«Todo el mundo nos pregunta: ¿Por qué no empezamos por la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral? (…) A aquellos sectores que dicen “elecciones ya”, “elecciones lo más pronto posible”, quiero decirles que apenas el primero de agosto nosotros asumimos esta responsabilidad», dijo Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN 2015) y jefa de la delegación opositora en el proceso de negociación con el Gobierno interino, durante una sesión virtual con abogados del estado Mérida el pasado 10 de septiembre de 2026.
Figuera reiteró que las primeras acciones de la mesa de negociación con el Gobierno interino es el cambio de las leyes y del Poder Judicial antes de seguir con otros aspectos de la transición democrática.
La presidenta de la AN 2015 también señaló que en la segunda ronda de conversaciones con los representantes de la Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025), de mayoría chavista, estará previsto para el 15 de septiembre. En esa instancia se abordará la creación de una «mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, [de] la libertad de expresión».
Durante el encuentro, el dirigente opositor Sergio Vergara explicó que estas mesas estarán enfocadas en el cambio de las leyes, normativas e instituciones que la AN 2015 y la sociedad civil venezolana han detectado como herramientas de restricción y violación de los derechos fundamentales.
Entre las principales leyes que evaluarán estarán la Ley del Odio y la Ley de Fiscalización contra las ONG, dos estatutos que han perjudicado a más de 80 personas con detenciones arbitrarias y violación al debido proceso judicial, según ONG como Foro Penal.
Fin de una «primera fase»
El pasado 12 de agosto, la AN 2015 y la AN 2025 cerraron el primer ciclo del diálogo después de una semana de discusión.
Las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recuperar los activos de la reserva internacional del país depositada en Inglaterra y la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.
La AN 2025 modificó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a los nuevos magistrados, un paso que, a juicio de los opositores, permitirá que haya más independencia a la hora de hacer las designaciones.
Aunque la sociedad civil ha criticado la modificación de la Ley para incluir el papel de diputados chavistas en el proceso de selección de magistrados, llaman a las instituciones académicas y colegios de abogados a participar en el proceso para garantizar la transparencia del proceso.
La ONG Espacio Público anunció que en Venezuela se registraron al menos 3 casos y 6 violaciones a la libertad de expresión durante el pasado mes de agosto. Según su boletín mensual, en el año se han registrado al menos 107 violaciones al derecho a informar.
«Es el registro más bajo del año; sin embargo, la cifra no describe un mes de menos restricciones, sino un mes en el que buena parte de lo que limitó el derecho a informar no se expresó en hechos individuales denunciables, sino en decisiones institucionales, opacidad y acuerdos adoptados sin información pública», afirmó la ONG.
Las cinco víctimas identificadas por Espacio Público fueron periodistas o reporteros. Durante el mes se identificó un victimario: los cuerpos de seguridad del Gobierno Interino. Sin embargo, se registraron otros dos victimarios que los reporteros no pudieron identificar.
Hostigamiento y censura
El primer caso registrado ocurrió el 6 de agosto en La Carlota, Caracas. Una periodista del medio Efecto Cocuyo cubrió la instalación de la mesa de diálogo entre los integrantes de la Asamblea Nacional 2015 y el Gobierno interino. Funcionarios del gobierno, sin identificación, la acorralaron, la amenazaron y la obligaron a borrar todo el material audiovisual que tenía del evento.
El 13 de agosto, el periódico digital El Nacional denunció que Instagram suspendió su cuenta el 26 de julio por denuncias fraudulentas de infracción de derechos de autor, dejando sin ese canal a más de cuatro millones de usuarios.
«El caso repite el patrón que ya afectó a Armando.Info y El Pitazo: un mecanismo legítimo de protección de derechos convertido en herramienta de censura. Ocurre además sobre un escenario en el que más de 60 medios digitales siguen bloqueados por Conatel por vía administrativa, sin decisión judicial ni posibilidad de apelación», agregó la ONG.
Espacio Público reiteró que el Gobierno interino de Venezuela sigue en opacidad al no publicar datos sobre el impacto de los terremotos del pasado junio y sobre los planes de restablecimiento del sistema eléctrico, que se ha mencionado como un mecanismo de reparación hacia la democracia.
