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PERFIL | El ascenso y caída de Wilexis, uno de los pranes más buscados de Venezuela

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la muerte de  Wilexis Alexander Acevedo Monasterios -de 39 años-, conocido como ”Wilexis”, durante un enfrentamiento con efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la parroquia Filas de Mariches, municipio Sucre del estado Miranda, en horas de la mañana de este miércoles 22 de enero.

Cabello mencionó que Acevedo tenía vínculos ”con la extrema derecha” y agregó: “Recordemos cómo y dónde comenzaron las guarimbas de 2017”. 

Wilexis era líder de la megabanda homónima, que tenia entre 150 y 200 hombres en sus filas para 2023. Era buscado cargos de extorsión, secuestro, robo y microtráfico de drogas. El gobierno ofrecía US $150 000 por información sobre su paradero. 

Su banda gobernaba el barrio José Félix Ribas desde 2017, el más grande de la parroquia Petare, que a su vez es considerado uno de los barrios más extensos de Latinoamérica y se ubica al este del área metropolitana de Caracas, indicó el centro de investigación Insight Crime. 

Pero, ¿qué hizo que Wilexis se posicionara como uno de los pranes más buscados y peligrosos del país? 

Ascenso al pranato

Su carrera criminal inició cerca de 2003, y comenzó desde los eslabones más bajos. Hizo crecer su influencia hasta que ”formó una pequeña banda dedicada a cometer secuestros, robos y sicariatos”, relató Insight Crime. 

Operativos policiales desplegados en Petare entre 2015 y 2016 para desmantelar grupos más grandes afectaron a su banda, pero lograron sobrevivir y ganaron fuerza hasta que se perfilaron como la más fuerte en José Félix Ribas para 2017.

Insight Crime destacó que de, acuerdo con testimonios de la zona, el surgimiento de Wilexis fue permitido por el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel. 

”Robin Hood”

La organización indicó que Wilexis se volvió mandatario en la comunidad, evitando los robos y crímenes menores, ”y castigando a quienes los cometan’’. Impuso políticas locales, organizó eventos y ‘‘se convirtió en una suerte de Robin Hood por dar regalos a los niños y entregar cajas de alimentos subsidiadas por el gobierno a las familias necesitadas”. 

Pero su banda también era conocida por sus esquemas de secuestro y extorsión, además de controlar el microtráfico en sus áreas controladas. 

Para 2023, podían cobrar hasta 200 dólares estadounidenses en ”vacunas’‘ – extorsiones- a comerciantes formales e informales de la zona. Por secuestros de personas captadas en Caracas o sus alrededores, podían exigir hasta 200 000 dólares. 

En enero de 2019, entró en la lista de enemigos públicos del Estado cuando enfrentó a cuerpos policiales que reprimieron a habitantes que manifestaban en José Félix Ribas, en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino.

Escape tras escape

A inicios de mayo de 2020, la plataforma de periodismo de datos e investigación, Monitor de víctimas, informó que hubo un enfrentamiento entre bandas, donde Wilexis defendió el control de su territorio de la banda de Christian Rene Tovar, conocido como ”El Gusano”, mientras vecinos de la zona se escondían para evitar recibir una bala perdida. 

Tras seis días de zozobra, el 8 de mayo, el gobierno venezolano desplegó a cuerpos de seguridad en el área ”para acabar con las bandas armadas”, declaró el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

”Nicolás Maduro aseguró que los enfrentamientos fueron organizados por la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, junto con Wilexis, para distraer la atención y facilitar la entrada de mercenarios al país durante la Operación Gedeón, el 3 de mayo, para derrocar al mandatario”, destacó Monitor en su investigación.

El Estado no confirmó cuántas personas detuvieron ni cuántos fallecidos hubo tras el despliegue. El exfiscal de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Zair Mundarín, publicó en su Twitter – ahora X- que 13 personas fueron asesinadas. Más adelante, el 13 de mayo, el Cicpc informó la muerte del lugarteniente de Wilexis, Leonardo José Pimentel, conocido como ”Loco Leo”, y de ”El Gusano”.

En aquella ocasión Wilexis huyó del barrio y regresó aproximadamente dos meses después, aseguraron habitantes del área al medio Crónica Uno. 

