Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, tuvo 15 minutos para hablar en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante su discurso, se centró en las promesas del «renacer» del país después de los sismos del pasado 24 de junio y de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, antigua pareja presidencial venezolana, el pasado 3 de enero.
En Runrun.es te resumimos el discurso en 3 perlas, con su respectivo contexto:
«Venezuela garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país. La democracia no se mide solo por la existencia de elecciones, la democracia se define por la cantidad de las condiciones antes de esas elecciones. En Venezuela habrá elecciones».
El Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha presidido la presidencia en los últimos 27 años, ha declarado en otras ocasiones que cumplen con un «récord electoral». Sus voceros afirman que las más de 35 elecciones que se han celebrado durante el chavismo reafirma su talante democrático. Sin embargo, distintas organizaciones como Transparencia Venezuela, el Observatorio Electoral Venezolano, Human Rights Watch, entre otros, afirman que la cantidad no indica calidad: se ha evidenciado una alta opacidad en los conteos y resultados, especialmente en la última elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Si bien Rodríguez enfatizó que habrá elecciones presidenciales en Venezuela, no indicó una fecha o la promesa de un cronograma.
En Venezuela, en los últimos 25 años se han celebrado 30 elecciones, demostrando una democracia participativa continua. Este 28 de Julio, Venezuela tiene una nueva cita en las urnas, demostrando que los venezolanos siguen comprometidos con la democracia y la participación ciudadana. #Venezuela#elecciones2024#Presidenciales#CNE
«Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacer. Un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo».
Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado con el aval de Estados Unidos ha anunciado que habrá un proceso de transición. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos como Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón han destacado que la Ley de Amnistía que promovieron en febrero de 2026 no le ha brindado la libertad plena a los más de 400 presos políticos. Tampoco se ha respetado los plazos de la Constitución Nacional respecto a la permanencia de un presidente interino.
El mismo 23 de septiembre, Rodríguez se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar temas como la restauración de la deuda externa que tiene Venezuela y las posibles elecciones electorales. De acuerdo con el medio estadounidense Axios, los mandatarios norteamericanos esperan unas elecciones entre 2027 y 2028.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que la reunión no abarcó los derechos políticos y civiles de los líderes opositores venezolanos en el exilio, especialmente de María Corina Machado, quien ha denunciado restricciones para regresar a Venezuela en siete ocasiones.
Esa misma noche, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunció a través de redes sociales que tanto Trump como Rubio tienen el poder para darle el acceso a Machado a Venezuela.
«En cambio, [Machado] ha sido rechazada tres veces esta semana, mientras Trump extiende la alfombra roja a un régimen autoritario para proteger su corrupto acuerdo petrolero que roba recursos al pueblo venezolano», objetó la institución norteamericana.
One phone call from Rubio could help Maria Corina Machado return to Venezuela. Instead, she's been turned away 3 times this week, while Trump rolls out the red carpet for an authoritarian regime to protect his corrupt oil deal that steals resources from the Venezuelan people. https://t.co/eplnBK08MS
— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) September 24, 2026
«No puedo dejar de mencionar en este espacio, sede de la legalidad internacional, nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones, tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra. Los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales por encima de organismos externos».
El Gobierno chavista se ha negado a discutir con el gobierno guyanés la disputa del territorio esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En mayo de 2026, Venezuela señaló que ese conflicto internacional terminará con una negociación directa sin intervención de terceros.
Pero, este 24 de septiembre, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, le respondió a Rodríguez en la Asamblea de la ONU: Venezuela debería abstenerse de acuerdo con el fallo de la CIJ.
«El recurso a la CIJ llegó tras decenios de esfuerzos para resolver la controversia bilateralmente, inclusive a través de una comisión mixta y los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas. Con pleno respeto al derecho internacional, Guyana participó y alentó a Venezuela a participar en los procedimientos de la CIJ», dijo Ali.
Amnistía Internacional (AI) publicó un informe para denunciar la opacidad del Gobierno interino venezolano y la lentitud de la respuesta humanitaria para atender a los damnificados de los sismos del pasado 24 de junio de 2026, de los que hoy se cumplen 90 días. A través de 21 entrevistas recolectadas por la ONG pudo constatar que la atención estatal frente al desastre es tardía, poco coordinada o inexistente.