Según su informe publicado el 17 de agosto, de 10 miembros del personal de salud admite sentir temor a reportar ante la prensa durante la emergencia humanitaria por amedrentamiento de parte de las autoridades políticas ligadas al Gobierno interino.
«En lo que va de 2026 acumulamos 170 violaciones, con la intimidación (47,65 %) y la censura (25,29 %) en primer y segundo lugar de frecuencia. De las 122 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (57,38%), y entre los 104 victimarios los cuerpos de seguridad concentran casi la mitad (50,48,08 %), seguidos por instituciones del Estado (20,19,23 %)», reportó Espacio Público.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunció este 12 de septiembre la muerte bajo custodia del Estado de Júnior Rafael Velásquez Herrera, venezolano de 23 años recluido en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar. El joven fue asesinado con un arma de fuego y el principal acusado es otro miembro del centro penitenciario.
«Júnior tenía tres años detenido y sin una sentencia firme», agregó el OVP en sus redes sociales. «Este centro policial es uno de los que alberga la mayor cantidad de detenidos del estado Bolívar, los niveles de hacinamiento son críticos».
De acuerdo con los testimonios recopilados por la ONG tras el siniestro, las autoridades del centro de reclusión trasladarán a los privados de libertad, pero los familiares y abogados de los reclusos no tienen información de la logística del desplazamiento.
#OVPDenuncia 🚨La crisis penitenciaria que existe en Venezuela llega hasta los centros de detención y es que hemos registrado la muerte de Júnior Rafael Velasquez Herrera (23) en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicado en el estado #Bolívar.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 12, 2026
«Los familiares de los privados de libertad se sienten sumamente preocupados pues temen que los lleven a otros estados del país y la mayoría de quienes están allá no cuentan con los recursos económicos para costear los viajes a otras regiones. Esto traería como consecuencia más retardo procesal pues serían alejados de los tribunales que llevan sus causas», denunció el OVP.
29 reclusos muertos en 5 meses
Con el caso de Velásquez, la ONG ha documentado al menos 29 personas recluidas en cárceles venezolanas han muerto bajo custodia del Estado entre abril y septiembre de 2026. De ese grupo, más de 10 han fallecido por problemas de salud no atendidos.
«Debemos recordar que en el estado Bolívar, tras la intervención del Ministerio de Asuntos Penitenciario, fueron clausurados el Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado», agregó el observatorio. «Con el cierre de estos recintos penitenciarios acabaron con 1150 plazas para albergar a privados de libertad de la región».
El OVP llamó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de investigar la muerte de Velásquez, así como de los otros reclusos que han muerto tras las rejas en el país durante el año 2026.
Las promesas de desarticulación criminal tras las intervenciones de Estados Unidos en Venezuela resultaron ser un espejismo en el sur del país. Ni el desplazamiento de los grupos armados ni la recuperación del territorio se hicieron realidad. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y las operaciones que apuntaron a la cúpula del Tren de Aragua —como la presunta ejecución de alias Niño Guerrero—, las dinámicas delictivas que alimentan la minería ilegal siguen intactas. Solo cambiaron de manos.
Con un reportaje sólido del nuevo mapa criminal en el Arco Minero de Venezuela, que ejemplifica las dinámicas delictivas del negocio del oro en América del Sur y sus conexiones con el poder político, iniciamos la publicación de la nueva serie investigativa Dorada opacidad: poder y crimen en la tierra del oro, continuación del proyecto transfronterizo ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2025, coordinado por Convoca en alianza con periodistas y medios de cinco países de la región.
En esta primera entrega, Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca revelan cómo la incursión armada del 9 de junio en el estado Bolívar no erradicó las estructuras mafiosas: instauró un “cambio de gobierno” bajo el sello de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Nuestro equipo periodístico ingresó al corazón del Arco Minero del Orinoco, en el eje Las Claritas-Kilómetro 88, donde se ubica uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo. Ahí, la ley ya no la dicta el “Sistema” —la alianza criminal entre alias ‘Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’— sino el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO).
