El Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó este sábado, 22 de febrero, que la canasta básica del mes de enero, tuvo un costo de 476,82 dólares o el equivalente a Bs. 28.609,07.
En ese sentido, el Cendas precisó que el precio en dólares bajó 4,3% o $21,65, con respecto al costo del mes de diciembre de 2024.
En cuanto al precio en bolívares, la Canasta Alimentaria Familiar tuvo un incremento de 4,4% o Bs. 1.193,37 en comparación al valor registrado en el mes anterior.
Según el Cendas, un venezolano necesitó 15,89 dólares diarios en enero para poder adquirir los 60 productos que componen la canasta alimentaria en el país, para una familia de cinco personas.
El pasado 6 de febrero, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un ente independiente al margen del BCV, indicó que la inflación de enero en Venezuela cerró en 7,9 %, 6,9 puntos menos que en diciembre cuando finalizó en un 14,8 %.
El BCV, único ente emisor oficial con competencia para informar sobre el comportamiento de la inflación, no reporta este dato desde octubre, cuando cerró en un 4 %, un aumento de 3,2 puntos con respecto a septiembre cuando cerró en el 0,8 %.
La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) informó que en Venezuela actualmente hay 1.061 presos por motivos políticos.
Este viernes, la organización publicó en su cuenta en X que hubo una disminución de la cifra con respecto a la semana pasada cuando el Foro Penal contabilizaba 1.194 los detenidos por implicaciones políticas.
Según la ONG, del total de los 1.061 detenidos, 940 son hombres y 121 son mujeres, entre los cuales hay 1.057 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, la mayoría arrestados luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Además, el Foro Penal indicó que 896 de los detenidos son civiles y 165 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La ONG contabiliza, desde 2014 hasta la fecha, 18.295 “detenciones políticas” y asegura que “más de 9.000” personas siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.
Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas por generar “violencia” durante las protestas poselectorales, una cifra mayor a la registrada por Foro Penal, que solo incluye casos reportados y verificados.
El fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, Tarek William Saab -quien asegura que en el país no hay detenidos por motivos políticos, sino detenidos por cometer delitos varios-, reportó recientemente que un total de 1.896 personas han sido excarceladas, con medidas cautelares, una cifra que Foro Penal asegura no haber confirmado.
Antonio Ledezma exige liberar a “presos políticos”
El exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma exigió este sábado desde Madrid “la liberación de los presos políticos, civiles y militares” en Venezuela y ha instado a la comunidad internacional a sumarse a esta demanda.
Ledezma se ha sumado esta tarde a una vigilia celebrada en la madrileña plaza de Callao para reclamar la libertad de “todos los presos políticos en Venezuela” y, en particular, de Luis Tarbay, coordinador internacional del equipo de campaña de Edmundo González Urrutia.
“Esperamos que las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea y las ONGs consagradas a defender los derechos humanos a nivel mundial se hagan sentir para detener el terrorismo de Estado que descaradamente aplica el dictador Maduro en nuestro país”, dijo en un vídeo difundido por sus redes sociales.
Ciudadanos venezolanos piden la libertad de los presos políticos civiles y militares.
Exigimos al Nuncio Apostólico y a los integrantes del cuerpo diplomático que cumplen funciones en Venezuela a exigir la liberación de los presos políticos civiles y militares y a asistir a… pic.twitter.com/Z2ZR8Y9dKB
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Al teléfono de Oriette D’Angelo comenzaron a llegar enlaces, videos y fotos con la mala noticia de ese 29 enero de 2025. Familiares y amigos le avisaban lo que, sabían, iba a descomponerle el ánimo. Pero tenía que enterarse. Cuanto antes. ¿Cómo era posible que eso estuviera pasando? A Oriette le resultaba absurdo: el gobierno de Estados Unidos había revocado la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos, el recurso que le permitía permanecer en ese país de forma legal.
En Iowa, al norte de Estados Unidos, aún era invierno. Era un miércoles. Oriette había mandado la solicitud de renovación del TPS el lunes. Dos días antes. Dos días después estaba en un limbo.
Así, tan rápido, puede cambiar la vida.
Su estatus migratorio vence en septiembre. El doctorado en literatura en español que cursa en la Universidad de Iowa está previsto que termine en mayo de 2026.
¿La deportarían, sin más?
(“¿Qué puedo hacer?”, se preguntaba).
¿Perdería los estudios?
¿Después de casi 10 años viviendo en Estados Unidos quedaría en el aire?
(“¿Cómo le pagaré a un abogado con una beca estudiantil?”).
Quería mandar más mensajes a los abogados que conocía, quería enviar menos mensajes a su familia para no preocuparlos, no quería mandar mensajes desesperados en ese momento.
