Este sábado 20 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó una caravana por distintas vías de Caracas para llegar a varias comunidades.
Según fuentes oficiales, la actividad se llevó a cabo como parte de un plan de adiestramiento en defensa contra Estados Unidos.
Al menos 25 tanquetas salieron desde Fuerte Tiuna, principal complejo militar de Venezuela, y junto a cientos de motorizados recorrieron varios kilómetros de dos autopistas de Caracas, para llegar finalmente a la zona de El Valle.
De acuerdo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la jornada marcó un “hito en la revolución militar del país”.
“Estamos marcando un hito en la construcción y consolidación de nuestra doctrina, que cada día crece, se desarrolla y se amplía para la defensa de la patria”, indicó Padrino López en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).
Según Padrino, están desplegados 5.336 circuitos comunales del país para fortalecer las unidades comunales de milicias.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lideró otra caravana de unidades militares desde Parque Caixa, en el municipio Sucre del estado Miranda, hasta el Gran Muro de Petare.
Nicolás Maduro anunció el pasado jueves un despliegue de la FANB en las comunidades del país para enseñar sobre “manejo de armas”.
Maduro dijo que Estados Unidos quiere propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela con su despliegue militar en el Caribe, aunque el presidente Donald Trump negó esta semana haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un cambio de Gobierno en Caracas.
Según lo anunciado en VTV, los militares venezolanos se han desplegados en los estados Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Nueva Esparta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, fue detenido por la policía británica en Londres por orden de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción de España, según fuentes de El Pitazo.
Betancourt, quien es investigado por un esquema de corrupción que pretendía extraer $1.200 millones de Petróleos de Venezuela, quedó en libertad horas después de la detención y luego de pagar una fianza.
Los fiscales de la Audiencia Nacional española que solicitaron la detención de Betancourt son los mismos que lograron la captura del financiero argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma, quien se declaró culpable del delito de conspiración por lavado de dinero procedente de Pdvsa ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, el 14 de mayo de 2024.
Betancourt es uno de los presuntos implicados en el caso Money Flight que lleva una corte federal de Miami por lavado de dinero vinculado a Pdvsa, por el que también investigan a los hijastros del gobernante Nicolás Maduro.
A un mes de la fuga de su socio
La detención de Betancourt ocurre menos de 1 mes después de que su socio y primo, el empresario Francisco Convit, quien también es investigado por la misma trama de corrupción, se escapó del Sebin de Plaza Venezuela y estaría en Estados Unidos, según fuentes de El Pitazo.
Según los documentos de la corte, Convit y Betancourt recibieron $272,5 millones del esquema de corrupción, que distribuyeron parte de ese total a quien luego se convirtió en el testigo estrella del caso federal.
Betancourt y Convit forman parte de los denominados «bolichicos», que sin experiencia en el tema eléctrico fundaron Derwick Associates hace una década y obtuvieron miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica. La empresa fue acusada de haber recibido el pago de abultados sobreprecios.
La trama de corrupción
Con los ingresos por las contrataciones millonarias, Betancourt expandió sus operaciones hasta Estados Unidos, compró un apartamento penthouse en el Tower Olympic de Manhattan, y un castillo y otras propiedades de lujo en España, según indica la corte federal de Miami.
Betancourt formaría parte de una red de empresarios chavistas que recibieron cientos de millones de dólares en 2014 por parte de Pdvsa como pago de un préstamo que otorgaron a la compañía estatal.
«La acusación formal de la fiscalía alega que la red utilizó una compañía fantasma para prestarle a Pdvsa en bolívares el equivalente de $42 millones y luego se les pagó en pocos meses el préstamo en euros, haciendo uso de un escandalosamente favorable tipo de cambio oficial que solo estaba disponible para los amigos del régimen», indican los documentos de la corte presentados por el Miami Herald.