«A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad», escribió Ana Piquer, directora para las Américas de AI, en el documento.
30 días sin datos oficiales
La última publicación del Gobierno interino venezolano sobre el impacto de los sismos ocurrió el 24 de agosto. Para ese entonces, el gabinete interino de Delcy Rodríguez informó que habían, al menos 6509 fallecidos. Mientras tanto, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, había informado una cifra más alta para el 4 de agosto: 7265 fallecidos. Amnistía Internacional denunció la inconsistencia de los datos como una vulneración a los derechos humanos de la población venezolana.
Además, solo hubo dos días donde la administración pública informó sobre la cantidad de personas desaparecidas:el 25 de junio, cuando el gobierno interino anunció una cifra preliminar de 157 personas desaparecidas, y el 4 de agosto, cuando el gobernador de La Guaira afirmó en una entrevista radial que al menos 1579 seguían con un paradero desconocido.
«Ante la ausencia de estos datos, iniciativas ciudadanas independientes han contabilizado más de 41 000 reportes de personas desaparecidas. A pesar de los valiosos esfuerzos, se han encontrado errores y duplicidad de nombres en estos registros, por lo que las cifras oficiales son esenciales», denunció AI.
La opacidad también se arropa con los datos de las personas que sobrevivieron. Hasta ahora, de acuerdo con informes militares filtrados a Runrun.es, al menos 10 000 personas siguen en campamentos transitorios de La Guaira, en 32 instituciones que el Gobierno interino y la ONU han establecido como refugios para las personas que han perdido sus viviendas.
«Además, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención», agrega el informe de AI.
Damnificados sin trabajos
De acuerdo con la última encuesta aplicada de la Cámara de Comercio de La Guaira, publicado el 16 de septiembre, se menciona que 370 de 462 comercios (80 %) se declaró en colapso financiero. Mientras tanto, el 50 % (231 comercios encuestados) afirmó que no podrán mantener su nómina durante los próximos 3 meses.
La Cámara solicitó al Gobierno interino implementar un alivio fiscal. Sin embargo, no existe un registro público de medidas socioeconómicas frente al desastre socioambientalhasta la fecha.
«Tenemos ejemplos recientes [de alivio fiscal] como la tragedia del 99 y la pandemia. En la vaguada [de 1999], que fue otro desastre socioambiental, la respuesta fue inmediata, ¿por qué en esta oportunidad no han sido implementadas esas medidas? Nosotros estamos abiertos a incorporarnos en alguna mesa técnica en la cual evaluemos las posibilidades de un lado y de otro, porque conocemos la realidad del empresariado varguense», explicó Shirley Camarán, directora de la Cámara de Comercio de La Guaira, en una entrevista aRunrun.es.
Si bien Unicef y el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas habían anunciado el pasado 8 de agosto un plan para restablecer los sistemas de distribución colapsados por los sismos. La situación aún continúa siendo compleja, porque el acceso al servicio de agua no cubre las necesidades de la población.
En un recorrido las urbanizaciones Playa Grande y Tanaguarenas hecho por Runrun.es el pasado 23 de septiembre, los vecinos de La Guaira denunciaron que gestión del agua sigue siendo lo más preocupante en esta fase del desastre. Aunque se envían cisternas, no se cubre la totalidad de los requerimientos de la población.
Revictimización constante
Amnistía Internacional también denunció que los venezolanos deben gestionar por sus propios medios la búsqueda de personas desaparecidas y fallecidas. Además, que la ayuda humanitaria en los campamentos transitorios o en las carpas no ha sido equitativo ni adaptado a las poblaciones vulnerables de cada localidad.
«El funcionamiento de estos espacios [tanto de las morgues como de los refugios] no ha sido estandarizado, dejando a las personas en incertidumbre al no existir protocolos específicos de su funcionamiento y no conocer fechas de cierre de los mismos», se lee en el documento.
«Organizaciones de la sociedad civil reportaron a Amnistía Internacional la ausencia de un mecanismo único de acceso a los refugios para brindar asistencia humanitaria. Las autorizaciones variaban según el refugio y la relación de cada organización con las autoridades, lo que retrasó la atención en algunos lugares», agregó.
