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Cifra de fallecidos por el doblete sísmico aumenta a 6301 personas

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La cifra de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio ascendió a 6301 personas, según el balance semanal difundido este lunes, 10 de agosto, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez.

El reporte, publicado en los canales oficiales de Rodríguez, indicó también que 73 356 personas han sido atendidas en hospitales y que 6462 han sido rescatadas. Sin embargo, este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecida. El único dato que se conoce al respecto fue la cifra que dio el gobernador de La Guaira, José Terán, quien precisó, el pasado 4 de agosto, que había 1579 desaparecidos, según datos del censo de vivienda.

Con respecto a las infraestructuras, el balance precisó que han sido evaluadas 53 314 viviendas (aunque no especifica en qué ubicaciones), de las cuales 31 336 se encuentran habitables y con etiqueta verde, 12 411 fueron catalogadas como restringidas con etiqueta amarilla y 9567 presentan alto riesgo (etiqueta roja). Hasta ahora se han entregado 287 viviendas a las personas afectadas por los derrumbes.

Finalmente, sin ofrecer mayores detalles, el reporte compartido por Jorge Rodríguez detalló que se han recolectado 483 525,41 toneladas de escombros, lo que representa el 23,26 % del total que se necesita recoger.

A la fecha, decenas de familiares y voluntarios se mantienen en La Guaira buscando los cuerpos de personas que aún siguen bajo los escombros. El Estado tampoco dio información sobre funcionarios o rescatistas desplegados en la ‘zona cero’ del desastre cuando ya pasó mes y medio del doblete sísmico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Exigen la liberación de Perkins Rocha frente a su residencia en Caracas

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Decenas de ciudadanos se movilizaron este lunes 10 de agosto hasta la residencia del abogado y dirigente nacional de Vente Venezuela, Perkins Rocha, para exigir el fin de su arresto domiciliario y reclamar la libertad de todos los presos políticos en el país.

Los manifestantes se reunieron frente a la vivienda del dirigente y expresaron su respaldo con lemas y cánticos como “Perkins, amigo, tu gente está contigo”, mientras Rocha, desde el interior de su vivienda, respondió a la concentración asomándose y ondeando una bandera de Venezuela ante los presentes.

La negativa de amnistía

La movilización mostró la situación actual del dirigente político, quien sigue bajo arresto domiciliario y vigilancia permanente. Rocha era el asesor jurídico de Vente Venezuela, organización liderada por María Corina Machado, y fue detenido en agosto de 2024 tras la oleada de represión y aprehensiones posterior a las elecciones del 28 de julio del mismo año.

Luego de permanecer un tiempo en El Helicoide, Rocha recibió una medida sustitutiva en febrero de 2026 que le permitió ser trasladado a su domicilio bajo custodia del Estado. De este mismo modo, durante ese mes, la presidente encargada Delcy Rodríguez le negó por completo el beneficio estipulado en la Ley de Amnistía.

Rechazo de la defensa

El pasado 15 de julio, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, especializado en delitos asociados al terrorismo, rechazó las solicitudes de revisión de la medida cautelar presentadas por su defensa.

El juzgado calificó las peticiones como “manifiestamente improcedentes” y “sin lugar”, para así seguir manteniendo el arresto domiciliario con la presencia de cuerpos policiales frente a su residencia. El documento judicial explica que se analizaron tres solicitudes entregadas el 23 de abril, el 9 de junio y el 9 de julio de 2026 y que las circunstancias no han cambiado.

El abogado defensor Omar Mora Tosta cuestionó la decisión del tribunal y la denominó como “ilegal y arbitraria”. Sostuvo que el fallo demostró la insistencia, discriminación y desigualdad frente a la ley dentro del proceso contra Rocha.

Con esta confirmación judicial, Perkins Rocha continuará bajo custodia en su vivienda mientras sectores civiles, organizaciones y la oposición reclaman su pronta liberación, así como la de todos los presos políticos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Autoridades indígenas denuncian el secuestro del capitán Julio Rodríguez

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Las autoridades indígenas de Mapoyo, en el estado Bolívar, denunciaron el secuestro del capitán Julio Rodríguez, presuntamente a manos de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

A través de su cuenta en X, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) alertó que Rodríguez tiene siete días desaparecido, luego de que hombres armados se lo llevaran a la fuerza la noche del 2 de agosto en la comunidad Jivi Ekunay, Los Pijiguaos.