En el caso también está implicado Orlando Alvarado, quien fue vicepresidente de Finanzas de Derwick; el empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión, y los hijastros de Nicolás Maduro, quienes recibieron parte de los 600 millones de dólares que pagó Pdvsa a la compañía fantasma Rantor Capital por el préstamo otorgado, según la justicia estadounidense.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
De madrugada, se mostraron recientemente el mandatario y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de la cartera de Defensa, Vladimir Padrino López, para activar un plan militar denominado “Independencia 200”, que buscaría garantizar la defensa del territorio nacional ante, lo que asegura el chavismo, las amenazas de una invasión extranjera.
Maduro habló de 284 “frentes de batalla” desde los Andes, el oriente y el sur del país, en los que de manera coordinada trabajarán efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la Milicia Bolivariana, cuerpos policiales y otros grupos de civiles denominados “cuerpos combatientes”.
Pero más que una demostración de fuerza -que no la tiene-, la administración de Maduro lanza una campaña comunicacional dirigida a mostrar y mantener la cohesión interna del chavismo y justificar la profundización del control interno a través de las fuerzas militares y policiales, advierten analistas consultados por Efecto Cocuyo.
“El gobierno de Maduro se ha fijado un objetivo comunicacional interno para cohesionar a grupos chavistas a su alrededor. Es una campaña para mostrarse valientes, fuertes y combatientes, pese a que no es creíble que en el país, en las condiciones en las que está, se pueda defender con 284 frentes y movilizar a millones de milicianos que aseguran tener. La intención es generar una imagen ante sus bases de que se está dispuesto a todo por la defensa de la soberanía”, sostuvo el exdiplomático Werner Corrales.
El consultor internacional tampoco ve en el horizonte una incursión militar de Estados Unidos en el territorio nacional, a partir de su declaratoria de guerra a los carteles del narcotráfico y el despliegue aeronaval en el Caribe. Washington nunca, subraya, ha hablado de que atacará militarmente a Venezuela, pero hay también una campaña comunicacional dirigida a hacer creer que busca un cambio de régimen político para empujar a Miraflores a negociar.
Considera que Miraflores tampoco tiene claro hacia dónde quiere ir el presidente Donald Trump respecto de Venezuela y más que a una amenaza de invasión, afirmó, teme una especie de ataque directo al círculo de poder, a partir de insinuaciones directas e indirectas de funcionarios de EEUU y de otros actores políticos para que acepten una salida pacífica “antes de que sea tarde”.
Mientras Maduro transmitía la activación del Plan, al amanecer del jueves 11 de septiembre, desde Ciudad Caribia, ubicada en la autopista Caracas-La Guaira, en compañía de Padrino López y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, apareció en simultáneo en Falcón con uniforme militar y armado con fusil. Llegó a las refinerías de Amuay y Cardón, con el gobernador de la entidad, Víctor Clark, igualmente armado, para hacer ver que los trabajadores petroleros también están dispuestos a la defensa del país.
La huella de las contradicciones
El consultor experto en comunicación política, Erick Obermaier, coincide en que se trata de una estrategia política y comunicacional de la gestión de Maduro que busca promover en su núcleo más duro y en sus aliados, la narrativa de construcción de una defensa popular de la soberanía.
“Tantos las acciones que no son solo comunicacionales pero tienen un efecto comunicacional, como el sobrevuelo de los F-16 sobre los destructores en el Caribe y el llamado a la Milicia, buscan un efecto propagandístico en lo internacional y en el plano interno para movilizar a sus bases, en torno a una amenaza de violación de la soberanía”, expresó.
Frente a ello, advierte, la oposición no está reforzando en el discurso, al menos no de manera repetida, consistente y sólida, el hecho de que la reivindicación de la verdadera soberanía consiste en que se respete la voluntad popular de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, a favor de Edmundo González Urrutia. Sostuvo que ese vacío es llenado por la expectativa ciudadana sobre que algo externo provocará el cambio político en Venezuela.