Además, la ONG registró varias denuncias de familiares que afirmaron recibir las cenizas de sus seres queridos fallecidos sin haber seguido algún protocolo, generando desconfianza en el proceso de identificación. Amnistía Internacional consideró una acción revictimizante que los familiares deban ir reiteradas veces a las morgues para obtener información.
«Una mujer que esperaba los resultados de una prueba de ADN señaló: “me dijeron que tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas [deslaves ocurridos en 1999] que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento”», se citó en el informe.
Amnistía instó al Gobierno interino a ser transparente en todas sus acciones y protocolos para evitar que las víctimas de los sismos sigan revictimizándose ante la opacidad Estatal.
«Si bien los terremotos son una tragedia inevitable, las violaciones a derechos humanos derivadas de ellos sí son prevenibles. Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos de todas las personas afectadas», concluyó Piquer.
Es una escena que muchos venezolanos conocen: se para una camioneta de algún organismo armado del estado frente a una vivienda, entran los oficiales -muchas veces a la fuerza-, intimidan a la familia y toman a la persona que buscan. Posteriormente, la familia va a buscarlo. No aparece en una sede, no aparece en otra. Preguntan y preguntan hasta que dan con él. El proceso por liberarlo se vuelve largo y agobiante. Y dentro del plantel, se dan vejaciones indescriptibles, tanto físicas como psicológicas. El crimen: haber alzado la voz contra el régimen.
El psicólogo Manuel Llorens conoce muy bien las historias los venezolanos que han pasado por esa situación: ha atendido a multitud de expresos. Como integrante de la ONG Voces de la Memoria, cuyos miembros se encuentran dispersos en diferentes países. Trabaja para el rescate y divulgación de la memoria histórica de quienes han visto sus derechos vulnerados por parte del Estado. Su director actual, el periodista Víctor Navarro, soportó las vejaciones por parte de los cuerpos represores durante el tiempo que estuvo capturado. El proyecto Realidad Helicoide, reconstruye en 3D y con realidad aumentada lo que constituye el mayor centro de torturas del régimen; se ha presentado en 17 países, en espacios como universidades o foros internacionales.
Y es una situación bien documentada: Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han hecho publicaciones al respecto de manera reiterada. La prisión política, el aislamiento, la tortura, la intimidación a familiares de la persona apresada son mecanismos normalizados por el Estado venezolano para silenciar a opositores.
El acompañamiento psicológico de los expresos políticos es parte de su trabajo. Manuel Llorens, licenciado en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello -donde actualmente es docente-, con una especialización en Psicología Clínica en el Hospital Universitario de Caracas y una maestría en Psicología Comunitaria en la Universidad Metropolitana de Manchester.
Llorens recuerda la importancia de sostener el vínculo con quien ha vivido la prisión política. Foto cortesía Balonazos.com
Tras la detención de Nicolás Maduro, en Venezuela ha tenido lugar un proceso aún incompleto de liberación de presos políticos. Foro Penal, ONG que monitorea las liberaciones, estima que para la fecha de hoy aún quedan más de 300. Pero el trabajo que ha tenido Voces de la Memoria ha sido monumental debido a la cantidad de casos a atender. Y después del 03 de enero, se multiplicó el trabajo. La recuperación de la cotidianidad es un proceso complejo después de un trauma semejante.
¿Has notado patrones que se repitan en cada caso o la mayoría de los casos de los expresos políticos?
Si bien podemos hablar de patrones, cada caso es único, tanto por las características individuales como por las maneras en que lo ha vivido. La prisión política somete a la persona a un aislamiento injusto, a una arbitrariedad incierta, y en casi todas las ocasiones, a torturas físicas y psicológicas. En el rango de post traumático hablamos de trauma complejo cuando la persona vive experiencia de amenaza extrema de manera continua bajo cautiverio y eso produce efectos como: hiperreactividad, la persona tiene tendencia al sobresalto, alerta de cualquier posible amenaza; eso viene con dificultad para dormir o relajarse, pensamientos recurrentes sobre la experiencia traumática. Luego está el tema de las pérdidas: su vida, reputación, oportunidades, familia, salud. Todo eso implica duelo y depresión, eso es frecuente encontrarlo. Pero estoy diciendo cosas que pueden manifestarse de forma distinta según el caso.
