Venezuela encabezó la lista de países con más medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 2024. De las 74 medidas cautelares emitidas por el organismo internacional, 27 fueron asignadas a Venezuela, lo que la sitúa como el país con el mayor número de solicitudes aprobadas. Le siguen Colombia con 14, Nicaragua con 13 y Cuba con 7. 

Estas medidas, que buscan proteger a personas o grupos en situaciones de riesgo grave y urgente, reflejan la preocupación de la CIDH por las vulneraciones a los derechos humanos en la región, especialmente en el caso venezolano, que concentró más de un tercio del total de resoluciones emitidas.

¿Quiénes recibieron medidas cautelares en 2024? 

De acuerdo al recuento de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, en el 2024 la CIDH le otorgó medidas a  a Jesús Alexander Armas Monasterios. En el documento destacan: “Activista político y defensor, quien fue detenido el 10 de diciembre de 2024, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre las condiciones de su detención actual, ni estado de salud”.

El organismo también giró medidas cautelares en  favor de Gina Paola Mercado Núñez, detenida el 29 de julio mientras participaba en una protesta pacífica. La mujer enfrenta graves problemas de salud que no han sido atendidos. 

Arley Danilo Espitia Lara, agricultor colombiano, también figura en la lista. “Agricultor colombiano de 24 años que el 13 de septiembre de 2024 él viajó por tierra desde Cúcuta hacia Venezuela. Una vez en la frontera, en el puente de Ureña, las autoridades de migración le solicitaron su documentación y lo detuvieron”.

Otros venezolanos que recibieron la medida fueron Jorge Luis Graterol Guzmán, Eduardo Emiro Labrador; Franklin Caldera Martínez y Yuraima Martínez, hijo y esposa de Franklin Caldera Cordero; Leocenis Manuel García Osorio; Israel Moisés Crespo Sulbarán, J.D.C.C.,  y Gustavo Adolfo Torres Zambrano. 

Entre las 27 solicitudes al Estado venezolano, se subrayan otros casos como el de Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho y Eichler Hernández Ortuño. 

La CIDH considera que estas personas “han sido objeto de amenazas y hostigamientos, tras su participación como miembros de campaña de Edmundo González y María Corina Machado en el estado Guárico”. 

El dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, también se encuentra entre las personas a las que le otorgaron medidas, al igual que otras figuras políticas como Osmary Sánchez, Nélida Sánchez, Biagio Pilieri Gianninoto y Jesús Alfredo Pilieri Vasile, al igual que Eleanger David Navas Vida; Perkins Rocha, Ana Carolina Guaita, Freddy Superlano; Carmen Leonor García Azuaje; Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez y María Andreina Oropeza Camacho. 

La CIDH continúa con sus ojos puestos en Venezuela, después de las detenciones ocurridas en el marco de las protestas después de los resultados electorales. En 2025, ha otorgado cinco medidas. 

¿De qué sirven las medidas otorgadas por la CIDH? 

Aunque el país no está vinculado al sistema interamericano de protección, para algunos abogados, consultados por DDHH de Venezuela en Movimiento, las medidas podrían tener beneficios como el reconocimiento de estos casos a nivel internacional. 

“Es necesario exponer para que no continúen los abusos, lamentablemente en Venezuela, básicamente por la actitud del Estado frente a cualquier decisión de organismos internacionales, son francamente inoperantes. Pero esto no quiere decir que la CIDH haya fallado. El que está fallando es el Estado, quien no está cumpliendo con las sugerencias, con las instrucciones y con las solicitudes que le hacen los organismos internacionales en materia de tutelas en derechos humanos, y esto es lo que ha convertido a estas medidas en inoperantes”, indicó un abogado especialista en el tema. 

Otro experto consultado para el informe de Derechos Humanos en Movimiento añadió: “En el caso de las medidas cautelares de la CIDH, tienen un impacto valioso en el reconocimiento internacional de la necesidad y urgencia de la crisis de DDHH en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto (10E) y que atraviesa una persona en cuanto a una violación de derechos humanos que está viviendo o que sería inminente; además, le indica al Estado que es un caso que está siendo observado por la comunidad internacional”. 

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