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Ve sin Filtro denuncia bloqueo del portal de noticias EFE

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Este sábado, 22 de marzo, la organización Ve sin Filtro, dedicada a ayudar a los ciudadanos a evadir la censura, denunció que la página web de la agencia de noticias EFE fue bloqueada.

Según un reporte publicado en X, Ve sin Filtro informó que el bloqueo ocurrió después de que EFE fuera criticada en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, por la publicación de una entrevista a Magalli Meda, una de las cinco personas asiladas en la Embajada de Argentina en Caracas.

El bloqueo a EFE se suma a la larga lista de bloqueos a sitios web en Venezuela. Con este, suman 90 dominios de noticias bloqueados, en los últimos meses.

VE sin Filtro reiteró que durante 2024 y 2025, tanto el ministro Diosdado Cabello cómo Nicolás Maduro han tenido discursos criminalizantes contra las agencias internacionales de noticias, EFE entre ellas.

“Reiteramos que el bloqueo a fuentes de noticias viola el derecho libertad de expresión y acceso la web de la agencia”, expresó Ve Sin Filtro. 

13 violaciones a la libertad de expresión en febrero

La ONG Espacio Público documentó un total de seis casos que se tradujeron en 13 violaciones a la libertad de expresión en el mes de febrero.

La organización registró también tres detenciones de personas que se expresaron libremente, siendo los cuerpos de seguridad del Estado los principales victimarios. 

“Dos periodistas, cuatro particulares y tres medios de comunicación fueron las mayores víctimas de violaciones a la libertad de expresión en el segundo mes de 2025, que se caracterizó por un importante número de actos de intimidación, hostigamientos y censura”, puntualizó la ONG.

La emisora Ritmo Stereo 93.5 FM estuvo fuera del aire entre el 12 y el 17 de febrero a causa de un apagón eléctrico en la ciudad de Mérida, estado Mérida, el 11 de febrero, que dañó algunos de sus equipos de transmisión y los obligó a parar su actividad informativa.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el 21 de febrero el cierre de las emisoras Victoria 100.9 FM yStilos 93.1 FM que operaban en la localidad de Biscucuy, estado Portuguesa, así como el decomiso de sus equipos.

*Con información de El Carabobeño

Gobierno de Maduro anuncia reanudación de vuelos de repatriación desde EEUU

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Este sábado, 22 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional 2020 y designado para los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez, anunció la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos.

A través de un comunicado, Rodríguez indicó que el propósito del reinicio del Plan Vuelta a la Patria es lograr el retorno de los connacionales a Venezuela con resguardo de sus derechos humanos.

Reiteró que “migrar no es un delito” y que la administración de Nicolás Maduro no descansará hasta lograr el regreso de todos quienes lo requieran.

El funcionario insistió en el trabajo que están haciendo para “rescatar” a los venezolanos deportados a El Salvador.

De acuerdo con declaraciones dadas por Rodríguez el pasado jueves 20, están “contactando a los mejores bufetes en materia de migración” en Estados Unidos para que representen al país y a todos y cada uno de los migrantes venezolanos.

Este sería el primer vuelo en aterrizar en Maiquetía directamente desde los Estados Unidos, luego de que Washington envió más de 200 venezolanos a El Salvador, tras acusarlos de formar parte de la banda Tren de Aragua.

Según las cifras oficiales, desde febrero han retornado al país un total de 919 venezolanos en cinco vuelos, cuando fueron repatriados 190 en un primer momento, 176 que estaban en la base militar estadounidense de Guantánamo y más recientemente 242, también procedentes de México.

De estos 919 venezolanos que han regresado, solo 18 «tienen cuentas pendientes que resolver con la Justicia» venezolana, según la información oficial.

*Con información de TC y EC reanudación de vuelos

Pudieron ver la rosa en su cuello: el tatuaje que habría llevado a un venezolano a la cárcel de El Salvador

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Un video. Dos videos. Tres videos… Más de 10 videos. Era domingo, 16 de marzo. En su casa, ubicada en una parroquia del oeste de Caracas, Carlos Cornejo llevaba horas deslizando su dedo por la pantalla del celular, buscando un video en TikTok o tratando de ver alguna foto que le confirmara que Frizgeralth de Jesús Cornejo Pulgar, su hermano menor, había sido deportado de Estados Unidos a El Salvador, como otros 238 venezolanos. 

   Lo sospechaba, pero se aferraba a la esperanza de que no fuera así.

   Hasta que llegó a una publicación de un periodista salvadoreño.

—¡Lo encontré! —se exaltó. Y la voz se le cortó.

Sus padres corrieron a quitarle el teléfono y le dieron play al video. 

Ahí estaba: en ese pequeño clip aparecía una foto de Frizgeralth de perfil. Era él, no había dudas: tenía la cabeza rapada y estaba de espaldas a otro detenido. Se podía ver una rosa grande en el cuello, uno de sus más de 20 tatuajes. 

Y entonces el llanto que había estado conteniendo Carlos, se desbordó. 

La familia Cornejo Pulgar se dio cuenta que Frizgeralth habia sido llevado a El Salvador a través de un video. no han tenido contacto con él desde su traslado (Foto #LaHoradeVenezuela)

En la sala de la casa también estaban los amigos que Frizgeralth dejó al migrar. Todos tenían los ojos aguados. Sorprendidos, comentaron que no podían quedarse de brazos cruzados:

—¡Hay que hacer algo, vamos a publicar en Facebook y en TikTok! ¡Hay que pedir ayuda! —se dijeron entre sí. 

En redes sociales encontraron la foto que a Frizgeralth le acababan de hacer en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión máxima seguridad que el presidente Nayib Bukele hizo construir en Tecoluca, El Salvador, y que estrenó en 2023. Esas imágenes, que siguieron desatando las lágrimas, se mezclaban en las redes con las de la vida común y corriente que llevaba Frizgeralth en Caracas: ahí aparecieron también las últimas fotografías que se tomó antes de irse de Venezuela. Salía compartiendo, disfrutando, contento. 