Provea detalló que dos días después del secuestro, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada en el sector Vincler. Voceros comunitarios denunciaron que drones sobrevolaron la zona y lanzaron artefactos explosivos contra el grupo. En el ataque resultó gravemente herido Alirio Rodríguez, adulto mayor, quien fue trasladado de emergencia al Hospital de Los Pijiguaos.

La denuncia formal fue presentada ante la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, sin que hasta ahora se conozcan acciones concretas del Estado para localizar al capitán o garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

El territorio ancestral Mapoyo está legalmente demarcado y lo habitan comunidades Mapoyo, Jivi, Huottüja y Baniva. Su tradición oral fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2014.

La comunidad actualmente enfrenta la presión de la extracción ilegal de coltán, estaño, oro y tierras raras, con yacimientos controlados por grupos armados irregulares.

“El Estado venezolano está obligado a garantizar la vida y la integridad de los pueblos indígenas y el control efectivo de sus territorios demarcados”, recalcó Provea.

La ONG instó al Estado venezolano a garantizar el retorno seguro del capitán Julio Rodríguez, a expulsar a los grupos armados irregulares que operan en territorio indígena y a detener las actividades mineras ilegales en las áreas adyacentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sismos agravaron la sobrecarga de mujeres cuidadoras

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Luego del 24 de junio, comenzó otra emergencia. En La Guaira, Caracas y Zulia, mujeres cuidadoras tuvieron que encontrar donde dormir, buscar ingresos y contener a quienes quedaron más afectados, al tiempo que lidiaban con pérdidas, miedo y desplazamiento. 

Organismos como ONU Mujeres han advertido que los desastres profundizan desigualdades de género preexistentes y que los procesos de respuesta y reconstrucción deben incorporar las necesidades específicas de mujeres y niñas, además de reconocer su papel activo en las comunidades afectadas.

Cuatro mujeres contaron a Runrun.es cómo el doble terremoto las sacó de sus rutinas y las puso a cargo de nuevas responsabilidades. En medio de pérdidas, desplazamientos y cambios familiares, tuvieron que cuidar a otros mientras también intentaban recomponer sus propias vidas.

Cuidar lejos, pero no ausente

Liz Marrero, de 33 años, nacida en Caracas y residente en Los Ángeles, California, llevaba 14 años construyendo una carrera como bailarina. Los sismos del 24 de junio cambió el rumbo de esa vida: perdió a su madre, Noreliz Marrero; a su hermana, Cairo El Piñero Marrero; y a su cuñado, Roberto Brito. Sus sobrinos, Sebastián Brito, de 16 años, y Samuel Brito, de 12, sobrevivieron.

Samuel permaneció 12 horas entre los escombros antes de ser rescatado. Sus padres fueron quienes lo encontraron, pero no sobrevivieron. Sebastián también quedó con vida. Desde Los Ángeles, Liz comenzó a organizar lo que vendría después.

“Asumir una responsabilidad fue de inmediato, fue un instinto, fue una señal y fue como no tener otra cosa que hacer, sino que esa era mi prioridad”, cuenta.

Antes del doblete sísmico, su rutina estaba dividida entre el ejercicio, las clases, el trabajo y su familia. Después, su día comienza atendiendo las necesidades de los niños y continúa con la coordinación de la campaña que busca reunir recursos para ellos.

La responsabilidad también ha implicado gestionar a distancia aquello que los familiares cercanos no pueden resolver solos. Mientras otras personas permanecen junto a Samuel y Sebastián, Liz coordina recursos, moviliza contactos y busca garantizar que tengan atención y condiciones para reconstruir su vida.