Los analistas no dejan de destacar igualmente las contradicciones en el discurso oficial. Por un lado se señala a EEUU de fabricar con inteligencia artificial un video para mostrar la destrucción de una lancha que transportaba drogas y de “blofear” con sus amenazas y, por el otro, quiere hacer creer que la intención de una invasión para derrocar al gobierno de Maduro es seria y creíble y por ello hay que prepararse para una lucha armada y de resistencia. Se le suma, los llamados de Maduro a Trump para que acepte dialogar.
“El pueblo en armas tiene una narrativa detrás que es la amenaza hacia EEUU de un nuevo Vietnam, Afganistán, Libia, Irak, en la que vas a crear una especie de resistencia nacional y caos frente a la invasión extranjera, aunque el concepto de invasión no esté planteado desde el punto de vista militar ni se haya afirmado en el discurso desde EEUU”, agregó Obermaier.
Para Corrales, el llamado a dialogar de Maduro puede tener detrás un posible interés de negociar su salida y de que se le garantice inmunidad o quizás negociar la entrega de algunas figuras de su entorno, solo que actores como Cabello no están de acuerdo por tener más que perder. Es la tesis del quiebre interno, que incluye a los militares, al que algunos apuestan como resultado de las presiones de EEUU.
Justificar el control interno
De la capacidad militar del Ejército venezolano para enfrentarse a un eventual enemigo externo, en este caso EEUU, muchos dudan, sea por déficit de recurso humano, obsolescencia de equipos, falta de logística y apoyo financiero. Tampoco se considera creíble la movilización de 8 millones de milicianos de la que habla Maduro, puesto que, según expertos, el número no llega al millón.
El presidente de Inter American Trends, Antonio De la Cruz, señaló en sus redes sociales que era además un error estratégico de Maduro y de Padrino López indicar en mapas dónde estaban los puntos de defensa, con lo que no demostraban poder, sino “vulnerabilidad”.
Sostuvo además que la Fanb -con 120.000 militares activos más 100.000 reservistas – no tiene la capacidad de cubrir todos los puntos como puertos, aeropuertos, sector energético y de comunicaciones de manera preventiva ni ante un eventual ataque. A su juicio, el “Plan Independencia 200” es solo “propaganda disuasiva” para hacer creer al adversario “que están listos, pero no lo están”.
Para lo que sí sirve otro despliegue militar, de acuerdo con Corrales, es para generar temor en la población con ciudades militarizadas y gran cantidad de alcabalas en las vías y sofocar cualquier protesta popular.
“En cualquier momento el gobierno puede decretar un estado de emergencia para justificar mayor control territorial, hacerlo más digerible con la excusa del peligro de una invasión”, acotó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes 19 de septiembre, el presidente de Estados Unidos,Donald Trump, informó sobre un nuevo ataque militar contra una embarcación en el mar Caribe que estaba supuestamente vinculada al tráfico de drogas.
“Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos», escribió Trump en la red social Truth.
El mandatario compartió imágenes de la operación, pero no aclaró si corresponden a la tercera lancha de la que habló el miércoles pasado o si se trata de una cuarta embarcación atacada en un nuevo operativo.
“Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico, con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales”, sentenció Trump.
A principios de septiembre, Trump reportó el hundimiento de una embarcación presuntamente proveniente de Venezuela con 11 personas a bordo.
Posteriormente, informó sobre otra operación contra una segunda lancha, en la que fallecieron tres personas.
Aunque no dio mayores detalles, este miércoles 17 de septiembre dijo a representantes de medios de comunicación que Estados Unidos había atacado una tercera embarcación.
Trump justificó estas acciones bajo la Ley de Poderes de Guerra y envió esta semana una comunicación al Senado alegando que los carteles del narcotráfico en el Caribe cuentan con estructuras financieras y capacidad paramilitar para actuar con impunidad, representando una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, solicitó a organismos internacionales investigar lo que calificó como ejecuciones extrajudiciales cometidas por la administración de Trump.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Rory Branker no se salvó de la persecución política que ejerce el Estado en contra de los periodistas. Aunque no firmaba notas, su labor como editor en el portal La Patilla lo convirtió en un blanco de la represión.
