Justo el día en el que Jonathan Bravo, de 17 años, cumplía cinco meses detenido de forma arbitraria en Coro, estado Falcón, el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, dictó una medida cautelar en favor del adolescente.
Mediante una publicación hecha en Instagram la noche del 11 de junio, la Fiscalía difundió la boleta de egreso del adolescente, quien se encontraba recluido en la Entidad de Varones de Coro. En días anteriores, su mamá, la señora Francys Palencia, advirtió en entrevista con Runrun.es que su hijo presentaba severos problemas de salud física y mental, además de que no había recibido asistencia médica especializada. La denuncia se replicó en diferentes medios y organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón se hicieron eco de ella.
Jonathan Bravo es un adolescente que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los cinco años. Esa condición causaba que su estancia en prisión fuera tortuosa con el pasar de los días.
Desde nuestra organización expresamos profunda preocupación por el deterioro de la salud de Jonathan Bravo, adolescente de 17 años con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), detenido desde el 11 de enero de 2025 en la ciudad de Coro, estado… https://t.co/RED844HsXb
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) June 10, 2025
El adolescente, que en principio fue imputado por los presuntos delitos de “terrorismo” e “incitación al odio” y se encontraba en etapa de juicio, recibió una “medida cautelar sustitutiva de detención preventiva de libertad”. En vista de esa decisión, la Fiscalía ordenó su “libertad inmediata”.
Para Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, la detención de Jonathan Bravo fue un “sinsentido”, criticando el tiempo que pasó en prisión “y la tortura que es la incomprensión de las consecuencias estructurales que ocasiona a un joven TDAH el encierro y la falta de medicación”.
Rendón recordó que ahora quedan cuatro adolescentes tras las rejas en el contexto de represión poselectoral: Gabriel Rodríguez (16), Dainer Abraham Rivero (17), Ángel Gabriel González (17) y Lisneidel Zúñiga (17). Varias organizaciones siguen clamando porque estos adolescentes también sean beneficiados con una excarcelación que les permita retomar sus vidas.
Un sinsentido la detención de Jonathan Bravo, el tiempo que tuvo que permanecer tras las rejas y la tortura que es la incomprensión de las consecuencias estructurales que ocasiona a un joven TDAH el encierro y la falta de medicación. Quedan 4 adolescentes presos en Venezuela¡ https://t.co/v1fCqGTN0M
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Carlos Julio Rojas, periodista y activista venezolano, continúa recluido en condiciones de aislamiento en la sede del Sebin en El Helicoide, tras haber sido presuntamente agredido por al menos tres compañeros de celda. En lugar de protegerlo, lo trasladaron a una celda de castigo conocida como “el Tigrito”, donde permanece sin visitas, llamadas ni salidas al patio, denunció a Runrun.es un familiar que prefirió mantenerse bajo anonimato.
La única comunicación al respecto fue una breve “fe de vida” concedida el 10 de junio, siete días después de que le suspendieron las visitas: cinco minutos de encuentro vigilado por funcionarios del Sebin. Durante ese lapso, no hubo espacio para una conversación íntima. “No tuvieron privacidad, relató la fuente.
“Sé que hubo una discusión en donde tres personas que estaban allí, que son presos políticos también, intentaron agredir a Carlos Julio físicamente. Entonces se le vinieron los tres a Carlos Julio y había una persona allí que se metió por el medio y evitó que lo golpearan. Cuando hay violencia ya no es un tema de convivencia, ya es un tema de agresión”, reclamó el familiar.
Según su versión, en lugar de sancionar a los presuntos agresores, los funcionarios optaron por castigar a Rojas.
#URGENTE El periodista y activista de DDHH CARLOS JULIO ROJAS ha sido confinado a una celda de castigo (tigrito) en la sede de SEBIN Helicoide, se teme por su integridad física, viene sufriendo malestares de salud y además le han restringido las visitas. El régimen no se… pic.twitter.com/E9LwoReibl
El familiar del periodista señaló que Rojas manifestó en ese breve encuentro con su familia que su tensión mínima estaba muy alta, parámetro que su médico advirtió puede desencadenar un infarto o un accidente cerebrovascular.
“Hoy ni siquiera sé si le tomaron la tensión. No sé si lo sacan del tigrito y lo llevan a medirle la tensión. Si le dan la pastilla, tampoco sé cómo se siente. No sé nada de él en este momento, realmente no sé nada. Porque es que él nunca había estado castigado y no tengo cómo saber cómo funciona esto”, alertó el pariente del periodista.