No sabía qué hacer.
Respiró.
Después de unos minutos se sentó en su escritorio y encendió su computadora. Abrió ChatGPT y le empezó a preguntar a la inteligencia artificial. (“Nos hemos convertido en una pantalla”, escribió esa frase hace 10 años, y sigue vigente). “Si bien cada caso es particular, esta es una lista de documentos que tienes que tener para mejorar tu estatus migratorio”, le respondió el programa informático.
Leyenda: Oriette D’Angelo, a la derecha, es abogada de profesión especializada en comunicaciones digitales y artes mediáticas (Cortesía O. D’Angelo)
Oriette tenía 25 años cuando llegó a Estados Unidos, en el verano de 2015. Su entonces esposo había ganado una beca estudiantil para una maestría en literatura en español en Chicago. Él tenía su visa de estudiante, ella también.
Aunque se había graduado en derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, decidió hacer una maestría en comunicaciones digitales y artes mediáticas. Quería adentrarse más en el mundo editorial. En Caracas había escrito poesía y algunas crónicas. Incluso, había ganado un par de premios por su escritura.
En su infancia, en Lechería, estado Anzoátegui, se había obsesionado con la lectura. Fue con su profesora de literatura de secundaria, Oceanía Reyes (“nunca me olvidaría de ese nombre, tan poético”, dice), que aprendió sobre Arturo Uslar Pietri, Octavio Paz y Pablo Neruda. Políticos, abogados y escritores. Humanistas.
En esa ciudad del oriente venezolano apenas había una librería: Tecni Ciencias. Allí compró su primer libro físico, luego de haber armado colecciones de libros digitales que devoraba con entusiasmo.
Se mudó a Caracas en 2008 para estudiar en la universidad. Ese año y en los sucesivos, como otros estudiantes, salió a las calles a protestar para exigir mejores políticas públicas y un cambio de gobierno. Nunca olvidaría el gas lacrimógeno; nunca olvidaría a los amigos que se llevaron presos. Fue eso. Y fueron los anaqueles y los bolsillos vacíos los que terminaron de convencerla de migrar en 2015.
Miles y miles de venezolanos tomaron la misma decisión de salir de Venezuela por aquellos días. Ha pasado tanto en una década: esos miles fueron convirtiéndose en millones. La Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 7 891 000 venezolanos han migrado desde 2014.
Según estimaciones de 2023, más de 903 000 viven en Estados Unidos. Como Oriette. Chicago, donde se instaló ella con su esposo, quizá sea más ruidosa que Caracas. Allí se sintió extraña. La gente no le resultaba cercana, casi nadie daba los buenos días, nadie se miraba directamente a los ojos. Socializar se le antojaba una tarea más compleja allá, tan lejos del Caribe. Pero sí logró hacer amistades. Ganó un concurso de poesía en español en Chicago en 2017 y creó una revista digital de literatura venezolana de autores dentro y fuera del país.
—Me va bien, en serio. Hay muchas comunidades que hablan español acá…
Primero en Chicago y ahora en Iowa, Oriette se ha mantenido en Estados Unidos durante la última década (Cortesía O. D’Angelo)
Oriette recuerda que envió ese mensaje de voz a una amiga venezolana. Era 2019. Estaba en la calle. Había mucha gente a su alrededor.
—Ya va —le respondió su amiga—, ¿tú acabas de escuchar lo que acaba de pasar? ¿Escuchaste el final de tu audio?
Ella puso la corneta del teléfono muy cerca de su oído y, entre el bullicio, escuchó la voz de un hombre:
Speak in English, bitch!
Era demasiado tarde para identificar a la persona que hizo ese comentario. Oriette pensó en la ironía de que en ese lugar la gente no habla mucho en la calle pero cuando se atrevían a hacerlo, algunos eran así de agresivos.
Ya cuando iba a culminar su maestría en comunicaciones digitales y artes mediáticas, en 2019, Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas. Ambos países retiraron su personal diplomático de sus territorios.
Para colmo, su pasaporte venezolano se venció.
Y pronto comenzó la pandemia de covid-19.
¿Cómo renovaría sus documentos si ya no había embajada venezolana en Estados Unidos? “¿Cómo lo hago sin salir de Estados Unidos y perder mi visa?”, se preguntaba. ¿Cómo contrataría a un abogado especialista en migración si la visa de estudiante no le permitía trabajar para tener más ingresos y pagarle sus honorarios?
“¿Habrá pasantías de trabajo dentro de las universidades?”.
¿Tendría que regresar a Venezuela?
“¿Viajo en plena pandemia de covid-19?”.
