Este lunes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió conocer el paradero del diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia y profesor universitario Eduardo Labrador, quien está desaparecido desde el pasado 18 de octubre.
“A diez días de su desaparición, exigimos conocimiento del paradero y fe de vida de Eduardo Labrador, profesor universitario del estado Zulia y legislador del CLEZ. Asimismo, demandamos que se le respeten sus derechos y su libertad inmediata. Hacer política no es delito”, escribió la PUD en su cuenta de X.
A diez días de su desaparición, exigimos conocimiento del paradero y fe de vida de Eduardo Labrador, profesor universitario del estado Zulia y legislador del CLEZ.
Asimismo, demandamos que se le respeten sus derechos y su libertad inmediata. Hacer política no es delito. pic.twitter.com/9KboVDIQPi
La PUD también exigió una fe de vida del profesor universitario de la Universidad del Zulia.
Por su parte, el partido Avanzada Progresista también exigió al gobierno de Nicolás Maduro información sobre la desaparición de Labrador, así como respeto a sus derechos y garantías constitucionales.
#27DeOctubre | ¿Dónde está Eduardo Labrador, legislador del CLEZ y profesor de la Universidad del Zulia? Desde el pasado 18 de octubre fue presuntamente detenido por efectivos policiales y hasta la fecha su familia desconoce su paradero.
El pasado 26 de octubre, familiares del diputado Eduardo Labrador, con la asistencia del Foro Penal Venezolano (FPV), presentaron un recurso constitucional de “habeas corpus” que tramitará el Tribunal Primero de Control de la Región Capital, cuyo titular es el juez Carlos Martínez.
“He presentado con carácter de urgencia pretensión de amparo constitucional en modalidad de habeas corpus a favor de mi padre ya que se ha producido una desaparición forzosa que lesiona su derecho a la libertad y con clara violación de las garantías del debido proceso establecidas en nuestra constitución nacional”, dijo Manuel Labrador, hijo del profesor.
El hijo de Labrador detalló que a su padre se lo llevó detenido una comisión policial y aseveró que todas las gestiones de la LUZ a través de su rectora, el Consejo Legislativo del Estado Zulia y su familia para saber de su paradero han sido infructuosas.
Según reseño el medio EVTV, el abogado Larry Molero informó que el recurso legal a favor de la libertad de Eduardo Labrador está fundamentado en lo previsto en el artículo 27 de la constitución de la República.
“¡Te están buscando!” “¡Tienes que irte del país!” Los primeros mensajes de alerta llegaron al teléfono de Raúl* el 31 de julio de 2024, tres días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara la reelección del presidente Nicolás Maduro. En esos días, observadores nacionales e internacionales, otros países y organismos internacionales estaban cuestionando severamente los resultados oficiales anunciados. Además, estallaron protestas dentro y fuera del país para que se reconociera el triunfo de la oposición.
“Entré en una paranoia muy fuerte, al punto que tuve que botar mi teléfono. Tenía la sensación de que alguien escuchaba mis llamadas”, contó luego Raúl a este equipo periodístico
Raúl asegura que no participó en disturbios, fue veedor ciudadano de las actas electorales en su centro de votación. Terminó encarcelado tras ser víctima de una campaña de acoso digital vinculada a miembros del Estado venezolano.
Su fotografía, nombre y número de documento de identidad figuraban junto a los datos de otros hombres y mujeres de su localidad, en una imagen donde se lee en grande: “SE BUSCAN”. Eran señalados como “líderes guarimberos”, un término usado por el gobierno de Maduro para referirse a los manifestantes opositores.
También alcanzó a verse en una imagen de un grupo de WhatsApp de miembros del oficialista Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV) en su comunidad, llamado “Compañeros Psuv”, y en una cuenta anónima en Instagram, donde lo calificaban como “terrorista”.
Como Raúl, decenas de jóvenes, dirigentes políticos, líderes sociales y comunitarios, o civiles que cumplieron su papel de veedores electorales o salieron a protestar, han sido expuestos públicamente en redes sociales.
Esta alianza investigativa logró identificar doce casos de este estilo. Se trata personas cuyos datos fueron difundidos en perfiles de redes sociales vinculados al oficialismo venezolano, son activistas políticos o salieron a protestar tras el anuncio del resultado de la elección, y terminaron en un centro de detención mientras el régimen llevaba a cabo la “Operación Tun Tun”, como le ha llamado el madurismo a la campaña generalizada de detenciones que de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos son arbitrarias. Otros 16 ciudadanos permanecen resguardados y dos están exiliados.
“Yo no me quiero ir del país, tengo mi vida acá y quiero seguir haciendo vida política (…) ¿Por qué yo? … No soy ningún delincuente”, cuestiona Raúl.
