El fotógrafo venezolano Claudio Napolitano, reconocido con el título internacional Hasselblad Master 2010 en la categoría Retrato, regresa al país tras varios años de carrera en el exterior. Durante el mes de noviembre de 2026, dictará la serie de workshops “Aprendo la Luz”, una experiencia teórico-práctica producida por Espacio Fotográfico para explorar la física de la iluminación, la reinvención del oficio creativo y la importancia del criterio propio en la era de la inteligencia artificial. La gira fusiona la formación académica con un profundo componente social y de mentoría. A continuación, la agenda actualizada:
Agenda de la Gira
●13 de noviembre: Masterclass en la UCAB y un encuentro cerrado para el círculocreativo en la sede de Art Factory. ●14 de noviembre: Jornada de componente documental y labor social en La Guaira,dedicada a los afectados del terremoto. ●16 y 17 de noviembre | Taller de Producto: Sesiones enfocadas en leer la física de la luzpara entender su interacción con materiales complejos, como el vidrio y los líquidos,con un enfoque publicitario y artístico. ●21 y 22 de noviembre | Taller de Retrato: Formación orientada a iluminar desde elexterior para revelar la luz interior, explorando la psicología de la imagen para capturarla personalidad del sujeto.
Coordenadas de los Workshops
●Sede: Art Factory – Espacio Fotográfico (Centro Comercial Ciudad Center, Torre B, PB,Boleíta Norte, Caracas). ●Horario: 8:30 a. m. a 5:00 p. m. ●Beneficio exclusivo: Los cupos son estrictamente limitados; las primeras 10 inscripciones incluirán una sesión privada de revisión de portafolio.
En medio de anuncios y la discusión de una ley que apunta a recuperar el Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, las fallas de este servicio esencial continúan y contribuyen al desgaste de la población. “Se va la luz y se va el agua también, todo se atrasa. Tenemos que hacer todo siempre pensando que se va la luz. No es vida”, dice un habitante de la parroquia Catedral, en el municipio Iribarren del estado Lara, sobre cómo le afectan los recurrentes cortes de electricidad en su zona.
Un monitoreo realizado por Runrun.es, entre el 8 y el 15 de octubre pasado, pidió a nueve personas en nueve parroquias en los estados Barinas, Falcón, Miranda, Monagas, Lara, Sucre y Zulia que reportaran a diario si se había cortado la electricidad ese día. Eso generó 72 reportes, uno por hogar y por día.
En el 47 de los 72 reportes obtenidos, la respuesta es que sí se les había ido la luz (65 %). Sin embargo, tomando en cuenta que hubo reportes donde indicaron que la luz se fue más de una vez en un mismo día, se contabilizaron en total 68 interrupciones del servicio eléctrico en esa semana.
Cada participante llenó al final del día un formulario de Google con cinco preguntas: si se fue la luz, cuántas veces, cuánto tiempo en total, si hubo bajones fuertes de voltaje, y una pregunta abierta sobre cómo le afectó la situación.
Participaron vecinos de las parroquias Catedral y Concepción (municipio Iribarren, estado Lara), El Carmen (municipio Barinas, estado Barinas), Francisco Eugenio Bustamante (municipio Maracaibo, estado Zulia), San Antonio (municipio Miranda, estado Falcón), San Antonio de los Altos (municipio Los Salias, estado Miranda), la parroquia Altagracia (municipio Sucre, estado Sucre), Santa Catalina (municipio Bermúdez, estado Sucre) y Santa Cruz (municipio Maturín, estado Monagas). Los datos muestran lo que vivió cada hogar que contribuyó al monitoreo, no toda la parroquia. Un vecino de otra calle, conectado a otro circuito, pudo tener un día distinto. La duración la estimó cada persona en rangos (“más de cinco horas”, por ejemplo), no con un medidor.
Entre promesas y años de cortes
El monitoreo arrancó nueve días después de un anuncio oficial. El 29 de septiembre pasado el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández, prometieron sumar 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de que termine el año: 600 con la unidad 6 de Planta Centro y más de 500 con siete unidades en Zulia. Atribuyeron las fallas a los terremotos de junio, al calor, a las sanciones y a un repunte de la actividad económica.
Especialistas en el área, sin embargo, se mostraron escépticos. El ingeniero civil Roberto Vernet opinó que la cifra anunciada no podría cubrir las graves deficiencias del SEN y que, de concretarse lo anunciado, el incremento neto real sería de apenas 100 megavatios, porque habría que descontar de allí los 1200 megavatios que se perdieron tras la falla en la turbina 17 de la Central Hidroeléctrica del Guri el 30 de agosto pasado.