Bajo el pretexto de combatir el crimen, cientos de efectivos militares, secundados por hombres armados sin identificación y helicópteros a baja altura, tomaron la zona para asumir el monopolio de la extorsión. Desde cobrar cuotas de hasta 20 gramos de oro (unos 2000 dólares) a los dueños de molinos a cambio de registros informales, hasta despojar de fragmentos del metal a recolectores de basura en las calles.
La orden dada a los mineros tras la incursión fue explícita y directa: seguir operando sin descanso. Debían “producir como lo mandaba la comandante Delcy Rodríguez (presidenta encargada de Venezuela)”, dijo un capitán de la FANB a los trabajadores mineros entrevistados para esta investigación periodística. Mientras el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela tras la caída de Maduro busca reconfigurar el negocio energético y minero para asegurar beneficios, en el terreno las economías ilícitas se bancarizan a través de criptomonedas y continúan sometiendo a la población.
Para este reportaje, el equipo de ARI entrevistó a más de una veintena de fuentes, entre comerciantes, molineros, policías, habitantes de los diversos pueblos mineros, religiosos y funcionarios de gobiernos locales, un trabajo sólido de campo que permitió identificar la nueva gobernanza criminal del Arco Minero.
Esta nueva edición de Dorada Opacidad sobre los nexos entre el poder político, las redes criminales y el negocio del oro en Venezuela y Perú, cuenta con el apoyo del Pulitzer Center.
En su primera serie investigativa, Dorada opacidad demostró cómo el tráfico masivo de oro opera en cinco países de América del Sur (Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela), donde más de 3000 toneladas del mineral exportadas entre 2013 y 2023 tenían un origen desconocido y fueron maquilladas como legales.
Un equipo de cerca de 20 periodistas de Convoca.pe (Perú), Repórter Brasil, Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), Armando.info y Alianza Rebelde Investiga (Venezuela), integrado por Runrun.es, El Pitazo y Tal cual, expuso las redes de blanqueamiento que alimentan a los mercados internacionales: desde el uso de la planta de Minera Laytaruma en Perú para camuflar oro ilegal como pequeña minería, hasta redes de empresas fantasmas en Ecuador, pasando por la triangulación del metal venezolano hacia Líbano para evadir sanciones y el uso de registros falsificados en Colombia y Brasil.
Ahora ingresamos a los pasillos del poder político y la trama criminal en los territorios del oro.
La ONG venezolana Caleidoscopio Humano denunció este 12 de septiembre la presunta detención arbitraria del activista Óscar Morales López, de 56 años de edad. De acuerdo con la institución, el secuestro ocurrió en la parroquia La Candelaria de Caracas, entre la Avenida Este 2 y la Avenida Sur 9, a las 09:00 a.m.
«Testigos afirman que funcionarios sin identificar se lo llevaron en un Toyota Machito blanco sin placa», agregó la ONG.
La alerta surgió luego de que Morales participara en la «Ruta de las respuestas pendientes», una serie de manifestaciones organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) para exigir al Gobierno interino venezolano celeridad en la liberación de los detenidos arbitrariamente en el país.
Durante la manifestación, Morales sostenía un cartel con la foto de Diosdado Cabello, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la inscripción «El ser más odiado». En otras protestas se lo ha retratado con carteles donde pide que no exista más la dictadura venezolana.
🚨 ALERTA URGENTE | Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), denunciamos la detención arbitraria del ciudadano Oscar Morales López, de 56 años de edad.
El ciudadano fue interceptado, la mañana de este sábado, por sujetos sin identificación a bordo de un… pic.twitter.com/fdZ64vrM3c
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 12, 2026
La manifestación ocurrió el viernes 11 de septiembre en las adyacencias del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, y fue cercada por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para evitar que caminaran hasta el Palacio de Miraflores.
«Morales acompaña todas las protestas pacíficas y a familiares de los presos políticos», reclamó la ONG. «No hay voluntad política aumentando la lista de personas detenidas por motivos políticos».