Pero esta campaña no fue una iniciativa espontánea entre seguidores del oficialismo. Por el contrario, en ella hubo interacción entre actores estatales y esfuerzos colectivos de doxing, el término técnico para referirse a la difusión en línea de los datos personales de alguien sin su consentimiento.
Para Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), organización promotora de derechos humanos, se trata de una “política de terrorismo de Estado” donde toda persona presuntamente sospechosa “está a merced del capricho y la arbitrariedad de cualquier órgano policial”.
Esta investigación periodística recopila rastros y reconstruye hechos registrados en línea a partir del 28 de julio, desde cuando se han registrado 1824 detenciones hasta el 25 de octubre, incluidos 69 menores de edad, según la organización Foro Penal, que presta asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares.
Es fruto de la colaboración periodística Los Ilusionistas, un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el que reporteros e investigadores digitales de 15 medios y organizaciones de América Latina investigan colaborativamente la circulación de información falsa y la manipulación de la conversación pública en medios digitales, durante este “súper año electoral” de 2024 en América Latina.
Identificar y aislar al “enemigo”
“Necesito que busquen en #telegram el grupo #CazaGuarimbas y lo denuncien. Están cazando a los que salen a manifestarse URGENTE!!!!”. Denuncias como esta se empezaron a viralizar en redes sociales desde el 30 de julio, mientras se veían a colectivos civiles progobierno en las calles, armados, aterrorizando a personas y dispersando actos públicos a balazos.
El canal de Telegram @CazaGuarimbas se promocionaba entre espacios digitales de adeptos al gobierno venezolano exponiendo a opositores tras la consigna: “NO AL FASCISMO. NO A LA VIOLENCIA”. Y aunque, como lo demostramos aquí en detalle más adelante, @CazaGuarimbas, hoy eliminado, fue el primero, pero no es el único canal creado para “cazar” voces disidentes.
Según el análisis de esta alianza, Telegram, la aplicación de mensajería instantánea de origen ruso es una de las plataformas principales desde donde se articuló esta campaña y presentó el mayor número de actores impulsándola.
Un seguimiento a las marcas de tiempo que cada publicación deja reveló que @CazaGuarimbas fue el primer grupo en Telegram en el cual se compartió, de forma organizada y sistemática, información personal de personas que manifestaron contra Maduro, siendo el corazón de la campaña de doxing que se extendió durante varias semanas.
La primera publicación en @CazaGuarimbas se hizo el 30 de julio de 2024 a las 01:11 a.m. hora de Venezuela y,en apenas segundos fue reenviada por uno de sus administradores a @CpnbDaet, canal oficial en Telegram de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).
Entre el 30 y 31 de julio, 86 mensajes de @CazaGuarimbas se reenviaron a @CpnbDaet, lo que pone en evidencia la coordinación entre ambos canales y sugiere que @CazaGuarimbas funcionaba como una especie de canal “auxiliar” donde la DAET estaba centralizando acusaciones.
A las 10:43 a.m., el enlace al canal de Telegram @CazaGuarimbas fue publicado en la aplicación móvil del CC200, un sistema de organización electoral en línea interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Diversas cuentas en redes sociales (1, 2, 3) documentaron, con capturas de pantalla, que ese enlace había sido compartido en el canal de comunicación interna del Comando de Campaña “Venezuela Nuestra” de Nicolás Maduro, en CC200.
“Hemos creado este link para el reporte de acciones terroristas, fascistas (guarimbas) en cualquier parte del territorio nacional”, decía el mensaje publicado en la app, seguido por el enlace al canal @CazaGuarimbas, que también pedía el envío de fotos o videos.
Otra versión del mismo mensaje,compartida en X, antes Twitter, y quese había hecho viral en WhatsApp, atribuía el texto a “Pedro Infante” en lugar de CC200, nombre que coincide con el del vicepresidente de Organización del PSUV, Pedro Infante Aparicio. Pese a esta coincidencia, la investigación no pudo verificar de forma independiente que el texto proviniera de la misma persona.
El mensaje alcanzó a miles de militantes del PSUV e integrantes de sus estructuras organizativas en todo el país y, en un par de días, el canal de Telegram había acumulado más de 21 mil seguidores.
Usuarios en otras redes sociales advirtieron sobre el peligro y comenzaron a pedir que fuera denunciado.
El 31 de julio a las 01:41., los administradores de @CazaGuarimbas compartieron enlaces a dos nuevos canales de respaldo: @ContraLasGuarimbas y @CazaGuarimbasVe, donde comenzaron a compartir contenidos reenviados del canal original.
El 30 de julio, el canal oficial de la DAET, @CpnbDaet, asoció un grupo de discusión al canal, llamado @SeBuscan, que continuó recibiendo reportes sobre manifestantes en las calles, tal como se había venido haciendo con @CazaGuarimbas.
