No se puede ser equidistantes con el aislamiento tortuoso de Rocío San Miguel, Dignora Hernandez, Freddy Superlano, Javier Tarazona, Perkins Rocha, Henry Alviarez, Roland Carreño y otros 1963 detenidos. No se puede ser equidistantes con 8 millones de venezolanos desplazados y otros millones que viven en situación miserable
La equidistancia como principio diplomático implica neutralidad frente a conflictos internos de un país. Mantener relaciones bilaterales, evitar intervenciones innecesarias, proteger intereses nacionales puede percibirse como complicidad pasiva frente a violaciones de DD. HH. o crisis democráticas.
María Corina Machado sostiene que la crisis venezolana no permite posiciones neutrales debido a la magnitud de las violaciones democráticas y humanitarias. Plantea que la equidistancia equivale a ignorar el sufrimiento de millones de venezolanos. ¿Es viable ser neutral en un contexto como el venezolano? ¿Neutral frente a la desaparición forzosa de cientos de líderes, niños, viejos, incapacitados, encarcelados que incluso han perdido la vida en la clandestinidad o bajo custodia del régimen? ¿Qué intereses protege Portugal? ¿Es realista ser ‘equidistante’ frente a la tortura, el despojo o el desplazamiento? ¿Qué pesa más, la soberanía de los Estados o la defensa de los DD. HH.?
Equidistancia vs. dictadura
El llamado del embajador de Portugal en Venezuela a mantener “equidistancia” con “posiciones radicales” genera indignación. El diplomático aboga por una posición neutral frente a las tensiones políticas del país. La líder opositora María Corina califica la equidistancia como impropia por injusta y ajena a la realidad venezolana. La equidistancia conduce a una falsa neutralidad. Busca evitar un alineamiento explícito entre partes que enfrentan algo más que un conflicto de poder.
En Venezuela la oposición encara un complejo proceso de liberación, por lo que más que una disputa política es un duro proceso de rescate democrático y republicano. Aquí no se trata de dos bandos igualmente radicales, sino de una lucha entre un régimen autoritario investigado por crímenes de lesa humanidad, y una oposición que busca restaurar el orden democrático, libertario, humanitario y civilista. Equiparar estas dos posiciones bajo el manto de la equidistancia minimiza la gravedad de la crisis y socava los principios del orden público internacional.
Machado respondió de manera contundente al embajador de Portugal. Subrayó que la equidistancia no solo perpetúa el sufrimiento de millones de venezolanos, sino que otorga una suerte de legitimidad implícita al régimen de Caracas. Para Machado, adoptar esta postura equivale a ignorar el colapso institucional, el estado de terror o la crisis humanitaria que afecta al país. Su respuesta resalta un punto ético crucial: en escenarios de opresión, la neutralidad puede interpretarse como complicidad pasiva.
La declaración del embajador pone en evidencia un dilema recurrente en la diplomacia internacional: ¿es posible mantenerse al margen cuando están en juego valores universales como la libertad, la vida y la dignidad? Al abogar por la equidistancia, el embajador se aleja de la línea de la Unión Europea, que ha denunciado y sancionado comportamientos criminales más el fraude electoral.
La responsabilidad de los actores internacionales: CPI, fiscal y Situación Venezuela I
Los gobiernos extranjeros y sus representantes tienen una responsabilidad ética y política. La defensa de la democracia, la libertad y los DD. HH. no admiten ambigüedades. La equidistancia, lejos de contribuir a una solución, perpetúa la narrativa del régimen, que busca dividir a la comunidad internacional y deslegitimar los esfuerzos de la oposición democrática.
No se puede ser equidistante con la injerencia cubana, rusa, iraní o china en Venezuela. Ellos no son ‘equidistantes’, cuando acusan implacablemente a EE. UU. y a Occidente de imperialistas. Ni puede haber equidistancia con el desespero de jóvenes maltratados y aterrorizados. No se puede ser equidistantes con el aislamiento tortuoso de Rocío San Miguel, Dignora Hernandez, Freddy Superlano, Javier Tarazona, Perkins Rocha, Henry Alviarez, Roland Carreño y otros 1963 detenidos.
No se puede ser equidistantes con 8 millones de venezolanos desplazados y otros millones que viven en situación miserable; pensionados que mueren de mengua, maestros con salarios de hambre y niños que desertan su escuela porque tienen que ir a trabajar. Ni se puede ser equidistante con la amenaza continua, la persecución y la expatriación caprichosa. No existe equidistancia entre la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Caracas sobre Asilo vs. el acoso a seis venezolanos en la Embajada de Argentina en Caracas.
El reciente informe de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la “Situación Venezuela I”, señala posibles crímenes de lesa humanidad bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro. En este contexto, el llamado a la equidistancia relativiza el papel de la justicia penal internacional frente a la inequidad, la crisis institucional y la impunidad.
El informe de la CPI documenta un patrón sistemático de violaciones de DD. HH. en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas prácticas –según el informe– responden a políticas deliberadas diseñadas para silenciar a la oposición política y perpetuar el poder del régimen.
¿Qué le impide al fiscal Karim Khan avanzar en la investigación? ¿La complementariedad positiva? Abrir una oficina técnica en Venezuela, promulgar una ley de crímenes de lesa humanidad, agresión, genocidio y guerra no son condicionamientos de la justicia, no es cooperación que merezca más espera. La justicia es ciega pero no equidistante.