Siete meses después, en noviembre, sucedió otro enfrentamiento cuando miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron al barrio. Durante el intercambio de disparos, Wilexis salió herido pero logró huir.

Autoridades confirmaron que cuatro integrantes de la megabanda fueron asesinados en la zona 8 de José Félix Ribas. Entre los fallecidos, estaba el segundo al mando del grupo, un joven de 18 años apodado ”el Chino”. 

Sin embargo, familiares informaron que dos de estas personas eran civiles que estuvieron presentes en el fuerzo cruzado.

La cacería a la megabanda

Para el 16 de octubre de 2021, una pugna entre las bandas de Wilexis, Kandy y Los Chicorrios en José Félix Ribas y La Bombilla, en Petare, dejó un saldo de seis muertos en dos días, informó en su momento el periodista de sucesos, Roman Camacho. 

A inicios de 2022, en febrero, fue reportado por medios el fallecimiento de un primo de Wilexis, alias ”Chiripa”, a manos de comisiones de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) en la zona 9 de Petare, durante un operativo policial que buscaba dar con los integrantes de la megabanda. 

De acuerdo Monitor, al menos 11 personas, 10 hombres y una mujer, resultaron muertas en medio del operativo, entre el 31 de enero y el 2 de febrero. 

Durante el 2023, hubo varias pugnas a lo largo del año. El 28 de febrero, en un despliegue de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en busca de los integrantes de las bandas de Wilexis y de Los Chicorrios – grupo delictivo que opera en algunos sectores de José Félix Ribas y otros barrios de Petare-, dos presuntos miembros fueron ultimados. Ambos fueron identificados por las autoridades solo como ”Yonaiker el Chacal” y ”el Vecino”. 

Tras una balacera el 28 de julio con comisiones policiales mixtas en el barrio José Félix Ribas, tres presuntos delincuentes de Wilexis identificados como ”el Chuo”, ”el Chiqui”y”el Pincharo”, resultaron muertos. El último, según el parte policial, era el segundo a cargo de la megabanda. 

Para 2024, diversos enfrentamientos con cuerpos de seguridad durante noviembre trajeron el fallecimientos de presuntos integrantes, como ”Piraña”; Abraham Josué Marín, alias ”Tasmania”, de 18 años; Renzo Lisandro Arocha, alias ”Cara de niña”; y Elinson José Pérez Araguayan, alias ”El Tripa”. 

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Noel Álvarez cumple 12 días detenido: abogado y familiares desconocen su paradero

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El 10 de enero de 2025, día en el que Nicolás Maduro tomó posesión para un nuevo período presidencial, fue detenido el dirigente político y gremialista Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras entre 2009 – 2011.

“Noel fue parte de estas detenciones selectivas que hemos comenzado a ver desde un tiempo para acá”, advirtió Carlos Moreno, abogado de Álvarez, este 22 de enero, a 12 días de su detención.

En una entrevista concedida a VPI, Moreno recordó que Noel Álvarez estuvo al frente del comando de campaña ConVzla en el estado Miranda, “donde según el resultado fue la segunda votación más alta del país”.

“Es una persona que cuenta con el apoyo de mucha gente y no ha cometido delito alguno”, añadió el abogado del ahora preso político.

Cuando Álvarez fue detenido estaba de visita en la casa de un amigo en el municipio Baruta del estado Miranda. A juicio del abogado, eso “da a entender que estaba siendo seguido y que llegaron al sitio donde se encontraba”.

También, el abogado indicó que los presentes al momento de la detención dan testimonio de que no se informó el motivo del arresto.

“Simplemente, dijeron ‘tiene que acompañarnos’, y esto llama poderosamente la atención porque forma parte de un patrón de detenciones selectivas porque en el transcurso de esas horas y de días posteriores han sido muchas personas por estar vinculados a la actividad de campaña y a todo el proceso electoral del 28 de julio”, añadió el abogado.

De acuerdo con Carlos Montero, una comisión de al menos 10 funcionarios del Sebin llegaron al lugar sin portanombres ni identificación. A pesar de haber recibido un “trato cordial al momento de la detención”, 12 días después, ni sus familiares ni el abogado saben algo de Álvarez.

Por su parte, el exdiputado Juan Pablo García denunció que Noel Álvarez “fue secuestrado por el régimen criminal, solo por ser opositor a las políticas del régimen criminal”.