Tanto el canal como el grupo, ambos vinculados a la subestructura de la Policía Nacional Bolivariana, comparten administrador. Algunos de sus usuarios son policías según las mismas descripciones de sus perfiles.
“Sé dónde vive uno de los guarimberos en Mérida (…) Anoche andaba quemando caucho (llantas)”. Pocas horas después de la creación del grupo @SeBuscan, usuarios se comenzaron a activar.
“Compañeros, sean específicos”, escribió el administrador de dicho grupo a las 10:43 de ese día. A continuación, aclaró la forma en que se recibe la información. “Escriban en un solo mensaje: denuncia, lugar y fotografía”.
Denuncia, lugar y fotografía. Mientras usuarios miembros del grupo enviaban sus reportes, el administrador de @SeBuscan hacía lo propio reenviando contenido de @CpnbDaet y viceversa.
Una fotografía siempre. En algunos casos, un video. Nombres completos, familiares o lugares de trabajo. Dónde viven e inclusive números de teléfono son algunos de los datos personales revelados en estos chats.
En varias ocasiones, las víctimas son muy jóvenes, al menos de apariencia, adolescentes.
A las 20:30 de ese mismo día, cuentas oficiales del Gobierno en Instagram, Facebook y Threads compartieron enlaces al grupo @SeBuscan.
“Organismos de seguridad ciudadana piden el apoyo de la ciudadanía para identificar a los hombres y mujeres responsables de la violencia extrema. Si conoces a algún violento puedes enviar por ese medio”, reza una de las publicaciones gubernamentales.
“Luego de dos meses de estar escondido puedo contarles la situación que ha venido pasando conmigo” relata en Instagram el periodista Luis Gonzalo Pérez, del equipo de comunicaciones de la lideresa opositora María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González.
El exilio, dice, no era algo que esperaba, pero finalmente lo consideró necesario para salvaguardar a su familia.
A partir del 28 de julio empezó a recibir amenazas por parte de organismos de seguridad del Estado. También recibió mensajes que alertaban sobre sus datos personales que circulaban en internet.
Como si se tratase de un delincuente, la fotografía de Luis se envió junto a un aviso de recompensa por el canal de Telegram de la DAET, donde le acusaron de “pagar a menores de edad y vender droga a los motorizados”, supuestamente presentes en las manifestaciones en rechazo a la reelección de Maduro.
Campaña del terror
Otros rincones de internet se empezaron a llenar de actividades de doxing originalmente difundidas vía Telegram. Este equipo halló cientos de piezas de contenido de este tipo publicadas en otras plataformas de alto alcance como TikTok, Facebook, Instagram y X.
Paralelamente al doxing colaborativo, y especialmente en TikTok, otra etapa del plan comenzaba a gestarse, una de “rebranding”. Se trata de la “Operación Tun Tun”, una compleja estrategia que promueve desde hace años las detenciones a opositores.
Fue bautizada así hace años por el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Las primeras menciones a la “Operación Tun Tun” se remontan a 2017, año en que también se registraron masivas protestas que fueron brutalmente reprimidas. Cabello la anunció con bombos y platillos en su conocido programa de televisión “Con El Mazo Dando”, que durante una década ha sido brazo propagandístico del Gobierno.
Desde Provea, el activista en derechos humanos Marino Alvarado también recuerda los esfuerzos del expresidente Hugo Chávez de convertir a los ciudadanos en delatores cuando en 2009 se aprobó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, conocida como la “Ley Sapo”.
“Esta ley establecía que todas las personas deberían ser confidentes de los organismos de inteligencia. Fue intensamente denunciada por las organizaciones de derechos humanos y por algunas personalidades desde el chavismo entre ellas José Vicente Rangel”, señala.
Pero lo que ocurrió la semana después del 28 de Julio fue un impulso “más descarado” y, ahora, “más coordinado a la promoción del sapeo”, asegura Alvarado.
“OPERACIÓN TUN TUN SIN LLORADERA”. Los logos de la Policía Nacional Bolivariana, la DAET y otras instituciones gubernamentales acompañan al texto que, en un video en TikTok de agosto de 2024, aparece animado con efectos de tormenta eléctrica y musicalizado con un aterrador coro de una canción de la película Pesadilla en la calle Elm: “Uno, dos… Viene por ti. Tres, cuatro… Cierra la puerta”.
Tiene elementos similares a la estética creepypasta, viral entre adolescentes la década pasada, pero esta publicación proviene en realidad de una cuenta oficial asociada a la DAET en TikTok.