Sus amigos y familiares entonces comenzaron a compartir todo lo que podían sobre él. Excompañeros del trabajo publicaban y dejaron comentarios: “Ese chamo más tranquilo y más panita no podía ser… Qué injusticia”. “Qué les cuesta solo deportarlo y ya. No levantar esas calumnias”. “Él se fue a cumplir un sueño, no a ser torturado física y mentalmente”.

La última vez que Frizgeralth tuvo contacto con su familia fue un día antes, el sábado 15 de marzo. Estaba en Del Valle Center Facility, una prisión de Texas. 

—Ya pronto nos montan en el avión. Nos dijeron que vamos a Venezuela —les contó en una última llamada que le permitieron las autoridades.

 Les pareció escucharlo tranquilo, aplomado, y eso les devolvió un poco la calma. 

Frizgeralth Cornejo fue detenido por migración en su cita en la frontera. fue detenido por sus tatuajes (Foto #LaHoradeVenezuela)

Frizgeralth estaba atrapado en una sucesión de infortunios. Llevaba casi nueve meses detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Salió de Venezuela rumbo a ese país el 10 de febrero de 2024, acompañado de Daniela, su novia, y tres amigos. Sus expectativas eran las que suelen tener quienes se lanzan a la aventura de echar raíces lejos de casa: quería conseguir un trabajo estable, conocer otra cultura. Pero, sobre todo, anhelaba reunirse con dos de sus hermanos, Miguel y Mónica, que residían allá desde hacía varios años.

Cruzaron el Darién, en una travesía que les tomó varios días. Luego siguieron por Centroamérica hasta México. Allí esperaron dos meses por la cita que pidieron en CBP One, la aplicación que, hasta enero de 2025, permitió a migrantes sin visa que aspiraban solicitar asilo programar citas en puertos de entrada fronterizos para tener un ingreso legal. 

A ellos les asignaron la entrevista para el 19 de junio de 2024. 

Frizgeralth le avisó a su familia con alegría. Su hermano Miguel sería el encargado de esperarlos y llevarlos a su nueva casa. Ya se acabaría la espera.

Ese día llegaron puntuales al puerto fronterizo de San Ysidro, en Baja California, y los hicieron pasar uno a uno para conversar con el oficial de migración. 

Frizgeralth estaba nervioso porque los funcionarios no dejaban de mirarlo. Se sentía un bicho raro, intimidado.

—Tú vas a pasar de último —le dijo un oficial.

Solo pudo asentir y tratar de mantener la calma porque no había nada que esconder.

La familia y amigos aseguran que  Frizgeralth, en Venezuela, era como cualquier otro muchacho. Salía a citas con Daniela; trabajaba con su hermano Carlos vendiendo ropa en una tienda virtual; jugaba fútbol con sus amigos; iba al estadio y paseaba con su familia. “Yo estoy limpio, no tengo delitos”, pensaba mientras esperaba. Vio salir a sus amigos y a Daniela, pero cuando llegó su turno, el tiempo se hizo eterno. 

Dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas… A su hermano Miguel le pidieron retirarse. Les indicaron que por ese día los procedimientos habían culminado. 

Frizgeralth nunca salió y decidieron que se irían para evitar problemas, pero sabían que algo malo estaba pasando. Horas después, una llamada de migración se los confirmó: “Se quedó detenido por una investigación”.

El tiempo ha pasado y a todos en esta familia les ha costado entender exactamente lo que ha sucedido. 

—A él siempre le dijeron que era por una investigación del tatuaje. Tiene aproximadamente 20 tatuajes en todo el cuerpo y uno es la rosa. Ese día comenzó esta pesadilla —comenta ahora Carlos, desde su casa en Caracas.

A Frizgeralth Cornejo primero lo llevaron al Centro de Detención de Otay Mesa en San Diego, California, una cárcel federal de seguridad media controlada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Semanas después lo trasladaron a Winn Correctional Center en Luisiana, el lugar donde pasó más tiempo: seis meses.

Mónica y Daniela hablaban con él porque a veces los oficiales le prestaban un celular, desde el que podía escribirles. También podían verlo de tanto en tanto en lo que llamaban “Visitas picnics”. Ellas pedían “citas” para que les permitieran esos encuentros, o él los solicitaba. Una vez, le llevaron las planillas del asilo que él tenía que firmar y no les permitieron ingresarlas. 

Para darse un abrazo, ambas tenían que cumplir un protocolo meticuloso. Solo podían comprar la comida en un lugar específico y abrir cada una de las bolsas al llegar. En el mostrador, dejaban sus celulares, las llaves y sus documentos de identidad. Las revisaban. Luego, las hacían caminar por un pasillo largo e iluminado, rodeado de muchas rejas. 

—Había muchos oficiales, les pasábamos por el lado, hasta que llegábamos a una sala donde lo traían a él. Solo lo vimos dos veces en Winn Correctional Center y una vez en Otay Mesa —recuerda Mónica. 

En esas visitas, notaban a Frizgeralth de mejor ánimo. Les contaba que oraba seguido para no sentirse solo; que al salir quería congregarse en una iglesia, casarse y tener hijos. Y que ahí dentro había más venezolanos que aseguraban haber  sido detenidos por la misma razón que lo tenían a él: tener tatuajes.  Él les repetía a ellas, una y otra vez, lo mismo que les escribía por mensajes: “Anhelo estar con ustedes ya, pero me toca esperar el tiempo de Dios”. 

Ellas le transmitían a la familia cada detalle que lograban obtener. 

El 14 de diciembre pasó su cumpleaños 26 encerrado y sin poder compartir con su gente. 

Un día, Mónica recibió un mensaje que le preocupó: “Ando desanimado porque aquí han empezado a llegar venezolanos que ya estaban con libertad y cuentan que los fueron a buscar en sus casas, a sus trabajos, les dijeron que sospechaban de sus tatuajes. Yo sé que mis tatuajes no son referentes a algo delictivo, pero esta gente está juzgando a todo el mundo de la misma manera”.

