En menos de cuatro años, y a falta de unos meses para que deje su cargo como Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el boliviano Walter Clarems Endara Vera ha sido acusado de forzar renuncias, maltrato verbal, acoso laboral, corrupción, decisiones unilaterales y falta de transparencia. Además, enfrentó un litigio legal con una de sus coordinadoras principales: la diplomática uruguaya Verónica Ramírez Correa.

El primero de agosto de 2021, Endara Vera inició su gestión en el SELA, un organismo intergubernamental regional, con sede en Caracas, integrado por 25 países de América Latina y el Caribe, orientado a ser un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias en materia económica.

Desde su postulación al cargo de Secretario Permanente, Clarems Endara llegó al SELA con una idea: llevar a cabo una reestructuración interna para conseguir «mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del programa anual de trabajo y del presupuesto», tal como lo expresa la actual Estructura Organizativa de la Secretaría Permanente, a la cual accedió Runrun.es.

De acuerdo con Verónica Ramírez, excoordinadora de Relaciones Internacionales del SELA, la visión de Endara, desde un inicio, contemplaba una reducción del personal –que en ese entonces era de unas 50 personas– para disminuir el gasto total del presupuesto y optimizar la distribución de recursos. Pero sus métodos no han hecho más que sembrar dudas, temores y reclamos dentro de la institución. 

Cinco venezolanos y una uruguaya «presionados» a renunciar

A finales de junio de 2022, cuatro funcionarios del organismo multilateral reclamaron despidos forzosos por parte de la Secretaría Permanente. Los denunciantes explicaron que se diseñó una estrategia que «bajo violencia moral y económica» obligó a renunciar a un grupo de trabajadores, lo que quebrantó el artículo 80 y 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente (LOTTT, 2012), según detalló Gerardo Alí Poveda, abogado laboralista y consultor externo de OIT, para El Nacional.

Dos años después de este episodio, un nuevo grupo de denunciantes, empleados del SELA, reveló que la gerente de Administración, Servicios generales y Talento humano, Zulay Prado de Angarita, y el asesor legal del momento, Anthony Vásquez, habrían amedrentado a los cuatro exfuncionarios para una renuncia obligada a cambio de 20% más de lo que les correspondía por una renuncia normal y un año de seguro social, lo que constituye una abierta violación a la inamovilidad laboral establecida en el artículo 531 de la LOTTT. 

Antonio Peña, exoficial de traducción durante más de 20 años, fue uno de los primeros denunciantes por despido injustificado. «El Secretario Permanente (…) me obligó a renunciar tras reintegrarme de un reposo médico por fractura, a pesar de sufrir las secuelas del cáncer, para no pagar una liquidación conforme lo establece la ley», afirmó en un comunicado compartido a la prensa.

Tras conocerse el caso de los cuatro exfuncionarios del SELA, los ojos de los países miembros del SELA voltearon hacia el Secretario Permanente. Ramírez relata que a partir de 2022 Endara empezó a contratar consultores bolivianos, sobre todo para el área de migración. Estos consultores no acarrean beneficios sociales para el SELA.

«Le dije que lo que estaba haciendo no me parecía bien. No era lo que habíamos votado los países como plan de trabajo, y él no estaba informando a los países», contó Ramírez.

Luego de los cuestionamientos de la diplomática uruguaya, Endara decidió que ya no era de su confianza. «Dejó de incluirme, me hizo de lado para meter a su jefa de Gabinete, Yeimy Ramírez Ávila, (…) Tuve una semana de extorsión. Todos los días había acoso, me decía que iba a arruinar mi carrera, el embajador de Bolivia (Sebastián Michel) me llamaba a mi casa para convencerme de renunciar».

La exfuncionaria aseveró que el Secretario Permanente la presionó para que tomara sus vacaciones para caer en abandono de trabajo. «Fui al Ministerio de Trabajo para buscar un amparo. Luego me despidió porque me rehusé a renunciar». 

El mismo grupo de denunciantes reportó a Runrun.es que otro funcionario del SELA fue presionado este año para una renuncia forzosa, lo que elevó a seis el número de personas coaccionadas por Endara.