¿Los expresos políticos están presentando dificultades para adaptarse a la vida doméstica, familiar y laboral?
El impacto también es para toda la familia. Toda la familia sufre mucho. Y la incertidumbre de qué pasará con el familiar, la idea de que están sufriendo situaciones extremas, el abuso que enfrentan lidiando con la arbitrariedad del sistema judicial y penitenciario, eso genera un gran sufrimiento. Allí encontramos impactos que son importante registrar y acompañar. Al salir, toda la familia tiene que hacer un reajuste para los niños, quienes enfrentan un distanciamiento de una figura adulta importante -sea un padre, un abuelo, un tío-, todos los miembros han tenido situaciones de estrés; muchas veces también sufren la estigmatización. Entonces cuando sale la persona hay reajusta las rutinas y las labores para generar ingresos, cuidar a pequeños o participar en las labores. Hay que acompañar al familiar que sale de la prisión afectada. Todo eso es una carga difícil de llevar.
¿Qué papel cumplen las familias en sus procesos de retorno al escenario civil?
Que se sostenga el vínculo con quien ha vivido la prisión política es muy importante. Todos hablan de que seguían pensando en sus vínculos, por eso las cartas son muy importantes. Y después, el grupo de apoyo es clave para su recuperación, que vuelven a un sitio donde se les honra por lo que han tenido que sacrificar y se les quiere. Los familiares deben tener paciencia, a veces el reencuentro es más difícil de lo que pensaban porque la persona está afectada; deben esperar a que se vaya reconectando con la vida. Pero también es clave la denuncia, indignación y registro de injusticia para aliviar un poquito el sentido de injusticia que han vivido. La justicia se vuelve una necesidad psicológica imperiosa. Por ende, toda la sociedad tiene un papel que cumplir en restaurar la dignidad y ayudar a sanar a las víctimas de persecución política.
¿Cómo están manejando los casos de expresos políticos que han perdido a familiares cuando estaban en prisión?
Hemos encontrado muchas pérdidas surgidas por la situación política o por la situación del país. También hay casos donde familiares murieron cuando la persona estaba en la cárcel y parte del dolor es que se les privó de la oportunidad de despedirse. También hay casos de exilios, ha habido liberaciones donde han llevado a la persona a un aeropuerto, entonces hay una pérdida masiva: su familia, su proyecto de vida, su trabajo, su vecindario y el sentido de lo que estaba haciendo. El intento de apoyar es un esfuerzo de colaboradores distintos, tanto ONGs como redes espontaneas que han surgido entre activistas, familiares, personas de la diáspora que tienden la mano. Lo primero es ayudar a insertar a la persona en una red, y esta ofrece diferentes cosas según sus recursos disponibles, entre eso, apoyo emocional. Se maneja tratando de ofrecer un espacio de contención para tramitar un duelo compartiendo el dolor y consiguiendo maneras de expresar aquello que se ha perdido, darle sentido. En paralelo a la pérdida material, también se intenta vincularla a oportunidades de educación o trabajo, hay expresos que tienen iniciativas de involucrar a otros en emprendimientos, grupos de ayuda, grupos musicales…Eso ayuda.
¿Qué papel cumple la ciudadanía -ONGs, medios de comunicación, vecinos, etc- para apoyarlos?
Sin duda cumple un lugar importantísimo: que se mantenga en mente su sufrimiento, que se comparta la indignación, que se reconozca públicamente lo sufrido. Todo eso tiene efectos sanadores, porque hace pensar al expreso político que no está solo, ve que otros se conduelen. Algunas víctimas destacan el papel central que han tenido las ONGs a sostener la esperanza, a tener acompañamiento durante la prisión y después de la liberación. Hay iniciativas que tendrán que ser reconocidas más adelante porque tienen que operar de forma sigilosa por apoyar los casos de los presos políticos. Abogados, médicos, psicólogos, centros de derechos humanos, todos han sido valiosos para apoyarlos.