En el país, desde que ocurrió el mega apagón nacional en marzo de 2019 los cortes eléctricos empeoraron. Los hogares con cortes diarios pasaron de 37,1 % en 2024 a 62,8 % en 2026, y solo 6,9 % tiene servicio continuo, según un reporte de la firma consultora Anova. Medios como El Pitazo han contabilizado al menos 19 muertes asociadas a fallas eléctricas en lo que va de 2026.
Un corte al día, pero largo
En los ocho días que duró el monitoreo, los nueve encuestados registraron 47 cortes del servicio eléctrico. Lo más común fue que ocurriera un solo corte por jornada, y el promedio quedó en 1,4 cortes diarios. La cifra parece baja hasta que se mira la duración: de cada 10 veces que un hogar se quedó sin luz, en 6 estuvo más de cinco horas sin servicio.
En las parroquias Catedral y Concepción, en el municipio Iribarren (Lara), cada corte registrado duró más de cinco. En la parroquia Altagracia (Sucre), la luz se fue durante cuatro días, y en tres de ellos el corte superó las seis horas.
El Carmen (en Barinas) fue la única parroquia que registró cortes durante los ocho días, y en cinco casos el servicio faltó ocho horas. En el otro extremo del país, en San Antonio de los Altos (Miranda) la luz se fue en tres de los ocho días, la cifra más baja del monitoreo.
El viernes 9 y el jueves 15 fueron las fechas con más parroquias afectadas por la interrupción del servicio eléctrico: ocho de nueve. El domingo 11 en la parroquia San Antonio (Falcón) se reportó que hubo seis cortes de electricidad y en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante (Zulia) hubo cuatro apagones en una misma jornada.
Sin agua, sin luz y sin descanso
Los testimonios recabados en este instrumento presentan patrones. La muestra de personas afectadas recordaron que sin electricidad no funcionan las bombas, y eso afecta la disponibilidad de agua. Cuando los cortes son en horas de la noche, hay zonas donde el calor es tan intenso que les impide dormir, porque no pueden usar ventiladores o aire acondicionado.
Otros contaron que muchas veces el trabajo queda a medias y los estudiantes se retrasan en sus tareas escolares. La comida a veces se daña por la ruptura de la cadena de frío y los equipos electrónicos sufren con los bajones de voltaje, de los cuáles se reportaron en 14 de los 47 reportes con cortes. Debajo de todo está la incertidumbre: como no hay horario de eso que algunos llaman “racionamiento”, no se puede planificar el día.
“Me afecta en cansancio diario porque casi todos los días se va (la electricidad) en la noche y se extiende hasta la madrugada. Se me ha desarrollado una irritabilidad, y por supuesto en la comunidad está afectando por el nivel de producción económica, el trabajo cada día se aminora”, advirtió una persona que vive en la parroquia El Carmen, municipio Barinas del estado Barinas.
En la parroquia Santa Catalina, municipio Bermúdez del estado Sucre, el 12 de octubre se reportó que la comunidad tuvo que pagar parte del material para reparar un transformador que se dañó; de lo contrario, la reparación se habría alargado varios días. “No hay un cronograma de cuándo o cuánto tiempo se estará sin servicio para tomar previsiones”, se lee en el reporte.
En la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, en Maracaibo (Zulia), un vecino del residente volvió a casa el 12 de octubre tras una cirugía y pasó cinco horas sin luz “con calor y dolor”.
Una persona que teletrabaja reportó su situación desde Maturín (Monagas): su UPS sostiene el internet durante el corte, pero no el teléfono ni la laptop. La participante que vive en la parroquia Altagracia de Cumaná (Sucre) dijo que el corte del 9 de octubre redujo su jornada laboral de ocho a tres horas. En San Antonio, en Coro (Falcón), cada corte significa quedarse sin internet e “incomunicado”. En Barquisimeto (Lara), los testimonios se volvieron más cortos y más duros con los días: “es una tortura”, “deprimente”, “estoy mal psicológicamente”.
Al menos 531 protestas para exigir un servicio eléctrico constante se registraron en el país durante septiembre, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). La cifra representa el 48,72 % de las manifestaciones cívicas que monitorearon en el territorio el mes pasado (1.101).
Este jueves, 22 de octubre, está prevista la segunda discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
A principios de junio, cuando se aprobó el proyecto en primera discusión, el diputado por el PSUV Orlando Miranda dijo que la propuesta busca fortalecer la protección del sistema, garantizar el mantenimiento de la infraestructura y la optimización del servicio. Añadió que, además, se prevé abrir las puertas a un sistema eléctrico “moderno, mixto, autosustentable y responsable”.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció formalmente un paquete de ajustes tributarios con los que aseguró, se sientan las bases para una reforma tributaria profunda en el país. El plan, diseñado junto al superintendente del Seniat, Román Maniglia, tiene como supuestos objetivos la modernización digital, la simplificación de trámites y el alivio operativo para pequeños y medianos comerciantes.
