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Tres muertos dejó nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha

Redacción Runrun.es
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Tres muertos dejó nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha

Un nuevo ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha, dejó tres personas fallecidas este sábado primero de noviembre, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos”, dijo Hegseth en X. 

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos. 

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una amplia fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado, hasta el momento, un saldo de 61 muertos, desde el 2 de septiembre, con el argumento de combatir el narcotráfico. Los bombardeos, que luego se realizaron también en el Pacífico, han dejado tres sobrevivientes que se encuentra en Ecuador, Colombia y uno bajo custodia de México.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Desde Caracas Nicolás Maduro, informó que este fin de semana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegará en los 5.336 circuitos comunales del país para evaluar el funcionamiento de las Unidades Comunales Milicianas, mientras califica de amenaza la movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

*Con información de DW y EP

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Represión y control ata de manos a sindicatos y gremios: ¿Cómo se lucha por los derechos laborales en Venezuela? 

La Hora de Venezuela
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Represión y control ata de manos a sindicatos y gremios: ¿Cómo se lucha por los derechos laborales en Venezuela? 

Las protestas por los derechos laborales protagonizadas por dirigentes sindicales y trabajadores de distintos sectores, como la educación y la salud, son cada vez menos frecuentes en las calles en Venezuela, debido al contexto de elevada represión política, profundizada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Los derechos a un salario digno, buenas condiciones laborales, a la discusión de contrataciones colectivas, a la libre afiliación sindical, a la organización sindical y gremial y hasta el derecho a huelga, han sido conculcados en Venezuela, destacan voces del sector sindical que hablaron con La Hora de Venezuela.

Advierten que prácticas represivas, judiciales y administrativas del poder impiden actualmente movilizarse para reclamar y reconquistar tales derechos y facilitan el desmontaje de la estructura sindical y gremial del país, al igual que ocurrió con los partidos políticos, la mayoría intervenidos judicialmente e ilegalizados, lo que empuja más a un escenario de mayores restricciones como el de Nicaragua. 

Resaltaron: Siempre surgen nuevas formas de resistencia y, a diferencia del país centroamericano, Venezuela todavía posee una Constitución democrática que se debe reivindicar. 

Detenciones han neutralizado

“Desde que se profundizó la persecución de los dirigentes sindicales, gremiales y políticos del país, el movimiento sindical se ve neutralizado en estos momentos, lamentablemente. Nosotros los docentes, maestros, fuimos de la primera línea de acción de reclamos en el país durante años”, expresó la dirigente sindical del sector educación, Griselda Sánchez. 

Detalló que “desde 2015 hemos estado con protestas y movilizaciones en Venezuela por salarios justos, por una educación de calidad, por la reactivación del programa de alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes”.

Sánchez, presidenta de la ONG Fordisi para la formación del nuevo liderazgo sindical emergente y en especial en el sector de la educación, da cuenta de más de 10 educadores privados de libertad de manera arbitraria en el país. 

Es el caso de Robert Franco (55 años), profesor de Educación física y dirigente sindical, exsecretario general del Colegio de Profesores de Carúpano-Paria y vocero docente de la Coalición Sindical del Magisterio. Fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre, acusado de terrorismo y homicidio en grado de tentativa contra la persona del fiscal general Tareck William Saab.

Fue condenado de manera injusta a 30 años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades, según familiares y defensores de derechos humanos. 

La dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y representante formativa de Fordisi, Lourdes Villareal (59 años), fue interceptada por hombres armados no identificados al salir de su vivienda en La Pastora, Caracas, el 22 de mayo de 2025.

Familiares denuncian que la profesora dedicada a Teatro, Artes Escénicas y Castellano permanece desaparecida y que no tienen información sobre su situación legal. La docente solía asistir a protestas de calle del sector educativo para exigir salarios dignos, como la del 1 de mayo.

¿Escenario similar al nicaragüense?