La decisión del gobierno de Donald Trump de dejar sin efecto el TPS para los venezolanos deja en indefensión a compatriotas como Oriette (cortesía O D’Angelo).
En 2021, el gobierno estadounidense incluyó a los venezolanos como beneficiarios del TPS, porque consideró que Venezuela no era un lugar seguro para vivir. Así, el país aterrizó en la misma lista en la que figuraban Nicaragua, Cuba, Afganistán, países cuyos gobiernos autoritarios violan derechos humanos.
Oriette se calmó: obtuvo el TPS en septiembre de 2021. Era una oportunidad para seguir su carrera mientras ahorraba para renovar su pasaporte. Entretanto, buscó una maestría en escritura creativa y un doctorado de literatura en español en la Universidad de Iowa. Se mudó y consiguió estudiar en la facultad junto a otros migrantes hispanohablantes.
Iowa era mucho más tranquila: es una ciudad universitaria, menos poblada que Chicago. Editó y coordinó revistas universitarias mientras estudiaba. Hablaba en español en el transporte público. Y nunca sintió miradas inquisidoras.
Pasaron tres años. Tres años antes de los presagios de la tormenta.
En julio de 2024 ocurrieron unas elecciones presidenciales en Venezuela. Oriette vio la oportunidad de combinar su afición por la defensa de los derechos humanos y la literatura y hacer un foro sobre el impacto de la política venezolana en su literatura. Contactó a otra estudiante venezolana que ya había comenzado el doctorado. Les dijeron que en las universidades estadounidenses no se podía hablar tanto de política en las redes sociales y correos, pero igual montaron su evento.
Esperaban al menos una decena de personas como audiencia. Solo acudieron siete: un profesor y seis amigos cercanos.
Muchas personas tenían miedo, ya que la campaña presidencial del partido republicano en Estados Unidos tenía un “tono antiinmigrante”, específicamente en contra de los migrantes venezolanos.
En esa semana, en un autobús de camino a su casa, Oriette vio a una mujer hablando por teléfono: lo hacía en español y en voz baja.
—Disculpa, ¿hablamos luego? Estoy en el autobús. No puedo hablar mucho ahora…
La mujer se veía nerviosa, miraba para todos lados. A su alrededor otras personas la veían con recelo, como si hubiera dicho groserías.
No sabía exactamente por qué la mujer había reaccionado de ese modo, pero pensó que la tensión con los migrantes ya era obvia.
(“Dejamos pasar avisos de tránsito que nos advertían del posible desastre”, había escrito hace tiempo).
La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, atendía a los venezolanos. Ella había pedido una cita para renovar su pasaporte. Por esos días le notificaron que debía ir a concretar el trámite. Tenía algo de dinero ahorrado. Le consultó a un abogado, quien le decía que no había problema con que viajara. Entonces fue a Colombia a inicios de noviembre de 2024. Renovó sus documentos venezolanos y pidió un servicio de mensajería para que se los llevaran a Estados Unidos cuando estuvieran listos.
Ese viaje, de menos de una semana, le trajo un problema: su visa estudiantil quedó anulada. Contrario a lo que le había dicho su abogado, ella no debía salir. No era un problema que no se pudiera resolver. Sobre todo, porque aún tenía el TPS, podía quedarse legalmente en Estados Unidos. Quizá solo debía buscar trabajo para costearse sus estudios si la universidad no le permitía acceder a becas internas.
El partido republicano tomó la presidencia en enero de 2025.
Un mes después revocó el TPS a los cerca de 600 mil venezolanos que lo tenían. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos consideró que Venezuela era un país al que se podía volver “de forma segura”.
Fue entonces cuando Oriette quedó en un limbo. Su pasaporte aún no se ha renovado: el documento debería enviarse de Caracas a Miami, Estados Unidos. Y nada que llega a sus manos.
Oriette no se siente sola gracias al apoyo y empatía expresada por sus amigos y conocidos en Iowa (Cortesía Oriette D’Angelo)
Aquel día, ChatGPT le había sugerido que ella debía volver a su estatus de estudiante internacional: debía llenar un documento para “defender” su estancia en Estados Unidos. Buscó en las páginas oficiales del gobierno y consultó con varios abogados conocidos para confirmar los datos que le suministró la inteligencia artificial. Su TPS vence en septiembre, aún tiene unos meses de protección antes de quedarse sin documentación en Estados Unidos, a diferencia de unos cuantos miles que quedaron sin el recurso en febrero.
Imprimió formularios y actas, su vida resumida en documentos, y fue hasta la universidad. Le explicaron que esa institución puede sustentar, con documentos y registros, que Oriette sigue siendo alumna de esa casa de estudios. Es lo que le permitiría recuperar la visa de estudiante. El viaje en autobús fue silencioso. Solo se escuchaban notificaciones de llamadas y mensajes sin contestar entre los pasajeros.