Entre las medidas anunciadas, se encuentra la suspensión del uso obligatorio de máquinas fiscales para los establecimientos comerciales, con lo que argumentan, se buscan eliminar las barreras de costos de adquisición y mantenimiento de estos dispositivos y facilitar de forma directa la formalización y el dinamismo de los pequeños y medianos negocios. En su lugar, el Seniat dijo que lanzará próximamente una aplicación digital de facturación electrónica adaptada a este sector.
Sobre el punto de las máquinas fiscales, ciudadanos en redes sociales enfatizaron el alto costo que esto representó para pequeños comerciales -los equipos podían costar hasta 3000 dólares-. en épocas de hiperinflación.
Otro ajuste comunicado fue la depuración del padrón de contribuyentes especiales, que supone la reducción de dicha lista de la lista más de 132 000 a 44 000 sujetos pasivos. Con esta caracterización, argumentan, se busca concentrar la fiscalización en los actores de mayor peso económico y aliviar la carga administrativa sobre miles de empresas medianas.
Asimismo, en las declaraciones del pasado 21 de octubre, Rodríguez y Maniglia recordaron que el sistema tributario ahora funciona mediante una plataforma interconectada entre el SENIAT, la banca nacional, el Saren, el Saime y el Banco Central de Venezuela (BCV). El cruce de información estratégica en tiempo real y el uso de un nuevo modelo estadístico, aseguran, busca simplificar los trámites del ciudadano y optimizar la fiscalización para “cobrar lo que se debe cobrar”.
El gobierno tutelado por Estados Unidos aseguró que las nuevas medidas de cruce de datos generaron un supuesto incremento del 27% en la recaudación tributaria, cifra que superaría la meta mensual fijada por el gobierno. Rodríguez precisó que estos ingresos adicionales se transferirán directamente a la Fundación Venezuela Renace, destinados prioritariamente a la construcción de viviendas para las víctimas del sismo de junio, infraestructura de salud y educación.
Alertas y expectantes
Analistas y organizaciones fijaron posición sobre estos ajustes tributarios anunciados por el gobierno. José Ignacio Hernández, abogado con más de veinte años de experiencia en temas de Derecho Constitucional, Administrativo y regulación económica, consideró que la primera reformatributaria en Venezuela “consiste en restablecer la centralidad de la propiedad privada. Sin propiedad no hay riqueza. Sin riqueza no hay poder tributario”.
Mientras que en un alerta legal emitido este 22 de octubre, Acceso a la Justicia advirtió que el anuncio de reducir de 132 000 a 44 000 el número de contribuyentes especiales en Venezuela podría traducirse en cambios en las normas que regulan esta categoría. Actualmente, estos contribuyentes están sujetos a la Providencia SNAT/2023/00005, publicada en la Gaceta Oficial n.° 42.588 del 14 de marzo de 2023. La normativa establece criterios para clasificarlos según sus ingresos, ubicación y tipo de contribuyente, además de la notificación formal del Seniat.
Ser calificado como contribuyente especial, recuerdan, implica mayores obligaciones tributarias y administrativas, que pueden aumentar los costos de funcionamiento de empresas y personas sujetas a este régimen y afectar su flujo de caja. Entre esas obligaciones están presentar declaraciones quincenales del IVA, practicar retenciones y pagar anticipos del impuesto sobre la renta y el impuesto a las grandes transacciones financieras, entre otras exigencias. Los pagos deben ajustarse al calendario establecido por el Seniat según el número de RIF de cada contribuyente.
La organización también recalcó que, en el pasado, se han denunciado casos en los que el Seniat habría designado arbitrariamente como contribuyentes especiales a entidades que no cumplían los requisitos mínimos de ingresos establecidos en la normativa. Según estas denuncias, la medida pudo utilizarse como una forma adicional de hostigamiento o persecución política.
Por esta razón, la ONG insistió en seguir de cerca el tema: “Queda por conocer cómo se aplicará la reducción anunciada y cuáles serán los cambios concretos en las reglas que rigen a estos contribuyentes”.
Respecto a este punto, el abogado experto en Derecho Fiscal, Daniel Betancourt Ramírez, explicó que dicha categoría regulatoria se creó para los grandes contribuyentes del país. “Es decir, para el 20% de contribuyentes de los cuales era responsable el 80% de la recaudación Pero con los años ese objetivo se pervirtió”, advirtió.
