, luego de los comicios del 28J, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas, entre ellos más de 100 adolescentes.
El régimen madurista a través del Ministerio Público controlado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, les imputa delitos de odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
Y es que en los sectores populares fue donde las protestas poselectorales se hicieron sentir más. Luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, leyera un escueto comunicado dando como ganador a Nicolás Maduro, cientos de personas se lanzaron a las calles a protestar por el cuestionable resultado. La reacción desató una ola represiva por parte de funcionarios que decantó en una veintena de muertos, heridos y miles de detenidos.
“Tu sabes que yo no hablo de esos temas”, dijo otro de los caraqueños entrevistados, quien ha visto de cerca la represión en barriadas y ahora ni se atreve a tocar el tema de la política con sus vecinos por miedo a ser delatado.
No solamente en la calle aprehendieron a personas, agentes de seguridad buscaron en sus casas a personas opuestas al régimen, algunas casas fueron marcadas con una X y un simple estado de WhatsApp era suficiente para subir a una patrulla y posteriormente ser enviado a una cárcel común como Tocorón, Tocuyito o Yare.
“Después de las elecciones del 28J, el gobierno tomó una posición sumamente represiva y agresiva frente a las concentraciones, el 29J cualquier persona que estuviera en la calle era arbitrariamente detenida”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
“Sacaron a gente de sus casas en sectores populares porque ellos fueron los que más manifestaron, la política de Estado se basaba en crear un ambiente de miedo y terror para que la gente no se manifestara”.
Louza denunció que las personas detenidas se encuentran prácticamente incomunicadas.
“Trasladados a zonas lejanas donde conviven en una situación de precariedad, a todos se les imputaron los mismos cargos sin hacer distinción, eso ha causado un pánico importante en la población, el discurso desde el poder ha sido bastante violento”.
“Eso ha sido ampliamente documentado y en este contexto ha habido sectores de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que estarían interesadas en dar un paso hacia la democratización, porque se han percatado que la represión también ha sido contra ellos”.
Goebertus indicó que pese a la cruenta arremetida del régimen, la sociedad civil venezolana se ha mantenido activa documentando y denunciando atropellos a los derechos humanos.
“Nosotros hemos desarrollado un laboratorio de investigaciones digitales para certificar los videos, poder hacer cronologías y corroborar que la mayoría de los atropellos se cometieron en el marco de protestas pacíficas. El principal rol de la sociedad civil organizada y las ONG es documentar y denunciar porque es la única forma de obtener justicia”.
Louza comentó que el problema en Venezuela es que el sistema de justicia no es independiente y la Defensoría del Pueblo menos.
“No hay donde acudir y por eso se ha disparado el éxodo y la migración”.
Louza indicó que no pareciera que la conducta del Estado vaya a cambiar en torno a la protesta pacífica ciudadana.
“Hay que recordar que la líder es Maria Corina Machado y sigue teniendo mucha popularidad, eso puede llevar a que el gobierno suba el volumen cada vez que ella haga una convocatoria. El objetivo del gobierno es controlar la calle”.
El papel de la comunidad internacional
Goebertus aseguró que desde HRW le han escrito cartas públicas a los gobiernos de Colombia, Brasil y México para que intercedan en la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
“Básicamente les hicimos tres observaciones, la primera es que la propuesta de repetir las elecciones es grave porque desconoce la voluntad de los venezolanos, instamos a que se cuenten cada uno de los votos del 28J y por otro lado nos parece descabellado que sean las propias instituciones venezolanas que resuelvan la crisis electoral, cuando hemos insistido que tanto el CNE como el TSJ no son órganos imparciales e independientes”.
Igualmente Goebertus criticó la proposición del presidente colombiano Gustavo Petro, quien habló de una amnistía amplia para los crímenes cometidos durante los últimos 25 años.
Goebertus manifestó que si bien un acuerdo de transición a la democracia podría incluir elementos de justicia transicional. “De ninguna manera se podría desconocer, dejar de investigar, juzgar y sancionar a los culpables”.
La directora de HRW dijo que de los presidentes de la región con tendencia izquierdista, la voz de Gabriel Boric en Chile ha sido la más contundente.