Apenas llegó a la facultad, explicó su situación. Encontró empatía: le prometieron que iban a buscar una solución.
—No estás sola. Hay muchos estadounidenses que están en contra de la revocación —le dijo una de las secretarias cuando recibió los papeles—. Encontraremos la solución.
Sus amigos en Iowa le sugirieron que hiciera una campaña para recaudar donaciones y fondos para pagar los honorarios de abogados que le brindaran una buena asesoría. Porque además ella, a lo largo de los años, ha acumulado una serie de deudas. Así que abrió un crowdfunding en Gofundme.
Allí contó parte de esta historia. Sus motivaciones, su deseo de graduarse. Es un relato sin final, unas líneas cargadas de la incertidumbre que viven quienes no tienen idea de cuál será su futuro. En ese texto, se advierte, vívido, el conflicto que seguirá tratando de resolver: “Trabajar por la enseñanza, la educación y la literatura es todo para mí. He dedicado una década a construir mi futuro y estoy comprometida a terminar mi doctorado y contribuir en mi campo de estudio. Perder mi estatus legal significaría tener que abandonar Estados Unidos sin la garantía de poder regresar, poniendo en riesgo todo por lo que he trabajado todos estos años”.
Mientras, se aferra a esas palabras de aliento que recibió: “No estás sola. Encontraremos la solución”.
Este viernes, 21 de febrero, los padres del opositor Luis Somaza, exigieron una fe de vida y el respeto a sus derechos humanos.
Somaza, fue detenido el pasado 12 de febrero en Caracas por cinco funcionarios vestidos de negro y, hasta el momento, se desconoce dónde está detenido.
En un video publicado en X, Luis Somaza padre exigió que “necesitan saber dónde está”. Aseguró que ha visitado “diferentes lugares” en busca de su hijo y en todos lados le dicen que “no está”.
Por su parte, Yajaira de Somaza, madre del opositor, exigió justicia y el cumplimiento de los derechos del dirigente político.
“Estamos angustiados, desesperados, sin saber qué hacer. Exigimos su fe de vida lo más rápido posible”, agregó en el mismo video.
El pasado 14 de febrero, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Somaza, dos días después de Voluntad Popular denunciaran su arresto.
El funcionario llamó “delincuente” al dirigente y lo acusó de supuestamente controlar y manejar dinero de ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Un día antes, Cabello informó sobre una investigación del financiamiento de la Usaid (siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), luego de que el chavismo denunciara una presunta trama de “corrupción” de ONG y opositores con estos fondos.
En ese sentido, señaló que “todos los dirigentes de la oposición” están “vinculados directamente” con el financiamiento de la agencia norteamericana, que el presidente Donald Trump ordenó desmantelar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. Padres
El pasado sábado, 15 de febrero, Nicolás Maduro anunció un proyecto de reforma de la Constitución vigente desde 1999. El anuncio lo hizo ante la Asamblea Nacional de corte oficialista y aseguró que esta reforma incluiría cambiar 80 artículos de la Carta Magna actual.
“Estamos listos para abrir un gran debate nacional, para que sea la sociedad venezolana la protagonista de una histórica reforma, que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, para el avance de una nueva época. Estamos en el momento preciso”, dijo Maduro desde el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, el mismo en el que se juramentó como presidente pese a los cuestionados resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Durante su discurso Maduro nombró la Comisión Nacional de Reforma de la Constitución, un secretariado presidido por el fiscal general, Tarek William Saab, e indicó que tiene un plazo de 90 días para preparar la propuesta final de reforma constitucional. Hasta ahora, se desconoce el contenido del proyecto que presentó ante el Parlamento.
Hay que recordar que ya en 2007 el chavismo intentó reformar la Constitución. Fue Hugo Chávez quien elevó la propuesta para reformar 60 artículos y en un referéndum, la población se negó a aprobar la reforma. Esa fue una de las grandes derrotas de Chávez.
Más tarde, en 2009, el fallecido presidente sí logró aprobar la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua.
También, en el año 2017, se designó una Asamblea Nacional Constituyente que estuvo activa hasta finales de 2020. Esta Asamblea no presentó ningún proyecto de reforma constitucional, sino más bien sirvió para suprimir funciones al Parlamento electo en el año 2015, el cual tenía mayoría opositora.
Este proyecto de Maduro se da, casualmente, en medio de las convocatorias a elecciones regionales, municipales y legislativas, las cuales ya fueron aplazadas del 27 de abril al 25 de mayo de este año. Una megaelección que pretende llevarse a cabo aun cuando el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados desglosados de las elecciones presidenciales e incumplió con el cronograma electoral.