Cuando el Gobierno de Estados Unidos confirmó que había enviado a 238 migrantes venezolanos a El Salvador, aseguró que los expulsaba por ser presuntos miembros del Tren de Aragua. Y agregó que no solo los unía su nacionalidad, sino tatuajes específicos con los que se identifican. Aquellos que tengan un tren, una rosa, una brújula, una estrella, una corona, o simplemente a Michael Jordan saltando, pueden ser considerados integrantes de la banda según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, aunque no haya un delito que los incrimine.

Aunque Frizgeralth buscó ingresar a Estados Unidos por la aplicación CBP One no se le permitió libertad en Estados Unidos. Fue llevado a centros de detención para migrantes. No registra casos penales en Venezuela o en Estados Unidos y sin embargo fue llevado a El Salvador (Foto #LaHoradeVenezuela)

El mecanismo final para lograr ese traslado fue aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite sacar de Estados Unidos a “terroristas” sin derecho a juicio en tiempos de guerra. La familia de Frizgeralth leyó que El Salvador acordó mantenerlos presos en el CECOT por un año y que ese trato podía extenderse indefinidamente. Su indignación creció cuando supieron que el vuelo se aprobó, aunque un juez federal intervino para detener el procedimiento.

—Dieron la orden de que ese avión no despegara, pero la administración del nuevo presidente violó la orden y los envió —dice Mónica.

Tenía dudas de si él era parte del grupo porque su hermano tenía un juicio programado para el 22 de abril de 2025, que determinaría si lo soltaban o no. 

En pocas horas, dieron con una familia en redes sociales que denunciaba que su familiar estaba en el CECOT porque lo reconocieron en una foto. Notaron que el caso era similar al suyo y les dijeron algo que los removió: “A todos los que estaban en Del Valle se los llevaron para allá”. Sabían lo que significaba: ahí estaba incluido Frizgeralth.

 En Estados Unidos se ha reportado la detención documentada de miembros del Tren de Aragua en Florida, Nueva York, Texas y Colorado. Durante el gobierno de Joe Biden, hubo al menos 50 apresados y 100 investigaciones federales abiertas. Durante el proceso no se habló de tatuajes, sino de delitos como la extorsión, tráfico de armas, drogas y personas, explotación sexual y secuestros. Periodistas que han investigado a esta organización criminal por años aseguran que los tatuajes no son elementos que identifican a los miembros de la banda. Hay algunos que los tienen, pero no suponen una simbología compartida.

La familia de Frizgeralth aún se pregunta cuál fue el delito que cometió porque hasta logró la cita del CBP One, cumpliendo sus exigencias legales. El 17 de marzo Karoline Leavitt, secretaria de prensa del Gobierno de Trump, dijo que de los 238 venezolanos trasladados al CECOT, 101 fueron expulsados por leyes de inmigración y 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros por delitos cometidos en Estados Unidos. Ellos suponen que, en todo caso, él pertenecería al primer grupo, pues la nueva administración de ese país considera que, incluso quienes ingresaron a través del desaparecido sistema CBP One, cometieron un delito. Y lo suponen,  porque no hay prueba alguna que lo vincule con una banda o actos delictivos. 

 Tres días después, un medio de comunicación publicó una lista con los nombres de los que enviaron a El Salvador. La familia confirmó que era real no solo porque salía el nombre de Frizgeralth, sino el de otros jóvenes cuyos seres queridos denunciaron su traslado. Eso sí, continúa sin haber aclaratoria de cuáles específicamente tienen expediente por delitos.

 Mónica ha llorado en silencio por lo que vive su hermano y por sus propias ilusiones rotas. 

—Yo quería compartir aquí con él. Hacerle comida. Verlo, pues. A pesar de que había pasado mucho tiempo, yo seguía con la fe intacta de que lo iba a ver aquí y de que todo el sacrificio que él hizo habría valido la pena, pero pasó lo que pasó.

 La esperanza de su familia está puesta en que pronto haya una rectificación por parte del gobierno de Estados Unidos. 

 Sueñan con ver otra foto pronto, pero una distinta. Quieren una fotografía en la que Frizgeralth aparezca junto con sus padres y hermanos en Caracas. Y que, si hay una próxima llamada, sea para celebrar ese reencuentro que sí se dio.

 Mónica no sabe cuándo, pero trabajará para que en algún momento puedan verse sin la mirada de un policía desde una esquina. Probablemente en otro país, en otro contexto.

—Yo sé que esa decisión la están peleando y esperamos que sea positiva la respuesta, que ellos puedan salir de allí. La gente tiene que saber que nosotros lo que buscábamos, lo único que deseábamos, era poder estar en familia.

DDHH en Movimiento rechaza las deportaciones masivas y aceleradas por parte del gobierno de EE.UU.

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La Casa Blanca está cumpliendo su promesa de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de América”. No obstante, esta política de deportaciones masivas y aceleradas se realiza ignorando protocolos internos y el debido proceso, desobedeciendo órdenes de tribunales y desoyendo las críticas de organizaciones promotoras de derechos civiles dentro de Estados Unidos, generando una oleada de violaciones de derechos humanos a personas necesitadas de protección internacional, como la comunidad migrante venezolana.

Diferentes organizaciones defensoras de derechos civiles, dentro de Estados Unidos, han cuestionado esta política. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda a finales de enero para intentar que el sistema de justicia impida que los funcionarios de inmigración pudieran realizar deportaciones aceleradas.

En su demanda la organización aseveró: “El proceso de deportación acelerada, incluso cuando se utiliza en la frontera para los recién llegados, está plagado de errores y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos legales de las personas”. La demanda asegura que la decisión viola la ley federal de inmigración y los derechos constitucionales al debido proceso de las personas sujetas a los procedimientos acelerados. “Todos en este país tienen derecho al debido proceso; es uno de los principios básicos de nuestro gobierno”, expresó una de las voceras de la organización.

Por su parte la American Immigration Council indicó que el proceso estimula las deportaciones erróneas: “Las personas que de otro modo serían elegibles para solicitar una exención de la deportación ante un tribunal de inmigración podrían verse injustamente privadas de la oportunidad para solicitarla”.