Litigio legal sin fin 

Ramírez inició una demanda laboral contra el SELA por despido injustificado. Fue citada por la Inspectoría del Trabajo el 8 de diciembre de 2022. «Nunca se presentaron. La jueza dijo que no estaba citado ningún organismo. Ellos (el SELA) recibieron el expediente pero no lo dieron como notificado», comentó la diplomática. 

Luego de casi un año, el 26 de octubre de 2023, inició el juicio. «El juez argumentó que no podía dar un fallo tan rápido porque era un monto muy elevado (el que solicitaba Ramírez por su demanda). Finalmente, él mismo se declaró incompetente», recordó. 

Ramírez tuvo que apelar su caso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Entre un mar de irregularidades, como el envío de una nota verbal de 17 páginas por parte del SELA –cuando lo normal es que sea de página y media– con una firma de Endara, el TSJ dio por notificado al SELA, por lo que la funcionaria regresó a la Inspectoría del Trabajo. 

«Esta vez no va ni el abogado (…). El juez se expidió y sacó un fallo sobre que los tribunales laborales no tienen jurisdicción sobre mi caso. Tendré que ir a pelearlo a la luna», dijo.

A pesar de que la justicia venezolana afirmó que no tiene la jurisdicción sobre el caso de Ramírez, su contrato tiene una cláusula que especifica que, en caso de no llegar a términos amistosos, la jurisdicción la tiene el Estado venezolano. 

Una cuestionada reestructuración

En 2023 entró en vigencia de la nueva estructura organizativa de la Secretaría Permanente y la renovación del manual de personal. Ambos manuscritos fueron hechos por la misma compañía: Viraje Aprendizaje Organizacional.

«Cuando comenzó la reestructuración, él (Clarems Endara) se buscó a una gente que supuestamente se encargaba de hacer reestructuraciones (…). Nosotros les dábamos muchas quejas sobre los cambios que pensaba implementar», afirmó uno de los denunciantes, quien pidió la protección de su identidad a Runrun.es.

Viraje Aprendizaje Organizacional es una compañía que centra sus objetivos en apoyar “el aprendizaje y el desarrollo organizacional, desde las líneas de comportamiento, liderazgo y comunicación en los equipos humanos”. Sin embargo, hay rasgos de la empresa que generaron suspicacia dentro del SELA. Aunque fue creada en 2006, tiene escasa presencia en redes sociales. Entre todas sus cuentas en estos medios no alcanza los 250 seguidores, y su última publicación allí fue en 2022. Tampoco cuenta con un website activo. El encargado de dicha empresa es Simon Sambrano Perret-Gentil, fundador del campamento recreacional Iguanas Educación al Aire Libre y a quien se le ha vinculado más con temas de enseñanza que organizacionales.

Una de las fuentes consultadas comentó que, a pesar de que se discutió, la reestructuración nunca se detalló claramente antes de ser aprobada. «Hay países que protestaron por el cambio de los directores, y él (Endara) no respondió a esa pregunta». 

Cambios aplicados por la Secretaría Permanente desde 2023

Se creó un “diccionario de competencias”, en el cual se incluyeron campos como pensamiento analítico e innovación, apertura a los cambios y manejo del estrés.

La estructura organizativa anterior (2006), detallaba que el Secretario Permanente debe tener un doctorado y ser bilingüe (español-inglés). La estructura de 2023 no menciona deberes ni competencias del cargo más alto.

Este cambio responde, según lo declarado por Camilo*, otro de los denunciantes y quien también pidió a Runrun.es la protección de su identidad, a ocultar las carencias de Endara en sus competencias para el puesto.

«No habla inglés. Evita cualquier reunión de algún país angloparlante para no exponerse», reveló. A pesar de que el secretario boliviano ya casi termina su periodo de gestión, y el SELA cuenta con al menos cuatro países cuyo idioma principal es el inglés, no hay registro de ninguna entrevista, conferencia, foro o reunión en la que Endara domine este idioma. 