¿Qué medidas deberá tomar el Estado venezolano para apoyar psicológicamente a los expresos políticos?
Tiene que haber procesos serios, transparentes y comprometidos de justicia. Eso significa que hay que nombrar y visibilizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, identificar a los perpetradores y a los que dictaron las órdenes. Ese sería un primer paso para restituir la justicia. Tiene que haber normas claras que aseguren que eso no se repita y medidas de reparación de todo tipo, tanto simbólicas -que son importantísimas- como materiales por los daños que han sufrido los expresos políticos. Hay un trabajo enorme que tiene el país por delante en cuanto a justicia restaurativa, que necesita el país para pasar a una fase de vida colectiva sana donde se pueda empezar a confiar en la autoridad. Por ahora, está muy lejos de verse, pero es indispensable si de una sanación estamos hablando.
Se han documentado agresiones sexuales contra mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ en escenarios de prisión política, y en menor medida, contra hombres. ¿Qué complejidades aparecen en estos casos?
Sí, existen denuncias del uso de la violencia sexual contra mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y ha sido reportado por la Misión Internacional Independiente. Eso significa que además de los horrores de la persecución política, se suman otras expresiones de abuso y discriminación especificas al grupo identitario. Es difícil cuantificar la severidad del daño; todo acto de tortura es terrible, pero, sin duda, la violencia sexual como tortura produce mucho sufrimiento. Además, suele venir con vergüenza. Muchas personas que la han padecido dudan antes de denunciarlo por temor a ser expuestas al escarnio público. Es un tipo especialmente lesivo de abuso. También hay casos de abusos sexuales contra hombres. Ya desde el 2013, hubo denuncias de violaciones a estudiantes varones; ya estaban aplicando el abuso sexual como herramienta de intimidación.
¿El tiempo que permanezca una persona en prisión por motivos políticos influye en su trauma?
El tiempo es una de las variables; por supuesto que genera impacto. Mientras más prolongado sea el aislamiento, la persona sufre más pérdidas y más dolor sostenido. Pero los encarcelamientos breves igualmente pueden ser muy traumáticos. No necesariamente está definida por la longitud del tiempo la gravedad del daño.
¿Podría decirse que la sociedad venezolana, en conjunto, tiene un trauma colectivo?
Sí, absolutamente. Nosotros hablamos de trauma psicosocial desde los años 80. Entendemos que el daño no es solo al individuo que vivió el trauma, sino al tejido social. Es decir, a las relaciones entre los miembros de la sociedad y de la sociedad con las instituciones. Las relaciones entre los miembros de la sociedad y de la sociedad con las instituciones quedan perjudicadas. Se hace mucho más difícil poder restablecer lazos de convivencia y solidaridad. La sanación y restitución no pasan solo por atender al individuo que ha sufrido los abusos en carne propia, sino por hacer reconocimiento público y buscar justicia, que son las herramientas que permiten sanar el tejido social dañado.
El regreso a las aulas no presentó una mejoría en el aprendizaje de los alumnos. Los datos expuestos por el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (SECEL) de la UCAB, correspondientes al período 2024 – 2025, revelaron una brecha significativa en su formación educativa y los conocimientos presentes en los jóvenes venezolanos.
El estudio analizó 11 000 pruebas diagnósticas aplicadas a estudiantes de educación básica y media en siete estados del país. Las mismas, revelaron que el rendimiento de la población estudiantil en áreas claves como matemática y castellano siguen presentando fallas de origen y deficiencias estructurales.
¿Retroceso o avance?
El desempeño académico en el año escolar 2024 – 2025 y los datos correspondientes al período 2023 – 2024 reflejan retrocesos y avances en las cátedras evaluadas. El promedio global consolidado en el área de matemática decayó a 7,08 puntos sobre 20 (en comparación con los 7,7 puntos obtenidos en el año 2024). Esta cifra se traduce a una tasa de aplazados del 80,79 % a nivel general. Asimismo, el informe expuso que, aunque manejan aritmética básica, los alumnos colapsan al intentar interpretar soluciones o traducir problemas al lenguaje matemático.