Para analizar las aspiraciones de Maduro sobre esta reforma constitucional, y lo que pudiera venir con ello, tuvo lugar este 21 de febrero en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de ka Universidad Central de Venezuela (UCV) un conversatorio en el que participaron tres expertos: Ricardo Combellas, abogado, doctor en Ciencias Políticas y constituyente de 1999; Julio César Fernández, abogado, doctor en Ciencias Políticas experto en Derecho Administrativo y Constitucional; y Nelson Chitty La Roche, abogado, doctor en Ciencias Políticas y especialista en Derecho Constitucional.
El abogado Ricardo Combellas inició el evento recordando que el proceso de elaboración de la Constitución vigente duró casi 10 años y no se hizo de un día para otro.
Combellas enfatizó en que Chávez no impuso su propuesta, sino que más bien se decidió que el anteproyecto fuera la Constitución del 61, y en función de ese anteproyecto, se llevó a cabo ese debate.
Para el abogado esto es de gran relevancia, porque implica que la Constitución “no rompe con la tradición constitucional de Venezuela, sino que se adapta a los elementos de nuestra historia constitucional”.
A Maduro no le conviene una Asamblea Nacional Constituyente
Julio César Fernández, abogado, doctor en Ciencias Políticas experto en Derecho Administrativo y Constitucional, se preguntó por qué Maduro eligió la vía de una reforma general y no a través de una Asamblea Nacional Constituyente o una enmienda.
En primer lugar, Fernández señaló que la vía de la enmienda “no le sirve” y recordó que la propuesta de Maduro implica cambiar 80 artículos, 20 más de los que esperaba modificar Hugo Chávez en 2007 y cuyo referéndum perdió.
En el caso de llevarlo a cabo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, señaló que esta vía tampoco le interesa a Maduro por cuatro razones:
– Ahorrarían tiempo: Esta propuesta no hay que pensar que es simplemente por cambiar la Constitución, sino que está dentro de un contexto político-social. Ellos necesitan adelantar una serie de acciones para crear un torrente político de noticias, hechos y debates inducidos, superpuestos, que “distraigan, aturdan y confundan a la población y dividan a la oposición”.
Esa técnica es lo que llamaban el “pasticho”, una serie de noticias y acciones una sobre otra para obligar a la gente a estar en una continua zozobra, con el fin de mantener una acelerada dinámica política que no le permita a la oposición y a la sociedad en general activarse y movilizarse. Por ello, se hacce simultáneo a la convocatoria a elecciones.
– La similitud del proceso de instauración de la Asamblea Constituyente del 99 obligaría a convocar a un referéndum popular constituyente, para preguntarle al pueblo si lo desea: no hacerlo generaría la crítica de su “ilegitimidad” y el realizar el referéndum sin que logren una buena participación podría dejar nuevamente en evidencia su impopularidad, “mostrar otra vez que carecen de peso social y lo mismo podría pasar al realizarse la elección de los constituyentistas”.
– La convocatoria a una Constituyente se vería como la redacción de un nuevo texto que sustituiría la Constitución de 1999: con ello se arriesgarían a la crítica de su ya disminuida base política por estar eliminando la Constitución de Chávez, pero mediante la reforma general ellos pueden argumentar que la están “mejorando”, según el pensamiento de Chávez.
– El anuncio de la reforma de la Constitución le otorga también protagonismo al proponente principal, quien no salió bien parado en las últimas elecciones, lo que se inscribe en el interés de fortalecer su liderazgo, “muy debilitado, inclusive con su propia base por el fracaso electoral y proponer el culto a la personalidad”, recalcó el jurista.
Uso del “bolivarianismo a conveniencia”
Julio César Fernández también planteó como interrogante el por qué Maduro utiliza el Discurso de Angostura de 1819 para fundamentar la reforma general.
“Hablan varias veces del Discurso de Angostura, inclusive llega a Maduro a decir que el Discurso de Angostura y el primer discurso que dio Chávez de la reforma era muy parecido. Hasta el propio Maduro se autoproclama de que él está en el mismo sentido”, dijo.
Pero además, señaló que desde el oficialismo se toman las opiniones de Simón Bolívar “con pinzas”, seleccionando las que son convenientes para sus intereses. Por ejemplo, señaló que no utilizan algunos consejos del Libertador, como en el que expresa que “lacontinuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la ostentación y la tiranía”.
Para el abogado, esto es un indicio que muestra “la intención de concentrar aún más el poder en la presidencia de la República o más precisamente en quien devenga ese cargo”.