Rory Daniel Branker de 43 años, no recibió advertencias ni amenazas previas. Andaba tranquilo por las calles porque no le debía nada a la justicia. Sin embargo, el 20 de febrero todo cambió para él y su familia.
En horas de la tarde, Rory Branker se desplazaba junto a su pareja por la zona de Macaracuay, en el municipio Sucre del estado Miranda, cuando efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los interceptaron y se los llevaron detenidos sin mediar palabras.
Cuando llegaron a Plaza Venezuela, había otro vehículo esperando a Rory. En el trasbordo, los funcionarios bajaron de la camioneta a la pareja Branker y le dijeron: “mira piérdete de aquí y cuidado con lo que digas porque todo lo que digas lo va a pagar él”, comentó una fuente cercana al caso.
Los funcionarios despojaron a la pareja de Branker de su celular. Como pudo, logró resolver para llegar a su casa y avisar a los familiares lo que estaba ocurriendo.
Al mismo tiempo que se estaban llevando a Rory detenido, funcionarios encapuchados y vestidos de negro, allanaron su vivienda y se llevaron dos computadoras, dos celulares y otros artículos personales del comunicador.
Rory Branker es periodista, editor e internacionalista. Desde sus inicios ha forjado su carrera en La Patilla, portal web fundado por Alberto Federico Ravell, quien en el año 2015 fue demandado por el segundo de chavismo, Diosdado Cabello por “daños morales” y obligado a pagar una multa de 32 millones de dólares, lo que lo obligó a salir del país.
Sin información de su paradero
Desde la detención de Branker comenzó un calvario para toda la familia y en especial para su madre, la señora Cheryl Ann Branker, quien tiene 80 años y problemas de salud por un accidente cerebro vascular que sufrió hace tres años.
Cuando el periodista cumplió una semana en desaparición forzada, Cheryl Ann difundió un video exigiendo conocer el paradero de su hijo.
“Quisiera saber dónde está mi hijo Rory Daniel Branker. No lo he visto en una semana y no sé si está desaparecido o dónde se encuentra. Esto me está matando, por favor”, suplicó.
Desde entonces, Cheryl Ann difundió videos en fechas simbólicas como el Día del Periodista, el Día de los Derechos Humanos y el cumpleaños de Rory para conocer el paradero de su hijo y también para exigir su libertad.
Los videos de la madre de Rory Branker se hicieron virales de inmediato. Organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, activistas y periodistas se sumaron a las súplicas de la adulta mayor; sin embargo los audiovisuales fueron totalmente ignorados por el gobierno.
🗣️Hoy se cumplen 180 días desde la detención arbitraria de Rory.
Su madre, Cheryl Ann Branker, pide nuevamente AYUDA para saber el paradero de su hijo. 180 días de incertidumbre, de silencio, de dolor. 180 días sin respuestas.
Tras casi 90 días desaparecido, el 14 de mayo, Diosdado Cabello en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” confirmó que el periodista estaba detenido por “extorsionar a personas mediante publicación de información falsa y otros delitos más”.
“Como venganza, Ravell está moviendo sus antiguos tentáculos para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Ravell debe rendir cuentas por todo el dinero que manejó cuando estuvo al frente del Centro de Comunicación Nacional durante el interinato y debe explicar cómo vivía cuando recibía fondos de la USAID”, dijo Cabello y agregó que “Rory está cantando más que Pavarotti. El tun tun está activo”.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) contabiliza que actualmente en Venezuela hay 18 trabajadores de la prensa detenidos por motivos políticos.
206 días desaparecido
El pasado 15 de septiembre, luego de 206 días sin conocer su paradero y estado de salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que el periodista Rory Branker se encuentra detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta (Zona 7).
Según información obtenida por Runrun.es, Rory fue traslado a Boleíta dos días antes de que contactara con sus familiares. Su madre, quien pudo verlo, aseguró que “dentro de las circunstancias, su estado físico es aceptable”.