De igual manera, pese a una mejora expuesta en el promedio global de Habilidad Verbal (que pasó de 8,78 a 10,50 sobre 20) con una tasa del 60,46 % de aprobados, se evidenció un resultado preocupante: siete de cada diez estudiantes son incapaces de identificar ideas implícitas o forjar una opinión crítica sobre lo que leen.
Brecha pública vs privada
En estos dos sectores se evidenció un contraste notable con respecto a los conocimientos manejados por el alumnado. En la catédra de matemáticas de los planteles privados se promedió una nota de 7,65 de 20, lo que corresponde a una cifra del 75,29 % de desaprobados. Sin embargo, en castellano hubo una mejoría, casi el 69 % de los estudiantes aprobó con 11,23 sobre 20.
En cambio, en instituciones públicas la nota obtenida en el área de cálculo fue de 6,55 sobre 20, lo que se traduce al 86,70 % de jóvenes aplazados. De igual forma, en lengua se obtuvo una calificación de 9,82 de 20, que es el 52,29 % de la población estudiantil.
La escuela de Educación de la UCAB advirtió que estos resultados van en sintonía con las debilidades expuestas por el informe PISA 2025, que se encargó de medir conocimientos en matemáticas, ciencias y lectura, realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual registró pérdidas de hasta año y medio de aprendizaje a nivel mundial.
Reflejo de una crisis global
Aunque Venezuela no participó en la evaluación internacional de PISA, los especialistas aseguraron que los desafíos educativos de Venezuela “no son aislados, sino parte de una crisis global”.
Asimismo, para salir del estancamiento, la UCAB hizo énfasis en seguir el modelo de países como Chile y Uruguay, que cuentan con organismos autónomos dedicados a medir la calidad educativa e impulsar reformas reales basadas en datos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó informe mensual del mes de agosto, en el cual se documentó un total de 652 protestas en el territorio nacional, lo que representa un promedio de 22 manifestaciones diarias y un incremento del 288 % con respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 168 manifestaciones.
El documento destaca que la mayoría de las quejas de las personas continúan centradas en la exigencia de condiciones para una vida digna, junto a demandas de justicia, derechos laborales y participación política en el país.
A continuación, las claves de los hallazgos encontrados en el informe:
Los derechos y la vivienda
El informe explica que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) lograron concentrar el 77 % de las manifestaciones registradas durante el mes de agosto, sumando 501 protestas. El derecho a la vivienda lideró las exigencias con 336 movilizaciones, equivalentes al 52 % del total nacional.
En 327 oportunidades las comunidades salieron a las calles para demandar la restitución o mejora de los servicios básicos en los hogares. Las fallas continuas en el suministro de electricidad encabezaron los reclamos con 223 protestas, seguidas por las manifestaciones contra la escasez de agua potable (100). Hubo también reclamos en las calles por las deficiencias en vialidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos y alumbrado público.
Exigencias de justicia
Por otro lado, los Derechos Civiles y Políticos (DCP) concentraron 151 manifestaciones, un 23 % de la conflictividad documentada. La búsqueda de justicia se posicionó como la demanda principal de este apartado, con 164 manifestaciones encabezadas por familiares de presos políticos, víctimas y organizaciones sociales.
También se registraron 129 movilizaciones de la mano en exigencia del respecto al derecho a la participación política, donde varios sectores opositores pidieron transparencia electoral y la definición de un cronograma para los comicios presidenciales.
Por su parte, grupos identificados con el oficialismo se movilizaron en contra al acuerdo energético suscrito entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense.
Pensionados y trabajadores
Los trabajadores, jubilados y pensionados llegaron a liderar 124 protestas por derechos laborales, con aproximadamente cuatro manifestaciones diarias. Las peticiones principales se enfocaron en la recuperación del poder adquisitivo, la exigencia de mejores salarios, el rechazo a la bonificación de los ingresos y el cumplimiento de los contratos colectivos.
Además, se contabilizaron 100 protestas en reclamo del derecho a la seguridad social. En este sector destacaron los jubilados y pensionados de Cant, quienes cumplieron casi dos meses de movilizaciones semanales en demanda de ingresos dignos y la restitución de servicios de atención médica. En el área educativa, los docentes expresaron preocupación por el deterioro de la infraestructura escolar antes del inicio de clases actual.
