Una supuesta orden y otra contraorden, una breve detención de María Corina Machado y el video del arresto del conductor de la moto donde se movilizó la líder opositora el pasado 9 de enero. Episodios que se desencajan en el complicado rompecabezas político y social llamado Venezuela.
Las piezas que no encajan en la detención de MCM fue el tema este martes 14 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.
Esta edición de La Conversa tuvo como invitado al exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray y fue moderada por Ronna Risquez, directora de ARI y Monitor de Víctimas; César Batiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, director de TalCual.
Mundaray sostuvo que en el confuso episodio de la detención de Machado después de liderar una concentración en Caracas, se percibe que hubo una orden y otra que la anuló tiempo después.
“Por eso vemos una actuación errática, marchan decididamente a detener a MCM y luego dicen que la están escoltando”, dijo.
Un equipo periodístico de La Hora de Venezuela hizo el mismo recorrido de Machado el pasado 9 de enero y constató que apenas cinco minutos transcurrieron entre el momento en el que fue detenida y el en que sus captores la liberaron.
Mundaray sentenció que a Machado la detuvieron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y eso establece un indicio.
“Esto es importante porque la PNB le reporta al ministro de Interior y Justicia, mientras que el Sebin y la Dgcim a la presidencia. Acá podemos escindir quién actúa y quién ordena”.
Pese a toda la opacidad alrededor de la detención de Machado, el abogado indicó que lo único certero es que hubo un conflicto entre detener y liberar.
“El que detiene le está diciendo al que libera: resuelveme esto. Y de modo medianamente coherente”.
Mundaray aseveró que el objetivo del gobierno es tratar de minar la credibilidad de MCM.
“El que dio la orden primigenia de detenerla necesita enmendar todo, darle visos de legalidad y decir que lo que todos vimos que ocurrió, no ocurrió”.
El criminalista aseguró que quien efectúa la detención de Machado es un comisario de la PNB llamado Gustavo García, cuyos jefes son Carlos Calderón y José Miguel Domínguez “Miguelito”, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2019. Este último, además, “señalado en informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por presuntos delitos de lesa humanidad”.
Mundaray dijo que entre la primera gráfica donde se ve a MCM abandonando la concentración, la otra en la que increpa a un miembro de la PNB a bordo de una moto, cuyo chofer es un hombre con una chemise roja, y una tercera en el distribuidor Altamira en la que fue interceptada, hay diferencias evidentes.
“Las motocicletas son distintas, una es un modelo más viejo que la otra y el conductor de esta, que informaron inicialmente era Roalmi Alberto Cabeza, no se parece. No es complejo conocer la identidad de la persona de camisa roja que conduce la moto, se puede hacer con una investigación antropométrica a partir de la foto, se evalúa la contextura y estatura, hay una cantidad de elementos que permiten saber si se trata de la misma persona”, especificó.
¿Fue herido o no?
A raíz de la difusión del video de la detención en un hotel capitalino de Roalmi Alberto Cabeza por parte del propio gobierno, Mundaray indicó que no es posible determinar si efectivamente hubo una herida de bala en el marco de la detención de MCM.
“¿Con este video es suficiente para decir que el hombre fue herido o no? No. Porque si tienes una herida de proyectil de arma de fuego que sea entrada y salida en tejido blando, no se ve en un video. Si la bala hubiese tocado un tejido duro, un ligamento o un hueso, él no estuviese parado allí. En tantos años investigando homicidios he visto entrada y salida en tejido blando en donde la herida es mínima”, contó.
Amaya acotó que “la sociedad siempre necesita pruebas de lo que se dice, es fundamental desde el punto de vista de los medios”.
El abogado indicó que el procedimiento donde aprehenden a Cabeza es nulo desde el ingreso.
“Y menos mal que lo grabaron para que quedara estipulado. El Estado mismo pone a disposición el video, el Ministerio de Interior y Justicia ha generado un documento que demuestra todas las falencias de los procedimientos que violentan derechos humanos fundamentales”.
A juicio de Mundaray, el video demuestra que predomina el relato por encima del procedimiento y la revisión.
El exfiscal expresó que desde el 9E hasta el momento de su detención, Cabeza estuvo en desaparición forzada
“La desaparición forzada se ha convertido en una política del gobierno. Es necesario aclarar que la desaparición forzada no es secuestro, el secuestro lo comete cualquiera, la desaparición forzada es hecha por un funcionario del Estado o una persona que actúe con aquiescencia del gobierno, un colectivo, por ejemplo”, aclaró.
Mundaray indicó que Venezuela es firmante del convenio internacional de la ONU contra las desapariciones forzadas.
El abogado aseguró que a la hora de un procedimiento, el detenido tiene derecho a asistencia jurídica en base a lo que reza el artículo 44 de la Constitución: “Ninguna persona detenida puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención”.
El criminalista expresó que el interrogatorio al que es sometido Cabeza es irregular.
“La única forma de que una persona detenida declare es frente a un juez de control, con asistencia jurídica”. Acotó también que el primer deber de un funcionario es identificarse.
“Hay una ausencia de orden de allanamiento y el policía le dice que a él nadie lo está buscando. A ese señor le pudieron haber sembrado lo que sea. Para detener a alguien hace falta una orden judicial o que el sujeto se encuentre en flagrancia”.
Batiz expresó que es curioso que a Cabeza lo señalan de haber cometido el delito de asociación para delinquir. “Si estuviese asociado es con María Corina y a ella la dejaron en libertad”.
Mundaray indicó que la habitación de hotel donde se encontraba Cabeza es considerada un recinto privado y estaba bajo la protección del artículo 47 de la Constitución que reza: “El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante una orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”.
El abogado recordó que en toda revisión tiene que haber testigos de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal.
“Y la persona puede solicitar un tercero que no tenga que ver con la policía”, añade.
Mundaray concluyó que el video difundido por el propio gobierno es una muestra de todas las falencias del sistema de justicia venezolano.
“No cuidaron detalle alguno, este relato está ganado para quienes creen en la versión del régimen. Los shorts que le colocaron con la bandera de Estados Unidos es para crear una cuestión de impacto”, concluyó el experto.
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