URGENTE | Itani Morales exige saber dónde está su padre, Oscar Morales
Itani Morales, estudiante de Derecho y dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exige información inmediata sobre el paradero de su padre, Oscar Morales, quien habría sido detenido… pic.twitter.com/FoBBFawihF
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 12, 2026
Seis horas después de su detención arbitraria, la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos anunció que Morales se encuentra junto a su familia, fuera de los centros de reclusión y de torturas del gobierno chavista.
LIBERADO OSCAR MORALES🙏
Ya se encuentra en su casa, su esposa, el abogado Eduardo Torres y la representante de la Alianza Mayra Morales acudieron hasta Mariperez donde estaba detenido.
Después de esperar un tiempo los funcionarios recibieron la orden de que lo liberarán. pic.twitter.com/PuwF8zJpA0
— Alianza Por La Libertad De Los Presos Politicos (@AlianzaLPP) September 12, 2026
De acuerdo con la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, en Venezuela existen 452 presos políticos. Solo han existido 93 excarcelaciones desde que el Gobierno Interino de Delcy Rodríguez asumió el poder el 3 de enero de 2026.
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó a las autoridades del Gobierno Interino venezolano a nombrar a un representante permanente ante la organización internacional para agilizar el proceso de redemocratización de Venezuela.
«No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro», dijo Ramdin en una rueda de prensa el pasado 10 de septiembre, un día antes del 25º aniversario de la Carta Democrática Interamericana.
Ramdin reiteró la necesidad de la región de restructurar y fortalecer la democracia y las elecciones transparentes en Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
«Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar», dijo.
El Secretario de origen surinamés reconoció que el Gobierno Interino no ha tenido contacto con la OEA. La institución internacional ha llamado al interinato de Delcy Rodríguez desde inicios del año 2026. Sin embargo, recordó que Venezuela no se ha retirado legalmente de la OEA.
«Hay conversaciones entre bastidores», afirmó Ramdin cuando la agencia EFE preguntó por la participación de Venezuela ante la OEA.
La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación tanto de los sectores políticos como de la sociedad civil, las empresas y la comunidad internacional.
«La cooperación internacional enfrenta una presión sin precedentes, pero sigue siendo indispensable para garantizar la paz hemisférica», afirmó Radmin en sus redes sociales para conmemorar la sesión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrado el 10 de septiembre.
Para muchas personas existe el mito de que todos llevamos un niño en nuestro interior y que, de alguna manera, lo cultivamos y nos acompaña a lo largo de la vida. Sin embargo, frente a los últimos acontecimientos que hemos vivido como sociedad, me pregunto si esa idea mantiene el mismo significado.
Vivimos momentos en los que el interés particular parece imponerse con frecuencia sobre el bien común. No cuestiono la importancia de reconocer y vivir cada una de las etapas de nuestra vida, creo que crecer también significa trascender, adquirir conocimientos y construir una mejor versión de nosotros mismos.
A lo largo de mi vida algunas personas me han dicho que pienso de una manera profunda y que quizás soy más maduro de lo normal. Creo que la madurez no la determina únicamente el paso del tiempo. También la construyen las experiencias, el entorno y la manera en que aprendemos a comprender y transitar cada etapa.
Mi llegada a los 40 años ha significado para mí una transformación. He aprendido a darle paso al ser humano, al profesional y al soñador que soy. Ser soñador no significa ser un niño. Para mí, los sueños son el motor que nos impulsa a avanzar y a encontrar nuestro propio camino hacia la felicidad.
También creo que debemos asumir nuestros valores y responsabilidad frente a los demás. Y es allí donde surge una pregunta: si asociamos la niñez con la sensibilidad, la empatía, la solidaridad y la capacidad de asombro, ¿por qué muchas veces perdemos esas cualidades al convertirnos en adultos?
El mundo actual nos invita a reflexionar sobre cuánta humanidad hemos dejado de lado frente a la ambición, la indiferencia y la rapidez con la que vivimos. Entonces, con todas nuestras acciones, ¿dónde queda nuestro niño interior?
No pretendo sentar cátedra sobre este concepto ni juzgar a quienes creen en él. Solo quiero invitarlos a preguntarnos qué queremos hacer con nuestra vida, cuán trascendentes queremos ser y qué queremos dejar en nuestro recorrido.