“Prácticamente estamos en el escenario Nicaragua y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en un país que tiene una Constitución democrática. Tenemos más de tres años preparando elecciones sindicales y no se nos permite, los líderes sindicales estamos señalados y pensamos que debe haber una recomposición del movimiento sindical venezolano. No podemos seguir con esta política de muchas federaciones y pocos derechos para los trabajadores”, dijo Sánchez, que antiguamente lideraba el Sindicato de Maestros de Caracas. 

La detención más reciente es la de Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de Fetramagisterio, el 14 de agosto de 2025 en Turmero, estado Aragua. Se encuentra recluido y permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. 

“Atados de pies y manos”

“Es un momento de reflujo, inmovilidad de fuerzas políticas y sociales que viene dado por la manera cómo la élite que ostenta el poder controla todo para imponerse como única fuerza. Uno de los elementos que más le resulta es la represión, especialmente luego del 28 de julio de 2024, traducida mayormente en allanamientos y desapariciones forzadas”, observa el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse. 

Hasta el 21 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) totalizó 1.074 presos políticos, entre los cuales han logrado identificar a 14 sindicalistas. Eusse, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), destacó que al igual que con otros sectores sociales y políticos, en el sector sindical también se mantiene la puerta giratoria contra dirigentes y trabajadores y quienes son excarcelados aún tienen medidas cautelares.

Entre los casos, Eusse cita las aprehensiones (11 de junio de 2023) de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azócar, imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot. Ambos estaban al frente de una protesta de unos mil trabajadores de Sidor para reclamar mejores condiciones laborales y salarios dignos.

Otro sidorista y dirigente sindical apresado, pero en enero de 2025, fue Juan Valor, luego de que publicara un video en redes sociales en el que llamó a los trabajadores a atender el llamado de María Corina Machado y salir a defender los resultados de las elecciones del 28 de julio. Fue acusado de los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.

El pico represivo también alcanzó a la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas,  Yanny González (22 de julio de 2025), y hasta el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería Capítulo Caroní del estado Bolívar, Maritza Moreno, Ángel Rivas. Moreno había formulado denuncias sobre las malas condiciones de los hospitales en Guayana.

“No soy partidario de compararnos con otras realidades como Nicaragua, Cuba e incluso con Estados Unidos, pero padecemos de toda una política autoritaria contra el movimiento sindical desde hace varios años, que lo hace estar atado de pies y manos. Ahora el gobierno usa las tensiones con EEUU para escalar en la represión interna, impedir que la gente reclame derechos humanos y laborales, nada justifica la arremetida antidemocrática”, fustigó el dirigente comunista. 

Leyenda: El dirigente del PCV, Pedro Eusse, señala que la represión sumado a maniobras judiciales y administrativas, le han servido al poder para “atar de pies y manos” al movimiento sindical y gremial

Control judicial y administrativo 

Además de la represión, Eusse alude a prácticas judiciales y administrativas por parte del poder para despojar a sindicatos y gremios, que no son afines al chavismo, de su legalidad, lo que les impide ejercer la representación de los trabajadores en reclamos y discusiones de contrataciones colectivas y convocar a huelgas de manera legal.  

Esta situación, subraya, va contra la libertad sindical establecida en el artículo 95  de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y contrataciones colectivas, suscritos por Venezuela.

Criticó que se use al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe organizar las elecciones sindicales como un arma para impedir dichos comicios, y rechazó además el control que asegura se ejerce a través del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a cargo del Ministerio del Trabajo. 

“Se estableció que los sindicatos en mora con las elecciones no pueden discutir contrataciones colectivas, con lo cual se le despoja de su cualidad de representación de los trabajadores. Asimismo, es casi un delito afiliarse a un sindicato que no sea patronal y a quien se afilie, las empresas públicas les ponen muchos obstáculos. Es toda una política de Estado para impedir el desarrollo de organizaciones sindicales no adeptas al oficialismo, lo que deja a los trabajadores en situación de indefensión”, recalcó. 

Alertó además que la “constituyente obrera” impulsada por el líder chavista, Nicolás Maduro – para “refundar el movimiento obrero nacional y adecuarlo al socialismo”- es la “culminación de una forma de liquidación del movimiento sindical autónomo en Venezuela”. 