“Desde que se produjo su secuestro se desconoce dónde y en qué condiciones se encuentra, eso se le denomina desaparición forzada y es un delito de lesa humanidad, actuando de manera reiterada y sistemática el clan criminal de Maduro engrosa su expediente, la justicia tendrá que llegar sobre todos estos delincuentes que han azotado la paz de nuestra país. Exigimos su libertad inmediata y la de todos los presos políticos”, agregó García.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Así divulgó el gobierno la muerte de “Wilexis”

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La mañana de este 22 de enero comenzó con una cadena de radio y televisión donde Nicolás Maduro dirigía unos ejercicios militares denominados “Escudo Bolivariano”.

En el marco de la transmisión, Maduro  anticipaba que su gobierno había dado un golpe a la delincuencia, sin especificar detalles.

“El ministro de Interior Diosdado Cabello me ha dado una noticia muy importante, precisamente en el arranque de estos ejercicios, se ha dado un golpe muy importante contra estos grupos financiados con droga desde Colombia por Álvaro Uribe…cayó uno de sus cuadros delincuenciales principales que han protegido por años y lo convirtieron en uno de sus héroes”, sostuvo Maduro.

Minutos después, comenzó a correr por redes sociales -de manera extraoficial- la muerte de Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios, conocido como “Wilexis”, en un supuesto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Petare.

“A las 7:30 de la mañana en un sector de la carretera Petare-Santa Lucía, en Filas de Mariche, cayó abatido (sic) el delincuente Wilexis, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare”, declaró Cabello rodeado de militares.

Morgue sitiada

El Pitazo informó que la morgue de Bello Monte fue tomada por al menos 40 miembros del grupo antimotín de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), resguardando el cadáver de Wilexis que fue recibido por integrantes del Cicpc.

Según el reporte, familiares y afectos de otros fallecidos -incluyendo por causas naturales- no pudieron tener acceso a la sede del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf). Tampoco representantes de medios de comunicación.

El supuesto armamento incautado

En sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó que a Acevedo Monasterios, le incautaron “armamento con sello de la República de Colombia”, así como una granada con sello de fabricación la nación neogranadina. 

Precisó que el antisocial también tenía  una cédula de identidad falsa, con el nombre de Eddy Alexander Torres Hernández, “la cual utilizaba con la intención de evadir a los organismos de seguridad del Estado”.

 

 Terror en el barrio

De acuerdo con una investigación de InSight Crime (IC), Wilexis poseía una especie de gobernanza criminal en el barrio José Félix Ribas desde hacía siete años-. Sus inicios en la delincuencia fueron en 2003 con la conformación de una banda que se dedicaba a secuestros, robos y sicariatos. Posteriormente,. controló el tráfico de droga y las extorsiones en la zona.

Wilexis chantajeaba a los comerciantes formales e informales con el pago de una “vacuna” para que pudieran seguir operando. Según IC, en enero de 2023 los montos podían rondar los 200 dólares semanales o mensuales.

Con un ejército de entre 150 y 200 hombres, Wilexis se dedicó a expandir su dominio en barrios cercanos al José Félix Ribas como 19 de abril, 5 de julio, 12 de octubre, Maca, Unión, La Bombilla, Simón Bolívar y 24 de marzo. Igualmente miembros de su banda actuaban en zonas de Los Teques y Guatire.

Enemigo del oficialismo

Para IC, Wilexis cayó en desgracia con el gobierno chavista cuando en enero de 2019, en el marco de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino, la comunidad de Petare fue reprimida por cuerpos de seguridad y su banda hizo frente a los policías.

También vio tambalear su imperio, cuando entre abril y mayo de 2020, la banda de Christian Rene Tovar Uribe, alias “El Gusano” comenzó a disputarle territorio en Petare.

Maduro acusó a Wilexis de estar colaborando con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y fingir el enfrentamiento entre bandas para que se llevase a cabo la llamada Operación Gedeón en su contra.

Después de matar al “Gusano”, fuerzas de seguridad del gobierno enfrentaron a Wilexis en julio, pero este logró escapar luego de resultar herido. 

Aunque Cabello aseguró que era responsable de incontables delitos, fuentes del Cicpc revelaron a El Pitazo este miércoles 22 de enero que estaba solicitado por al menos 15 delitos de secuestro, homicidio y narcotráfico.  