El paso de Rojas a la celda de castigo se hizo público gracias a un tuit, una señal del distanciamiento informativo interpuesto por las autoridades. “Él nunca había estado castigado y no tengo cómo saber cómo funciona esto”, dijo el familiar.
La familia intentó consultar al Sebin sobre las razones del castigo, pero se encontró con el silencio. “Su hermana también le preguntó al funcionario por qué le quitan las visitas a Carlos y él tampoco le contestó, le dijo, ‘No sé’. Entonces, aquí nadie sabe nada”, señaló.
El pariente de Rojas advirtió que el periodista y activista ha sido víctima de “acoso” por parte de un funcionario del Sebin, quien incluso “hacía vida en la celda” donde estaba anteriormente. “A él no le parecía que que el comisario hiciera vida de la celda, porque pues ellos tenían que tener su espacio así estuvieran presos”, dijo el familiar.
Una víctima constante de la persecución
Tras ser detenido por cuarta vez el 15 de abril de 2024, Rojas fue imputado por los presuntos delitos de “asociación e instigación para delinquir”, “terrorismo”, “conspiración” y “magnicidio en grado de tentativa”, cargos que él siempre ha negado. Su caso ha sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH desde enero de 2025.
Organizaciones como el Colegio Nacional de Periodistas, Amnistía Internacional y ONG de derechos humanos han exigido su liberación y atención médica urgente ante el deterioro de su salud. Según sus familiares, el personal médico advirtió que su tensión, especialmente la diastólica, representa una amenaza real para su vida. Hasta junio de 2025, 16 periodistas siguen detenidos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, dijo en una entrevista con Fedecámaras Radio el pasado 9 de junio, que pese a las recientes restricciones migratorias tomadas por la administración de Donald Trump, la intencionalidad de migrar permanece entre los venezolanos y que en la medida en que las condiciones persistan, -crisis económica en el país- “continuará el proceso migratorio”.
El experto señaló que durante la última década los migrantes venezolanos han elegido otros destinos de América Latina y Europa; Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y España, en busca de mejores oportunidades de vida, tendencia que históricamente cambió a partir del 2015, donde Estados Unidos era el primer país más concurrido.
“Hay una inclusión de la migración hacia Guyana (…) el Caribe y a partir de allí a países europeos como Portugal, Italia, España y Francia, entonces sigue creciendo el éxodo, básicamente por las vías tradicionales deja de ser por el Darién, por el cual el tránsito se ha reducido en más del 90%”, dice el profesor titular de la Universidad Central de Venezuela.
Por otro lado, Tomás Páez amplió que las deportaciones han causado efectos sobre la economía norteamericana “muy grandes”, particularmente en zonas donde hay predominante presencia de venezolanos, como Doral en la ciudad de Miami.
Sobre el discurso de criminalidad con el que se refieren a la diáspora venezolana, que se asocia a bandas delictivas, el sociólogo señaló que esta situación estigmatiza a la población y que no tiene “asideros en la realidad”.
“La ‘leyenda urbana’ que se ha construido en muchos países, entre ellos algunos voceros en Estados Unidos, asociando a migración con delincuencia carece de ‘asidero’ (…) estigmatiza a la población”, aseveró Páez quien, también destacó la hospitalidad que en la mayoría de los países le han brindado a los venezolanos.
Las medidas de restricción que buscan disuadir a migrantes indocumentados de llegar a Estados Unidos han enfrentado al presidente de ese país, Donald Trump, con el poder judicial local, aunque, hasta ahora, esto no ha sido un impedimento para llevar a cabo la política migratoria que prometió durante la campaña presidencial.
La primera política migratoria que impulsó la nueva administración fue ponerle fin al parole humanitario, programa creado por el expresidente Joe Biden para reducir las entradas irregulares por la frontera sur, de México. Esta decisión afectó a 532 000 personas aproximadamente, procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que se les había concedido el permiso de permanecer en el país por dos años.
Por otro lado, en marzo de este año, el gobierno norteamericano envió a 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que un juez federal le habia impedido hacerlo. El gobierno de Trump los acusó de supuestamente pertenecer a la banda delincuencial Tren de Aragua.
Más tarde se reveló que más de la mitad de los deportados no tenían antecedentes penales. En el trabajo de investigación “Más de la mitad de los venezolanos enviados a El Salvador solo tenía delitos migratorios en EE.UU”, elaborado por una alianza de medios internacionales y un equipo de periodistas de Venezuela, en el que participó Runrunes, se reveló que el gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los venezolanos enviados al Cecot no había recibido condena por algún crimen y que sólo 32 había sido condenados, en su mayoría por delitos no violentos.