A la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se le impuso la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores presidida por Wills Rangel, diputado del partido de gobierno Psuv y presidente, además, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Otros movimientos sindicales como el Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros, Gasíferos y Petroquímicos del Estado Falcón alzan su voz contra las inseguras condiciones laborales y las detenciones arbitrarias de trabajadores, pero su líder, Iván Freites, fue forzado al exilio por la persecución política. 

Eusse recordó que las maniobras judiciales también afectan a los partidos políticos. Una oleada de intervenciones judiciales se produjo en 2020, previo a las elecciones parlamentarias, contra partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Patria Para Todos, Tupamaro, Bandera Roja, entre otros, para imponerles directivas aliadas al gobierno y despojar a sus legítimas autoridades de las tarjetas electorales. El PCV fue afectado con la misma medida en 2023. 

“Los partidos y el movimiento sindical y gremial están en unas condiciones muy difíciles de funcionamiento. Los partidos pueden funcionar en la clandestinidad, pero los sindicatos deben poder actuar libremente para hacer asambleas, acompañar a trabajadores en su reclamos, visitar centros de trabajo y eso actualmente no es posible. Nada de lo que ocurre es ingenuo, es una política de Estado”, recalcó. 

¿Cómo se lucha entonces por los derechos? 

“Los dirigentes seguimos atentos y alertas de cara a la situación que agobia a los trabajadores del sector público del país, sin dejar de denunciar. Los líderes sindicales no nos hemos dejado de reunir a pesar de la fuerte persecución: más de 10 profesores presos en el país, uno condenado a 30 años. Esto neutraliza al sector, pero estamos atentos a las próximas acciones que podamos realizar aun en este contexto”, aseguró Sánchez. 

Realizan referendo consultivo para decidir hora 0 y paro indefinido

Leyenda: La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, asegura que pese a la persecución mantienen encuentros y reuniones para hallar nuevas formas de lucha

Sánchez señala que ya no se hacen ruedas de prensa para denunciar la situación del sector educativo, pero mantienen encuentros con maestros de las escuelas que también son defensores de los derechos laborales y humanos para atender sus reclamos.

Subraya que quienes permanecen en los colegios del sistema público son los pilares que sostienen la educación del país, a pesar de la terrible situación económica, social y política que se vive.

“Ellos siguen apostando a la educación, ahora bajo un plan de contingencia, ante la inexistencia de una política que permita  la recuperación de las clases presenciales diarias en el país  en los planteles públicos. Nos preocupa mucho la ausencia de respuestas satisfactorias para el sector, que esa situación se mantenga en el tiempo. Pero seguimos adelante”, agregó la dirigente. 

El 1 de mayo de 2025, cuando se cumplieron tres años sin que el Ejecutivo decrete aumento del salario mínimo, los trabajadores acompañados de líderes sindicales salieron a protestar en Caracas. La respuesta gubernamental fue impedir el avance de una marcha convocada desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto, con fuertes piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y posteriormente más detenciones como la de Lourdes Villarreal.

El llamado a la unidad y organización

Para Eusse, siempre habrá una forma, a través de la unidad y organización, de seguir luchando contra lo que llamó la desregularización laboral en Venezuela, traducido en la “desaplicación de las normas de derecho que protegían a los trabajadores”.

Esto es 90% de los ingresos de los trabajadores convertidos en bonos y un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a 0,50 centavos de dólar al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). 

“El gobierno sigue encontrando una resistencia importante entre los trabajadores de Guayana. En el PCV promovemos un acuerdo unitario de centrales sindicales, gremios, trabajadores activos, jubilados y pensionados, para encontrar nuevas formas de resistencia, que los trabajadores recuperen el activismo. No permitir que dividan a los trabajadores en chavistas y opositores porque todos somos afectados y luchamos por los mismos derechos. Siempre hay la posibilidad de organizarse y unirse”, insistió Eusse. 