Asimismo, opinaron que estos procedimientos generan una protección inadecuada de los solicitantes de asilo y la falta de revisión judicial de las decisiones, pues las personas sometidas a deportación acelerada no tendrían derecho a impugnar su deportación ante un tribunal federal.

Según expresó el Real Instituto Elcano una deportación masiva, como la anticipada en la “Operación Aurora”, es temida por su carácter divisivo, al conducir a la separación de las familias, y anticipar efectos devastadores en las comunidades. Se estima que en todo Estados Unidos existen más de 16,7 millones de personas que tienen al menos un miembro de la familia en situación irregular viviendo con ellos. Por otra parte hay 5,9 millones de niños, ciudadanos de EEUU, que estarían en riesgo si sus familiares en situación irregular son objeto de estas medidas.

Otras vulneraciones para los venezolanos

El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido utilizada desde 1798, que lo faculta para deportar a cualquier no ciudadano en tiempos de guerra. En esa oportunidad aseveró que el país había sido “invadido” por el Tren de Aragua, un grupo delincuencial transnacional que tuvo origen en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua en Venezuela. La orden ejecutiva acusó a la pandilla de trabajar en estrecha colaboración con altos funcionarios del gobierno venezolano para infiltrarse entre los inmigrantes, inundar a Estados Unidos con cocaína y perjudicar al país.

En octubre del 2024 se divulgó que el Departamento de Seguridad Nacional había identificado a 600 personas en Estados Unidos que podrían tener vínculos con el Tren de Aragua, de los cuales 100 serían integrantes confirmados, un 0.1% de la comunidad venezolana en ese país.

Sin embargo, luego de una intensa campaña de estigmatización, en la que se sugiere que toda persona venezolana dentro de Estados Unidos es un potencial miembro de esta organización criminal, todos los venezolanos que habían obtenido el estatus de protección temporal (TPS), pudieran ser víctimas de una deportación acelerada, luego que la nueva administración decidiera cancelarlo el pasado 1 de febrero. Esto representa una amenaza para 504.000 venezolanos que habían sido beneficiarios del TPS.

Actualmente los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela se encuentran en un proceso de negociación luego que Donald Trump anunciara, el 27 de febrero, que revocaría las concesiones otorgadas a Chevron para sus operaciones en nuestro país. Aunque en su mensaje el presidente de EEUU se refirió al incumplimiento de las condiciones electorales, también señaló que la decisión era consecuencia de no transportar “criminales violentos” al ritmo que Miraflores se había comprometido. Estados Unidos dio plazo a Chevron hasta el 3 de abril para la finalización de sus operaciones en Venezuela, tiempos en que previsiblemente habrá negociaciones entre ambos países.

El 15 de marzo Estados Unidos deportó a más de 230 personas, la mayoría de ellas venezolanas, a El Salvador, las cuales fueron ingresadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). De ellas 137 fueron trasladadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, a pesar que un juez federal había ordenado paralizar durante 14 días cualquier deportación amparada en dicha normativa. Por recibir a este contingente El Salvador habría recibido 6 millones de dólares.

Human Rights Watch cuestionó esta medida, opinando que el presidente Nayib Bukele estaría ofreciendo servicios similares a los de la Cárcel de Guantánamo, permitiendo evadir cualquier escrutinio judicial. La ONG recordó que las personas detenidas en El Salvador carecen de cualquier comunicación con el mundo exterior, no tienen acceso a recursos legales genuinos y, en muchos casos, son sometidas a torturas, desapariciones forzadas y malos tratos.

Ya han comenzado a aparecer las denuncias de familiares, de personas venezolanas deportadas a El Salvador, que niegan su vinculación con organizaciones delictivas. Voceros del departamento de Estado reconocieron que 101 de los venezolanos deportados no tenían relación con el Tren de Aragua, sino que estaban bajo un estatus migratorio irregular.

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos rechazaron que los diferentes gobiernos de la región utilicen la narrativa del Tren de Aragua para obviar sus responsabilidades con los migrantes venezolanos como sujetos de protección internacional.

En su informe “Situación de derechos humanos de las personas en movilidad provenientes de Venezuela” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las personas provenientes de Venezuela deben ser reconocidas, prima facie, como personas refugiadas bajo la declaración de Cartagena:

“En efecto, la gran mayoría de personas que salen de Venezuela se desplaza por inminentes amenazas a su vida, integridad y libertad como consecuencia de la violación masiva de derechos humanos”, aseveró el máximo organismo regional protector de los derechos humanos.

En virtud de todo lo anterior señalamos:

Rechazamos la política de deportaciones masivas aceleradas contra migrantes de diferentes nacionalidades en Estados Unidos, debido a las violaciones de derechos humanos resultantes de ignorar el debido proceso.

Instamos a la administración de los Estados Unidos a reconsiderar estas medidas y a alinear su política migratoria con su compromiso histórico con la protección internacional de personas que han salido de países bajo gobiernos autoritarios y los derechos humanos.

Como organizaciones de derechos humanos críticas de la impunidad, exigimos que cualquier persona migrante vinculada a cualquier delito dentro de Estados Unidos sea investigada y sancionada, con respeto al debido proceso, por las autoridades judiciales de ese país. Debido a las graves irregularidades existentes en el sistema de justicia venezolano, nada garantiza que una persona que haya cometido un delito en otro país vaya a ser sometida a un juicio justo en el país en caso de ser retornada.

Reiteramos nuestra preocupación por la caracterización injusta y estigmatizante de los migrantes venezolanos, vinculándolos con organizaciones criminales de manera generalizada y sin fundamento. Esto no solo es una distorsión de la realidad, sino que expone a la comunidad venezolana, tanto en Estados Unidos como en otros países de la región, a la discriminación, criminalización y xenofobia.Exigimos a los diferentes voceros políticos, así como a medios de comunicación,un uso responsable del tema de seguridad ciudadana y de las organizaciones delictivas transfronterizas.