En la medida más reciente en contra los venezolanos, que entró en vigencia el pasado 9 de junio, el gobierno de los Estados Unidos aprobó restringir la entrada total o parcial al país a ciudadanos de 19 nacionalidades, incluido Venezuela, argumentando que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación”, así como también que el gobierno “se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación”.
Protestas contra el ICE en Los Ángeles
La arremetida migratoria de Donald Trump no solo ha sido contra presuntos criminales y bandas delictivas, sino contra trabajadores migrantes. En los últimos días han sido virales redadas practicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), lo que ha generado rechazo entre la población.
Este viernes 6 de junio, luego de distintas redadas migratorias, se llevaron a cabo protestas en la ciudad de Los Ángeles en rechazo a la persecución de migrantes indocumentados, manifestaciones que se han extendido en Nueva York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Texas y otros lugares del país.
En El Mañanero del 12 de junio deRunrun.es resumimos los titulares más destacados durante la jornada anterior en Venezuela: Garantizar la calidad del agua es responsabilidad del Estado, así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero los venezolanos están expuestos a fuentes de agua no aptas para consumo humano. Las infecciones con parásitos son más comunes en entornos con agua de baja calidad, lo que impide que se absorban al 100% los nutrientes
La Defensora Pública designada en el proceso penal que se sigue contra mi esposo Rafael Tudares Bracho, me informó que la Audiencia Preliminar del caso será mañana jueves 12 de junio. Reitero: ese proceso penal es injusto, inconstitucional. Van 155 días de desaparición forzosa. pic.twitter.com/FuE77Gw2q8
— Mariana Gonzalez de Tudares (@MarianaGTudares) June 11, 2025
“Desde el OVP hemos monitoreado y documentado que el ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, no ha ejecutado acciones orientadas a dignificar los derechos de los privados de libertad. Su gestión ha estado marcada por el silencio”, Observatorio Venezolano de Prisiones
César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, denunció este miércoles, 11 de junio, la detención de dos dirigentes políticos de oposición en el estado Anzoátegui, con lo que sigue aumentando la lista de detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con una publicación que hizo Pérez Vivas en X (antes Twitter), los detenidos son Tomás Peñaloza, abogado y dirigente socialcristiano; y Ulises Martínez, abogado y secretario del partido político Vente Venezuela en el municipio Bolívar del estado Anzoátegui.
Con estas dos nuevas detenciones, advirtió Pérez Vivas, “la dictadura continúa con su escalada represiva”, por lo que “crece el número de presos políticos”.
La dictadura continúa con su escalada represiva. Detienen en Anzoátegui al conocido abogado y dirigente social cristiano Tomas Peñaloza y al dirigente de @VenteVenezuela Ulises Martínez . Crece el número de presos políticos.
— César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) June 11, 2025
La ONG Un Mundo Sin Mordaza se hizo eco de la denuncia sobre la detención de Ulises Martínez y Tomás Peñaloza. A través de sus redes sociales, la organización señaló: “Rechazamos la represión que priva de libertad y viola los derechos humanos de los venezolanos. Pensar distinto NO es delito”.
#AlertaSinMordaza URGENTE 🚨 Detenidos arbitrariamente Ulises Martínez, dirigente de Vente y Tomás Peñaloza, dirigente social cristiano en Anzoátegui. 📌Rechazamos la represión que priva de libertad y viola los derechos humanos de los venezolanos. Pensar distinto NO es delito. pic.twitter.com/foACdG9yub
De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Foro Penal, hasta el pasado 2 de junio se contabilizaban 927 presos políticos en Venezuela. Las detenciones de dirigentes políticos incrementaron a partir del pasado 21 de mayo, cuando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó el arresto de al menos 70 personas entre las que se encuentra Juan Pablo Guanipa.
Otras ONG han advertido una “escalada” de la persecución y la represión contra activistas políticos de oposición, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De acuerdo a la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), las mujeres que permanecen detenidas en Venezuela se encuentran en condiciones inhumanas y permanecen hacinadas, sin acceso regular a agua potable, atención médica especializada o productos para una menstruación con dignidad.
“Venezuela incumple las reglas de Bangkok de la ONU, que exigen proveer condiciones dignas, productos de higiene gratuitos y atención médica adecuada en los centros de reclusión”, escribió la ONG en su cuenta en X.
La organización denunció que el Estado venezolano se desentiende incluso de lo más básico.
Aseguró que los familiares les llevan comida, analgésicos, insumos de aseo personal, toallas sanitarias y hasta agua potable a las reclusas.
Provea recordó que de las 2400 personas detenidas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, 293 eran mujeres, de las cuales 92 siguen presas por motivos políticos.