En un hilo en X, repasó que cualquiera sin capacidad económica que recibiera un pequeño ingreso terminó siendo calificado Sujeto de Pasivoes Especiales “en un país con recesión e hiperinflación” e insistió en que lo grave no fue la vigilancia sobre estos “grandes contribuyentes”, sino que” los obligaron a pagar nuevos tributos y basados en su supuesta capacidad económica”.
«Sujetos pasivos especiales en Venezuela»
Esta categoría regulatoria se creó para los grandes contribuyentes del país. Es decir, para el 20% de contribuyentes de los cuales era responsable el 80% de la recaudación (óptimo de Pareto).
Pero con los años ese objetivo se pervirtió.
El experto en derecho fiscal destacó que el mecanismo también abrió espacios para la corrupción y empujó a empresas a operar en la informalidad. Betancourt agregó que, incluso después de que una nueva providencia modificara los criterios de clasificación en 2023 y algunos contribuyentes dejaran jurídicamente de ser especiales, funcionarios del Seniat se habrían negado a aplicar el cambio.
Por ello, el experto considera relevante la depuración de la lista de contribuyentes especiales anunciada por el Gobierno. A su juicio, si se ejecuta correctamente, la medida podría contribuir a construir un sistema tributario más justo y racional. Sin embargo, advirtió que se trata apenas de un primer paso en un proceso más amplio de corrección de las distorsiones del sistema fiscal venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cecodap, organización defensora de los derechos de la niñez y adolescencia, exigió protección inmediata del Estado para los menores de edad reclutados por bandas delictivas.
El pronunciamiento surge tras el homicidio de Maikel Manuel Hurtado Ibarra, un niño de 9 años asesinado a mediados de octubre de 2026 en el sector La Caseta de Santa Lucía, en los Valles del Tuy, estado Miranda.
De acuerdo con las declaraciones de Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalíticas (Cicpc), la víctima provenía de un entorno familiar “vulnerable y disfuncional”, situación que (según el funcionario) “fue aprovechada por los delincuentes para involucrarlo en actividades delictivas”.
El día del suceso, el grupo delictivo obligó a Maikel Hurtado a fungir como garitero mientras ellos cometían un robo. Sin embargo, el menor se negó y decidió abandonar el lugar. Cuando los delincuentes se percataron de la ausencia del menor, el cabecilla de la banda ordenó el asesinato.
La víctima fue sacada de su residencia por la fuerza y trasladada a una zona boscosa de la localidad donde fue agredido con un arma blanca hasta causarle la muerte. Posteriormente, los agresores lo despojaron de sus prendas de vestir y abandonaron el cuerpo en el sitio.
Rico informó que por el caso están detenidos Carlos Nicolás Contreras Godoy (39), Eduardo José García Pineda (19) y, un joven de 17 años, mientras que el autor intelectual se dio a la fuga.
¿Dónde está la protección del Estado?
El abogado Carlos Trapani, especialista en Derechos del Niño, aseveró que el caso de Maikel no puede analizarse solo como un hecho policial. “Maikel era un niño. Antes de ser víctima de homicidio, ya era víctima de adultos que lo captaron y utilizaron para delinquir”, señaló Trapani en un mensaje publicado en su cuenta en X.
El abogado recordó que en 2022 Cecodap documentó la realidad en el especial“Esclavizar para delinquir” y advirtió que el crimen organizado identifica y aprovecha vulnerabilidades, ofrece dinero o protección, genera relaciones de dependencia y también utiliza la amenaza, la coacción y la violencia.
“Si existían condiciones de vulnerabilidad en su familia, como ha señalado el Cicpc, no pueden utilizarse para responsabilizar a Maikel. Al contrario: un niño en mayor situación de vulnerabilidad requiere mayor protección del Estado”, planteó el abogado.
¿Maikel era el único?
Carlos Trapani alertó que si una organización criminal utilizaba a un niño de 10 años como garitero, es indispensable determinar si existen otros niños y adolescentes captados o utilizados por grupos criminales y protegerlos antes de que sea demasiado tarde.
“No basta con identificar y sancionar a quienes asesinaron a Maikel. Hay que evitar que otros niños recorran el mismo camino”, advirtió.
El asesinato de Maikel Hurtado, de 10 años, no puede analizarse únicamente como un hecho policial. La información oficial indica que fue captado por una organización criminal, utilizado como “garitero” y asesinado cuando decidió apartarse.
Maikel era un niño. Antes de ser víctima de homicidio, ya era víctima de adultos que lo captaron y utilizaron para delinquir.