Por “Wilexis” el gobierno había emitido una solicitud de recompensa de $150 000. 

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

 

La Conversa | Presidenta de Wola: Los anuncios de Trump no dan certeza acerca de su posición sobre Venezuela 

Más de 40 órdenes ejecutivas firmó Donald Trump en sus primeras horas como presidente de los Estados Unidos.

De acuerdo a Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), al menos un par atentan contra los derechos humanos de millones de personas migrantes dentro y fuera de suelo norteamericano.

¿Qué consecuencias tienen para los venezolanos los primeros anuncios de Trump? fue el tema de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), que este martes 21 de enero tuvo a Jiménez como invitada.

El programa semanal fue moderado por la directora de ARI, Ronna Rísquez y contó con la participación de Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de TalCual y César Batiz, director de El Pitazo.

 

Jiménez sostuvo que, como era de esperarse, Trump implementó acciones en materia de migración como la había prometido, impactando en la dinámica de miles de venezolanos y de ciudadanos de otras nacionalidades.

El programa CBP One, que permitía a personas sin documentos ingresar legalmente a Estados Unidos por la frontera con México, expiró apenas el republicano tomó juramento. 

“Hubo más de 200 000 venezolanos que lograron concertar su cita con CBP One y 30 mil citas que había para las próximas tres semanas fueron suspendidas”, dijo Jiménez.

Amaya apuntó que hubo gente que tenía cita para la 1 de la tarde del pasado lunes y fue devuelta a territorio mexicano.

La presidenta de WOLA informó que el Parole Humanitario también fue eliminado.

“Más de 117 000 venezolanos se beneficiaron con este programa, que permitía una estadía de dos años con el aval de un sponsor o patrocinante en Estados Unidos. Eso era importante porque evitaba que la gente pasara por el Darién y México”, precisó. 

Jiménez manifestó que la declaración de una emergencia nacional migratoria supone el regreso a la promesa de culminar el muro entre México y Estados Unidos, movilización de tropas a la frontera y un eventual proceso de deportaciones masivas.

Para Jiménez, la medida de poner fin al derecho de nacer en suelo estadounidense independientemente del estatus y nacionalidad de los padres es inconstitucional.

“Ya hay 22 estados en contra de esa orden ejecutiva, no se puede echar por tierra un precepto constitucional, la ley es muy clara”, remarcó. 

A juicio de Blanco, la Corte Suprema podría poner freno a las órdenes y enmiendas que pretende llevar a cabo el mandatario republicano.

“Hay que darle un voto de confianza a los miembros de la Corte, es un espacio donde prevalecen los conservadores, pero esperemos que puedan mantener los criterios jurídicos correspondientes”, añadió Jiménez. 

La presidenta de WOLA aseveró que al menos desde 2015, Trump ha empleado el tópico de la migración en Estados Unidos para transmitir una narrativa de miedo.

“En algún momento de la campaña, la migración fue el tópico número uno desplazando a la economía. Hay 11,3 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos y no las pueden expulsar a todas. 14% de los más de 300 millones de habitantes  en EE.UU son inmigrantes. Se van a ir acabando todas las avenidas legales para poder entrar al país, vamos a ver una ruptura del tejido social”, alertó Jiménez.  

Rísquez recordó que varios analistas pronosticaron un incremento del flujo migratorio en Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador de los comicios presidenciales a Nicolás Maduro en julio de 2024 y de que este se juramentara el pasado 10 de enero.

“Los asesores de Trump saben que después de eso hay una mayor intención de migrar”, agregó. 

Jiménez expuso que el sistema migratorio en Estados Unidos está roto. “No da respuesta a millones de migrantes. Son muy pocas las cortes de asilo. Si ya había un retraso con la revisión de las solicitudes se puede poner peor. Quienes entraron con Parole pueden permanecer si aplican por otra medida, el problema con el Parole y el TPS es que son temporales”.

La presidenta de WOLA consideró complicada la opción de reanudar los vuelos de repatriación de Estados Unidos a Venezuela si permanecen rotas las relaciones entre ambas naciones. Amaya recordó que el último se produjo en febrero de 2024.

“Trump tiene que demostrar que está devolviendo delincuentes a Venezuela y específicamente del Tren de Aragua, tal y como lo prometió en su campaña”, dijo Jiménez.