La red social china permite ver las veces que un sonido ha sido reutilizado en otras publicaciones, por lo que al dar click en el terrorífico audio, aparecen decenas de videos de otros usuarios que publicitan a la “Operación Tun Tun” y que también generan doxing.
Para esta investigación se identificaron y analizaron en TikTok más de 30 cuentas similares. Todas ellas muestran un comportamiento asociado, no sólo a través de las imágenes, los lenguajes y la música, sino también de sus relaciones de seguimiento.
Perfiles asociados a “Con El Mazo Dando” (@mazo4f y @conelmazodandotv), junto a una miríada de cuentas policiales, son algunos de los nodos más interconectados. Estos saltan a la vista como burbujas de mayor tamaño al llevar a cabo un análisis de redes con la ayuda de las herramientas de visualización Gephi y Flourish.
Otro segmento es un grupo de cuentas más aisladas, dedicadas a la propaganda progobierno, la mayoría con símbolos revolucionarios en sus fotos de perfil, republican videos de declaraciones de altos funcionarios, piezas de noticieros y virales progobierno, entre otros.
De tanto en tanto, estas cuentas también hacen doxing, principalmente al compartir imágenes de personas que han sido detenidas en la “Operación Tun Tun”.
En una reedición del video, tras la queja de la mujer aparece una secuencia con uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana, en motocicletas, que llegan a tocar una puerta, musicalizado —nuevamente— con cantos terroríficos.
Acto seguido, la mujer aparece detenida. Luego de dar en cámara sus datos personales, dice evidentemente coaccionada: “me dejé influenciar por una persona de nacionalidad colombiana, la cual me pagó 50 dólares para que hiciera un video en TikTok ofendiendo a nuestro presidente Nicolás Maduro”.
Esta secuencia circuló decenas de veces en TikTok, X, Telegram y Facebook, junto a otros 37 casos de características similares que se viralizaron entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto.
En X, usuarios —algunos de ellos anónimos— participaron en la campaña de delación, publicando información personal de ciudadanos supuestamente relacionadas con las manifestaciones, que en algunas ocasiones terminó siendo compartida en los grupos de Telegram vinculados con los cuerpos policiales. La información de la campaña de doxing también circuló en sentido contrario: avisos de “Se Buscan” y memes deshumanizantes contra líderes opositores, inicialmente compartidos en los grupos de Telegram, fueron publicados por usuarios de X.
En X se compartieron enlaces a los grupos de Telegram originales y quedaron evidencias de que la campaña había iniciado en Telegram y CC200.
Contenido reciclado desde Telegram también se filtró hacia Facebook. Las imágenes de “Se Buscan” y videos estigmatizantes se compartieron principalmente por cuentas personales, grupos políticos e instancias de participación comunitaria como los Consejos Comunales y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBch).
En Instagram el contenido fue más efímero debido a los rápidos esfuerzos de denuncia por parte de otros usuarios. Aun así, todavía quedan rastros de la difusión de contenido intimidante en cuentas oficiales de la DAET y en perfiles de personalidades como el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el viceministro del Sistema Integrado de Policía y su principal coronel.
Para este análisis se almacenaron 101 cuentas y cerca de 400 publicaciones distribuidas entre Telegram, TikTok, Facebook, Instagram y X.
Un análisis cuantitativo del lenguaje muestra que dos de los bigramas de palabras más usados son “Se Buscan” (63 menciones) y “Tun Tun” (44). Los trigramas “en el estado” (33) y “se buscan en” (23) dan cuenta de la obsesión de estas cuentas por la ubicación geográfica de las víctimas.
”Guarimbas” (33), “guarimberos” (23), “terrorismo” (20), “terroristas” (17), “criminal” (18) “actos vandálicos” (15), “cierre de vías” (10), “incitación al odio” (18) y “crimen de odio” (9) aparecen como las acusaciones más frecuentes.
El internet de los sueños de Maduro
En su último informe sobre Venezuela, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas documentó, tras la elección, comportamientos estatales que se configuran como “crímenes de lesa humanidad”, entre ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias como parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición”.
En ese contexto, el ciberactivismo se manifiesta de distintas maneras en las redes sociales. Desde niños que protestan en el popular juego online Roblox, hasta usuarios TikTok que comparten recetas excéntricas con productos de los Comités de Abastecimiento.
Mientras tanto, influenciadores extranjeros recorren las principales zonas turísticas del país para mostrar el lado “positivo” de Venezuela. El tiktoker argentino Diego Omar Suárez, @michelo2.0, ofreció un “tour” por El Helicoide, centro de detención y tortura, a donde, según Human Rights Watch (HRW), han sido llevados manifestantes durante la crisis política actual.
También la oposición hizo doxing
Este equipo periodístico también encontró y almacenó contenido de doxing dirigido a funcionarios públicos, sus familiares o personas vinculadas con figuras gubernamentales, los llamados “enchufados”.
“Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad, a la familia policial, a los líderes de calle y de comunidad. Están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo”, dijo Nicolás Maduro en un acto público el 6 de agosto. Acto seguido, el mandatario inició una campaña entre los funcionarios públicos para eliminar la plataforma de sus dispositivos .
El día anterior, había arremetido contra Instagram y TikTok en una alocución televisada al llamarlos “instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo”.
Su pelea pública con el CEO de X, Elon Musk, terminó en el bloqueo de la red social el pasado 8 de agosto. X funcionaba como uno de los principales canales de información y libertad de expresión para los ciudadanos venezolanos, denuncian organizaciones como Venezuela Sin Filtro. Aunque la restricción se levantaría a los 10 días, hasta la fecha de publicación de este reportaje la plataforma continúa bloqueada por los principales servidores de Internet del país.
En paralelo, Maduro intentaba posicionar a VenApp, su aplicación de gestión de reportes sobre servicios públicos, de la cual la investigación periodística publicada en 2023, Mercenarios Digitales, ya había denunciado por su uso con fines electorales. Esta app comparte creadores con la ya mencionada CC200. La creación de ambas está vinculada a un grupo de empresas que giran en torno a Venqis, que como ya se dijo en Mercenarios, es una empresa de comunicación política panameña dirigida por el consultor brasileño André Golabek Sánchez. Ambas aplicaciones se encontraban disponibles en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple, bajo los perfiles de desarrolladores “Nolatech, S.A.”, “Tech and People, SRL” y “Cyber Capital Partners Corp”, todos nombres de empresas registradas en Panamá o República Dominicana y vinculadas con Golabek Sánchez.
Aunque VenApp fue presentada inicialmente como una aplicación de gobierno electrónico, capturas de sus primeras versiones revelaban un temprano propósito electoral, al incluir botones como “Activista 1×10 nacional”, referido a una de las estrategias de movilización del PSUV durante procesos electorales. Poco después, esa sección desapareció de VenApp y surgió CC200, otra aplicación cuya instalación y uso fue promovido en la militancia del PSUV. CC200, pasaría a gestionar el “1×10” en procesos electorales y a través de ella se podrían enviar mensajes privados a la militancia del partido de gobierno.
Mientras tanto, VenApp continuó usándose abiertamente para recibir reportes de servicios públicos, hasta que fue aprovechada como herramienta de delación digital. El 30 de julio, anunció en un acto público la creación de una nueva sección en VenApp para que los ciudadanos denuncien “a los que han atacado al pueblo, para ir a por ellos”.
Usuarios en redes sociales registraron los cambios de la aplicación en sus teléfonos y subieron capturas de pantalla.
Pero el sueño de Maduro solo duró un día. Legiones de ciberactivistas se organizaron para denunciar a la aplicación en masa, un llamado hecho incluso a través de las Notas de la Comunidad en X. Y funcionó. Al día siguiente, VenApp ya estaba fuera de la App Store de Apple y de Google Play.
Mientras todo esto ocurría, los canales de Telegram analizados para esta investigación seguían operando a toda marcha.
La palabra “barrio” no tiene definiciones peyorativas, como lo indica la Real Academia Española: “Cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades o sus distritos”. Pero en la jerga urbana venezolana tiene una connotación generalmente estigmatizante. Catuche es un barrio, un barrio que, a través de iniciativas como Sabores de Catuche, trabaja por salir de la red lingüística en la que se inserta popularmente la palabra.
Bianca Aguey, emprendedora y residente de Catuche, manifiesta una visión contrastante. Para ella, su comunidad ha estado marcada históricamente por un fuerte impulso hacia la autosuficiencia y la iniciativa colectiva. “Catuche siempre ha tenido eso de emprender, eso de hacer algo por nosotros mismos”, comenta con 39 años de residencia en Catuche como soporte.
Hay en Catuche un ávido deseo de formación y aprendizaje. Es el deseo de hacer algo, pero también de formarse para saber cómo hacerlo mejor.
Por ello nació Sabores de Catuche, un programa de Fe y Alegría cuyo propósito es apoyar a los emprendedores de la comunidad de Catuche al ofrecer una plataforma para la venta de sus productos gastronómicos. El proyecto funciona principalmente mediante Instagram y el número de contacto de la encargada, Bianca, quien coordina las ventas y promociona a los emprendedores locales.