En 2022, desde @cecodap documentamos esta realidad en Esclavizar para delinquir. Advertimos que no estamos simplemente ante niños que “deciden” incorporarse a una banda. El crimen organizado identifica y aprovecha vulnerabilidades, ofrece dinero o protección, genera relaciones de dependencia y también utiliza la amenaza, la coacción y la violencia.
Por eso, si existían condiciones de vulnerabilidad en su familia, como ha señalado el CICPC, no pueden utilizarse para responsabilizar a Maikel. Al contrario: un niño en mayor situación de vulnerabilidad requiere mayor protección del Estado.
Este caso obliga a preguntar: ¿cuánto tiempo estuvo siendo utilizado?, ¿qué señales existieron?, ¿alguna institución conocía su situación?, ¿qué respuestas se activaron?
Y una pregunta es urgente: ¿Maikel era el único?
Si una organización criminal utilizaba a un niño de 10 años como garitero, es indispensable determinar si existen otros niños y adolescentes captados o utilizados por grupos criminales y protegerlos antes de que sea demasiado tarde.
No basta con identificar y sancionar a quienes asesinaron a Maikel. Hay que evitar que otros niños recorran el mismo camino. @REDHNNA
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera difundieron en horas de la noche del 21 de octubre los resultados del tercer ciclo de negociaciones entre el chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Además de la rueda de prensa en la que se leyeron los acuerdos, ambos representantes de la negociación compartieron en sus perfiles en redes sociales los documentos suscritos en esta tercera ronda. En los acuerdos, desarrollados durante seis jornadas de trabajo, con dos reuniones plenarias y quince encuentros en cuatro mesas técnicas, los grandes ausentes fueron la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la fecha de las elecciones presidenciales.
Ha culminado el tercer ciclo de conversaciones de la Mesa de Diálogo con la delegación de la AN 2015. Compartimos el siguiente comunicado firmado por ambos jefes de delegación. https://t.co/FYfRcSPmCJ
El próximo ciclo de conversaciones está previsto para desarrollarse entre el 11 y el 15 de noviembre.
Principales puntos y acuerdos del tercer ciclo
Sobre los acuerdos del tercer ciclo, Dinorah Figuera anunció el inicio de un proceso de revisión de cuatro instrumentos legales: la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar; y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El comunicado reconoce “avances” en materia de libertad de expresión, mediante el levantamiento de medidas administrativas y cautelares, y recomienda además actualizar las concesiones de uso del espectro radioeléctrico.
En materia de garantías políticas, ambas delegaciones acordaron establecer mecanismos para evaluar y resolver situaciones que afecten el ejercicio de estos derechos, tomando en cuenta los avances de mediación y conciliación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática de Venezuela. Este punto tiene que ver con la revisión de las inhabilitaciones políticas que afectan a varios dirigentes de la oposición.
También, se iniciará la discusión para crear una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana, concebida como una instancia de protección del ejercicio de los derechos políticos.
Continuarán asimismo las coordinaciones para avanzar en la renovación del máximo tribunal y la designación de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales (tras la reforma previa de la ley orgánica respectiva).
Además, se abordó la gestión conjunta para la recuperación del oro de la nación retenido en el Reino Unido, recursos que según asegurán, serán destinados a la atención de las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos.
Se reveló que hubo una reunión con representantes del Reino Unido y que se informó a las instancias legales y tribunales sobre las diligencias que iniciaría Venezuela respecto a esos activos. Se conformó asimismo una comisión para gestionar estos trámites.
En anteriores declaraciones, Figuera había anunciado que para el mes de octubre esperaban registrar avances en garantías políticas y civiles, que en noviembre se avanzaría en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que posiblemente en diciembre, Venezuela tendría un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, en las conclusiones de esta fase de negocaciones no se abordó este último punto,
En la rueda de prensa, al ser interrogada sobre el cronograma electoral que reclaman sectores de la oposición mayoritaria, Figuera respondió que es el Consejo Nacional Electoral el responsable de anunciar al país la fecha de realización de las elecciones.
Reconoció que la “gran demanda” de los ciudadanos es que haya elecciones y que la mesa de negociación tiene la voluntad política de materializar esa petición, cumpliendo con la hoja de ruta de la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, crear las base de garantías políticas y civiles y un marco para la libertad de expresión.