“En la visita que le hizo su madre pudo constatar que está más delgado y que no vio signos de maltrato o torturas, pero la memoria de Cheryl Ann Branker, producto del ACV que sufrió no puede recordar con tanto detalle todo lo que conversó con Rory”, dijo la fuente quien por temor a represalias prefirió ocultar su identidad.
La voz vinculada al caso de Rory Branker explicó que el periodista solo puede recibir visitas de su madre, padre o cónyuge, por lo que han estado hablando con organismos internacionales para que intercedan y le permitan la entrada a un hermano.
“Es una situación muy fuerte, obviamente no es que ahorita estemos alegres, pero por lo menos hay una ubicación, por lo menos pudo ver a su mamá y su mamá lo pudo ver a él, de aquí en adelante queda entender un poco más de qué es lo que está sucediendo con el caso de él”, explicó otra persona con conocimiento del caso.
En un limbo judicial
La fuente describe a Rory Branker como un hombre tranquilo, pacífico, trabajador y familiar. Aseguró que el periodista es un hombre humilde que, para tener sus cosas debía, incluso, trabajar para otros portales redactando sobre temas distintos a la fuente política.
“Rory no publicó ninguna información incómoda al gobierno. A él se lo llevan preso por trabajarle a Alberto Federico Ravell”, dijo la fuente.
A más de 200 días de la detención de Rory Branker, su caso, como el de otros presos políticos, está en un limbo judicial. Su familia desconoce de qué se le acusa formalmente, si fue presentado ante los tribunales y si recibió alguna condena.
“No hay un delito claro, su único delito fue trabajar para La Patilla”, dijo la fuente consultada por Runrun.es
Reacciones internacionales
El caso del periodista Rory Branker ha sido ampliamente denunciado por organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Federación Internacional de Periodistas, y ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Justicia Encuentro y Perdón y Un Mundo Sin Mordaza.
En abril de 2024, el senador de Estados Unidos, Rick Scott, exigió la liberación del periodista y a través de un mensaje posteado por el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, en donde denunciaban la desaparición de Branker, Scott respondió que Estados Unidos “está observando” lo que está ocurriendo en Venezuela.
El pasado 4 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del periodista y señaló que Rory Branker “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que su vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Después de cuatro meses detenido en un centro para migrantes en Texas, el expreso político Gregory Sanabria salió en libertad
Un juez de inmigración le concedió el miércoles la solicitud de asilo quwe había pedido y ordenó su liberación su abogado.
Sanabria fue detenido en junio de este año en medio de una campaña del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para identificar y arrestar a inmigrantes venezolanos, particularmente a quienes llegaron durante los últimos tres años huyendo de la crisis política y económica en Venezuela.
El expreso político de 31 años de edad fue un activista estudiantil que participó en la ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, y a consecuencia de eso estuvo preso cuatro años en la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Atravesando la ruta del Darién, Sanabria se trasladó a los Estados Unidos en 2022 y se entregó a las autoridades en la frontera sur, que posteriormente lo liberaron tras una entrevista de “miedo creíble”.
En el marco de su cita anual de seguimiento en Houston, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó y desde entonces estaba detenido en un centro de Texas.
La posibilidad de que fuese deportado a Venezuela desató la condena de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, así como de legisladores estadounidenses de ambos bandos.
“Es un respiro de tranquilidad para la comunidad venezolana y para mí, como su mejor amigo”, dijo Lennard García, también migrante y exactivista que estuvo encarcelado en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En su más reciente informe, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)sobre Venezuela denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una especie de plan de aniquilamiento de la disidencia política, el cual se tradujo en una treintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, exilio forzado, amedrentamiento en las calles y asfixia de la libertad de expresión lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
La Misión determinó que al menos 30 personas murieron víctimas de la represión poselectoral y miles fueron detenidas, entre ellas más de 80 personas extranjeras y familiares de perseguidos políticos .
Aunado a eso, las aprehensiones se prestaron para la extorsión y chantaje de parte de funcionarios de cuerpos militares y policiales.
La investigación de la ONU evidenció además que mujeres y niñas adolescentes, fueron objeto de violencia sexual basada en género.