Mi propio camino no ha sido sencillo. He tenido altos y bajos, pero también experiencias inolvidables que me han permitido crecer y entender que madurar no significa dejar de soñar, sino contar con nuevas herramientas para continuar avanzando.
Quizás no se trata de saber si llevamos o no un niño interior, sino de preguntarnos qué parte de nuestra humanidad estamos dispuestos a conservar mientras crecemos.
Porque, al final, lo humano nos identifica y lo distinto nos une.
La dinámica tranquila y apartada de la urbanización Country Club, en el municipio Chacao, se ha visto perturbada desde 2023 por las propuestas de la Quinta Mamá, ya que las actividades han generado malestar en los residentes de la zona. Los vecinos recuerdan que la urbanización está catalogada bajo las ordenanzas municipales como una zona residencial, por lo que expresan preocupación por el flujo de visitantes, el tránsito vehicular y los posibles ruidos en una calle que enfatizan que es silenciosa.
“El paseo opera desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero los eventos pueden operar en horario constante con música a todo volumen hasta las 4 de la mañana o desde las 9 o 10 de la mañana un fin de semana”, relató Miguel Ángel Capriles, vecino del sector.
Los encargados de Quinta Mamá aseguran que han ido adaptando la logística de sus actividades para no interferir con la tranquilidad de las residencias. “Estamos en una fase de prueba y ajuste. Queremos que se sepa que para nosotros es una prioridad respetar la urbanización, no abrimos de noche ni realizamos eventos masivos, e invitamos a los vecinos a conocer la casa y conversar de primera mano”, señaló Rodrigo López Pietri, quien se identificó como propietario de la quinta.
Representantes de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Country Club y de la Asociación de Vecinos de El Bosque, reiteraron que la zona tiene que tener un uso “cien por ciento residencial”. Desde estos gremios vecinales aseguran que no existe la permisología vigente para el funcionamiento de comercios, canchas ni la realización de eventos en la propiedad y afirman que las conversaciones con los administradores no han llegado a soluciones ni mejoras: “Nos hemos acercado a hablar con ellos infinitas veces y no prestan atención, no les importa”, expresó un representante de la Asociación.
“Se han hecho denuncias y se le han mandado cartas al alcalde para que tomen cartas en el asunto desde la Alcaldía de Chacao y la verdad es que, hasta ahora, no han hecho nada… Son denuncias de los vecinos por las irregularidades y no hay manera de que nos presten atención”, denunció la Asociación.
Además recalcaron como esta preocupación es compartida con vecinos adyacentes, que también han hecho llegar reclamos ante los organismos y siguen sin recibir una respuesta.
Conservar el patrimonio
La Quinta Mamá es una vivienda de alrededor de 5500 metros cuadrados y de alto valor arquitectónico que perteneció a la familia del expresidente Marcos Pérez Jiménez. Después de haber estado abandonada por aproximadamente 20 años, la quinta empezó su actividad desde 2023 en un proceso de restauración bajo la dirección de la familia López Pietri y de su nieto Rodrigo.
Sostienen que la iniciativa nace con la idea de “recuperar la memoria” del espacio y restaurar materiales artesanales y detalles originales en la casa de los años 50, pero todo esto en una zona que es conocida como “estrictamente residencial” que no admite comercios de ningún tipo.
“Nosotros nos enamoramos de la arquitectura de esta casa. Muchas propiedades han sido destruidas para hacer edificios, pero la idea de este proyecto es conservar este patrimonio y buscar iniciativas que permitan sostenerlo económicamente”, explicó López Pietri.
Aseguran que las dinámicas giran en torno a actividades de salud, bienestar, diseño y educación. Actualmente, el espacio cuenta con dos canchas de pádel enfocadas en clases particulares con instructores, habitaciones para actividades académicas, coworking, clases de yoga y pilates, así como una área para exhibiciones de arte.
Durante un recorrido que realizó Runrunes por las instalaciones de Quinta Mamá, pudo constatar que cuenta con una estructura de tres pisos encabezada por una cúpula retráctil, la cual estaba diseñada originalmente con un telescopio. En el interior de la quinta hay múltiples baños e instalaciones distribuidas por una escalera estilo caracol, todo preservando la estructura original de la vivienda.
