El gobierno de China advirtió que sus intereses y derechos petroleros en Venezuela no deben estar sujetos a la injerencia de terceros países, marcando posición tras el reciente acuerdo en materia energética alcanzado entre Caracas y Estados Unidos.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, declaró el lunes que la cooperación entre ambas naciones “está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países”. Al ser consultada directamente sobre si el gobierno venezolano había dado garantías explícitas de que el nuevo pacto con Washington no afectaría las inversiones de Pekín, la vocera enfatizó que estas relaciones bilaterales “no tienen relación con ningún tercer país ni deben estar sujetas a interferencias”.
“Los legítimos derechos e intereses de China en Venezuela deben ser protegidos”, sentenció Mao, de acuerdo con declaraciones difundidas por el medio oficialista chino Global Times.
Hace una semana, el portavoz del Ministerio Chino de Exteriores, Guo Jiakun, también hizo sus votos en una rueda de prensa porque los “derechos e intereses legítimos de China en Venezuela” fuesen “salvaguardados”.
La exigencia diplomática de China llega en un momento en el que el tablero petrolero venezolano se reacomoda. Apenas el domingo 6 de septiembre, el Ministerio de Petróleo de Venezuela intentó enviar un mensaje de tranquilidad a sus acreedores históricos.
Durante una entrevista a Venevisión la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, enfatizó que el gobierno de Delcy Rodríguez es “muy respetuoso” con los acuerdos con China y Rusia, y recordó que con esos gobiernos mantienen “empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes”.
Henao garantizó que tras el acuerdo petrolero entre Caracas y Washington, las empresas mixtas donde esos dos países tienen participación «continuarán ejecutando sus actividades».
Más expectativas que detalles
El reciente y polémico acuerdo energético firmado entre el gobierno de Donald Trump y la administración venezolana de Delcy Rodríguez contempla la explotación de 17 campos estratégicos. Estos campos albergan unos 65 000 millones de barriles de crudo, lo que equivale a casi una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela.
El pacto busca reactivar la deteriorada industria hidrocarburífera venezolana mediante la participación de operadores privados y de un consorcio, proyectando una inyección de capital de hasta 100 000 millones de dólares para alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios.
Sin embargo, la opacidad en los términos contractuales ha desatado fuertes contradicciones en la prensa: mientras Caracas difunde que la vigencia de las concesiones es de 25 años, los reportes de la administración estadounidense señalan que el control mayoritario se extendería hasta por 100 años o por tiempo indefinido.
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