Modos de manifestaciones
Estos problemas sociales se desplegaron a nivel nacional con diferentes niveles de intensidad. El estado Lara registró la cifra más alta con 70 protestas, luego Anzoátegui (68), Miranda (60), Sucre (59), Carabobo (40) y Distrito Capital (40). Por el contrario, Delta Amacuro y Trujillo reportaron la menor cantidad de manifestaciones.
Las concentraciones pacíficas fueron la modalidad más recurrente con 394 casos. Le siguieron el cierre de vías (107) y las vigilias (43).
Los cacerolazos también regresaron, de acuerdo con el OVSC, en zonas residenciales, como medida de protesta frente a los apagones. El informe resaltó que el 379 eventos correspondieron a protestas combinadas, donde los ciudadanos exigieron la garantía de múltiples derechos.
Represiones y secuelas del terremoto
El OVCS documentó nueve protestas reprimidas por cuerpos de seguridad en Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital y Sucre, esta cifra reflejó un aumento en comparación con las cuatro registradas en julio.
Se contabilizaorn además 14 protestas en nueve estados para denunciar abusos de poder y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y policías regionales.
Por otra parte, a dos meses del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, hubo 15 manifestaciones en el estado La Guaira, al menos 12 fueron impulsadas por personas damnificadas que denunciaron desalojos de refugios, exigieron reubicación en viviendas seguras, distribución equitativa de ayuda humanitaria e insumos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 24 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.
El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos
Este martes 23 de septiembre, la presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron por primera vez en en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Fue el primer contacto personal entre ambos gobernantes, luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que el encuentro entre el presidente Trump y Rodríguez fue «corto pero importante». Los temas abordados, según el político norteamericano, se enfocaron en la restitución política y económica para celebrar unas posibles elecciones en Venezuela.
“Aprovecho este escenario para decirlo alto y fuerte:no fui a Venezuela a validar un régimen, más bien todo lo contrario. El Paraguay ama la democracia y cree que el pueblo venezolano la merece“, Santiago Peña, presidente de Paraguay
Azuquita pa’l café
"Gama" es tendencia porque el joven que fue acusado erróneamente de robar en uno de sus supermercados declaró que recibió amenazas de parte del hijo de la señora:
“Le dañaste la vida a mi mamá, donde te encuentre te escoñeto la vida”.
No hay propaganda, ni retórica, ni foto, con la que puedan tapar la realidad que vive Venezuela: destruyeron al país y la gran mayoría de los venezolanos los rechazan.
Por el aniversario 85º de Empresas Polar anunció este 22 de septiembre el lanzamiento de su nueva página web y el inicio formal del registro gratuito para el programa 1000 Empresas. El propósito de esta iniciatva es acompañar la creación de mil empresas nuevas en el país con un lapso de 15 años, buscando que estas crezcan, generen empleo de calidad, permanezcan en el tiempo y sean financieramente sostenibles.
El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, resaltó la importancia de este proyecto para Venezuela ya que está enfocado en transferir un aprendizaje a las corporaciones con nuevas iniciativas.
“Tenemos 85 años construyendo empresa en Venezuela. A través de esta iniciativa, buscamos que la experiencia del sector privado consolidado siga fortaleciéndose como el motor real de desarrollo y crecimiento integral del país. Queremos acompañar a quienes quieran construir más empresas venezolanas que perduren y contribuyan a la generación de bienestar y empleo digno”, aseguró Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, en nota de prensa.
Por otro lado, Daniela Egui, gerente general de Fundación Empresas Polar, explicó que esta convocatoria está dedicada a todo tipo de personas, independientemente del nivel de desarrollo de su propuesta o de su experiencia previa.
“No importa si ya tienes un emprendimiento en marcha, si tienes una idea apenas en papel, o si no tienes experiencia previa. Buscamos personas con buenas ideas, visión de alto impacto y pasión por la excelencia, dispuestas a aprovechar al máximo las oportunidades que 1.000 Empresas abre para todos”, expresó.