Pedimos al Secretario General de la OEA que convoque a una reunión urgente del organismo sobre las políticas migratorias en la región.

Alentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite información detallada sobre las deportaciones masivas y aceleradas realizadas dentro de Estados Unidos, así como la lista de las personas deportadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, incluyendo los presuntos delitos o faltas de cada uno.

Exhortamos a la comunidad de países democráticos de la región a tomar decisiones sobre los flujos migratorios atendiendo a los estándares internacionales de protección a la población migrante y personas necesitadas de protección internacional, incluyendo la Declaración de Cartagena.

Rechazamos cualquier proceso de deportación contra personas necesitadas de protección internacional. En el caso de la comunidad venezolana, personas que han huido de la emergencia humanitaria compleja, la persecución política y la violación sistemática de derechos humanos.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos, y del resto de los países de la región, deben respetar escrupulosamente el debido proceso, el principio de no devolución en caso de asilo, mantener el principio de unidad familiar, realizar consideración sobre las necesidades específicas de grupos vulnerables y evitarla discriminación.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Donald Trump revoca parole humanitario a más de 120.000 venezolanos

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El Gobierno de Donald Trump tiene previsto revocar el parole humanitario, un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 117 mil venezolanos, según un borrador publicado este viernes en el Registro Federal.

El beneficio migratorio expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él deberán abandonar el país antes de esa fecha o arriesgarse a permanecer en el país de manera irregular.

En el borrador, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se argumenta que este programa migratorio “ya no representa un beneficio público significativo” para Estados Unidos y es “incompatible con los objetivos de política exterior” de la Administración de Trump.

En la práctica, la decisión de Trump acaba con el parole humanitario, creado bajo el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), y que permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Para acceder al programa, tenían que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el país.

Biden decidió lanzar esa iniciativa en 2022 para venezolanos y ampliarla en 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses como parte de su estrategia para frenar la migración irregular hacia EE.UU., a la vez que comenzó a imponer restricciones al asilo en la frontera con México.

¿Qué sigue?

Según los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.

Es casi seguro que la decisión será impugnada en los tribunales por abogados de inmigración que han estado argumentando que las personas que ingresaron a los EEUU bajo el parole humanitario cumplieron con todas las reglas y no deberían ser castigadas al perder repentinamente su capacidad de trabajar y vivir legalmente en los EEUU.

La comunidad venezolana, una de las más golpeadas por esta medida, busca alternativas para enfrentar la situación:

  • Asilo y TPS: Los expertos instan a los afectados a explorar opciones legales, como el asilo político o el Estatus de Protección Temporal (TPS), para permanecer en el país.
  • Acciones legales: Abogados de inmigración han anunciado que desafiarán la decisión en tribunales, argumentando que el programa era completamente legal al momento de su implementación.
  • Organizaciones como el Venezuelan American Caucus están trabajando para educar a los afectados y conectarles con asesoría legal, aunque el tiempo juega en su contra.

*Con información de TalCual y El Carabobeño

Más angustia, ahora septentrional

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@AAAD25

Henos aquí, aún sumidos en el estancamiento de la política venezolana, con una dirigencia opositora que a todas luces no tiene ningún plan para hacer valer su reclamo sobre las pasadas elecciones presidenciales, más allá de esperar a que alguna presión internacional cambie las cosas; con políticos que se están presentando como alternativa opositora a aquella espera, llamando a “votar” en unas “elecciones” que a casi nadie le importan porque las masas perdieron cualquier fe en que ese “voto” sirve para algo; y con una elite gobernante que sigue imponiendo sus designios radicalmente excluyentes al resto de la población. Henos, pues, aún estancados con todo eso. E pur si muove, diría Galileo. Este país políticamente inerte está a la vez sacudido en otros aspectos. Miren nada más la economía, que sigue deteriorándose, con un aumento de la devaluación del bolívar y de la inflación. Nadie hace nada efectivo al respecto. El país se siente, en ese sentido, no solo en movimiento sino a la deriva. Es La balsa de la Medusa de Géricault, con unos 25 millones de náufragos.

Lo que sucede en Venezuela ya es mucho más que suficiente motivo para que alguien se sienta muy preocupado. Ha sido así por más de una década. No en balde hemos experimentado una de las estampidas migratorias más grandes en la historia de Latinoamérica y una de las más grandes del planeta hoy. Cuando el país propio, por mucho que se le quiera, es injustamente convertido en un infierno, es inevitable para millones, como Dante, sentir que ya no hay nada más que hacer ahí, mirar hacia arriba y tratar de llegar a otras esferas, esperando encontrar a Beatriz como metáfora de una vida decente. En este caso, “arriba” es simplemente “afuera”, sin verticalidad. Prácticamente cualquier otro país latinoamericano, norteamericano o europeo es considerado preferible.

Sin embargo, entre todos esos, creo que Estados Unidos suponía un atractivo especialmente marcado. Por varias razones, empezando por ser el país en el mismo continente que ofrece una calidad de vida material más elevada. También por una larga historia de afinidad cultural que en parte se debe a un siglo de vínculos económicos, forjados al calor de una refinería petrolera y la consiguiente adopción de muchos elementos culturales norteamericanos (somos, verbigracia, el único país sudamericano donde el béisbol ha sido por décadas más popular que el fútbol, cosa que apenas entre generaciones jóvenes de la actualidad quizá ha cambiado). En parte también se debe al inigualable alcance de la cultura estadounidense mediante sus medios de comunicación masivos y sus industrias culturales (el cine, la televisión, etc.), uno de los mecanismos de soft power más efectivos.

