La reciente alianza energética entre EE. UU. y Venezuela ha desatado euforia y consternación. El acuerdo anunciado el 28 de agosto entre Estados Unidos y Venezuela contempla la operación, por parte de North American Blue Energy Partners (NABEP), de 17 campos venezolanos con aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una inversión proyectada de hasta 100.000 millones de dólares y una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Según Caracas, tendrá una vigencia de 25 años y generará alrededor de 209.000 millones de dólares en regalías e impuestos.

Washington, en cambio, habla de derechos por 100 años, una contradicción que solo podrá aclararse con la publicación de los contratos. La estructura anunciada concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la casa matriz de NABEP, el derecho a comprar a costo de producción el 20 % del crudo y preferencia sobre el 80 % restante. Todo ello bajo un modelo en el que la operadora privada asume la inversión y el riesgo, mientras los yacimientos continúan siendo propiedad inalienable de la república.

Los defensores del acuerdo la consideran un paso necesario para la reconstrucción económica; sus críticos cuestionan su legitimidad y perciben intenciones neocoloniales. Algunos han equiparado el momento actual con la danza de las concesiones mediante la cual el capital extranjero y el dictador Juan Vicente Gómez dieron vida, hace más de cien años, a la industria petrolera nacional. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante el espectro del gomecismo del siglo XXI?

La historia permite identificar semejanzas, pero no trasplantar mecánicamente una época sobre otra. En el debate sobre este acuerdo conviene explorar las diferencias que nos separan de la Venezuela de Gómez sin omitir un punto que conecta ambos momentos: la ausencia de legitimidad democrática.

Una crítica central sostiene que el carácter ilegítimo y autoritario de las autoridades interinas vicia cualquier compromiso que estas asuman en nombre de la república. La legitimidad es, en efecto, esencial: fortalece la confianza en las instituciones, somete las decisiones estratégicas al escrutinio ciudadano y reduce el riesgo político que ahuyenta las grandes inversiones. Sin embargo, ilegitimidad política y nulidad jurídica no son necesariamente equivalentes. Los Estados mantienen obligaciones y relaciones económicas más allá de los gobiernos que los administran, incluso cuando estos carecen de origen democrático.

Vale recordar que la industria petrolera venezolana y parte de la modernización económica asociada a ella también comenzaron bajo una dictadura. Durante veintisiete años, Gómez controló los destinos del país y perfeccionó un Estado represivo del cual fueron víctimas miles de venezolanos. Eso no impidió que, tras su muerte, las administraciones posteriores heredaran el incipiente andamiaje petrolero y lo transformaran progresivamente. No anularon la existencia de la industria por haber nacido bajo un régimen ilegítimo: desarrollaron capacidades regulatorias, elevaron la participación fiscal del Estado y negociaron condiciones cada vez más favorables para la nación.

Idealmente, la transformación del sector de hidrocarburos debería impulsarse desde una nueva democracia, con autoridades legítimas, instituciones independientes y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Esa posibilidad, sin embargo, no existe hoy. Durante más de dos décadas no fue posible desplazar internamente al chavismo del poder. Ahora, con el gobierno estadounidense como actor directo en cualquier arreglo político en el país, las alternativas inmediatas son menos viables.

Reconocer esta realidad no significa defender ni legitimar todo acuerdo suscrito por un gobierno autoritario. Significa trabajar con las circunstancias existentes. Una futura democracia podrá auditar estos contratos, exigir transparencia, impugnar las cláusulas que presenten vicios jurídicos y negociar modificaciones cuando existan condiciones perjudiciales para el país. Lo que no podrá presumir es que todo compromiso desaparece automáticamente con el cambio de gobierno: una ruptura unilateral podría generar arbitrajes, indemnizaciones y nuevas cargas para la república, como ya ha pasado en este siglo. La tarea será perfeccionar lo aprovechable y corregir, por medios legales y negociados, aquello que lesione el interés nacional.