Chevron es un dilema para Trump

Según Batiz, en marzo de este año se conocerá cuál es el destino de la licencia de Chevron para operar en Venezuela.

La presidenta de WOLA informó que Venezuela fue el tercer país exportador de petróleo hacia Estados Unidos durante 2024. 

“Chevron pertenece a un grupo que tiene un fuerte lobby con el partido republicano y siempre verán con buenos ojos la explotación petrolera. De hecho una de las intenciones de Trump es eliminar regulaciones de protección ambiental para que pueda explorarse en zonas protegidas dentro de Estados Unidos”, indicó Jiménez.

A juicio de Jiménez, es posible que se establezca una diatriba interna entre hacer negocios con Maduro y emplear el petróleo venezolano.

“El nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, es propenso a endurecer sanciones y retirar licencias. Trump se ha quejado de la calidad del petróleo de Venezuela, y por otro lado está Richard Grenell, enviado especial para misiones presidenciales, quien dijo que había hablado con varios funcionarios venezolanos”. 

Jiménez criticó la opacidad que rodea a la licencia de Chevron. “Nadie sabe cuánto personal trabaja en Venezuela y en qué condiciones lo hacen, es poco lo que se sabe”.

La presidenta de WOLA manifestó que en el anterior gobierno de Trump quedó claro que este se maneja bien en la incertidumbre y el caos.

“Por eso, nadie puede saber cuál va a ser su política hacia Venezuela”, concluyó.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

 

“Son una bomba de tiempo”: OVP pide cerrar calabozos de Zona 7

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo este 22  de enero un llamado a cerrar los calabozos del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta de la Policía Nacional Bolivariana, mejor conocido como Zona 7, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda y en donde fueron recluidos al menos 21 adolescentes detenidos en el contexto poselectoral en Caracas. 

En su más reciente informe, titulado “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7”,  la ONG recomendó “realizar el traslado completo de los internos detenidos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta a diferentes centros de reclusión del país, considerando, la jurisdicción del tribunal de su causa, y cercanía a sus familias, comunidades” tras calificar como una “bomba de tiempo” el sitio de reclusión, que consideran, es un fiel reflejo del “colapso del sistema de justicia penal en Venezuela”. 

“Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad”, enfatizó Humberto Prado, director del OVP. 

El documento resalta que a Zona 7 de Boleíta representa un “potencial riesgo para la sociedad civil debido a su ubicación”, en una zona residencial y educativa con más de 3000 estudiantes

Prado precisó que la Zona 7 fue idealmente concebida como espacio administrativo y no como centro de reclusión. Sin embargo, actualmente alberga a 421 presos distribuidos entre 14 a 16 celdas. En el lugar aún hay presos políticos del contexto poselectoral, pero Prado admitió que desconocen la cifra exacta. 

El hacinamiento del lugar es calificado de “crítico”, pues sobrepasa la capacidad del lugar y convierte la vida de sus ocupantes “en una lucha diaria por la supervivencia”. 

Adolescentes fueron recluidos con población penal adulta

El informa deja registro de que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con p0blación penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.

El documento indica que no fueron golpeados por la policía de turno porque los presos sociales no lo permitieron: “Con los menores nadie se mete”, expresaban estos reclusos.  

No obstante, tuvieron que adaptar su forma de hablar a la de la prisión para evitar represalias o problemas, lo que se conoce como “prisionalización: “Yo pensé que el muchacho se me estaba volviendo malandro, pero luego me confesó que tenía que hablar así y que lo mismo hicieron otros adolescentes”, contó una madre. 

El “inframundo” de la Zona 7

El OVP relató que en la Zona 7 hay condiciones desiguales de reclusión, basadas en una distribución arbitraria, pues los 171 policías presos en el lugar ocupan un área en la parte superior del comando con “acceso a baños, ventilación, luz solar y condiciones de descanso dignas”.

Mientras que los 250 “presos sociales” enfrentan “condiciones inhumanas en celdas saturadas sin acceso a servicios básicos”.

El informe recogió testimonios de familiares de los recluidos, quienes verbalizaron lo que les comentaron sus allegados. Mencionaron que en Zona 7 existe  una celda a la que llaman “el inframundo”, que está en el último piso y en donde los detenidos reportan que se asfixian del calor. Los presos deben pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios. Allí hay unos 90 privados de libertad, sin ventilación, sin entrada de luz solar y sin baños. 