“Muchas de ellas en un sistema diseñado para olvidarlas”, resaltaron.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, dijo durante la presentación de un informe que el 28J ocurrió un hecho grave que tuvo consecuencias nefastas: “Hubo una ruptura del principio democrático que responde a una conducta arbitraria”.
El pasado 26 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó aProvea y a otras organizaciones como Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible de formar parte de una supuesta estructura terrorista.
“Estas declaraciones agravan el patrón de criminalización contra organizaciones de la sociedad civil y pretenden desalentar la denuncia pública de arbitrariedades cometidas por el Estado”, señaló la ONG Espacio Público.
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Este martes, 10 de junio, el gobierno de Nicolás Maduro denunció como “golpe político y judicial” la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos políticos en contra de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
A través de un comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernández de Kirchner es “víctima de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario de Javier Milei”.
“Este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar al adversario con métodos coloniales, de imponer a sangre y fuego un modelo económico y social diseñado para someter a la Argentina al capital financiero internacional”, se lee en el comunicado.
Venezuela señaló que con este hecho, pretenden desaparecer políticamente a “una líder democrática argentina, cuyo único delito es haber gobernado en favor de las mayorías y resistirse a la entrega de su país”.
En el texto, el gobierno venezolano aseveró que al igual que Nelson Mandela, Cristina Fernández resistirá “el ataque” con dignidad, al tiempo que hizo un llamado a los pueblos, gobiernos y movimientos de América a enfrentar esta arremetida como “una guerra integral contra la dignidad y la autodeterminación de la región”.
Cargos que enfrenta CFK
Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015. La exmandataria enfrenta también otros asuntos legales como lavado de dinero, corrupción en obras públicas y de conspiración con Irán en el ataque en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad de Buenos Aires en el que murieron 85 personas.
El ataque a la AMIA, años más tarde, fue investigado por el fiscal Alberto Nisman quien, en declaraciones a la prensa, acusó directamente a Fernández de estar involucrada y de tener pruebas contundentes en su contra. Días después de esta acusación, Nisman fue encontrado muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 y las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Al principio se dijo que se trató de un suicidio, pero la Justicia argentina determinó que Nisman fue asesinado. Hasta el momento no se han identificado a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Según la legislación argentina, es poco probable que Cristina Fernández, de 72 años, pase un tiempo importante en prisión, debido a que las leyes permiten el arresto domiciliario para los septuagenarios.
Por su parte, la exmandataria niega todos los cargos en su contra y afirma ser víctima de una “persecución política, mediática y judicial que busca proscribirla”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El aprovechamiento de los alimentos no se debe solamente al consumo de todos los nutrientes necesarios, sino también a la capacidad que tiene el organismo para metabolizarlos. Este proceso puede variar de acuerdo a la persona y depende de factores como la existencia de patologías previas, pero también de la presencia o no de parásitos, producto de -entre otras causas- la baja calidad del agua.
Y en Venezuela, según el Informe de Seguimiento de la Crisis Humanitaria en Venezuela de HumVenezuela de 2023; 86% de los venezolanos están expuestos a fuentes de agua no aptas para consumo humano, lo que afecta su salud. Esta estadística refleja las dificultades y riesgos que tiene la población para acceder a este recurso tan importante que, en el año 2010, fue reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que garantizar la calidad del agua es responsabilidad del Estado. En su artículo 304 establece que las aguas “son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación”.
Parasitosis y malnutrición, un círculo vicioso
La Organización Mundial de la Salud resalta que la inocuidad (o salubridad) de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria son “indisociables”. Informa además que los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas, además de causar más de 200 problemas de salud-desde diarreas hasta el cáncer- generan un “círculo vicioso de enfermedad y malnutrición que afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos”. Este círculo vicioso consiste en que las infecciones parasitarias intestinales pueden causar malnutrición al interferir con la absorción de nutrientes, y también, la desnutrición puede hacer que una persona sea más vulnerable a las infecciones parasitarias.
Mientras que el capítulo sobre el derecho a la alimentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2024 del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)recoge que 10,5% de los niños venezolanos presentan talla baja para su edad y 9,3% nacen con bajo peso. La situación nutricional de las mujeres embarazadas también refleja esta crisis, pues el 24,2% de ellas presenta anemia, tasa superior en siete puntos porcentuales a la del resto de América del Sur. La ONG destaca que ambas carencias podrían atenuarse “con políticas alimentarias que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y condiciones higiénicas y de saneamiento adecuadas”.
“Cuando el agua no es de buena calidad la gente tiene parásitos, entonces puedes comer todos los alimentos ricos en proteína, en hierro y vitamina B12 pero no se absorben al 100% los nutrientes”, explica Ariana Araujo, nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela.