También se constataron casos de tortura prolongada con aislamiento de detenidos por razones políticas en espacios reducidos, lo que constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Se acentuaron las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico y su impacto en organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Detenciones masivas
Durante las protestas postelectorales de 2024, las autoridades reconocieron que habían detenido a más de 2.220 personas, sin embargo la Misión solo pudo documentar 243 aprehensiones (202 hombres y 41 mujeres), lo que constituye un sub registro de la realidad en vista de la nula transparencia de datos oficiales y el impedimento a una investigación imparcial.
Luego de la toma de posesión presidencial del pasado 10 de enero de 2025, la Misión de la ONU documentó hasta 84 detenciones (67 hombres y 17 mujeres) de políticos de oposición, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de opositores. Entre los arrestos, destacan los de dos adolescentes de 17 años, uno de los cuales fue excarcelado el 11 de junio de 2025.
Por su parte, durante los días previos y posteriores a las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025, la Misión documentó 42 detenciones (34 hombres y 8 mujeres), la gran mayoría entre el 21 y el 23 de mayo, relacionadas con supuestas conspiraciones.
En lo concerniente a Niños, Niñas y Adolescentes, la Misión pudo documentar 220 casos de detenciones, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 (187 niños, 22 niñas y 11 NNA cuyo género no ha podido identificarse).
Destacaron los casos de violencia selectiva contra el concejal y dirigente político Jesús Armas cuando salía de un café en Caracas el 10 de diciembre de 2024 y el director de Espacio Público, Carlos Correa, interceptado por una camioneta sin identificación el 7 de enero de 2025. En ambos casos las personas encapuchadas que los secuestraron no presentaron identificación.
El “escape” de la embajada argentina
Tras casi 14 meses de encierro, el 6 de mayo de 2025, las personas que permanecían en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas huyeron del país, de acuerdo a una información emitida por el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio se trató de un rescate, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello argumentó que la salida había sido el resultado de una negociación. En una rueda de prensa, las cinco personas que abandonaron la sede diplomática aseguraron que su salida había sido el resultado de una “operación estratégica”.
Ninguno con defensa privada
Desde el momento de su aprehensión, las personas detenidas fueron impedidas de ser asesoradas por abogados de su confianza. Las víctimas fueron presentadas en los tribunales por funcionarios de la defensa pública. El informe señala que los abogados públicos siguen sin cumplir con su mandato de garantizar una defensa técnica efectiva e independiente. Según fuentes consultadas por la Misión, los defensores públicos han recibido la instrucción expresa de no realizar ningún acto procesal en favor de sus clientes.
Incomunicados
De acuerdo a la Misión de la ONU, numerosas personas detenidas luego de las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fueron trasladadas a Tocuyito, no tuvieron contacto con el mundo exterior por aproximadamente dos meses. Las visitas se realizaron bajo condiciones estrictas, con una duración limitada de entre 10 y 20 minutos, y sin contacto físico, ya que las personas detenidas y sus familiares estaban separados por un vidrio. Al menos 19 personas privadas de libertad en el centro de Rodeo I estuvieron incomunicadas desde el 15 de diciembre de 2024 por un periodo de tres meses, luego de protestar por las condiciones de detención.
Extorsión para salir
Al menos cinco personas alegaron haber sido víctimas de algún tipo de extorsión para evitar ser detenidas o ser liberadas sin enfrentar cargos. Los montos exigidos oscilaron entre $1.000 y $50.000, según información recibida de las personas afectadas y sus familiares. En un caso investigado, los familiares de un detenido pagaron $3.500 al encargado de una sede de la DGCIM para liberarlo. Se conocieron casos de ciudadanos extranjeros que para evitar su detención han tenido que pagar sumas de entre $5.000 y $10.000. También se documentaron extorsiones de carácter sexual contra mujeres a cambio de no ser detenidas o mejorar sus condiciones en los calabozos o cárceles.