Los emprendimientos, como Sabores de Catuche, no son negocios estáticos, son iniciativas en constante mejora y desarrollo impulsados por el mismo espíritu humano y la ayuda de instituciones como Fe y Alegría, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Sabores de Catuche
Sabores de Catuche es una asociación que le permite a los emprendedores comunitarios ofrecer sus productos a una audiencia más amplia. Es el aglutinamiento del talento gastronómico de la comunidad en aras de formalizar y hacer sostenible el potencial emprendedor nato de sus participantes. Los distintos emprendimientos se juntan bajo el nombre Sabores de Catuche, los pedidos se centralizan y luego son distribuidos equitativamente entre sus partes.
“Siempre respetamos la comunicación”, explica Bianca sobre el funcionamiento de Sabores de Catuche. Respetan el flujo de trabajo establecido por la propia comunidad y valoran la labor del otro a través de la distribución equitativa del trabajo. “Nos ha servido. Nos ha demostrado que todos podemos recibir, colaborar y mostrar todo lo que hacemos”. No es una iniciativa de lucro individual, sino de esfuerzo y recompensa colectiva.
El proceso de pedidos en Sabores de Catuche se organiza en diversas etapas. La atención al cliente es la primera unidad: el equipo recibe y gestiona los pedidos directamente. Luego, en producción, se establece el contacto con los proveedores para asegurar la calidad de los productos. La administración supervisa la logística y, finalmente, el área de redes sociales y mercadeo promociona el programa para captar nuevos clientes y difundir información en plataformas digitales. A través de esta estructura, Sabores de Catuche garantiza un servicio fluido y una experiencia cercana para cada cliente, destacando su compromiso con la comunidad.
Esta iniciativa ha logrado expandir la red de alcance de los productos locales y eso, a su vez, ha afianzado la confianza en el propio trabajo. “Porque tu vecino sabe que lo haces bien, pero cuando ya te lo dice otra persona allá afuera, uno se siente como que…”, Bianca hace un gesto de satisfacción y sin palabras afianza su emoción por el proyecto, “¿Sabes?”, expresa Bianca. El reconocimiento es uno de los motores que impulsa Catuche, porque demuestra que son todo aquello que popularmente no creen que son.
Sabores de Catuche fue una iniciativa que comenzó en mayo y que fue posteriormente apoyada por el Laboratorio Urbano de Innovación Social, una alianza entre la UCAB y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Esta alianza provee a los emprendedores de conocimientos específicos para el inicio y desarrollo de la iniciativa gastronómica. “Nos dieron ese incentivo de ánimo, nosotros ya veníamos emprendiendo, cada quien por su lado, ahora lo que hacemos es que nos unimos”, comenta Bianca y, además, ejemplifica la interacción: “Ahora es como: ‘¿Tú vendes eso? Bueno, cuando me lo pidan, tú eres mi proveedor’”.
La iniciativa, expresó el emprendedor de Catuche, Daniel Sánchez, formaliza los ingresos esporádicos de los emprendedores, institucionaliza y crea estabilidad en las familias. No obstante, también es una proyección de los valores de Catuche hacia afuera, “Es una proyección de lo bonito y de la calidad humana, porque es más que un plato exquisito, es llevar una experiencia de transformación social a través de la comida”.
Catuche: más allá del estigma
En Venezuela, el término barrio no solo define asentamientos informales que surgieron con el rápido crecimiento urbano durante el auge petrolero, sino que también evoca una percepción compleja y estigmatizada en el imaginario colectivo. Estos espacios, de acuerdo con Pedro Trigo en su investigación publicada por el Centro Gumilla: La cultura de barrio, se asocian con la “incultura” y la marginalidad. Se perciben como una adaptación incompleta de lo urbano. La sociolingüística indica que esta percepción ha moldeado el concepto de barrio en la conciencia y argot social al impregnarlo de connotaciones de carencia y exclusión.
Apolinar Pérez, investigador y teólogo, en Los barrios en el discurso político venezolano actualse pregunta por la verdadera definición del concepto “barrio”. Define que los barrios son expresiones de la informalidad urbana pero que, principalmente, están asociados a la pobreza. Están caracterizados por condiciones de ilegalidad y exclusión de los procesos de toma de decisiones ciudadanas. Los llama “a-ciudadanos”
Pero en Catuche no parece haber “a-ciudadanos”. Bianca retrata a un barrio lleno de compromiso social e interés por el progreso: “Entonces ya ahora nos hemos ido educando, y hemos ido educando a las personas. Se debe pedir permiso para tocar las matas del huerto, por ejemplo, tienen que haber respeto, si no hay respeto, no”, ejemplifica Bianca.
“El proceso social tiene que ser asumido desde la comunidad, construido con la comunidad”, apoya Sánchez tras el relato de Bianca sobre la importancia de transmitir a los niños de la comunidad que el barrio y su dimensión física pertenecen a todos. Los más preocupados por Catuche son sus propios habitantes.