Para evitar infecciones por parásitos que interfieran con la absorción de los nutrientes o que cause anemia, la especialista recomienda utilizar métodos de tratamiento del agua -hervirla o filtrarla- para quitarle sedimentos y patógenos no deseados. Otra sugerencia fundamental es higienizar los vegetales y frutas antes de consumirlos.
“Utilizar limón o vinagre no eliminará casi ningún patógeno, estas dos sustancias lo que pueden eliminar es un 15% de los -organismos- que tienen los alimentos. Para este fin se utiliza cloro comestible (…) que no sea jabonoso ni con olores y se diluye en el agua, por cada litro se pone diez gotas de cloro, se sumerge el alimento, se lava y se deja durante 10 minutos. Además, es recomendable no compartir tablas para que no haya contaminación cruzada. Es decir, que donde se cortan los vegetales no se cortan las carnes”, explicó.
Otra medida de higiene fundamental para prevenir la transmisión de parásitos y otras infecciones es lavarse las manos con agua y jabón, antes de preparar los alimentos, comer o después de ir al baño.
El reto de alimentarse bien con pocos recursos
Además de un agua que enferma, otro reto para la alimentación adecuada de los venezolanos y el consumo de los nutrientes que el cuerpo necesita es el constante aumento de precios de bienes y servicios. Y el año 2025 está siendo especialmente retador en ese sentido. De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el costo de la canasta básica para el mes de mayo se fijó en 547.13$, lo que significó un aumento del 0.9% respecto al mes de abril de este año.
El proceso de aceleración continuo de los precios de los alimentos en Venezuela, especialmente durante el último año y en un contexto donde el salario mínimo se mantiene en 130 Bs, limita a los ciudadanos a tener una alimentación balanceada. Para los venezolanos no es nueva la situación de verse obligados a reducir porciones o comidas al día debido a la situación económica. La décima edición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que elabora el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y presentada en abril de 2025 encontró que la inseguridad alimentaria moderada y severa sigue estando presente: todavía es una una preocupación para 7 de cada 10 hogares venezolanos quedarse sin alimentos. Asimismo, en 4 de cada 10 hogares reconocen que llegaron a quedarse sin alimentos, 56,3% comentan que dejaron de tener una alimentación saludable y en 17,2% de ellos un adulto solo comió una vez al día, o dejó de comer durante todo el día.
Un trabajador público del estado Mérida consultado por este medio narró lo que muchos vecinos le comentan: que hacen dos comidas al día “para poder llegar a fin de mes”.
“Uno hace todo lo posible por mantener una alimentación equilibrada, pero no es fácil. Tuve que hacer un ajuste en mi plan de alimentación. Si antes comíamos proteína animal tres veces a la semana, ya hoy se hace una sola vez, e incluso, hay semanas donde no se puede comer”, revela.
La nutricionista Ariana Araujo señala que el patrón de consumo de la población ante una situación presupuestaria insuficiente es que la persona tiende a alimentarse, en gran medida, de alimentos con carbohidratos como, arroz, harina y pasta. Esta dieta poco variada puede propiciar la aparición de enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión o cánceres.
“Lo ideal sería que el plato tuviese carbohidratos, proteínas de alto valor biológico, -como carnes rojas y blancas, pescados, huevos y lácteos- y siempre poner vegetales y frutas, la recomendación es comer las frutas enteras y no en jugos”, recomienda.
Otra conducta de “ahorro” del ciudadano con poco poder adquisitivo es suprimir alguna comida al día. La nutricionista precisa que no hay problema en hacer dos comidas al día, pero hay que asegurarse de ingerir en ellas la cantidad suficiente de nutrientes y proteínas que el cuerpo necesita.
“Quitarse una comida al día, siempre que en el resto del día la persona alcance sus requerimientos, no va a tener mayor inconveniente. El problema que estamos viendo es que la persona retira una comida y en las otras dos no está consumiendo todos los macronutrientes y calorías totales”, profundiza Araujo.
La nutricionista añadió que, en otros casos, sí se consumen las calorías totales diarias “pero en la distribución de macronutrientes hay un exceso de carbohidratos, casi no hay proteínas y, en algunos casos, la combinan con algo de grasas; aceite o margarina, porque tampoco se está consumiendo mantequilla pues es mucho más costoso”.
Para variar y mantener una alimentación nutritiva adaptada a la realidad económica del país, la especialista recomienda consumir sardinas y vísceras -hígado, riñón- por lo menos tres veces a la semana y el resto de los días variar con granos y cereales, como arroz y pasta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