“El doble terremoto agravó todo. En medio de una situación de vulnerabilidad, como las que ya tenían antes en su comunidad, podían delegar los cuidados, podían organizarse, pero ahorita la situación es tan precaria que es muy difícil tener la confianza de que puedes confiar en un tercero, incluso si es alguien conocido o alguien de la familia, para asumir todas las tareas que significan la cotidianidad en un alojamiento temporal”, resume la activista de género y directora de Mulier, Estefanía Mendoza.

Mendoza revela que la ruptura de esas redes de cuidado tiene consecuencias directas sobre la recuperación económica de las mujeres. Antes del terremoto, una vecina podía cuidar a los niños mientras otra trabajaba o una familiar podía asumir parte de las tareas del hogar. Al perder la vivienda, cambiar de comunidad o trasladarse a un refugio, esas redes desaparecen y las fuentes de empleo pueden quedar lejos. 

Cuidar en un entorno diferente

Birmania González, de 46 años, todavía recuerda el sonido de las paredes moviéndose. Es madre de una joven de 23 años con autismo y, aunque su vivienda no quedó completamente destruida, el terremoto alteró el lugar donde durante años había construido las rutinas que le permitían cuidar a su hija. Parte de la casa se cayó y varias paredes del cuarto quedaron fracturadas, por lo que las autoridades no les permiten permanecer dentro del inmueble mientras se evalúan las condiciones.

Ahora viven en carpas instaladas en el patio de su propia casa, en la urbanización La Atlántida, en Catia La Mar. Están cerca de lo que durante años fue su lugar seguro, pero sin poder habitarlo como antes.

Pero para ella la emergencia no terminó cuando logró sacar a sus hijos de la vivienda. Después del terremoto tuvo que asumir una nueva tarea: acompañar en un entorno completamente distinto mientras intentaba resolver su propia situación habitacional. La joven perdió su habitación, sus espacios habituales y parte de las referencias que durante años le habían brindado seguridad.

Desde la carpa instalada en el patio, intenta mantener cierta normalidad dentro de una rutina que dejó de existir. Su hija quiere entrar nuevamente a la casa, regresar a los lugares que reconoce, pero la familia solo puede ingresar para buscar algunas pertenencias.

“El impacto de una emergencia como esta no es neutro. En las mujeres se activa un rol de cuidado que ha sido construido e internalizado históricamente: proteger a sus familiares, sostener el hogar y garantizar la supervivencia de la familia. Después del terremoto, ese papel se intensifica y muchas terminan relegando su empleo, sus proyectos personales e incluso su propia salud para responder a las necesidades de los demás”, explica la socióloga y profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carolina Alviarez.

Cuidar lejos del hogar

Alejandra Urrutia, de 20 años, no esperaba que el terremoto cambiara el rumbo de su vida. Antes del 24 de junio vivía en Caracas, trabajaba como barbera y construía una rutina propia. Pero después de que el edificio donde residía su familia en Los Palos Grandes resultara afectado, tuvo que mudarse temporalmente a Cabimas junto a su madre, Digna Perdomo de 49 años, y su hermano menor, Santiago, de 8 años.

La familia encontró refugio en la casa de Lucrecia Altamira, la abuela materna de Alejandra, quien los recibió. Y mientras su madre busca reconstruir una estabilidad económica en otra ciudad, Alejandra asumió una responsabilidad que no estaba contemplada en sus planes: acompañar y cuidar a su hermano.

Santiago es un niño lleno de energía  y la ruptura de su rutina también han sido parte del proceso de adaptación. Alejandra explica que ahora debe estar más pendiente de él, acompañarlo en sus actividades y ayudarlo a adaptarse a un lugar distinto al que conocía.

Entre los cuidados de su hermano, las diligencias de la casa y el apoyo a su mamá y su abuela, la joven terminó ocupando un papel central dentro de la dinámica familiar

Su mamá intenta acompañarla y reconoce el apoyo que representa dentro de la familia. Su abuela se encarga principalmente de la cocina y otros oficios, pero Alejandra siente que la emergencia también le quitó algo difícil de recuperar: la posibilidad de vivir su juventud con mayor libertad.