Sabores de Catuche, más allá de ser una iniciativa de emprendimiento, es la prueba de que la civilidad es cuestión de voluntad, de que el progreso empieza por la iniciativa y la disposición. “Se habla de las personas que, aunque viven en un barrio, tienen derecho a vivir bien, a vivir mejor. Por lo menos, en la Asociación Civil nos han enseñado a todos que, yo que vivo en este barrio, merezco tener un piso de cemento, un huerto, agua y muchas otras cosas”. Catuche es Catuche porque está llena de una civilidad construida.
Pasaron décadas para que la palabra barrio tomara el matiz que hoy en día tiene en la jerga popular. Puede que tome años revertirlo, pero Catuche inició en el momento en que escogieron apostar por ellos mismos.
La experiencia de transformación social, en otras palabras, es una evidencia tangible de un profundo proceso de cambio. El barrio de Catuche es conocido por su viraje trascendental de los patrones de violencia a la construcción sistemática de la paz. Un cambio del barrio del dialecto coloquial al barrio que, fuera de la noción popular, ellos pensaban que podían llegar a ser.
El alcalde del municipio Rangel del estado Mérida, Abraham Hayón Chocrón, se fugó de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Ejido.
Según El Pitazo, el alcalde de Mucuchíes se evadió en la madrugada del viernes 25 de octubre.
Reportes indican que cuando funcionarios iban a hacer el recuento en la mañana, ya el alcalde opositor no estaba en su celda.
De acuerdo al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el alcalde estaba preso desde el pasado 4 de septiembre por presunta traición a la patria.
Según el ministro, Hayón habría pedido una intervención militar en Venezuela al gobierno de los Estados Unidos.
A juicio de Cabello, Hayón dio unas declaraciones en redes sociales donde insta a la comunidad internacional a reconocer el triunfo del candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El alcalde escribió que Estados Unidos, como principal aliado de la recuperación de la democracia en Venezuela “debe intervenir en una acción humanitaria para garantizar la paz y el orden institucional”.
A juicio del conductor del programa Con el Mazo Dando, Hayón debería encarar una pena de 30 años.
El pasado 27 de junio ante un grupo de más de 100 trabajadores, Hayón reafirmó su respaldo al aspirante presidencial de la oposición y a la fundadora de Vente Venezuela, María Corina Machado.
“Las cartas están echadas y sólo falta contarlas, pues se trata de una elección clara que será de 90 a 100, de 95 a 100 o de 100 a 0”, sostuvo el alcalde previo al proceso comicial.
Hayón enfatizó que Venezuela llegaría a ser de nuevo una potencia si González Urrutia obtiene la victoria.
Las autoridades del estado Mérida confirmaron la huida de Hayón e iniciaron una investigación al respecto.
La oposición democrática de Venezuela cuestionó el polémico triunfo de Maduro en las elecciones del pasado 28J.
En El Mañanero del 27 de octubre de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: “Nadie puede desconocer esa verdad y no permitiremos que el mundo lo haga tampoco”, declaró María Corina Machado sobre los resultados del 28 de julio, , que de acuerdo a las actas publicadas por la oposición, dieron como ganador a Edmundo González Urrutia.
”En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Misión de determinación de los hechos calificó como crímenes de leyes a la humanidad lo que está pasando en Venezuela antes, durante y después de las elecciones.Pero Maduro siente que él puede hacer todo esto y el costo es cero.Sabe que nunca va a recuperar la legitimidad porque todo el mundo sabe que le dimos una derrota apabullante”. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en entrevista con el medio brasileño Folha de São Paulo.
Este sábado 27 de octubre, trabajadores diferentes gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se pronunciaron a través de un comunicado en redes sociales ”ante la persistencia de la grave crisis que aqueja al sistema universitario venezolano”, donde exigen al alto gobierno un ajuste salarial, seguro médico eficiente, entre otros puntos.
Manifestaron el panorama crítico de las instituciones de educación superior, marcado por el déficit presupuestario y los bajos salarios.
”Van cerca de 1000 días con el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), sin aumento salarial y con una política de bonos que no tienen incidencia en los beneficios contractuales”, declararon en el documento y añadieron que esto se ve reflejado en los pagos de aguinaldos, que presentan una devaluación de 88 %, en comparación con el año 2022.
Salarios y HCM dignos
En un primer punto, solicitan al gobierno de Nicolás Maduro iniciar un proceso de ajuste al salario mínimo a un equivalente de 200 dólares americanos. ”Un primer paso es la salarización de los bonos vigente, así como la eliminación de la circular – memorándum 2792 y el Instructivo Onapre”.
De acuerdo a Provea, dicho instructivo desconoce los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas del sector público.