“Sus necesidades (los detenidos) las hacían en una bolsa, en una esquina de la propia celda, por lo que el olor se concentraba y era horrible. Cuando los trasladaron a Cochecito esos niños olían malísimo, como a olor a alcantarilla o a rata muerta, algo que daba ganas de vomitar”, se lee en otros de los testimonios de una familiar de un adolescente que recopiló el informe. 

En la Zona 7 también hay una celda a la que llaman “El Tigrito” en donde recluyen a los que llegan o son castigados. Es un área pequeña de 4 xd 6 metros en donde se debe dormir de pie y se turnan para sentarse en envases de refrescos. 

“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe. 

Por estas y otras denuncias, el Observatorio Venezolano de Prisiones exige que se realice una “investigación oportuna, exhaustiva e imparcial y garantía de no repetición” de los hechos suscitados en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, especialmente de aquellos relacionados con “corrupción y torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Cárceles paralelas

El OVP también llamo a cesar “de  forma inmediata” el uso prolongado de la prisión preventiva y a “evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva”, tras denuncian que han sido convertidos en “cárceles paralelas”.

La ONG también instó a que se garantice que los centros de detención preventiva no sean usados para detener de forma preventiva a adolescentes. Recordaron que estos ciudadanos deben ser recluidos en las entidades de atención dispuestas para su grupo de edad. 

Otras peticiones de la ONG son cumplir con el artículo 128 del COPE y llevar a cabo una evaluación médica de los reclusos antes de cualquier traslado, asegurando que su estado de salud sea idóneo para la movilización, así como también “garantizar el respeto integral de los derechos de los individuos privados de libertad durante cada etapa de los procesos de traslado y reubicación”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que vela por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.

Reportan excarcelación de 50 presos políticos: les exigieron no declarar a medios

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La ONG Una Ventana a la Libertad informó este martes, 21 de enero, que 50 considerados “presos políticos” postelectorales fueron excarcelados, después de ser detenidos en el contexto de la represión poselectoral de 2024.

A través de una nota de prensa, la organización indicó que estos presos fueron excarcelados de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, la noche del viernes 17.

“Este grupo de detenidos, que fueron dejados en libertad de acuerdo a la iniciativa del Ministerio Público, se hizo con el mismo patrón de las anteriores excarcelaciones que hicieron en diciembre, no avisaron a sus familiares”, señaló.

Asimismo, la ONG denunció que a los excarcelados les exigieron que no declararan ante los medios de comunicación, no tomaran fotografía ni realizaran videos que pudieran ser publicados en las redes sociales.

Una Ventana a la Libertad explicó que a los excarcelados los trasladaron hasta un terminal de autobuses, “sin proporcionales recursos económicos”, por lo que tuvieron que contactar luego a sus familiares para que los fueran a buscar en ese lugar.

Ese mismo viernes fueron liberados unos 88 presos políticos de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, según confirmó a EFE Andreína Baduel, integrante del Comité para la Liberación de los Presos Políticos.

“Estas liberaciones son el fruto de la incansable lucha de madres, familiares, amigos, activistas, organizaciones y defensores de los derechos humanos que siguen exigiendo respeto a las garantías fundamentales”, señaló el Comité en una publicación en X.

Familiares claman por ley de amnistía

Familiares de presos políticos protestaron el martes 21 de enero frente al Ministerio Público en Caracas para exigir al fiscal general, ratificado por la Asamblea Nacional 2020, Tarek William Saab, la aprobación de una amnistía general que devuelva la libertad plena a sus parientes.

“Amnistía general ya”, gritaron los familiares de los presos políticos con pancartas y afiches de sus seres queridos.

Adriana Godoy de Briceño, esposa del director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y periodista en Punto de Corte, Ángel Godoy -detenido desde el 8 de enero- desconoce los motivos de la detención de su pareja.

“Mi familia, mi hijo, y toda la comunidad está en una incertidumbre plena porque no conocemos de su condición de salud”, señaló Godoy de Briceño.

El pasado viernes, el Foro Penal registró, hasta el miércoles 15 de enero, 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, 10 menos que la semana pasada, cuando computó 1.697.