Proceso de formación
El programa está pensado con tres ideas principales y teniendo como inicio la formación empresarial masiva, la cual iniciará en el mes de octubre. Este apartado será completamente gratuito, online autogestionado y de libre acceso. Contempla un plan de estudios de 9 módulos respaldado por líderes de la corporación con trayectoria en consumo masivo, ciencia de datos, innovación y expansión en mercados.
Además de la capacitación, el curso contempla el acceso a capital no reembolsable, asesorías personalizadas para proyectos seleccionados por un jurado y un acompañamiento constante. De todas formas, la empresa establece una tercera opción orientada a la creación y desarrollo de proveedores en diversos sectores económicos y zonas del país para fortalecer el valor de la compañía.
Cómo formar parte
Para poder participar en el programa se debe ingresar a la página web y completar un registro con verificaciones de códigos, datos personales, la creación de una contraseña y la entrega de un comprobante con un número de registro único para cada usuario.
“Empresas Polar ha crecido con Venezuela y queremos compartir todo lo que hemos aprendido, transfiriendo el conocimiento, las metodologías, la disciplina operativa y el standard de excelencia que nos ha funcionado, a la próxima generación de empresarios. Este programa transfiere lo que aprendimos haciendo empresa aquí”, finalizó Mendoza.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este 23 de septiembre, Delcy Rodríguez —presidente interina de Venezuela y mimebro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— y Donald Trump —presidente de Estados Unidos— se reunieron por primera vez en persona en Nueva York, luego de la captura de Nicolàs Maduro y Cilia Flores —antigua pareja presidencial venezolana— el pasado 3 de enero de 2026.
En una rueda de prensa celebrada el mismo dìa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que el encuentro entre el presidente Trump y Rodríguez fue «corto pero importante». Los temas abordados, según el político norteamericano, se enfocaron en la restitución política y económica para celebrar unas posibles elecciones en Venezuela.
«No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta», declaró Rubio. «La reestructuración de la deuda es fundamental».
De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, el Gobierno liderado por el PSUV acumuló una deuda mínima de 164 mil 432 millones de dólares, a lo largo de su mandato, hasta 2024. El Gobierno venezolano no ha dado cifras oficiales por años. Según la consultora internacional Oxford Ecocomics, la deuda externa de Venezuela equivale a 193% del PIB del país en la actualidad y se necesitarían décadas para saldarla.
Mientras tanto, expertos políticos consultados por el medio estadounidense Axios, calcularon que la deuda venezolana alcanza los 300.000 millones de dólares.
SECRETARY RUBIO on VENEZUELA: What we want to see is not only that you have free and fair elections, but that you have an enduring Republic. pic.twitter.com/c19IY17TO2
De acuerdo con el medio estadounidense Axios, la reunión entre Rodríguez y Trump duró 15 minutos.
«Al final del día, tiene que haber elecciones», dijo Trump durante el encuentro, según una fuente citada por Axios. Ni el mandatario norteamericano ni la mandataria inelecta venezolana abordaron más el tema, según el medio estadounidense. Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene un plan de tres fases para Venezuela: reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia, reestructurar el Consejo Nacional Electoral y, por último, las elecciones presidenciales.
«El [futuro] gobierno democrático de Venezuela enfrentaría una ola masiva de protestas porque no ha atendido la inflación y la economía. Eso atentaría la transición completa», refiere la fuente citada por Axios.
La Casa Blanca espera que las elecciones se logren entre los años 2027 y 2028. Las fuentes citadas por Axios aseguran que las elecciones se celebrarían antes de que Trump deje su mandato como presidente de Estados Unidos.
Para la Casa Blanca, en este momento, la reestructuración económica y la transición democrática deberían ir a la par.
Mientras tanto, ni Rubio ni Trump abortaron las recientes denuncias de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, para entrar a Venezuela. Machado, quien había obtenido una victoria en las elecciones presidenciales venezolanas en 2024 según veedores electorales venezolanos, ha intentado entrar al país al menos siete veces hasta la fecha.
La única mención que tuvo Machado por parte del Gobierno estadounidense vino de Rubio: «Ellos necesitan reconstruir sus partidos políticos. Muchos de los líderes políticos [venezolanos] siguen en el exilio. No solo María Corina (Machado), una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país», comentó.