La insistencia en el poder comunal alejado del Estado federal
El abogado Julio César Fernández también preguntó “¿por qué pretenden crear un poder comunal como cuarto nivel en nuestra forma de estado federal?”. Sobre este punto, consideró que si se da de esa forma, se estaría violando la Constitución, pues esta “prohíbe modificar los principios que están en el título primero y solamente permite modificarlos con la Asamblea Nacional Constituyente”.
“Evidentemente, esta propuesta se debe apreciar en el marco de los recurrentes debates que comprenden la relación entre una variable institucional y un determinado resultado político-social”, agregó.
El abogado explicó que discute si, para lograr la normalidad democrática y el bienestar social, “es mejor adoptar un Estado unitario o un Estado federal”, o en todo caso, si la mejor opción es un Estado centralizado o uno descentralizado. Aunque la reforma constitucional anunciada pretendía profundizar la descentralización, el especialista advirtió que “se debería sospechar que más bien va en contra del federalismo y de toda descentralización política y territorial del Estado”.
¿Por qué ampliar la democracia directa?
El abogado Julio César Fernández dice no saber qué entiende el oficialismo por democracia directa, indirecta o participativa, recordando que, en la práctica, “toda vía de participación política y social la han congelado, la han secuestrado a su favor, o al menos, lo han intentado”.
“Toda posible participación política y social se enmarca en la Constitución vigente. Algunas incluso desarrolladas mediante leyes, por lo que no hace falta reformar la Constitución para que sea adoptada en la práctica”, acotó.
En todo caso, señaló que los mismos proponentes de la reforma constitucional que hablan sobre la ampliación y perfeccionamiento de democracia directa, “son los mismos que prohibieron las elecciones en sindicatos, en federaciones obreras, en colegios profesionales, incluso en las elecciones de las universidades autónomas”.
Imposición de ideología como pensamiento único
Entre las propuestas de esta reforma, se señala el requerimiento de construir un nuevo tipo de sociedad con nuevos valores culturales y espirituales. Fernández se pregunta si la propia Constitución del 99 no expresa la tradición, historia y cultura del país.
“¿No están recogidos en la Constitución cada desiderato que nuestro pueblo se propone en el referéndum popular, constituyente del 15 de diciembre de 1999? ¿Por qué se pretende incluir nuevos valores culturales y espirituales? ¿Será que no les gusta la actual idiosincrasia de los venezolanos?”, apuntó.
El experto considera que lo que busca el oficialismo, en este caso Nicolás Maduro, es “imponer su ideología como pensamiento único, como cultura hegemónica para alcanzar de una vez y por todas el dominio el sometimiento del pueblo”. De ser así, alertó, “la reforma que se pretende dar es una Constitución a la medida del despotismo”.
Lo que viene es la desrepublicanización
Nelson Chitty La Roche, abogado, doctor en Ciencias Políticas y especialista en Derecho Constitucional, alertó que lo que viene, si es que esta reforma constitucional llegara a darse, es “un manotazo ideológico profundo”, lo que va a implicar la “desciudadanización y desrepublicanización”.
“Las comunas se convertirían en la inteligencia que permite que arriba se tome la decisión. Pero, además, la participación sería filtrada por la organización comunal. Cuidado con la Ley Simón Bolívar”, advirtió.
A juicio del especialista, Venezuela instauraría finalmente el socialismo, una ideología que, cuando se institucionaliza y se formaliza, se convierte en una forma de ser. Allí recordó un ejemplo: “Los más fieles seguidores de Stalin fueron purgados y no dijeron nada porque habían dejado de ser lo que eran para ser un modelo de ser humano”.
Para Nelson Chitty La Roche, con esta reforma constitucional se utilizará la excusa de una nueva participación y una nueva democracia para traer la “desciudadanización”, y se trataría de una democracia “en la que hay partes que desconocen las decisiones del soberano, como acabamos de vivir el 28 de julio, y se persigue y se criminaliza la ciudadanía y la disidencia. Nos lleva a lo peor de todo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En Venezuela, la segunda mitad del 2024 estuvo marcada por las tensiones políticas y el clima represivo que trajeron las elecciones presidenciales del 28 de julio el anuncio de Nicolás Maduro como ganador de la contienda sobre Edmundo González Urrutia por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los conflictos se extendieron hasta 2025, cuando los primeros dos meses del año acumularon 74 detenciones de actores políticos, periodistas y activistas defensores de derechos humanos (DDHH), en el marco de la toma de posesión presidencial de Maduro el 10 de enero, pese al desconocimiento nacional e internacional.
Estos arrestos forman parte de los 276 arrestos contabilizados (solo con los perfiles mencionados arriba) desde los comicios. En total, han sido más de 2.000 las aprehensiones desde el 28J.