*Con información de EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Prevén que desinformación aumentará en 2025 en redes como TikTok y Facebook

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Durante el año 2024, Venezuela experimentó una carga significativa de desinformación, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a través de una red de cuentas falsas y discurso de odio para manipular a los electores y desacreditar a los líderes de la oposición. Este panorama podría repetirse en 2025, pues se prevé que los contenidos de este tipo abundarán en redes como Tiktok y Facebook.

Así lo señalaron expertos de verificación de hechos durante un conversatorio de Twitter Space titulado “Desinformación en Venezuela: Lo que verificamos en 2024”, transmitido el 21 de enero a través de la cuenta de Cotejo.Info. 

El foro virtual contó con la participación de Adrián González, director de Cazadores de Fake News, Jeanfreddy Gutiérrez, director de Cocuyo Chequea y Valentina Gil, periodista de Es Paja.com. 

Bulos y contenidos falsos en torno al #28jul

El investigador digital Adrián González aseguró que, en Venezuela, la mayor carga de contenidos desinformativos, incluyendo bulos y cuentas falsas que intentaron manipular la conversación en línea, giró entorno al proceso electoral de las presidenciales del 28 de julio. 

“Antes del inicio de la campaña electoral aparecieron varias encuestadoras falsas, y durante la campaña, observamos el uso de cuentas falsas que promovieron discursos de odio en contra de sectores políticos”, dijo el director de Cazadores de Fake News.

Agregó, que durante la precampaña, circularon falsos audios de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero “la audiencia ya estaba alerta a este tipo de estrategias de manipulación”.

También señaló que durante el período poselectoral el contenido desinformativo estuvo enfocado en la disputa del reconocimiento de las actas emanadas por las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, Valentina Gil comentó que circuló una cantidad significativa de contenidos desinformativos sobre quién iba a ser designado sustituto de María Corina Machado como candidata. “Tras la designación de Edmundo González Urrtuia como candidato de la oposición empezamos a verificar una gran cantidad de bulos sobre él”, dijo la periodista.

Añadió que la opacidad de parte del arbitro electoral potenció terreno a la desinformación en las distintas plataformas digitales.

Mientras que Jeanfreddy Gutiérrez aseveró que durante ese período también circularon desinformaciones sobre la nacionalidad de Corina Yoris, en ese momento precandidata opositora.

Otra de las irregularidades que las iniciativas de fact-checking detectaron fue la presencia de agencias en República Dominicana que operaban impulsando la desinformación en Venezuela a través de la compra de anuncios. 

Maquinaria oficialista, el principal actor 

En cuanto a los principales actores que promovieron la desinformación en 2024, los expertos detectaron una maquinaria de propaganda oficialista que intento moldear la percepción pública utilizando videos manipulados y bulos. 

“Nicolás Maduro fue el personaje político que más se analizó. De todos los candidatos fue el que más dijo mentiras. Además aprovechaba los organismos públicos para difundir estos contenidos”, explicaron. 

“El vacío informativo se llena con suposiciones. El Estado no solamente te miente sino que no da información de entrada. Eso afectó el proceso electoral porque no había educación electoral”, dijo la periodista de Es Paja.com. 

De acuerdo con una reciente publicación de Cazadores de Fake News, se amplificaron contenidos creados por “influenciadores” nacionales y extranjeros para desviar la atención de las denuncias por violaciones a los derechos humanos y la represión postelectoral, condenadas a nivel nacional e internacional.

Amenazas a futuros

Ante la creciente censura y bloqueos a plataformas digitales, así como servicios de VPN y DNS de Google en el país, los expertos alertaron que la desinformación aumentará este 2025 en redes sociales como TikTok y Facebook. 

“En Tiktok es más difícil seguir el rastro de narrativas falsas. Los seudo noticieros que surgen en esta plataforma se han multiplicando en X como un asunto de caja resonancia”, advirtió Gil. 

También manifestaron que  “los verificadores tendremos que prestar más atención al auge de la desinformación en Facebook, tras los cambios anunciados en el programa de Fact-checking de Meta”. 

Meta eliminará su programa de verificación de datos en Estados Unidos y lo reemplazará con “notas comunitarias”, basadas en la colaboración de los usuarios.

Finalmente, previnieron que existen redes coordinadas que impulsan desinformaciones como parte de una estrategia y serán usadas en el futuro con mayor contundencia. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.