En cuanto al manual de personal, Endara lo adecuó en función de la ley venezolana, pero añadió un cuerpo de sanciones que antes no existía dentro del SELA. «El personal es objeto de amonestaciones verbales o escritas (que se envían a todo el personal y no solo al empleado que incurrió en la falta). Esto le permite despedir de manera justificada», detalló uno de los denunciantes, quien aseguró que fue víctima de acoso laboral.

El manuscrito contempla una serie de reglamentaciones que rozan el límite de la legalidad. Uno de los cambios más notorios fue el cambio de horario, el cual pasó de 35 horas laborales a la semana a 40 horas laborales a la semana.

Rafael Blanco, abogado experto en derecho laboral, explicó que, si bien el máximo permitido por la ley venezolana es de 40 horas laborales, se trata de una desmejora para el trabajador. «Ese trabajador podría ir a la inspectoría del trabajo (…). Si tú les quitas a los trabajadores un beneficio, ellos pueden reclamar, exigir y ganar una mejora en sus condiciones».

Además, las sanciones que incluye el nuevo manual se toman de la Ley del Estatuto de la Función Pública, un texto que solo aplica para la administración pública de Venezuela. Los organismos multilaterales no forman parte de la administración pública de un país en particular aunque tengan su sede principal en dicho país. «Todo lo demás, como el SELA, solo se rige por la ley del trabajo de Venezuela», afirmó Blanco.

¿Quién es el “Dr”. Walter Clarems Endara Vera? 

Clarems Endara es abogado de profesión, pero se ha desenvuelto mayormente en la política de su natal Bolivia, siendo cercano a Evo Morales. Desde 2006 hasta 2021 trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en diversos cargos. Asimismo, fue Director General en la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), desde 2018 hasta 2021, en Perú. 

En su perfil del SELA, Endara ostenta un título de magíster en Negocios Internacionales por la Universidad del Rey Juan Carlos (España) y en Negociaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona (España). También se menciona que tiene un doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El equipo de Runrun.es verificó las credenciales académicas del Secretario Permanente. Con la ayuda de un investigador predoctoral y profesor ayudante del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM, se constató que Walter Clarems Endara Vera no ha realizado ninguna tesis o trabajo de grado doctoral, por lo que no puede ser acreedor del título de doctor. Todavía es doctorando.

La UAM tiene un repositorio en el cual se almacenan todas las tesis y que puede ser consultado de forma pública. Al filtrar por el nombre completo de Endara no arroja ningún resultado. Además, gracias a un repositorio del gobierno de España, se pueden consultar todas las tesis doctorales presentadas en los últimos años: Endara tampoco figura en este listado.

La misma fuente indicó a Runrun.es que un doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales no forma parte de la oferta académica de la UAM. «Que yo sepa no existe ningún doctorado en Derecho Internacional», aseguró. 

Por otro lado, en su paso por la política boliviana, el actual Secretario Permanente mantuvo una relación cercana con el actual embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, según indicaron los denunciantes.

Michel es un simpatizante de la causa Moralista de larga data, pero luego de la caída de Evo Morales, en 2019, cambió de bando al respaldar al presidente actual de Bolivia, Luis Arce. Esto último le aseguró mantener su puesto como embajador de Bolivia en Venezuela, mismo cargo que ocupó bajo el mandato de Morales.

Michel fue cuestionado por el propio Morales. Este último aseguró que el actual embajador compró una propiedad en Caracas valuada en más de 250.000 dólares, ubicada en un vecindario de clase alta en el norte de la capital venezolana. 

Entre los asesores bolivianos que ha contratado Endara para el SELA destacan nombres como Jean Paul Guevara Ávila, ex embajador de Bolivia en Francia; Alejandro Bilbao La Vieja Ruiz, primer secretario en la Embajada de Bolivia en Estados Unidos y Ricardo Michel, otro boliviano que, según los denunciantes, está en el fondo de ahorro del SELA. Esta afirmación no pudo ser corroborada por Runrun.es.

