Consultados por Efecto Cocuyo, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, y el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, resaltaron que hasta ahora la propuesta del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, de que Venezuela “se salga” de la Oficina del Alto Comisionado no ha tenido respuesta de Miraflores, que se ha cuidado de anunciar la “expulsión” de la única que representa a Türk en el país.

También subrayaron que en el escenario de que salga, el Alto Comisionado no dejará de hacer seguimiento a la situación de los derechos humanos por cuanto es un mandato que le otorga la Carta de la ONU como principal responsable del monitoreo de DDHH del sistema universal, no revocable por parte de ningún gobierno.

“Escalada retórica” 

“La declaratoria de ‘persona non grata‘ es simbólica porque, de acuerdo con la Convención de Viena, eso lo solo lo puede hacer el diplomático que le otorgó el placet y el Ministerio de Relaciones Exteriores  venezolano, que ya rechazó el informe del Alto Comisionado. El gobierno no ha hablado de expulsión porque en estos temas es más escrupuloso en el sentido de que quiere que sus diplomáticos afuera tengan buen trato”, sostuvo Daniels. 

Posteriormente, en abril de 2024, a petición del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Maduro prometió que permitiría a la oficina reabrir, pero el funcionamiento no ha sido pleno. 

Resta esperar si la única persona que está en el país es “invitada” a irse y si el memorando de entendimiento suscrito en 2019 y renovado en 2023 entre Miraflores y la Oficina del Alto Comisionado, para cooperación y asistencia técnica, deja de tener efecto y se corta cualquier tipo de relación.

“La Oficina del Alto Comisionado no está conformada por países, sino por funcionarios de la ONU; por lo tanto, no es correcto decir que Venezuela se va salir como se dijo en la AN”, acotó Daniels.

Las graves denuncias del Alto Comisionado

Para Murillo, el pronunciamiento de la AN es una “escalada retórica” que busca desviar la atención del centro del problema que son las violaciones de DDHH en Venezuela y su profundización a partir de las elecciones presidenciales. Esto, enfatizó, producto de que el gobierno desatendió de “manera airada y deliberada” las recomendaciones del Alto Comisionado para el respeto de los DDHH, con impacto “nocivo” para la población con restricciones en materia de derechos civiles y políticos. 

“Esta escalada retórica contra los mecanismos (de defensa de DDHH) lo que busca es deslindarse de lo que realmente está ocurriendo de manera marcada con el deterioro de los DDHH de los venezolanos, pero no será suficiente para ocultar la grave crisis que atraviesa el pueblo venezolano en materia de derechos civiles y políticos y del deterioro de sus condiciones de vida ”, agregó.

¿Es posible enjuiciar a Türk en Venezuela? 

Durante la sesión de la AN de este 1 de julio, tanto Rodríguez como la diputada y exministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, sostuvieron que el Alto Comisionado cometió “delitos” penados por la legislación venezolana. Concretamente se refirieron a una supuesta “complicidad” en el “secuestro” de 252 migrantes venezolanos detenidos sin el debido proceso en Estados Unidos y El Salvador. El chavismo recrimina a  Türk por no alzar su voz contra el trato dado a los migrantes en esos países. 

Daniels apuntó que no es cierto que el funcionario de la ONU no se haya pronunciado sobre este tema y otros como la guerra en la Franja de Gaza y que concretamente ha rechazado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de EEUU contra los migrantes.

“Es imposible abrirle un juicio (Türk) porque tiene inmunidad diplomática, así como la persona que está en el país en su representación; y así se le expulse, la inmunidad no se elimina y es efectiva hasta que se monte en el avión. Tampoco es posible revocar las competencias del Alto Comisionado que puede seguir haciendo seguimiento al caso venezolano desde afuera como lo hace la Misión de Determinación de Hechos, en contacto con víctimas y ONG”,  explicó Daniels.  

Pronunciamientos políticos sin efecto jurídico

Murillo enfatizó que lo que existe hasta ahora es solo un pronunciamiento político del presidente de la AN y del fiscal general de la República, Tarek William Saab, “como el principal aludido” en el informe que Türk presentó en Ginebra, al no velar por el debido proceso en los casos de detenciones en Venezuela. 

“Es importante distinguir entre el pronunciamiento político que responde a intereses partidistas para tratar de solapar el contenido del informe y debilitar el mecanismo de la ONU, pero no hay un efecto jurídico vinculante que vendría si la Cancillería comunica al coordinador residente de la ONU sobre una decisión de expulsión y cortar la relación con la Oficina. Incluso se han cuidado de usar la palabra expulsión que fue lo que ocurrió en 2024, cuando el equipo de la Oficina tuvo que salir de Venezuela”, reiteró. 

Igualmente recordó que existe un mandato del Consejo de DDHH de la ONU que debe cumplirse dentro o fuera de Venezuela, por lo que las actuaciones de la Oficina del Alto Comisionado no son un “capricho”. La administración de Maduro, señaló, ha obstruido el regreso de los funcionarios de la ONU desde que se comprometió a permitir la activación de la instancia en Venezuela. 

¿Qué molestó al chavismo del informe de Türk? 

Durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este viernes 27 de junio, Türk expresó que entre julio de 2024 y lo que va de 2025 diversas personas fueron “objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de torturas y malos tratos”. 

A juicio de Murillo, y en ello también coincide Daniels, uno de los elementos que más irritó al chavismo del informe de Türk son las graves evidencias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y aislamiento e incomunicación de las que son víctimas cientos de venezolanos por razones políticas. 

“El informe además puntualiza y profundiza sobre la grave situación social y económica que enfrentan los venezolanos (…) Esta respuesta política a ese informe es irrespetuosa de la cooperación y de los mecanismos de protección de DDHH. El Estado puede tener diferencias con lo que dijo el Alto Comisionado, pero lo que tendría que ocurrir en beneficio de las víctimas de violaciones es que cumpla con sus obligaciones y atienda y acate de manera urgente las recomendaciones que han surgido ”, dijo Murillo.

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