Los gremios y sindicatos recuerdan que los distintos esquemas institucionales empleados en el pasado – Sistema de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (Sismeu) y Seguros Constitución- para proveer un seguro médico HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) a los trabajadores ”fueron un fracaso”, por lo que instan al establecimiento de pólizas eficientes, gestionadas desde las instituciones de educación superior.
Exigen un presupuesto universitario que garantice condiciones de trabajo y estudio de calidad, y hacen un llamado a las autoridades a involucrarse más en este proceso de modo que la universidad pueda ”cumplir su misión”.
En última instancia, pidieron la liberación de los presos políticos y que los cuerpos de seguridad del Estado cumplan el artículo 7 de la Ley de Universidades, el cual dicta: ”El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia”.
El documento fue respaldado por la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), el Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat), la Federación de Centros Universitarios, el Sindicato Nacional de Trabajadores (Sinatra UCV) y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (Sinttra).
Este domingo 27 de octubre, familiares del abogado de la líder opositora, María Corina machado, asesor jurídico de la coalición opositora de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y representante del Comando de Campaña Con Venezuela, Perkins Rocha, exigieron este domingo “libertad plena” para el jurista, detenido el 27 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
El 29 de agosto, tras una audiencia en la madrugada donde fue presentado por un defensor público, Rocha fue imputado por presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio, de acuerdo a su esposa, María Costanza Cipriani.
“Exigimos su libertad plena porque Perkins no es un delincuente, luchar por los valores establecidos en la Constitución no es un delito”, manifestó Cipriani en un video publicado en la red social X por su esposa.
Rocha se encuentra recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. Cipriani denunció que hasta la fecha no ha podido ver a su esposo y este no ha tenido acceso a la defensa privada.
El hijo del abogado, Santiago Rocha también exigió poder ver a su padre, así como su “inmediata liberación”, y añadió que “la liberación de los presos políticos (…) nos corresponde a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos de bien hemos sido privados de nuestras libertades”.
El 3 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares a Rocha “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos“.
El partido Vente Venezuela (VV) hizo un llamado “por la justicia y la liberación” de Rocha y otros activistas detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Activista tras las rejas
El día anterior, la organización Súmate también exigió la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras dos meses de su detención por el Sebin y posterior traslado a El Helicoide.
Súmate indicó que Sánchez “es inocente”, por lo que el Estado debe “garantizarle el goce y ejercicio de todos sus derechos, entre ellos su libertad personal, como lo establece el artículo 19 de la Constitución”.
A Sánchez también le imputaron presuntos cargos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, incitación al odio y traición a la patria. El 7 de septiembre. el Cidh le concedió medidas cautelares de protección.
“Nélida Sánchez padece condiciones médicas importantes, incluyendo una afección cardíaca, fibromialgia y asma, que requieren atención constante. Su reclusión representa un riesgo real y tangible para su salud. La falta de atención adecuada puede agravar aún más sus condiciones, poniendo en peligro su vida y bienestar”, advirtieron ONG defensoras de los derechos humanos.
En entrevista con el medio Folha de São Paulo, después de tres meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la líder opositora, María Corina Machado, reiteró que lo que esta haciendo el gobierno de Nicolás Maduro ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la comunidad internacional debe adoptar una posición más firme frente a Maduro para llevar al alto mando a la negociación de una transición democrática.
”Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a dar incentivos y garantías”, pero insistió que toda negociación debe partir del reconocimiento del 28 de julio, que de acuerdo a las actas publicadas por la oposición, resultó ganador Edmundo González Urrutia.
Machado manifestó que para llegar a ese punto, el gobierno debe sentir que ”su permanencia en el poder cada día es más complicada”, y mencionó el amedrentamiento contra periodistas y sus familias, y el encarcelamiento de más de 60 jóvenes y niños en condiciones de tortura.
”Pero Maduro siente que él puede hacer todo esto y el costo es cero”, declaró y añadió: ”Sabe que nunca va a recuperar la legitimidad porque todo el mundo sabe que le dimos una derrota apabullante”.
La líder apuntó que el gobierno se mantiene con tres pilares y manifestó que ”el brazo armado, para el cual usan algunos sectores de los militares, de la policía y paramilitares – colectivos- (…), un brazo represivo judicial, que son siempre los mismos jueces los que han llamado todos estos tribunales de terrorismo (…) Y el tercer pilar, la plata que le entra por la vía de las actividades ilícitas.”
Campaña cuesta arriba
Machado también mencionó las dificultades que enfrentó durante la campaña presidencial, donde no tuvo presencia en ningún medio del estado, ni fondos para campañas, y sufrió bloqueos en carreteras y hoteles en sus recorridos. ”Aún así arrasamos. No pueden pasar la página. Nadie puede desconocer esa verdad y no permitiremos que el mundo lo haga tampoco”.