Gran parte de las detenciones se efectuaron sin órdenes de captura ni motivación explícitas. Algunas víctimas fueron interceptadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios del Estado, como fue el caso del dirigente político del partido opositor Voluntad Popular, Luis Somaza, secuestrado el 12 de febrero dentro ‘‘del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen’’ en Distrito Capital, según el relato de su hermana, Valeria Somaza.
Somaza es exconcejal y exdirector de la presidencia del gobierno interino del opositor Juan Guaidó entre 2019 y 2023. Valeria Somaza manifestó que su hermano fue mencionado en el programa televisivo conducido por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, “Con el mazo dando”, tres semanas previas a su detención.
Este miércoles, 19 de febrero, familiares de Luis solicitaron una fe de vida del dirigente y conocer su lugar de reclusión.
Valeria Somaza expresó que teme por la vida de su hermano “(…) hago responsable al régimen por lo que le pueda pasar”.
🚨🚨🚨 | Valeria Somaza, hermana de nuestro líder Luis Somaza, denuncia el secuestro de su hermano del lugar donde se encontraba resguardado por la persecución del régimen.
Cabello acusó a Somaza de terrorista y apuntó que recibía financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – Usaid, por sus siglas en inglés-.
En una rueda de prensa este miércoles, el ministro volvió a nombrarlo: “Luis Somaza, me dicen que ha hablado de todo, y de todos y de todas”.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que el activista Luis Somaza “está cantando más que Pavarotti”.
Diez días antes, el dirigente del partido Unión y Progreso, Danis Anulfo “Lenín” Ojeda, fue capturado en Mérida.
El dirigente de político de Encuentro Ciudadano, Francisco Ridelis, denunció que acusaron a Ojeda de “conspiración” y le negaron el derecho a la d0efensa privada. “Ni siquiera la ONG Foro Penal Venezolano ha podido tener acceso al expediente”, declaró al medio merideño “Voces en la web”.
En enero ocurrió la mayor cantidad de detenciones, específicamente los días 9 y 10, en las manifestaciones convocadas por la oposición y la juramentación presidencial del día siguiente.
De 276 detenciones desde las elecciones, 246 fueron identificados como actores políticos, 24 como periodistas y siete como activistas.
El partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, fue el más afectado, con 77 arrestos, seguido de Primero Justicia (PJ) con 35, Voluntad Popular (VP) con 19 y Un Nuevo Tiempo (UNT) con ocho detenciones.
Amenazas sobre familiares
La represión se extendió a los familiares de personas involucradas en política, como ocurrió con el coordinador de Vente Venezuela en Bolívar, Douglas Rodríguez, cuya vivienda fue allanada ilegalmente por funcionarios del Estado el 31 de enero.
Tras el ingreso, se llevaron detenida a su suegra de 80 años, Edith Gruber, y a la cuidadora de esta, Gregoria Lugo, quienes se encontraban en casa en ese momento, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela.
Lo mismo le sucedió a la dirigente de Voluntad Popular, Zuleika Meneses, el mes anterior, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en su casa sin orden de allanamiento y se llevaron a su tía y prima, Miriam Gómez y Alaina Rangel Gómez, en municipio Cárdenas del estado Táchira.
Organizaciones defensoras de DDHH indican que a esta práctica se le conoce como Sippenhaft, una táctica del nazismo basada en la detención de familiares presos políticos o de perseguidos como forma de presión.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello afirma que el activista Luis Somaza “está cantando más que Pavarotti”.
Este jueves 20 de febrero fue reportada la captura del periodista del medio digital La Patilla, Rory Branker, a manos de funcionarios del Sebin, cuando se llegaba a su vivienda. ”Esbirros entraron a su casa y se llevaron computadoras entre otras pertenencias”, declaró el fotoperiodista y compañero de Branker, Jesús Medina Ezaine, en la red social X.
La Relatoría Especial (RELE) de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) condenó el arresto. ”Según información pública fue enviado a El Helicoide. La Oficina urge por su liberación, así como a que se garantice su salud e integridad”.
De 24 trabajadores de la prensa detenidos, 16 fueron liberados, de siete activistas de DDHH, solo tres fueron excarcelados, y del total de actores políticos, 67 fueron liberados.
Salud en peligro
Con el paso de los días, la salud de muchos detenidos ha empeorado debido a las condiciones “deplorables” en los centros de reclusión, calificadas así por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este lunes atención médica para los opositores Américo de Grazia, Aldo Roso – detenido antes de las elecciones- Carlos Chancellory Perkins Rocha, quienes presentan patologías que deben ser ”tratadas inmediatamente”.