“Nosotros esperamos que más temprano que tarde se den las elecciones, y queremos decirle al pueblo que nos hemos unido en un diálogo de reconocimiento, fortalecimiento para la democracia y para la reconciliación”, amplió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Venezuela sigue ocupando el último puesto a nivel mundial en materia de Estado de derecho según el World Justice Project. Lejos de ser una simple cifra reputacional, esta posición se traduce en una realidad asfixiante para el ciudadano común: un Estado altamente intrusivo que incide de forma arbitraria en la cotidianidad, desde la prestación de servicios públicos hasta la absoluta falta de garantías procesales y de independencia judicial.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, conversó con Luis Ernesto Blanco en Espacio Runrunes y recordó que esta vulnerabilidad permanente no es casualidad, sino el reflejo de un sistema donde la ley se ha empleado como instrumento de control social. En medio de las expectativas generadas en torno a mesas de negociación y planes de transición, el especialista analizó las recientes informaciones que según su juicio no todas responden a una genuina voluntad de cambio.
La ruta trancada del nuevo TSJ
Uno de los compromisos centrales pactados en los espacios de diálogo fue la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, a las puertas de cerrar el año, el proceso arrastra retrasos sistemáticos y vicios en la conformación del Comité de Postulaciones.
Daniels señala que, si bien la inclusión de un comité de verificación de credenciales conformado por figuras de alta honorabilidad y perfil independiente representa un contrapeso necesario, las sombras sobre el proceso persisten. Las trabas logísticas, la falta de transparencia en los cronogramas y la persistencia de cuotas políticas evidencian que el oficialismo busca ganar tiempo para mitigar el impacto de perder el control total del máximo tribunal.
La Ley contra el Odio: ¿Mutación represiva o alivio real?
Otro de los ejes abordados fue la proyectada reforma parcial de la cuestionada Ley contra el Odio, un instrumento calificado por organizaciones de derechos humanos como ontológicamente perverso por priorizar la sanción a la opinión crítica por encima de la protección de la vida misma.
#AlertaLegal Para este momento, ya se conoce el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio.
La fuente es el texto de la sentencia número 1034 de la SC/TSJ (publicado hoy) que declaró conforme esta iniciativa legislativa y que transcribe la propuesta de reforma.…
Aunque el proyecto legislativo contempla rebajar penas corporales y transformar algunos supuestos en faltas administrativas —lo que permitiría liberar a un pequeño grupo de detenidos y extinguir causas con medidas cautelares—, el experto advierte sobre un peligro latente: el desplazamiento de la represión carcelaria hacia la represión fiscal.
La norma bajo reforma abre la puerta para que funcionarios administrativos impongan multas desproporcionadas (que podrían alcanzar los 10.000 euros) a ciudadanos y medios de comunicación independientes bajo criterios discrecionales de lo que constituye un “discurso de odio”. En la práctica, esto sustituye los barrotes por castigos económicos capaces de asfixiar financieramente a la disidencia y al periodismo libre.
Entre la simulación y la resistencia ciudadana
Durante la entrevista, Daniels insistió en que el país no puede conformarse con evoluciones cosméticas que simulen apertura mientras se mantiene intacto el andamiaje punitivo del Estado. Para la sociedad civil, el reto sigue siendo documentar las arbitrariedades, exigir rendición de cuentas y empujar los espacios de participación a pesar de los obstáculos gubernamentales.
“hay pruebas objetivas que tú puedes decir, esto me va a demostrar si en Venezuela ha habido cambio o no y una muy sencilla es que un tribunal pueda decir que un decreto o un decisión presidencial es nula y no le pase como a la jueza Afiuni. Ahí tendríamos una posibilidad”.
Daniels considera impostergable desmontar el aparato que controla al ciudadano y que hace que sea un súbdito del Estado. “Entonces, mientras más aligeramos la carga al ciudadano y haya más libertades para que las personas puedan tener emprendimientos que dinamicen la actividad económica sin tener que ser objeto de extorsiones como lamentable ocurre todavía el día de hoy, ahí podríamos también tener una esperanza”.
Finalmente Daniels se refirió a la necesidad de legitimar al Poder Ejecutivo. “Mientras no tengamos una fecha de elecciones, mientras no sepamos cuándo vamos a volver a la Constitución, mientras sigamos teniendo una presidencia encargada que no ampara ninguna norma constitucional y que está al margen de la Constitución, la incertidumbre va a ser mucha”.
Sin embargo, el codirector de Acceso a la Justicia señaló que mientras exista una ventana de oportunidad para que se produzcan los cambios, la sociedad civil seguirá ejerciendo presión para que eso ocurra y estará atenta para denunciarlo en caso de que eso no pase.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 22 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Un análisis del medio estadounidense The New York Times y datos del Servicio Geológico de EE. UU. indicaron que la cifra oficial de 6509 muertos por el doblete sísmico del 24 de junio “probablemente sea un subregistro considerable”.