 “Después de un desastre, las mujeres suelen postergar su propio cuidado para atender a sus hijos, a sus padres, a otros familiares o a quien esté enfermo. Esa sobrecarga física y emocional termina pasando factura al cuerpo: aparecen dolores musculares, fatiga, alteraciones cardiovasculares, problemas gastrointestinales y hasta cambios hormonales asociados al estrés. Hay que entender ese dolor y acompañarlas antes de que su cuerpo colapse”, subraya Meikel Andrade, médico cirujano independiente.

Andrade argumenta que el desgaste prolongado también puede manifestarse con señales de alarma que requieren atención inmediata, como dolor torácico, dificultad para respirar, cefaleas intensas por hipertensión, sangrados digestivos o ginecológicos, pérdida acelerada de peso, deshidratación y síntomas de colapso emocional.

Los sismos aumentaron las cargas asociadas al cuidado

Norah Vásquez, de 39 años, no pensó que terminaría asumiendo una responsabilidad tan grande con su sobrino. Antes del terremoto del 24 de junio vivía en Caraballeda, La Guaira, junto a Thiago Núñez, de 15 años, a quien acompaña desde hace años mientras su hermana permanece en Colombia intentando sostener a la familia desde la distancia.

El padre de Thiago nunca estuvo presente en su crianza. Por eso, cuando su madre tuvo que salir del país, Norah se convirtió en la persona que quedó a cargo de él. No es su hijo, pero en la práctica organiza sus días, atiende sus necesidades y ocupa un lugar que muchas veces se parece al de una madre.

El terremoto terminó de cambiar una dinámica que ya era compleja. La familia perdió sus pertenencias en Caraballeda y tuvo que trasladarse hasta La Candelaria, en Caracas, donde fueron recibidos temporalmente en la casa de un colega de Norah. Allí, Thiago tuvo que adaptarse a un nuevo espacio, lejos de su rutina, de sus amigos y de la vida que conocía.

El cambio también tuvo un impacto emocional en el adolescente. Norah cuenta que ha estado más ansioso y que en algunos momentos expresa su deseo de volver a ver a su mamá. Ella entiende esa necesidad, pero también carga con la frustración de estar en medio de una situación que no depende completamente de ella.

Su hermana Tania le pide que continúe cuidándolo porque sabe que Norah es quien puede estar presente, pero ella siente que esa responsabilidad comienza a superar sus posibilidades. Aunque recibe 300 dólares mensuales para cubrir los gastos de Thiago, asegura que el dinero no alcanza y que muchas veces debe aportar de sus propios ingresos.

“Yo lo quiero mucho, pero también hay momentos en los que siento que todo recae sobre mí”, explica, al hablar de una responsabilidad que asumió por amor, pero que también ha limitado su propia vida.

Entre el trabajo, los oficios de la casa y el cuidado de Thiago, Norah siente que no tiene espacio para sí misma. Dice que no ha podido construir una relación de pareja porque llega agotada al final del día y porque siente que siempre hay algo pendiente.

“En tiempos de crisis se intensifica una carga de cuidado que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Se espera de ellas contención, sacrificio y que prioricen las necesidades de otros, incluso cuando ellas también están atravesando pérdidas, miedo e incertidumbre. Cuando esa responsabilidad se sostiene sin redes de apoyo, puede afectar su bienestar emocional, su identidad y la forma en que proyectan su propia vida”, expresa la psicóloga y cofundadora del Colectivo de Resilientes e Inquebrantables, Mariangelica Morillo.

Cuidar también implica derechos

Los testimonios de Liz, Birmania, Alejandra y Norah muestran cómo, después del terremoto, distintas mujeres asumieron responsabilidades de cuidado dentro de sus familias mientras enfrentaban pérdidas, desplazamientos y cambios en sus propios proyectos de vida. 

Para Roxana Vivas, abogada y especialista en equidad de género y derechos humanos, trabajadora de organizaciones como Women’s Link Worldwide, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional Venezuela, esta situación debe analizarse desde las obligaciones que existen para garantizar igualdad y protección durante una emergencia. 