También, se observó un área en construcción en la segunda planta destinada a aulas para grupos reducidos.
El espacio también tiene marcas como Casa Payasa, Archivo Público, Yenny Bastida y El Mercadillo del Buen Gusto, que operan bajo el formato de showroom y atención por cita previa. Incluye la cafetería de Quinta Mamá que se encuentra en la entrada, al igual que una fuente con peces, mesas y bancos para los visitantes y una piscina de los años 50 que actualmente se encuentra inhabilitada.
“No somos un centro comercial ni un sitio de fiestas nocturnas, no hacemos bodas ni conciertos. Buscamos que sea un espacio para creadores y que la gente disfrute la casa de la manera más respetuosa posible hacia la estructura y el entorno”, enfatizaron sus representantes.
Lo que dicen las ordenanzas
La Alcaldía de Chacao clasifica al Country Club como una zona de uso estrictamente residencial unifamiliar, con lo cual, las actividades comerciales de la Quinta Mamá infringen la Ordenanza de Zonificación del Municipio en esta materia.
De acuerdo con la Alcaldía de Chacao, el establecimiento de comercios, canchas deportivas lucrativas, locales nocturnos o actividades industriales o de servicios en estas áreas requiere de una Conformidad de Uso expedida por la Dirección de Ingeniería Municipal, que se refiere a un documento que garantiza que la actividad económica a realizar está permitida en el lugar que se está solicitando para evitar sanciones y asegurar el orden urbano.
A esto se suma el reclamo por el inmueble ante la posible infracción de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual exige y nombra una Licencia de Actividades Económicas para cualquier ejercicio de comercio en un territorio que sea “del dominio público o del dominio privado de otra entidad territorial”.
Del mismo modo, el desarrollo de fiestas con música a alto volumen hasta la madrugada o en horas muy tempranas de la mañana y el tráfico constante de maquinaria pesada puede violentar la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana de Chacao sobre la contaminación sonora, la alteración del orden público, la destrucción de vías, además de la obstaculización del libre tránsito vehicular por estacionar en aceras y portones vecinales.
“Al principio, cuando se hicieron las gestiones ante la alcaldía, ellos alegaron que era solamente de uso residencial, que eran unas canchas solamente para uso de la familia. Sabemos que es mentira por muchas razones… Tú pides una cancha y no te van a preguntar si eres familia de ellos ni nada. Efectivamente es una cancha que se utiliza comercialmente, la pagas para ir a jugar”, afirmó Miguel Ángel Capriles.
Por otro lado, los dueños y administradores de la residencia aseguran y certifican que cuentan con toda la permisología necesaria y requerida para poder laborar comercialmente en la zona, aún así durante una visita guiada no mostraron ninguna documentación que permita el uso comercial del inmueble. Enfatizaron que la intención del proyecto es “convivir con el entorno residencial” y evitar cualquier dinámica que vulnere la tranquilidad local.
“Entendemos la preocupación que pueda generar cualquier desarrollo nuevo; por eso, queremos que conozcan de primera mano la naturaleza de este espacio, el esfuerzo que implica recuperar una casa de esta magnitud y los mecanismos que estamos usando para no alterar la convivencia y poder mantener la casa”, sostuvieron.
Llenadero de agua clandestino
El problema comercial en la Quinta Mamá no es el único punto de perturbación que enfrentan los residentes de la Calle Mohedano en el Country Club. Según comentan residentes de la comunidad, las irregularidades que ocurren en esta vivienda se suman al funcionamiento de un llenadero ilegal de cisterna en una quinta vecina, presuntamente operado por un ciudadano identificado por los vecinos como Antonio Pardo, quien ha amenazado a los residentes de la zona con llamar a la LOPNA o “contactos del Estado”.
De acuerdo con las denuncias reunidas, el tránsito pesado de camiones cisterna y la ausencia de control en la garita de vigilancia (que fue vandalizada durante la pandemia) han transformado esta vía privada en un punto de distribución comercial de agua y en un inmueble de fiestas.