Datos oficiales estiman que 6509 personas murieron en los terremotos del 24 de junio, pero la estimación promedio del USGS es que murieron 53 000 personas, lo que significa que hay un 50 % de probabilidad de que la cifra real sea superior a esa, y un 50 % de probabilidad de que sea inferior.
El USGS también dice que hay aproximadamente un 81 % de probabilidad de que la cifra real de muertes sea superior a 10 000.
“Es posible que alguien no cumpla con los requisitos. Necesitamos gente honorable que esté a la altura y cuente con las credenciales necesarias para garantizar procesos transparentes. Si un aspirante no cuenta con las garantías y requisitos establecidos, los mecanismos institucionales deben filtrar cualquier situación para asegurar la idoneidad”, dijo Dinorah figuera, sobre postulantes al tsj
Lo que rompe en redes
El Vaticano informó que la cirugía torácica a la que se sometió el Papa Leon XIV fue un éxito y que no requiere quimioterapia ni radioterapia adicional.
El Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional contra el cáncer de pulmón
El Vaticano ha comunicado este miércoles 21 de octubre una noticia esperanzadora sobre la salud del Papa León XIV.
Los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los análisis moleculares realizados tras la intervención quirúrgica del pasado 13 de octubre han confirmado que el Pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar localizado.
Según han informado los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, una evaluación oncológica posterior ha determinado que no es necesario ningún tratamiento adicional.
La noticia supone un paso importante en la recuperación del Papa León XIV, que recibió el alta hospitalaria el pasado sábado y continúa su recuperación en el Vaticano.
🙏 Demos gracias a Dios por esta noticia y sigamos rezando por la plena recuperación del Santo Padre.
#OremosPorLeónXIV
Este 21 de octubre fue liberado el video oficial de la Miss Venezuela Clara Vegas para “Beyond The Crown” del Miss Universe 2026. La beldad criolla lo grabó en La Guaira, utilizando una camisa del equipo local de béisbol. El video destaca la resilencia de los venezolanos junto al trabajo de reconstrucción y apoyo tras el doblete sísmico que afectó particularmente a dicha entidad.
La ñapa (recomendamos…)
Espacio Runrunes: ¿Qué TSJ necesitamos? Con Alí Daniels
¿Qué TSJ necesitamos?, con Alí Daniels https://t.co/OS3AHr36jc
Venezuela tiene 11 años ocupando el último lugar del Índice Mundial del Estado de Derecho. La organización World Justice Project (WJP) difundió su informe global WJP Rule of Law Index 2026, en el que el país ocupó el puesto 143 de 143 en la clasificación general y también obtuvo el peor lugar en cuatro de los ocho factores que componen el indicador: restricciones a los poderes del gobierno, aplicación de las normas, justicia civil y justicia penal.
El Índice de Estado de derecho del WJP mide hasta qué punto las instituciones y las autoridades están sujetas a la ley, los derechos fundamentales están protegidos y las personas pueden acceder a mecanismos de justicia.
A continuación, el análisis de Venezuela en todos los indicadores:
Limitaciones a los poderes del gobierno
Este indicador evalúa si existen controles institucionales efectivos sobre las autoridades, incluidos los que ejercen el Poder Legislativo, los tribunales y otros organismos de supervisión. La valoración de este factor es de 0,18 en una escala de 0 a 1. Con una puntuación de 143 de 143.
En este reglón también se evalúa si los poderes del gobierno están efectivamente limitados por auditorías y revisiones independientes. Aquí la puntuación fue de 142/143. También se analizó si los funcionarios policiales son sancionados por mala conducta y la valoración fue negativa: 143/143.
Con respecto a si los medios de comunicación independientes, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y los particulares tienen libertad para informar y comentar sobre las políticas gubernamentales sin temor a represalias, Venezuela obtuvo una puntuación de 134/143.
Ausencia de corrupción
En las mediciones sobre la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las normas, Venezuela obtuvo una valoración en el ranking mundial de 135/143.
Este indicador evaluó también si los funcionarios públicos utilizan su cargo para beneficio privado y la valoración fue de 143/143.
Gobierno abierto
El tercer ítem del estudio evaluó el derecho a la información, si se conceden las solicitudes de información en poder de una agencia gubernamental, si se conceden en un plazo razonable, si la información proporcionada es pertinente y completa, y si se conceden a un costo razonable y sin necesidad de soborno, sobre esto la valoración fue de 139/143.
Sobre los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la protección de las libertades de opinión y expresión, reunión y asociación, y el derecho a presentar peticiones al gobierno, Venezuela obtuvo una puntuación de 138/143.