Dicho esto, existen diferencias sustanciales entre el marco petrolero actual y el de Gómez. Bajo la Ley de Hidrocarburos de 1922, el Estado otorgaba directamente a una compañía el derecho exclusivo de explotar un área hasta por 40 años, a cambio de un canon de explotación de apenas 10 % y otros tributos menores, en una época en la que todavía no existía el impuesto sobre la renta. En el modelo actual, la empresa privada opera mediante un contrato con PDVSA o una de sus filiales, asume la inversión y el riesgo, y debe devolver al Estado los activos y datos al vencimiento. Además, la regalía y el Impuesto Integrado de Hidrocarburos pueden representar conjuntamente entre el 20 % y el 35 % del valor bruto de la producción, a lo que se suma el impuesto sobre la renta. No estamos, por tanto, ante una concesión gomecista con otro nombre.

El Estado venezolano de los años veinte tampoco poseía las competencias técnicas necesarias para fiscalizar eficazmente a las concesionarias. Estas capacidades comenzaron a desarrollarse durante el propio gomecismo: en 1930 se creó el cargo de inspector técnico de hidrocarburos y en 1931 la Inspectoría Técnica General de Hidrocarburos, acompañada por programas para formar ingenieros venezolanos. Ese proceso se expandió aceleradamente con la venezolanización de la industria desde la década de 1940.

Aquel andamiaje, todavía insuficiente, fue heredado y perfeccionado por administraciones de distinto signo hasta contribuir al desarrollo de un Estado moderno y, finalmente, de la democracia establecida en 1958. Hoy Venezuela cuenta con una compañía nacional, un marco regulatorio especializado y más de cien años de experiencia técnica, jurídica y comercial. El desafío no es construir esas instituciones desde cero, sino despolitizarlas, recuperar sus capacidades y devolverles la eficiencia y la transparencia necesarias para cumplir su misión.

Otro elemento constante de nuestra historia petrolera ha sido la limitada participación del capital privado venezolano en la operación directa de los campos. Durante el gomecismo no existían los conocimientos ni los recursos financieros locales para desarrollar las concesiones. La nacionalización aprobada en 1975 y ejecutada en 1976 reservó al Estado las actividades principales, aunque posteriormente subsistieron espacios para empresas de servicios y, durante la apertura petrolera, para distintas formas de asociación con capital privado. Entre los pocos precedentes de una operadora privada nacional destaca Petrolera Mito Juan, fundada en 1965 con capital venezolano e incorporada al sector estatal una década después.

El acuerdo anunciado y la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos podrían abrir una oportunidad para el surgimiento de operadores nacionales. Pero esa apertura no debe quedar capturada por el modelo de empresario que prospera gracias a contratos opacos, relaciones privilegiadas con el poder y una capacidad camaleónica para acomodarse a cada nueva élite gobernante.

Venezuela no necesita sustituir el monopolio estatal por un capitalismo de conexiones, sino construir un sector donde compitan empresarios capaces, transparentes y dispuestos a invertir y asumir riesgos. Que una figura de aquel perfil ocupe un lugar central en esta alianza demuestra precisamente la urgencia de publicar los contratos, reinstitucionalizar la industria y establecer procesos de selección que privilegien la competencia, la experiencia y la honestidad.

Históricamente, Venezuela ha dependido de la dirección estatal o del capital extranjero para extraer sus hidrocarburos. Si se desarrolla con reglas claras, competencia y fiscalización efectiva, una industria formada por múltiples empresas venezolanas podría contribuir a la reconstrucción mediante empleos bien remunerados, ingresos fiscales, transferencia tecnológica y nuevas inversiones dentro y fuera del sector energético.

El tiempo dirá si este acuerdo y las inversiones privadas que puedan acompañarlo facilitan la reconstrucción económica, la transición democrática y la incorporación del empresariado nacional al desarrollo de los recursos energéticos, o si terminan frustrando esas posibilidades. Lo que ya puede afirmarse es que, pese a las semejanzas políticas entre el gomecismo y el presente, existen diferencias jurídicas, fiscales e institucionales fundamentales. Comprenderlas no obliga a celebrar el acuerdo, pero sí permite discutirlo desde la realidad y no desde una analogía histórica incompleta.

Marcus Golding es Dr. en Historia por la Universidad de Texas en Austin y fundador de Red Historia Venezuela. Su próximo libro, Foreing Petroleum Companies and National Development in Venezuela, 1936-76, será publicado por Bloomsbury en octubre de 2026 | marcus.golding.a@gmail.com

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