“Eso ha sido la gota que terminó de derramar el vaso. Tenemos el problema de un vecino que puso un llenadero de cisternas de agua en una casa vecina de Quinta Mamá. Vienen día y noche, hay un descontrol. He contado un promedio de 250 camiones a la semana que entran a esta calle privada. Es un llenadero ilegal dentro de una casa, donde ponen una manguera hacia la calle para llenar camiones a 5 dólares la carga”, relató un vecino.
El testigo señala que este flujo constante de maquinaria pesada ha deteriorado el asfalto de las calles, genera contaminación sonora a toda hora y representa un peligro latente para los vecinos y niños que transitan por el sector. Los habitantes de la zona no se han podido sentir seguros en sus propios hogares ,ya que algunos de los conductores de estos camiones se han denominado a sí mismos como “colectivos”.
“Es una calle ciega donde hay niños que juegan y gente que sale a pasear. Este tráfico de gandolas es sumamente peligroso, pasan a toda velocidad y los camiones no están diseñados para esta vía. Además del ruido de la maquinaria a cualquier hora, la Quinta Mamá se aprovecha de este desorden y del limbo en el que está la calle para hacer lo que les da la gana”, agregó el denunciante, quien también afirmó haber recibido amenazas al intentar confrontar la situación.
Con respecto al llenadero de agua en la misma calle, la Asociación de Vecinos del Country Club señalaron que las autoridades conocen esta situación desde hace años pero siguen sin ofrecer respuestas ni soluciones ante la situación.
“Le hemos mandado a la Guardia Nacional, le hemos mandado a la alcaldía. La alcaldía tiene que estar al tanto de esto desde hace muchos años y nada, no se termina esto”, expresó el representante de la asociación.
Acciones de los vecinos
Ante el incremento de las actividades comerciales y la falta de acuerdos entre ambas partes tras diversas conversaciones, los residentes decidieron formalizar sus reclamos ante las autoridades locales. Desde mediados de 2023 se gestionaron los primeros llamados de atención ante la Alcaldía de Chacao referentes a Quinta Mamá, cuando principalmente se encontraban disponibles las canchas deportivas, procedimiento que los vecinos han reactivado con la incorporación de nuevos espacios en la propiedad.
Los propios vecinos de la zona se suman a un seguimiento constante sobre la agenda que ocurre dentro de la quinta. Aseguran que tienen un registro de los eventos y promociones que se realizan en la casa sobre talleres, cursos de meditación (instruidos por familiares de los dueños) y eventos de cuidado de la piel, como el Move & Glow for teens, que se realizará el próximo 26 de septiembre. Además de confirmar los avances en las zonas que están habilitando para coworking y clases privadas.
Los residentes han enfatizado que están tomando acciones junto a la Asociación de Vecinos del Country Club para solicitar formalmente a las autoridades municipales la revisión de este proyecto y poder garantizar la preservación residencial de la zona.
En el caso del llenadero de agua en la quinta vecina, la comunidad ha acudido en reiteradas oportunidades a Polichacao para solicitar inspecciones por la alteración del orden público y el tránsito de maquinaria pesada. Ante la falta de soluciones definitivas, los vecinos han recaudado material audiovisual, pero las respuestas de los funcionarios siempre han sido negativas.
“Lo único que estamos pidiendo los vecinos es que se mantengan dentro de la ley y dejen de utilizar la casa para un uso comercial, cuando es claramente una zona residencial. Esa casa no tiene permiso para uso comercial como la están utilizando… Lo único que queremos es que cesen las actividades comerciales en la residencia”, señaló una vocera de la comunidad.
Por su parte, la administración de Quinta Mamá reiteró que sus puertas permanecen abiertas tanto para dialogar directamente con la comunidad como para recibir cualquier inspección oficial, asegurando que cuentan con todos los permisos y que su objetivo es lograr un espacio de bienestar, educación y respeto con el sector.
Runrun.es intentó conocer la postura de las autoridades del Municipio Chacao sobre el estatus de las denuncias y la validez de los permisos a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos y correos electrónicos. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta a las inquietudes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