“Las emergencias no suspenden los derechos de las personas. Por el contrario, en estos contextos es cuando el Estado y las instituciones deben reforzar las medidas para evitar que las desigualdades existentes se profundicen. Cuando hablamos de mujeres cuidadoras, no solo estamos hablando de una carga familiar o privada, sino de una realidad atravesada por estereotipos de género que históricamente han asignado a las mujeres la responsabilidad principal del cuidado. La respuesta humanitaria debe reconocer ese trabajo, garantizar condiciones para que puedan ejercer sus derechos y promover una distribución corresponsable de esas tareas entre las familias, las comunidades y las instituciones”, relata.

La especialista señala que la Constitución reconoce principios como la igualdad y la protección integral de la familia, mientras que la normativa sobre niños, niñas y adolescentes establece la corresponsabilidad en su cuidado y ninguna mujer debería tener que sacrificar su autonomía para sostener por sí sola a su familia: el cuidado también debe ser una responsabilidad compartida.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Afiuni: el precio de cumplir la ley

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Hay historias que terminan perteneciendo a un país entero. La de María Lourdes Afiuni es una de ellas.

Han pasado los años y, sin embargo, basta pronunciar su apellido para que los venezolanos recordemos uno de los episodios más dolorosos -y sobre todo más vergonzosos- de nuestra historia republicana. No porque una jueza haya ido a prisión, sino porque todos entendimos que, a partir de ese momento, la justicia venezolana había muerto.

Afiuni hizo lo que un juez está obligado a hacer: aplicar la ley. Otorgó la libertad y suspendió las medidas cautelares que pesaban sobre un procesado, Eligio Cedeño, cuya prisión preventiva había excedido el límite permitido por la legislación venezolana. Podía gustarnos o no el beneficiario de la decisión. Lo importante era el principio. La ley existe precisamente para impedir que el poder encarcele indefinidamente a una persona sin juzgarla. La juez Afiuni aplicó impecablemente la ley.

Pero entonces ocurrió lo impensable:

En una transmisión de Aló Presidente, Hugo Chávez lanzó una orden que todavía estremece por su crudeza: “¡Pongan presa a esa sinvergüenza!”

No habló un ciudadano indignado. No opinó un dirigente político. Habló el presidente de la República.

Y cuando quien concentra todo el poder da una orden semejante en cadena nacional, lo que se hizo evidente es que la separación de poderes había dejado de existir en Venezuela. El Poder Judicial daba la deshonrosa muestra de que había dejado de ser un poder para convertirse en una oficina subordinada al Ejecutivo, porque pocas horas después, María Lourdes Afiuni estaba detenida.

Para añadirle más desgracia a la desgracia, no fue solamente ella quien perdió la libertad: la perdió también cada juez venezolano que comprendió que, desde ese día, una sentencia podía costarle la cárcel. Y la perdimos todos los venezolanos, porque quedamos sometidos a los caprichos, antojos, rabias y extravagancias de un dictador.

En ese momento, los venezolanos que solo conocíamos la democracia también aprendimos que las dictaduras no necesitan encarcelar a todos. Les basta con castigar ejemplarmente a unos pocos para que el miedo haga el resto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

El caso Afiuni no destruyó únicamente la vida de una mujer. Destruyó la confianza de quienes debían impartir justicia. Muchos entendieron que ya no serían evaluados por su apego al derecho, sino por su obediencia al poder político.

Y un juez que decide con miedo deja de ser juez. Es apenas un funcionario que firma lo que otros deciden. ¡Qué asco!

Por eso, cuando pensamos en la Venezuela que algún día tendremos que reconstruir, solemos hablar de la economía, de la educación, de los hospitales, de las carreteras, o de los servicios públicos. Todo eso será indispensable, por supuesto.

Pero hay algo previo: la justicia.

Porque ningún empresario serio invertirá donde los contratos no se respetan. Ningún ciudadano se sentirá seguro donde un juez puede recibir órdenes por teléfono o a gritos durante una cadena de radio y televisión. Ninguna democracia puede sobrevivir si los tribunales no son capaces de proteger al ciudadano frente a los abusos del propio Estado.

La reconstrucción de Venezuela exigirá algo más difícil que cambiar leyes. Habrá que reconstruir la confianza. Así como Chávez ordenó sentar en el banquillo a María Lourdes Afiuni, ahora habrá que sentar en el banquillo al Poder Judicial.