“Quizás no hemos visto la misma reacción en Petro porque seguramente considera la posición de tener una frontera compartida de 2 mil kilómetros, sin embargo ello no debe ser excusa para exigir que cese la represión”.
Goebertus alabó el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos.
“Nos pareció que se hizo sobre la base de un proceso riguroso, hemos trabajado para que se logre que el mandato de la Misión continúe y porque esta sea renovada por dos años más en octubre. Entendemos que el gobierno de Maduro ha hecho esfuerzos diplomáticos para que el trabajo de la Misión cese, pero la expulsión de la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU de Venezuela y la reciente represión poselectoral son elementos suficientes para que se mantenga”.
Louza agregó que de acuerdo a la coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas Civicus, Venezuela es considerada “un espacio cerrado”.
“Esto significa que el Estado lo controla todo y no quiere ningún tipo de disentimiento y para ello han tomado medidas radicales”.
La directora de Acceso a la Justicia dijo que si bien han sido excarcelados una cifra importante de adolescentes, la mayoría de los detenidos luego de las elecciones permanecen tras las rejas.
“Más bien el número ha ido aumentando”.
Louza recomendó a la población acudir a las ONG vinculadas a defensa de DDHH.
“Para ser escuchados, porque lamentablemente más de eso no se puede hacer”.
A juicio de Goebertus es importante seguir denunciando así no se obtenga justicia de manera inmediata.
“Es lo que permite mucho tiempo después empujar procesos de transición y rendición de cuentas. Tanto Colombia como otros países de la región podrían tener un rol fundamental en función de impulsar un diálogo”.
Las madres de los menores detenidos como consecuencia de las protestas postelectorales denunciaron violaciones de sus derechos y que han recibido malos tratos, han denunciado torturas físicas y psicológicas. Según el Foro Penal, son 60 niños que permanecen tras las rejas sin recibir la adecuada atención de las instituciones del Estado. “Nadie se ha pronunciado sobre nuestros hijos, ni mucho menos la Defensoría del Pueblo” , dice la madre de uno de los detenidos en alusión al órgano que según la Constitución tiene la responsabilidad de velar por la promoción y vigilancia de los derechos humanos.
Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo su actividad abarca , “las actuaciones de cualquier órgano y funcionario perteneciente al Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, en sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y demás órganos del Poder Ciudadano, incluso en el ámbito militar. Abarca igualmente la actuación de particulares que presten servicios públicos o cualquier otra actividad de conformidad con la Constitución y las leyes”.
En La Conversa, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Joel García, abogado de presos políticos, destacó que “la Defensoría del Pueblo es de suma importancia según lo que establece la Constitución, sin embargo, en Venezuela estamos acostumbrados a conocerlo por su ausencia”. Para García “el defensor del pueblo, sobre todo cuando hay violaciones de derechos humanos, se puede constituir incluso en acusador privado de esos funcionarios que violaron derechos”. Sin embargo, el organismo no se ha dado por enterado. Ante su falta de acciones en Runrun.es le hacemos siete siguientes preguntas sobre denuncias concretas ante las cuales los ciudadanos no han recibido atención.
¿Por qué los menores fueron detenidos sin orden de aprehensión?
Hay registros de detenciones arbitrarias. Los familiares de Héctor Hidalgo, un adolescente que cumplió 18 años en prisión, y está detenido en la Casa de Justicia 431, declararon que fue arrestado mientras compraba comida cerca de una protesta en Caracas.
Héctor Hidalgo cumplió 18 años en prisión. Fue detenido mientras compraba comida con su hermano, de 28, quien también fue detenido y está en la cárcel de Yare. Su familia ruega por el regreso de los dos.
Se enteraron al día siguiente que él y su hermano, de 28 años, estaban detenidos. En el artículo 44 de la Constitución, se consagra la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. En la seccional uno advierte “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
Además de la carta magna, la ley de la Defensoría del Pueblo explica que tiene competencia en estos casos. En el numeral cinco del artículo 14, destaca:
“Velar por la situación de personas que por cualquier causa, hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad, sea bajo régimen institucionalizado o no”.
Organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos aseguran que son detenciones arbitrarias porque no se cumple lo que exige la ley venezolana.