En fin, tener puentes con Estados Unidos y ser en nuestro propio país como Estados Unidos ha sido por al menos cien años una aspiración en la psiquis colectiva del venezolano. El inglés está en nuestro pensum de educación básica y hay no pocos colegios privados bilingües. Muchos padres venezolanos sueñan con que sus hijos vayan a una universidad de la Ivy League. Tener un apartamento en Miami es, en palabras del sociólogo Pierre Bourdieu, uno de los mayores gestos de distinción. ¿Será todo esto “pitiyanquismo”, como cuestionó originalmente Mario Briceño Iragorry, muchísimo antes de que el chavismo se apropiara del término? Quizá. Pero ahí ha estado siempre y es notable que ni siquiera la presente elite gobernante, heredera de los movimientos políticos de extrema izquierda de la centuria pasada y que se identifica como rabiosamente antiestadounidense, haya podido cambiar las cosas. Tal vez porque ni los propios miembros de dicha elite se toman en serio su propaganda dizque antiimperialista. Ellos también, en el fondo, aprecian la cultura estadounidense y la imitan.

Como he dicho, la situación en nuestro país ya es una fuente de quebrantos de cabeza más rica que las del Orinoco, el Danubio, el Nilo, el Ganges y el Yangtze juntas. No necesitamos fuentes foráneas. Y creo, por todo lo narrado en los párrafos anteriores, que muy pocos venezolanos esperaban hasta hace muy poco que la política estadounidense sería una de ellas. Pero miren nada más el surgimiento y rapidísima radicalización de un discurso político contra la presencia de venezolanos en ese país. Sí, hablo de venezolanos a secas y no de venezolanos con prontuario criminal. Porque eso es lo que está ocurriendo, aunque el pretexto de las autoridades use a los delincuentes del Tren de Aragua como manto encubridor de sus acciones.

¿Cómo se explica entonces la invocación, por parte del gobierno de Donald Trump, de una ley del siglo XVIII para realizar expulsiones masivas exprés de venezolanos? El texto de marras es la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, cuando Estados Unidos era una república recién nacida, muy lejos del estatus de máxima potencia militar que es hoy. Había temores, razonables, de que el país fuera reconquistado por Gran Bretaña o dominado por otra potencia europea. Así que se redactó una ley que, en caso de agresión por otro Estado, permitiera la deportación inmediata de extranjeros. Dado que fue concebida en estas circunstancias y en tiempos de menor preocupación por los derechos humanos, invocaciones posteriores han sido bastante controvertidas.

Claro, si algo hay que reconocerle al presidente Trump es que a la controversia no le rehúye. En tan solo dos meses de regreso a la Casa Blanca, ha introducido una serie de medidas que apuntan a transformar radicalmente la forma en que se ejerce el poder en su país. Entre ellas, la referida invocación de la Ley Enemigos Extranjeros. El enemigo señalado en cuestión es el Tren de Aragua. Honestamente ignoro cuántos sujetos adscritos o que estuvieron adscritos a esa organización criminal están presentes o hayan estado presentes en suelo norteamericano. No tengo problemas con que individuos con probada pertenencia al Tren de Aragua sean confinados a lugares donde no sean un peligro para terceros y paguen por sus delitos. Creo además que un Estado tiene derecho a no permitir en su territorio la presencia de personas que ingresaron sin autorización, incluso si fuera de eso no han cometido falta alguna.

El problema es que a todas luces se está usando la Ley de Enemigos Extranjeros para criminalizar a venezolanos a priori y, más que deportarlos, someterlos a castigos injustos después de la expulsión. Las denuncias de sus abogados indican un patrón por el que venezolanos son catalogados como miembros del Tren de Aragua, sin debido proceso ni derecho a defenderse de esa acusación. Los argumentos para el señalamiento son más que cuestionables, incluyendo el mero hecho de tener tatuajes que las autoridades migratorias consideran caprichosamente simbología de bandas criminales (nota bene: los delincuentes venezolanos históricamente no han usado tatuajes para eso, como sí han hecho sus pares centroamericanos).

Si a esos venezolanos acusados de ser hampones se les hubiera deportado por estar indocumentados y ya, nadie tendría derecho a reclamar. En vez de eso, ahora están en una cárcel salvadoreña para terroristas, quién sabe por cuánto tiempo. Obra y gracia de un acuerdo entre los gobiernos de Trump y Nayib Bukele, por el cual el primero pagará al segundo por el cautiverio (lo cual no deja de sonar, tétricamente, como la reducción de personas a mercancías). Con semejante incentivo monetario, ¿por qué va a querer el autoritario presidente salvadoreño ponerse a revisar si hubo errores en la atribución de membresía al Tren de Aragua y proceder a excarcelar a los agraviados, como cándida o cínicamente sugieren los apologistas de todo esto para desestimar la oleada de indignación y consternación producida?

Ver los rostros llenos de angustia de los familiares de estos venezolanos rompe el corazón. Pero no todo puede ser llanto. Hay que actuar. Sobre todo, porque la espera de que la elite gobernante venezolana, cuyo historial de interés por el bienestar de las masas todos conocemos, haga algo efectivo con este embrollo pudiera ser fútil. Desde la propia Venezuela es poco lo que la sociedad civil puede hacer, ciertamente. Pero igual hay que intentarlo. Que esas voces las escuchen quienes en Estados Unidos están actuando para frenar estas prácticas y les sirvan de aliento y, quizá, apoyo. Nos tocó un mundo insólitamente injusto, pero sentándonos a lamentarnos no lo vamos a cambiar.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Benigno Alarcón: Reforma podría eliminar el voto directo

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En conversación con Runrun.es durante un space en X el pasado 20 de marzo, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, abordó los desafíos que plantea la propuesta de reforma constitucional planteada por Nicolás Maduro, la segunda desde que el chavismo asumió el poder en 1999. 

Aunque no se han suministrado mayores detalles, se ha adelantado que al menos 80 artículos de la Constitución venezolana son los que serán sometidos a cambio, lo que representa al menos una quinta parte del texto fundamental.

Alarcón opinó que la propuesta de la reforma constitucional se deriva de lo acontecido en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral es cuestionado por el mundo.  Recordó también que en 2012, antes de morir, Hugo Chávez trató de dejar la “casa arreglada” para que su proyecto pudiera continuar adelante y una de las cosas que expresaba casi con “desesperación” era la necesidad de implementar el Estado comunal.