Y esa tarea comienza por seleccionar jueces verdaderamente idóneos: personas de sólida formación jurídica, independencia intelectual, impecable conducta ética y el coraje suficiente para recordar, todos los días, que su compromiso no es con un gobierno, un partido o un líder, sino con la Constitución, la ley y un país agotado, agobiado, asustado y herido de todas las maneras posibles, que los necesita con urgencia.

Un buen juez no busca agradar al poder. Busca hacer justicia. Eso, que parece una obviedad, en Venezuela dejó de serlo hace mucho tiempo.

Quizás por eso la historia de María Lourdes Afiuni sigue siendo tan dolorosa. Porque no habla solamente de lo que le hicieron a una juez. Habla de lo que nos hicieron a todos.

Y también de lo que tendremos que impedir que vuelva a ocurrir si de verdad queremos recuperar la república. Sin jueces independientes no habrá democracia. Sin seguridad jurídica no habrá inversiones. Y sin confianza… ¡sin confianza no habrá futuro!

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Últimas acciones de ICE: detención de conserje y otros arrestos recientes de venezolanos

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La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la detención de un conserje venezolano en un operativo reciente, un caso que se suma a una cadena de arrestos de ciudadanos de ese país registrados en las últimas semanas en distintas jurisdicciones.

Leonel Armando Bolívar Linares (29), fue arrestado el pasado 7 de agosto, por los agentes federales en horas de la madrugada mientras conducía hacia su puesto de trabajo en la escuela secundaria Tocoi Creek.

Una nota publicada por el portal web El Pitazo señaló que la Asociación de Profesionales de Apoyo Educativo de St. Johns (SJESPA), el sindicato que agrupa a los empleados de mantenimiento de la zona, asumió la defensa pública de Bolívar Linares y aseguró que el joven venezolano poseía un permiso de trabajo vigente y una licencia de conducir legal al momento de su captura.

Charlena Retkowski, presidenta de la organización gremial, dirigió un comunicado a los miembros de la comunidad escolar donde aclaró que el afectado no tiene ningún tipo de antecedentes penales y que permanece legalmente en el país bajo una solicitud formal de asilo.

Temor ante la deportación

Los familiares del joven, quienes también laboran en la misma institución educativa, manifestaron su dolor por la forma en que se ejecutó el procedimiento policial. Su madre, Dayana Linares, relató que su hijo fue retenido durante varias horas dentro de una unidad oficial bajo fuertes medidas de seguridad física, una acción que calificó de “desmedida“.

El entorno familiar expresó un temor profundo ante la posibilidad de una deportación, advirtiendo que el retorno de Bolívar Linares a Venezuela representaría un riesgo inminente para su integridad física.

Allegados de Linares explicaron que el joven posee un título universitario en periodismo, una profesión que sufre acoso y persecución en Venezuela.

Deportaciones masivas

Datos del ICE, obtenidos por el Deportation Data Project, muestran que entre enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026 fueron arrestadas 400.186 personas en Estados Unidos. México, Guatemala y Venezuela figuran entre las nacionalidades con mayor peso.

De acuerdo con el medio La Nación, Venezuela suma 25.751 arrestos en ese mismo período, una cifra menor en volumen frente a México o Guatemala, pero con el ritmo de crecimiento más alto del reporte: de 807 detenciones en enero de 2025 a 2.387 en enero de 2026. Entre enero y febrero de 2026 se sumaron 4.386 venezolanos detenidos por agentes migratorios.

El pasado 24 de junio, el ICE deportó a 146 venezolanos en el vuelo 164, que llegó a Maiquetía a las 10:22 a.m., horas antes del doble terremoto que estremeció a La Guaira. Los deportados fueron trasladados al hotel Santuario La Llanada, que colapsó tras los sismos. Hasta el momento no existe una lista oficial pública de pasajeros ni las autoridades se han pronunciado para ofrecer información sobre los fallecidos o desaparecidos.