Endara también se ha encargado de mantener una buena relación con el gobierno venezolano. Personalidades de la cúpula política de Nicolás Maduro son visitantes frecuentes en el SELA, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Yván Gil, entre otros ministros. «Tuvimos la visita del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo (…) Teníamos que encapsularnos en que el problema económico de Venezuela era por las sanciones. Pretendió hacer doctrina política en la oficina», dijo una fuente vinculada al organismo. 

Micrófonos y desigualdad de condiciones laborales inundaron el SELA

Actualmente, la oficina del SELA, ubicada en la Torre Europa, en Chacao, estado Miranda, está llena de cámaras, micrófonos y no cuenta con aire acondicionado funcional, a excepción de la oficina de la Secretaría Permanente.

De acuerdo a lo relatado por el grupo de denunciantes, luego de que la funcionaria Ramírez dejará su cargo, la Secretaría Permanente hizo instalar un sistema de vigilancia con la supuesta ayuda del exasesor legal, Anthony Vásquez.

«Ahí comienzan a intervenir por encima de los oficiales de informática y seguridad. Luego se supo que colocaron programas para saber con quién estabas hablando (…) Por eso mucha gente no usa el Wi-Fi de la oficina», detalló uno de los afectados. 

Vasquez trabajó en el SELA durante 2022. Llegó al cargo por recomendación del embajador Sebastián Michel, de quien fue asistente en su paso por la embajada de Bolivia en Venezuela durante 2021. En la actualidad el exasesor legal trabaja en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), pero no ha dejado de frecuentar a Endara. 

El 19 de noviembre de 2024, Vasquéz acudió a las instalaciones del SELA y sostuvo una reunión con Clarems Endara de más de dos horas, según empleados del organismo. «Es su asesor personal en las sombras», aseguró la fuente. 

La jefa de gabinete de la Secretaría Permanente, Yeimy Ávila, también es una de las aliadas cercanas de Endara. Es una de las pocas funcionarias que ha tenido un ascenso desde su llegada al SELA en 2022, cuando ingresó como encargada de prensa por tres meses. «De la noche a la mañana», Endara convocó una reunión para anunciar que ella sería su jefa de gabinete, recordó Ramírez. 

El resto del personal ha recibido un solo aumento durante toda la gestión de Endara. «Luego de presionar con la jefa de personal, dieron aumento de 5% para algunos y 10% para otros», indicó una de las fuentes consultadas, quien destacó la «enorme» brecha salarial que hay entre funcionarios locales, personal internacional y el Secretario Permanente. El salario de los analistas ronda entre los 800 a 1.000 dólares americanos, mientras que el del personal internacional asciende hasta los 4.500 dólares; el Secretario Permanente, de acuerdo a un documento al que tuvo acceso Runrun.es, percibe 12.000 dólares, sin contar beneficios inherentes al cargo como subsidio de 50% en su vivienda, una tarjeta de crédito corporativa, entre otros. 

El Secretario Permanente ha tenido luz verde para implementar sus políticas internas. Una de ellas, por ejemplo, fue cambiar el monto de los viáticos, originalmente anclado a lo establecido por las Naciones Unidas. Endara destinó un monto para la Secretaría Permanente y otro para el resto de funcionarios, los viáticos para el boliviano serían más del doble que para el resto de los empleados. 

Los denunciantes reclaman que estos cambios, además de los hechos a la nueva estructura organizativa y al manual de personal, han sido permitidos por los 25 países miembros del SELA. 

Ante cualquier reclamo o queja laboral, el personal del SELA únicamente puede acudir al Tribunal Administrativo del SELA. El mismo fue renovado entre el 9 y 11 de diciembre de 2024, y quedó conformado por María Ángela Sasaki Otania, peruana; Awilda Inés Reyes Beltré, de República Dominicana, y Oscar Maidana, boliviano y funcionario de la Embajada de Bolivia en Venezuela. Este tribunal no ha sido eficiente para ninguna de las 6 personas que han sido forzadas a renunciar, por lo que «el personal está desprotegido», lamentó uno de los afectados.

Para este reportaje se enviaron cuestionarios de preguntas, vía correo electrónico, a Clarems Endara, Anthony Vásquez y Yeimy Ramírez Ávila. Ninguno de los funcionarios respondió.