“Yo creo que Chávez comenzó a sospechar que su proyecto ya no tenía tanto vigor en las elecciones de 2012 en las que, aunque ganó sin tanta dificultad, no las ganó con la misma facilidad que como ganó el 2006. Esto de alguna manera la preocupaba y buscaba ver cómo se mantenía el proyecto a mediano y largo plazo”, rememoró. 

Sobre la propuesta de reforma actual hay un punto clave, a su juicio: “La realidad del asunto es que en el proyecto del Estado comunal que seguramente ocupa buena parte de esos  80 artículos que, se especula, están siendo reformados de la Constitución, básicamente lo que deben estar planteando es una nueva arquitectura del poder para poder mantener lo siendo minoría”.

Pero, ¿qué implica mantener el poder siendo minoría? Las posibles cartas que pudiese jugarse el chavismo con la reforma según Alarcón es concentrar más poder en el Ejecutivo, eliminar cualquier rastro de división de poderes que pudiera servirle al Ejecutivo de contrapeso, y quizás, “cambiar la forma en la que elegimos a las autoridades en Venezuela, el voto directo, para pasar a una especie de voto indirecto donde nosotros elegimos a unas personas que- a su vez- eligen a las autoridades”.

“Un poco como el sistema de colegios electorales en Estados Unidos, pero aplicado a un país que tiene unas características completamente distintas. En ese país cada estado es un país independiente, donde la elección busca equilibrar las diferencias de población que hay para que, a través de la figura de los colegios, se pueda tener una elección que balancee la diferencias y permita tener un presidente que goce de la simpatía de los estados y no solo de la población”, explicó. 

“La estrategia es que la población no lo digiera”

Consultado sobre cuál sería la reacción de los ciudadanos ante esta posibilidad que lesiona nuevamente sus derechos políticos, Alarcón advirtió que la estrategia del gobierno sería justamente que la población “no digiera” lo que se avecina.

“La estrategia es que nos lo traguemos sin tan siquiera poder probarlo, sin poder entender lo que está pasando. Al final del día, tenemos un proyecto que el gobierno busca aprobar o imponer por las buenas o por las malas“, advirtió.

Opinó Alarcón que la Constitución actual tiene varios elementos que sí deberían ser reformados, como el artículo de la reelección indefinida, pero que eso no estaría seguramente en los planes del gobierno.

“Eso es una figura que hay que desaparecer de la Constitución, pero resulta que el plan del gobierno no es desaparecerla, sino poder gobernar indefinidamente sin tener la mayoría y por eso seguramente el plan va a ser cambiar la arquitectura del voto y del poder (…) Eso pasa por un primer obstáculo, que la gente lo apruebe, pero ese referéndum va a ser hecho por un Consejo Nacional Electoral que rigió las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados y todo lo que pasó después todos conocemos”, apuntó. 

Añadió que a esto se le suma un problema adicional: el hecho de que una reforma constitucional de 80 artículos sea hecha por la misma Asamblea Nacional, pues debió hacerse a través de una Constituyente “por ser una reforma prácticamente integral de la Constitución”. 

“Esto se está metiendo por una vía rápida, un fast-track a través de la AN, sin que haya un debate público, porque seguramente será a puerta cerrada y será con grupos seleccionados por la misma Asamblea, por lo que posiblemente nos enteraremos de los contenidos después de que la reforma se apruebe y publique. Probablemente, nunca los conozcamos en detalle antes de ese momento”, alertó.

“El gobierno podría imponerla”

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, consideró que el país está ante un momento “tremendamente peligroso” en el que un régimen autoritario “busca consolidar su hegemonía para mantenerse en el poder, independientemente del apoyo popular que tenga”.

“Si ocurrió el 28 de julio del año pasado una elección que fue cuestionada, y el gobierno logró seguir adelante sin tener que comprobar que la había ganado y usó la represión para callar las voces que se oponían a ese resultado oficial anunciado por el CNE, yo me atrevería a sospechar que la reforma constitucional puede seguir el mismo camino. Si el gobierno no consiguió una resistencia importante hasta ahora y pudo salir adelante utilizando el aparato represivo sin tener que probar el resultado de la elección a través de las actas del CNE, sospecho que estamos ante un gobierno que cree que puede hacer cualquier cosa, si pudo imponer aquello, puede imponer esto“, profundizó.

Consultado sobre qué papel adoptaría la oposición en este escenario, consideró que a lo interno hay un debate entre votar y no votar y que los distintos estudios indican que María Corina Machado y Edmundo González siguen conservando el respaldo de la ciudadanía, por lo que tendrían incidencia en lo que se decida respecto a esta consulta. 

“La oposición que ocupa un espacio y lo quiere mantener siempre va a ser partidaria de ir a una elección, y la que no lo tiene o considera que, teniéndolo, no lo va a poder ocupar o defender se niega a ir a esa elección. La realidad es que creo que el país opositor está negado a ir a unas elecciones bajo las condiciones actuales, si la gente no percibe que verdaderamente puede elegir”, abundó. 

Ante la sensación de que la reforma no se pueda detener vía electoral el riesgo está, como lo identifica Alarcón, en que la sociedad “busque otros caminos para hacerlo, allí está el peligro de que el conflicto salga de las vías institucionales”. 

¿Encontrará resistencia en el chavismo?

A juicio de Alarcón, la reforma trunca el futuro de otros actores políticos dentro del mismo oficialismo. 

“En otras palabras, va a ser difícil pensar en otro presidente si la reforma va adelante, va a ser difícil en que personas dentro del oficialismo puedan aspirar a cargos si no tienen el visto bueno de la élite gubernamental”, dijo.

Agregó que para un sector la reforma “puede ser tremendamente impopular” porque ha sido, en buena medida, “el legado de Chávez”, y quienes siguen sintiendo aprecio por él posiblemente no vean estos cambios con simpatía.

“Por otro lado, siento también que las instituciones que se van a delimitar a través de la reforma tampoco seguramente jugarán a favor de ella”, comentó.