El 31 de julio de 2026, Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, excapitana de fútbol universitario y solicitante de asilo, fue detenida por ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando viajaba a la final del Mundial 2026. Su arresto ocurrió tras la expiración del TPS para venezolanos.

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Betancourt habla sobre necesidad de actualizar normas sismorresistentes

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El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Enzo Betancourt, planteó este lunes 10 de agosto la creación de una Comisión Nacional Independiente para investigar las causas de los colapsos ocurridos tras los terremotos del 24 de junio y formular recomendaciones para actualizar las normas sismorresistentes en el país.

La propuesta está contenida en el documento “Preservar la evidencia hoy es proteger la vida mañana”, suscrito por organizaciones gremiales, académicas y universitarias, que exhorta a las autoridades a ejecutar las actuaciones posteriores al sismo conforme a las mejores prácticas y a investigaciones internacionales.

Betancourt destacó que las edificaciones afectadas por el doble terremoto constituyen una evidencia técnica irrepetible. Por ello, el documento plantea que los daños sean estudiados antes de retirar o modificar las estructuras, con el objetivo de obtener información que permita fortalecer las normas sismorresistentes en Venezuela y reducir los riesgos ante futuros eventos.

Una comisión para revisar las normas sismorresistentes

La Comisión Nacional Sismorresistente propuesta tendría carácter interdisciplinario y entre sus atribuciones estaría emitir informes públicos sobre las causas de los colapsos y formular recomendaciones para actualizar y fortalecer las normas sismorresistentes.

El organismo también serviría de insumo para políticas públicas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, la planificación territorial y la reconstrucción resiliente.

Para el gremio, los resultados de las investigaciones sobre las estructuras afectadas deben incorporarse al proceso de revisión normativa. De esta manera, las normas sismorresistentes en Venezuela podrían ajustarse a partir de evidencia obtenida directamente de los daños ocasionados por los terremotos.

El llamado a preservar las estructuras afectadas

El Colegio de Ingenieros insistió en que ninguna edificación colapsada o gravemente afectada debe ser demolida o removida, total o parcialmente, sin una evaluación y autorización previa de una comisión técnica competente.

La excepción planteada corresponde a situaciones de riesgo inminente que estén sustentadas y que comprometan las labores de búsqueda y rescate o la seguridad pública.

Antes de intervenir los escombros, las organizaciones firmantes recomiendan aplicar ingeniería patológica e ingeniería forense estructural. Estas disciplinas permitirían documentar los daños, analizar muestras y determinar las causas de los colapsos y de las fallas estructurales.

La información obtenida podría convertirse en uno de los principales insumos para la revisión de las normas sismorresistentes en Venezuela y para establecer criterios de diseño y construcción acordes con las condiciones de riesgo del país.

Escombros también representan un riesgo ambiental

El documento también plantea establecer una estrategia rigurosa para el manejo, transporte y disposición final de los escombros generados por los terremotos.

Las organizaciones pidieron que los materiales sean trasladados y depositados en sitios adecuados para evitar impactos ambientales, especialmente sobre el frente marino y las costas venezolanas.

El planteamiento incorpora la gestión de los residuos de la emergencia dentro del proceso de reconstrucción. La remoción de los materiales debe permitir atender las necesidades de seguridad y recuperación sin perder información relevante sobre las estructuras dañadas ni generar nuevos riesgos ambientales.

Reconstrucción con evidencia científica

El documento “Preservar la evidencia hoy es proteger la vida mañana” fue suscrito por la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), el Colegio de Arquitectos de Venezuela (CAV), la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de Fedecámaras, la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana (UNIMET).

Las instituciones sostienen que las investigaciones posteriores al terremoto deben servir para generar conocimiento aplicable a la prevención de nuevos desastres.

“Las lecciones derivadas de estas investigaciones contribuirán a salvar innumerables vidas en el futuro”, señala el manifiesto.

La propuesta apunta a que la reconstrucción permita corregir las condiciones que contribuyeron a los daños y fortalecer la preparación ante futuros terremotos. Para los firmantes, actualizar las normas sismorresistentes en Venezuela forma parte de ese proceso y debe hacerse a partir de evidencia técnica, investigación, transparencia y criterios científicos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país