Martha Tineo, de Encuentro, Justicia y Perdón, en una entrevista a RunRunes, explicó que “Esas personas no fueron informadas de que las iban a investigar, tampoco había orden de captura. Algunas fueron desaparecidas de forma forzosa por horas, hasta que le permitieron hacer una llamada y a todas se les negó una defensa privada, lo que es una clara violación a los derechos”.
¿Por qué los menores fueron retenidos en cárceles para adultos?
Madres de ocho menores detenidos en el Centro de Justicia 431 informaron que antes de llegar a ese centro, algunos estaban en el Zona 7, centro de reclusión preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta y otros en el destacamento de la Guardia Nacional ubicado en Maripérez.
Dicha situación también fue denunciada por la mamá de la joven Victoria Morillo, Carmen Morillo, una de las menores excarceladas entre el 29 y el 1 de septiembre. Su hija fue aprehendida mientras caminaba y sin estar participando en ningún tipo de protesta, aunque los menores no tienen prohibido hacerlo.
Carlos Trapani, director de Cecodap, una organización dedicada a la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes, reiteró, en una conversación anterior con RunRunes, que los menores sí pueden participar en protestas pacíficas. También insistió que, según la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), los menores no pueden ser detenidos en centros de detención de adultos.
En el artículo 549 de este reglamento, queda claro: “Los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad”.
¿Por qué a los menores no se les permite defensa privada?
La Constitución de Venezuela establece -de forma clara- que toda persona detenida tiene derecho a la defensa privada. Un derecho que a los niños le han negado, como al resto de los detenidos en contexto de protestas postelectorales.
El apartado 49 afirma: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.
Madres y hermanas de los menores detenidos en el Centro de Justicia 431 denunciaron que no les permiten defensa privada, le asignaron un defensor público, pero el contacto es casi nulo.
Nerida Ruiz, madre de Ángel Moisés Ramírez Ruiz, 16 años, manifestó que “no hemos tenido casi contacto con la defensa pública. Nos dieron un número de teléfono de la abogada, la llamamos y las respuestas son vacías. Necesitamos respuestas y no sabemos a quién acudir”.
Ángel Moisés Ramírez Ruiz, 16 años, fue detenido en su casa mientras cuidaba a su hermanito de un año.
Joel García, aseguró que los defensores públicos solo tienen permitido tener contacto con los familiares. Sin embargo, los mismos tienen prohibido denunciar estos hechos y las irregularidades del proceso.
“Le tienen prohibido hacer defensa (…) Pero, estos defensores públicos tienen la voluntad de hacer su trabajo, pero se lo tienen impedido y corren el riesgo de perder su cargo e incluso de perder su libertad”, enfatizó.
En el artículo 544 de la Lopnna, también se habla del derecho a la defensa privada y en caso de que los familiares no puedan tenerlo, se le asigna un defensor público: “La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado defensor privado, el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado”.
¿Por qué no se presentan las pruebas de culpabilidad de los niños?
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los niños detenidos han hecho énfasis en una situación: no hay pruebas. Después de la detención, el ordenamiento venezolano indica que se deben presentar las pruebas para que los acusados puedan ser imputados.
Yadira Beñosi, madre de Fremyermi Alexander Lara, de 17 años, contó que su hijo fue detenido “por una confusión” y sin pruebas. “Estaban buscando a un Alexander Lara y tenían un video de un muchacho participando en una protesta. Él le dijo que sí era Alexander, pero que su primer nombre era Fremyermi y le dijeron “tú mismo eres” y se lo llevaron. Él hizo caso y se fue”.
“Yo después fui a la policía y llevé su cédula para que supieran que no era la persona que buscaban, pero no prestaron atención. Nos enseñaron el video y les insistí que ese no era mi hijo porque es de una contextura más gorda”, dijo.
Su madre comunicó que su hijo insiste en su inocencia. “Mi hijo me dice: mami, yo no hice nada. Yo quiero salir y estudiar, por qué estoy aquí”. Beñosi expresó que, en cada oportunidad que tiene de verlo, le dice que ella sabe que es inocente y que saldrá “de eso”.
Se trata de una violación al debido proceso, según lo estimulado en la Lopnna, en su apartado 546 dice: “El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables, con arreglo a esta Ley”.
¿Por qué hay adolescentes acusados de terroristas?