El 20 de febrero, la organización insistió que Chancellor – de 67 años- ”padece varias condiciones de salud graves, entre las que se incluyen cardiopatía hipertensiva, diabetes mellitus tipo II y un problema en la retina que amenaza su visión”.
También indicó que, según sus familiares, De Grazia padece múltiples afecciones graves que incluyen infecciones parasitarias y pulmonares, alteraciones prostáticas, problemas digestivos y hepáticos, dolores crónicos y complicaciones neuromusculares.
”A pesar de la urgencia de su situación y la necesidad de atención médica especializada, Américo sigue privado del acceso a los tratamientos médicos necesarios y no ha recibido la atención adecuada para su situación”, destacó.
JEP recordó que ”el derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a servicios médicosa todas las personas, especialmente a aquellos que se encuentran privados de libertad”.
Represión en alza
Para el 10 de febrero, la organización Foro Penal contabilizó un total de 1.194 detenidos por razones políticas desde el 28 de julio, entre los que se encuentran 119 mujeres, 164 militares y cuatro adolescentes.
La organización Human Rights Watch calificó como una “brutal represión” a las acciones cometidas por el Estado desde los comicios, y advirtió que cientos de personas han sido acusadas de “delitos que, a veces, tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas, como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo”.
Otros organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas denunciaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios y preventivos, y subrayaron tener “serias preocupaciones sobre los derechos a un juicio justo de las personas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el gobernante Nicolás Maduro, estaba “listo para irse”, pero que su antecesor en la Casa Blanca, Joe Biden (2021-2025), “lo fortaleció”.
Trump hizo esas declaraciones en un evento en la Casa Blanca al referirse a la compra de petróleo venezolano por parte de empresas estadounidenses. El crudo de Venezuela es especialmente pesado y se procesa en refinerías de Houston (Texas).
El mandatario republicano criticó que Biden “permitiera” a Venezuela seguir exportando petróleo a Estados Unidos, cuando su país tiene “el mejor crudo del mundo”.
Al respecto, insistió en que Maduro “estaba listo para irse”, pero que “Biden lo fortaleció”.
“Así que tienes a un tipo sentado ahí con mucho petróleo. Esa no es una buena situación, pero estamos teniendo conversaciones al respecto”, afirmó Trump, quien agregó: “Podemos hacer que Venezuela vuelva a ser fuerte”.
A finales de enero, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump ya había advertido de que no permitirá la compra de petróleo venezolano como hizo Biden.
“Biden fue y compraron millones de barriles de petróleo. No voy a permitir que vuelva a pasar algo así de estúpido”, afirmó entonces.
El republicano reforzó esa postura el 18 de febrero en una rueda de prensa en Florida, donde aseguró que está considerando suspender la licencia que permite a Chevron operar en Venezuela y que no entiende por qué el país suramericano recibe “miles de millones” de dólares por esa operación.
La licencia de Chevron ha sido cuestionada también por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien la considera una importante fuente de financiación en dólares para el Gobierno de Maduro, que Washington no reconoce como vencedor legítimo de las elecciones de julio de 2024.
Con información de EFE
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este jueves, 20 de febrero, Nicolás Maduro, sorprendió con varias perlas petitorias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que lo instó a que investigue “la verdad sobre el Tren de Aragua”.
Durante un “taller de alto nivel del Gobierno Popular”, Maduro hizo el exhorto respecto a la banda delincuencial transnacional designada por Washington como grupo terrorista.
En su declaración, Maduro aseguró que el Tren de Aragua está “extinto” en Venezuela y que su país logró desarticular a esta banda.
Pero aquí te presentamos las perlas más resaltantes de su mensaje al presidente estadounidense:
“Le digo al presidente Donald Trump, con respeto, pida los informes de los últimos cuatro años del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la DEA (Administración para el Control de Drogas), de las oficinas en Colombia, para que ustedes vean, presidente Trump, quiénes financiaron, quiénes movieron, quiénes dirigieron al famoso Tren de Aragua, quiénes lo llevaron a Colombia, quiénes lo llevaron a Estados Unidos”.
“Si algo se puede decir de terrorismo del Tren de Aragua, extinto Tren de Aragua, es que querían atacar con terrorismo las ciudades del país y nosotros lo evitamos con inteligencia, con acción. Presidente Trump, pida esos informes para que usted vea, se lo digo con sinceridad y con respeto, para que usted vea la verdad sobre el famoso Tren de Aragua”.
“Ese grupo delincuencial y violento pretendió utilizarse desde Colombia con lazos profundos con la antigua Administración estadounidense para traer terrorismo”.
ÚLTIMA HORA | Maduro: “Le digo al presidente Trump que pida los informes del FBI y la DEA para que ustedes vean quienes movieron al Tren de Aragua”