Detenciones de familiares
La Misión de la ONU identificó un patrón sostenido y sistemático de detenciones de familiares de personas opositoras. Las aprehensiones responden a una política de represión orientada a generar miedo y control social. Los familiares son detenidos como forma de represalia o presión hacia el perseguido político. El objetivo es tratar de silenciar la disidencia y desincentivar la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia. Tudares fue detenido en los días previos a la juramentación de Maduro. Desde entonces ha permanecido incomunicado y sin que su familia haya recibido información oficial sobre su paradero. Igualmente está el caso de la periodista Ana Carolina Guaita, quien fue detenida el 20 de agosto de 2024 por funcionarios del SEBIN en Maiquetía. La Misión constató que su detención estuvo directamente vinculada con la participación política de su madre, Xiomara Barreto, dirigente del partido COPEI, en la campaña presidencial de 2024. Según documentó la Misión de la ONU, el jefe de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, Andrés Goncalvez, ofreció liberar a Guaita a cambio de la entrega voluntaria de su madre.
Excarcelacionesopacas
El proceso de excarcelación luego de la represión poselectoral estuvo marcado por la falta de transparencia en cuanto a cifras oficiales, las medidas cautelares restrictivas y el hostigamiento hacia las personas beneficiadas. Al menos tres personas excarceladas fallecieron después de su detención como consecuencia del deterioro de su salud. Según datos oficiales del Ministerio Público, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, se produjeron 2.006 excarcelaciones, incluidos niños, niñas y adolescentes. Pese a que las comunicaciones oficiales cesaron en marzo de 2025, las excarcelaciones esporádicas y de forma individual continuaron.
De acuerdo al Foro Penal Venezolano, del 16 de noviembre de 2024 al 17 de marzo de 2025 un total de 1.399 personas fueron excarceladas, cifra inferior a la proporcionada por las autoridades.
Casas clandestinas
La Misión de la ONU denunció la práctica de utilizar casas de seguridad o lugares clandestinos de detención. En al menos cuatro casos, se obtuvo información de que las personas detenidas fueron llevadas a casas clandestinas donde sufrieron malos tratos o tortura al inicio de su detención. Según un informante, el concejal Jesús Armas fue trasladado a una casa clandestina en una urbanización de Colinas de Santa Mónica. Allí permaneció atado a una silla durante tres días, siendo asfixiado con bolsas plásticas mientras lo interrogaban.
Bloqueo al habeas corpus
El bloqueo y rechazo sistemático a la recepción del habeas corpus ha sido una constante en este gobierno. En el periodo posterior a las elecciones presidenciales, la Misión documentó al menos 22 casos en los que los recursos de habeas corpus no fueron recibidos o tramitados.
Cama de Adolfo, El Tigrito y Saturno
Puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría, privación forzada de sueño a través de iluminación y música con volumen alto las 24 horas del día fueron algunas denuncias recibidas por la Misión de parte de los detenidos
De acuerdo a la Misión de la ONU, las técnicas fueron aplicadas deliberadamente para quebrar la resistencia de las víctimas e inducir confesiones forzadas o acusaciones fabricadas contra terceros.
En el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón, la Misión documentó el uso de una celda de castigo conocida como la “cama de Adolfo”, se trata de un espacio no más grande que la caja de una lavadora, aproximadamente de un metro cuadrado similar a la bóveda, sin ventilación, iluminación y oxígeno adecuado.
También en Tocorón, la Misión incluyó en el informe a los “Tigritos”, otras celdas de castigo donde los presos pueden estar de pie, pero no pueden desplazarse. Se estima que hay al menos tres en el plantel y las personas solo reciben alimentos dos veces a la semana.
Por su parte, los investigadores constataron la presencia de una celda en “Tocuyito”, estado Carabobo, llamada “Saturno”, donde los detenidos son atados de las manos a un tubo por un tiempo indefinido.
No se puede denunciar
La Misión de la ONU documentó impunidad e ineficacia institucional, la cual impide a las víctimas de violencia sexual y basada en género acceder a mecanismos efectivos de denuncia, protección y reparación.