Las madres de los ochos menores detenidos en el centro de detención de El Cementerio, como también es conocido la Casa de Justicia 431, insistieron que sus hijos desconocen los cargos que se le imputan y tampoco saben que podrían ser condenados a 10 años de prisión.
“Mi hijo está acusado de terrorismo e incitación al odio, nosotros sabiendo que nunca salió a guarimbear o formó parte de ninguna protesta. Tenemos entendido que terrorismo tiene una imputación de 10 años, y esto le está trancando su futuro y, de verdad, no sabemos qué pasará con nuestros hijos, porque el tribunal no nos da respuestas”, explicó Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años.
Dionexis García, hermana de Diosmer Mejías, otro menor detenido, sostuvo que algunos defensores han afirmado que los niños están detenidos porque “es político” y que solo le piden que “esperen”.
Dionexis García, hermana de Diosmer Mejías, expresó que el único deseo de su hermano es estudiar Comunicación Social y por eso implora salir de prisión.
Los adolescentes detenidos y los excarcelados están siendo imputados por cuatro cargos principales: Terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
El director general de Cecodap, Carlos Trapani, cuestionó que los niños sean imputados por terrorismo, debido a que esto no concuerda con la realidad de los hechos:
“Ese delito se aplica a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en el año 2015, donde se incluyó este delito como susceptible de privación de libertad… Pero la advertencia que hacemos es no criminalizar al adolescente”.
¿Por qué los menores no reciben un trato digno?
En la tercera sección de la Lopnna, en el artículo 538, se habla de la dignidad de los adolescentes de los niños y niñas detenidos.
“Se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se deba imponer”.
Pero, esto no ocurrió en ningún momento, de acuerdo a la versión de los familiares detenidos, incluso revelaron que los niños fueron torturados tanto física como mentalmente.
Theany Urbina, cuyo hijo fue detenido el 2 de agosto, afuera de su casa en Catia, precisó que “Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita, consiste en que le ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno”.
Urbina también habló de otras formas de torturas como golpizas. Algunos fueron sometidos a palizas durante su detención al negarse.
La representante añadió que son maltratados psicológicamente por los custodios del centro de detención. “Ellos le dicen que saldrán mañana y nuestros hijos se lo creen, cuando la realidad es que no sabemos cuánto tiempo seguirán presos”.
Una madre enseña la foto de su niño detenido. Al lado, un pedazo de una torta de cumpleaños porque uno de ellos cumplió años en prisión.
¿Por qué los menores no cuentan con atención médica ni tratamiento psicológico?
Los niños que están detenidos no solo han sido víctimas de torturas, algunos tienen condiciones especiales de salud y no están siendo atendidos de forma adecuada. La abuela de Miguel Urbina, Yakelyn Hernández, informó que su nieto es un paciente psiquiátrico, además de problemas con consumos de estupefacientes y necesita atención especial.
Los representantes de Urbina se han dirigido a instancias correspondientes para que el menor sea trasladado.
Incluso, tienen una orden dada, firmada y sellada en el Tribunal Décimo Tercero de la Primera Instancia de Mediación, Sustancias y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial, esto con el objetivo de sea trasladado Hospital de Niños Excepcionales El Niño y el Mar, en el estado Vargas, para que reciba la atención adecuada.
“No nos han hecho caso. Él necesita ayuda y el estar encerrado no lo ayuda. Queremos respuestas y que nos ayuden”, reiteró Hernández.
Abuela de Miguel Urbina enseña documento que le permite el traslado al Hospital de Niños Excepcionales El Niño y El Mar.
Otro caso es el de Fremyermi Alexander Lara, de 17 años, quien tiene una bacteria en el estómago y debe ser supervisado por sus médicos de forma constante.
La tía del menor, Carolina Beñosi, indicó que le permiten llevarle tres comidas, por el informe médico, pero no ha recibido la atención médica que requiere para su condición.
“Mi sobrino necesita atención especial. Esa bacteria que tiene en el estómago le impide muchas cosas y nuestras peticiones no han sido ni atendidas ni escuchadas”, dijo.
En el artículo 32 de la Lopnna, se enfatiza que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad”, una situación que no se evidencia con los menores detenidos y ante esto, la Defensoría del Pueblo se ha mantenido en total “calma”.