Si el fiscal de la CPI Karim Khan presume que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y así lo ha alegado en apelaciones que debatieron la continuidad de la investigación, dejando en evidencia que en Venezuela no existe una justicia imparcial ni investigación genuina. ¿Qué cooperación espera del Estado venezolano? La CPI ha autorizado una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad, investigación que ya cumple 3 años.
La equidistancia presupone que régimen y oposición son igualmente responsables de la crisis. Una peligrosa equiparación que ignora el carácter sistemático de las violaciones documentadas por la CPI. Las víctimas requieren acciones concretas de la comunidad internacional. No más ambigüedades diplomáticas, no más formalismos procesales.
El informe de la CPI no deja espacio para la equidistancia. Los principios de justicia internacional exigen una posición clara frente a los crímenes de lesa humanidad, tanto para proteger a las víctimas como para prevenir la impunidad. La diplomacia debe actuar como un mecanismo de presión para garantizar que se asuman las responsabilidades con celeridad, determinación de los hechos y avance hacia una solución democrática de la crisis donde la justicia es redención y es paz. Insistir en la equidistancia en un contexto de atrocidades documentadas desvirtúa el rol diplomático y socava el mensaje de solidaridad con las víctimas venezolanas.
La complementariedad positiva no puede ser equidistante ni infinita
La estrategia de “complementariedad positiva” promovida por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el caso “Situación Venezuela I”, está fuera de orden, por estar fuera de lapso. La espera genera hartazgo, frustración y críticas de las víctimas por la lentitud en el proceso de investigación.
La complementariedad positiva se basa en la premisa de que los Estados tienen la responsabilidad primaria de investigar y enjuiciar crímenes graves. Pero el fiscal Khan sabe que un régimen que intensifica la estadística de presos políticos, los tratos crueles y degradantes, es un Estado fallido que no cooperará. Los tiempos se acabaron.
Durante la 23.ª Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, Panamá expresó preocupación por la lentitud de la CPI en investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, la Oficina de las Víctimas de la CPI ha criticado la falta de progreso del fiscal Khan en este caso. La aplicación de la complementariedad positiva en Venezuela enfrenta varios desafíos:
- Falta de voluntad política o resistencia [del régimen] a cooperar plenamente con la CPI e implementar reformas judiciales significativas;
- debilidad institucional o falta de independencia para llevar a cabo investigaciones y juicios efectivos;
- percepción de impunidad o falta de resultados tangibles que es desconfianza en los procesos nacionales e internacionales. Es esencial que la CPI adopte medidas más proactivas para garantizar justicia para las víctimas.
La crisis política y humanitaria en Venezuela ha suscitado diversas respuestas de la comunidad internacional. El principio de complementariedad no puede convertirse en equidistancia jurídica, ni procesal, ni diplomática, que es impunidad. La “complementariedad positiva” es una estrategia que busca fortalecer las capacidades nacionales para que los propios Estados lleven a cabo estos procesos, con la CPI brindando apoyo y supervisión. En el caso de Venezuela, el fiscal de la CPI ha instado al gobierno a implementar medidas en defensa de los DD. HH., incluyendo la liberación de presos políticos entre ellos, niños. Y el régimen responde: “En Venezuela no hay niños presos. A Ud. Sr. Khan le dieron una información errada”.
No más diálogo, no más acuerdos rotos, no más dilación. El pueblo habló
La equidistancia diplomática que es diálogo y mediación pareciera se agotó al día siguiente del despojo electoral del 28J. Le toca a la administración Trump no ser equidistante. Trump viene por la ruta de la triangulación diplomática que no es neutralidad, sino una aproximación firme, decidida y resoluta, donde participarán aliados y no aliados. No todo estará sobre la mesa. Pondrán condiciones y harán “concesiones”. Pero habrá fecha de salida, rol de las FF. AA., garantías de impunidad, amnistía, asilo y salvoconductos. ¡Comes y te vas!
Sin ser EE. UU. parte del Estatuto de Roma, también “presionará” a esta instancia. La Oficina de las Víctimas de la CPI sería una aliada fundamental en ese proceso. La nueva administración Trump tomará cuenta del letargo para algunos e inmediatez para otros [Putin, Netanyahu], todo lo cual puede resultar en elementos catalizadores para apurar a la justicia penal internacional.
La equidistancia diplomática –contraria de la eficacia y concreción–encontrará rechazo y reacciones. Venezuela es una agenda crucial para la comunidad internacional. Ha ido muy lejos en sus amenazas a la subregional y el mundo: el impacto social, político y criminal de la estampida migratoria, el fraude electoral y sus alianzas con grupos radicales enemigos de Occidente, del orden, de la paz. Es tiempo de estrategias contundentes que permitan garantizar la paz y la estabilidad del hemisferio, el fortalecimiento de la justicia penal internacional, la soberanía popular que es la voluntad del pueblo y la democracia como modelo fundamental de poder.
En enero esperamos que Edmundo González asuma. Pero el 20 de enero quien sí lo hará será Trump. Un parteaguas; un antes y un después… Mientras tanto el mundo gira. Bashar Al-Assad huyó de Siria. 50 años de brutal dictadura quedaron atrás. Nada es eterno, menos la maldad. Tiempos de cambio. Tiempos de restauración, redención y retorno a casa. Todo tiene su final, como lo es el fin de los acuerdos rotos, de diálogos con presos políticos, de operaciones tun tun. El pueblo habló. No más impunidad, no más dilación, no más neutralidad. Es el fin de la equidistancia…
vierablanco@gmail.com | Presidente de VenAmérica / USA
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