Derechos fundamentales
En la igualdad de trato y ausencia de discriminación, Venezuela obtuvo un puntaje de 126/143.
Sobre el derecho a la vida y a la seguridad de la persona, Venezuela obtuvo una valoración negativa de 142/143, mientras que el debido proceso legal y derechos del acusado recibió la misma puntuación.
La libertad de opinión y expresión no está plenamente garantizada en Venezuela (134/143), según el estudio. Por otro lado, los derechos laborales fundamentales, incluida la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la ausencia de discriminación en materia de empleo y la ausencia de trabajo forzoso y trabajo infantil recibió una ponderación de 116/143.
Orden y seguridad
De acuerdo con el estudio, en la prevalencia de delitos comunes, como homicidio, secuestro, robo con allanamiento de morada, robo a mano armada y extorsión, así como la percepción general de seguridad que tienen las personas en sus comunidades, Venezuela obtuvo una puntuación de 142/143.
Sobre si las personas están protegidas eficazmente de los conflictos armados y el terrorismo, Venezuela quedó el el puesto 99/143.
Si las personas recurren a la intimidación o la violencia para resolver disputas civiles entre sí o para obtener reparación del gobierno, y si las personas están libres de la violencia de las turbas, el país obtuvo un 140/143.
Aplicación de la normativa
En las mediciones de si las regulaciones gubernamentales, como las laborales, ambientales, de salud pública, comerciales y de protección al consumidor, se aplican de manera efectiva la valoración fue de 141/143. Con respecto a si los procedimientos administrativos a nivel nacional y local se llevan a cabo sin demoras injustificadas, la valoración fue de 143/143. El debido proceso no se respeta en los procedimientos administrativos (143/143).
Justicia Civil
En la accesibilidad y la asequibilidad de los tribunales civiles, incluyendo si las personas conocen los recursos disponibles; si pueden acceder a asesoramiento y representación legal y costearlos; y si pueden acceder al sistema judicial sin incurrir en honorarios irrazonables, encontrar obstáculos procesales irrazonables o experimentar barreras físicas o lingüísticas, la valoración fue de 115/143.
En la medición correspondiente a si el sistema de justicia civil está libre de sobornos e influencias indebidas por intereses privados, la puntuación obtenida en el ranking fue de 140/143. Asimismo, el sistema de justicia civil no está libre de influencias gubernamentales o políticas indebidas, ni la misma se aplica de manera efectiva ya que ambas recibieron una valoración de 143/143.
Justicia penal
En las mediciones sobre si los autores de delitos son efectivamente detenidos y procesados; si la policía, los investigadores y los fiscales cuentan con los recursos adecuados, están libres de corrupción y desempeñan sus funciones con competencia, Venezuela obtuvo la valoración de 143/143 en casi todas las evaluaciones.
Los autores de delitos no son procesados y castigados de de manera efectiva y tampoco el sistema de justicia penitenciario es eficaz para reducir la conducta delictiva.
Los 10 países mejores valorados
El bloque de naciones nórdicas y del norte de Europa continúa liderando la clasificación general con los puntajes más altos del planeta: Dinamarca se sitúa nuevamente como el país con el mejor desempeño global. Le siguen Noruega, Finlandia, suecia y Luxemburgo. Otras naciones que destacan en los primeros diez lugares globales son Alemania y Nueva Zelanda.
Los países con mejor desempeño en América Latina y el Caribe son Uruguay, Costa Rica y Barbados. Potencias y países del continente como Estados Unidos, China, Rusia y México experimentaron caídas en sus puntuaciones.
Una década de deterioro continuo
Un análisis de la ONG Acceso a la Justicia correspondiente al informe 2025 del World Justice Project (WJP) confirmó que desde 2015, cuando Venezuela obtuvo una puntuación de 0,31 sobre 1, “la trayectoria ha sido descendente hasta llegar a 0,26 en 2022, cifra que se ha mantenido inalterada hasta 2025”.
Para la organización, la permanencia de Venezuela en el último lugar del mundo en el Índice de Estado de derecho de WJP durante casi una década demuestra que no se trata de una crisis circunstancial, sino de una degradación estructural del Estado de derecho.
Acceso a la Justicia afirmó el año pasado que la instrumentalización del sistema de justicia “ha generado un entorno donde la ley se utiliza como herramienta de poder y no como garantía de derechos, lo que obstaculiza la lucha contra la corrupción, debilita la protección de los derechos humanos y elimina los contrapesos fundamentales para el funcionamiento democrático”.
La ONG aseguró en 2025 que “es imposible revertir las tendencias de deterioro observadas por el WJP”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