Las barreras incluyen miedo a represalias, revictimización en el proceso penal, falta de independencia judicial e inexistencia de rutas institucionales seguras para las mujeres en detención o para sus familiares.
Según el informe, en ninguno de los casos documentados por la Misión desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se ha tenido conocimiento de que se hayan iniciado investigaciones diligentes, imparciales e independientes.
Ataque a los periodistas
La Misión de la ONU también pudo documentar el patrón de represión contra periodistas, trabajadores de la prensa, así como comunicadores y creadores de contenidos en plataformas digitales, restringiendo el espacio cívico y la libertad de opinión y expresión. Se dieron al menos 18 casos nuevos de detenciones a periodistas en el ejercicio de sus funciones durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las detenciones son consideradas arbitrarias, al no existir órdenes de captura o no haberse producido en flagrancia. Igualmente la Misión registró testimonios de detenciones y agresiones físicas a periodistas mientras cubrían las protestas postelectorales en distintas regiones del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 19 de septiembre, los familiares de los presos políticos acudieron a la Embajada de Italia, en Caracas para pedir la libertad plena de todos los detenidos por motivos políticos en Venezuela.
En el cierre de la segunda Ruta Global por la Justicia, los activistas denunciaron el permanente trato cruel, inhumano y degradante en contra de los presos políticos y sus familiares.
Ante la sede diplomática pidieron el respaldo a la campaña “Canonización sin presos políticos“, que busca que la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles sea una celebración de fe, paz, justicia y verdad.
Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ofreció un balance sobre la Ruta Global por la Justicia. El activista denunció que los manifestantes fueron hostigados durante los cinco días que duró la actividad.
“En todas las actividades siempre hay presencia policial, obstaculizan las protestas simbólicas y nos graban sin consentimiento. Esto ya es algo abusivo y recurrente”, dijo Casanova en entrevista en VPI TV.
#19Sep#Venezuela#PresosPolíticospic.twitter.com/iJsL48DGeG Diego Casanova, miembro de @clippve, denunció hostigamientos durante la ruta global por los presos políticos: “En todas las actividades siempre hay presencia policial, obstaculizan las protestas simbólicas y nos graban…
Desde la sede diplomática de Italia, la activista Andreina Baduel denunció que el pasado miércoles fueron tratados de “forma hostil” en la embajada de Bolivia en Caracas.
Baduel señaló que no fueron recibidos por personal diplomático y en su lugar, fue el personal de mantenimiento el encargado de recibir el documento con las peticiones del Clippve.
“Le recordamos a Bolivia que los Derechos Humanos no tienen frontera ni tinte político”, dijo Baduel.
La activista Andreina Baduel denuncia que el pasado miércoles fueron tratados de "forma hostil" en la embajada de Bolivia en Caracas.
Señala que no fueron recibidos por personal diplomático y en su lugar, fue el personal de mantenimiento el encargado de recibir el documento con… pic.twitter.com/85x2kaG7Tr
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que durante la actividad en la Embajada de Italia, Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel e hija del General Raúl Isaías Baduel, fallecido bajo custodia del Estado venezolano, detectó un dispositivo sospechoso sin identificación adherido a su vehículo.
El Clippve indicó que el hecho fue notificado a los funcionarios de la PNB que estaban apostados en el lugar y tras considerarlo “potencialmente peligroso” desalojaron el área en espera de una comisión especializada. Luego, tras más de una hora de espera, dos efectivos identificados como miembros de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB llegaron al lugar, retiraron el dispositivo y se retiraron “sin ofrecer explicación”.
Este acto se suma al acoso sufrido por Andreina Baduel el jueves 18 de septiembre, cuando fue seguida por un sujeto sin identificación al retirarse de la sede diplomática de Italia en La Castellana.
🚨DENUNCIA URGENTE | Funcionarios no explican la naturaleza del dispositivo puesto en el vehículo de Margareth Baduel durante el cierre de la #RutaGlobalPorLaJusticia
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciamos un hecho de extrema gravedad ocurrido el… pic.twitter.com/iabu391LwK
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 19, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