Para Alarcón, una de las razones de mover la elección de abril a mayo es porque se va a intentar mezclar el referéndum de la reforma con otros proceso electorales, porque si no se hace, quizá sea muy evidente que nadie se movilizó a votar para aprobarla. 

Sobre los comicios del 25 de mayo, adelantó que es posible que la fecha se vuelvan a correr, porque no se están viendo las dinámicas propias de preparación a un poco más de dos meses de su celebración. La apuesta del gobierno, en ese sentido, podría ser convocar a unas “megaelecciones”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian que gobierno venezolano somete a la población a un entorno “torturante”

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Un nuevo informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expone una política deliberada del Estado venezolano para reducir el espacio cívico y limitar la labor de defensa de derechos humanos.

El informe, que cubre el período 2022-2024, documentó más de 1.730 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con un 78.1% de estos ataques perpetrados por actores estatales.

En una nota de prensa sobre el informe Olga Guzmán, responsable para las Américas de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), explicó que el Gobierno venezolano somete a su población “a un entorno torturante, desde una experiencia colectiva e individual para condicionar las conductas de la población a través del terror y del miedo a ser sometido a violaciones a derechos humanos, inhibiendo así la participación política y la libertad de expresión de las y los venezolanos”.

El informe analiza las condiciones del espacio cívico en Venezuela registradas por el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo del 1989 (Cofavic) en el período 2022 – 2024

Ataques contra defensores de Derechos Humanos

Entre 2022 y 2023, según el informe, se registraron 937 ataques contra defensores de derechos humanos, lo que representa el 68.5% del total. Los ataques incluyeron intimidación, hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y difamación.

El texto detalló que las víctimas de estos ataques fueron principalmente periodistas, sindicalistas, líderes indígenas, activistas políticos, docentes, personal de salud, estudiantes y abogados.

Sobre los ataques se destacaron algunos casos como el asesinato del líder social José Gregorio Urbina y del líder indígena Virgilio Trujillo, así como las detenciones arbitrarias de defensores como Gabriel Blanco y María Fernanda Rodríguez.

Por otra parte, se documentaron casos de tortura y violaciones al debido proceso, como el de John Álvarez, líder estudiantil sometido a malos tratos durante su detención.

Los estados con mayor número de ataques dirigidos a personas defensoras de derechos humanos, en el período 2022- 2023, fueron Bolívar (210), Yaracuy (181), Distrito Capital (161), Falcón (36), Táchira (32), Lara (31) y Mérida (31).

Ataques contra organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil también fueron blanco de ataques, con 430 agresiones registradas (31.5% del total) entre 2022 y 2023. Estas incluyeron suspensión de transmisiones radiales, cierre de medios de comunicación, difamación, hostigamiento y amenazas de cierre.

El informe señaló que el Estado venezolano ha utilizado instituciones públicas, funcionarios y cuerpos de seguridad para llevar a cabo estos ataques, que buscan debilitar y desmovilizar a las organizaciones sin fines de lucro.

Entre los los presuntos perpetradores  con mayor incidencia se encontraron instituciones públicas (218), funcionarios públicos (70), cuerpos de seguridad (58), líderes políticos del partido de gobierno (23), usuarios de redes sociales (16), Hackers informáticos (10) y otro (10). “Esto implica que el Estado es el perpetrador en el 79.9% de los casos”, detalló el informe.

Uso indebido de normativas legales

El informe advirtió sobre el el uso de un marco jurídico restrictivo para criminalizar y obstaculizar la defensa de derechos humanos.

Entre las normativas analizadas se encuentran la Ley de Cooperación Internacional, la Ley de Fiscalización de ONG y el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. Estas leyes permiten al Estado clasificar arbitrariamente a personas y organizaciones como “fascistas” o “terroristas”, lo que facilita su persecución y criminalización.

Por ejemplo, el Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares contempla sanciones administrativas como disolución de organizaciones, medios o partidos políticos, así como inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos

Además, se documentaron intervenciones estatales en organizaciones como la Cruz Roja Venezolana y el Partido Comunista de Venezuela, bajo el argumento de cooperación con organismos internacionales.

Violaciones en el contexto electoral de 2024

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos consideró que el proceso electoral de 2024 estuvo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Durante el período preelectoral, se registraron detenciones arbitrarias, torturas, restricciones a la libertad de expresión y asociación, y el uso excesivo del derecho penal para criminalizar a opositores.

Vale recordar que la Misión Internacional Independiente de la ONU documentó al menos 48 detenciones arbitrarias entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, así como casos de tortura y violencia sexual durante las detenciones.

En el período poselectoral, tras la declaración de Nicolás Maduro como ganador, se desató una ola de represión que causó 25 muertes registradas entre el 28 y el 31 de julio de 2024, la mayoría por uso de armas de fuego.

Asimismo, se documentaron detenciones masivas, con más de 2.229 personas detenidas en agosto de 2024, muchas de ellas acusadas de “terrorismo”.

Terror generalizado y persecución política

El informe advirtió que el Estado venezolano ha creado un “clima de terror generalizado” para silenciar a la oposición y a cualquier voz crítica.

Esta acción se lleva a cabo a través de campañas de difamación, anulación arbitraria de pasaportes y persecución selectiva de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas.

“El Estado buscó polarizar a la sociedad, pidiendo a sus simpatizantes que delataran a sus vecinas o vecinos, alentando un clima de desconfianza social y temor a la expresión de cualquier opinión que pudiera ser vista como contraria o crítica al Estado, que busca atemorizar e intimidar a la población venezolana. Con el mismo fin, el Gobierno también publicitó requisas y detenciones de personas”, alertó el texto.

Recomendaciones

El informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos insta al Estado venezolano a:

  1. Cesar los actos de criminalización, intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos y organizaciones civiles.

  2. Garantizar investigaciones imparciales y sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos.

  3. Derogar leyes restrictivas como la Ley de Fiscalización de ONG y el Proyecto de Ley contra el Fascismo.

  4. Proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar un entorno seguro para su labor.

  5. Acoger las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH y la ONU.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país