La CUTV que lidera el dirigente comunista tiene previsto denunciar ante la OIT los “propósitos antisindicales de la constituyente obrera” anunciada por Maduro. 

Al 10 de julio de 2025, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social demuestra que no se ha dejado de protestar en Venezuela a pesar del contexto represivo, aunque se trata de convocatorias aisladas sin la fuerza de un movimiento nacional. La ONG registró 1.249 protestas durante el primer semestre del año, lo que representa una disminución de 48% con respecto a 2024, cuando totalizó 2.383 protestas.

De la cifra, 320 fueron protestas de trabajadores para exigir sueldos y pensiones dignas, “rechazando bonificaciones que debilitan conquistas salariales históricas y desconocen beneficios contractuales”, de acuerdo con la ONG.

Chavismo afina clima de censura y miedo con nuevas condenas por ‘odio’ y app de delación

La Hora de Venezuela
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Chavismo afina clima de censura y miedo con nuevas condenas por ‘odio’ y app de delación

Unas camisas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez siendo vandalizada, unos mensajes de WhatsApp para reclamar los retrasos en la entrega del gas. Estas razones llevaron a la cárcel a cuatro venezolanos por delitos de odio. En el mes de octubre fueron condenados a penas entre 10 y 15 años de prisión por tribunales estadales, en juicios rápidos y sin garantías de debido proceso. 

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro pidió crear una aplicación para que la gente reporte «todo lo que ve, todo lo que oye» las 24 horas del día, donde la Fuerza Armada Nacional, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral deben “participar”. Esto se transformó en la activación de módulos dentro del sistema VenApp, que nació inicialmente para el reporte de incidencias en comunidades, donde se incluyeron apartados como “terrorismo” u “observación de drones”, en medio de un despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe y que el chavismo ve como una amenaza bélica. 

Expertas consultadas coinciden en que estas acciones, si bien separadas, contribuyen a agravar el clima de censura y temor impuesto por las autoridades luego de las elecciones presidenciales de 2024. La represión vía detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y aislamiento de detenidos completan ese “entramado” de mensajes que, de forma constante, envía el oficialismo para mantener a raya al “enemigo interno”. 

“Al mismo tiempo que vemos estas condenas vemos el relanzamiento de aplicaciones utilizada para la delación, que ya se habían aplicado en el contexto poselectoral de 2024. Ante una ley tan ambigua (Ley contra el Odio) la autoridad puede considerar que una persona cometió un delito por medio de esa denuncia anónima. Esto es un avance más, un paso más en todo lo referente a persecución política, criminalización de la disidencia, generar un clima de silencio y temor, la aplicación de una política de miedo”, señala Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Tineo señala que el chavismo ha creado todo un “andamiaje” legislativo de “absoluta discrecionalidad” a través de la Asamblea Nacional y, en el caso de la Ley contra el Odio por la cuestionada constituyente de 2017, que además vulnera normas y garantías constitucionales. 

“Cuando lees las motivaciones dicen que se hacen con el ánimo de pacificar a Venezuela, pero es todo lo contrario porque pones a las comunidades en una situación donde unas señalan a otras de forma absolutamente irresponsable y luego el sistema de justicia avanza un proceso absolutamente inconstitucional contra algunas personas”, afirma. 

Esa persecución que no solamente alcanza a disidentes reales, señala Tineo, no permitirá “avanzar en un proceso de reconstrucción, superación del conflicto y la crisis. Todo lo contrario, se agudiza la crisis porque son más y más, y más las víctimas permanentemente y eso lógicamente crea una destrucción del tejido social”. 

Lexys Rendón, socióloga y directora del Laboratorio de Paz, señala que si en algo ha avanzado el Estado venezolano desde el año pasado, especialmente luego de las presidenciales, es sobre “un patrón sistemático generalizado de acción del Estado venezolano contra cualquier persona que disiente”. 

“Se persigue a la persona por lo que dice, por lo que piensa, por lo que expresa. No se considera el disentir, el criticar, como una forma de la civicus sino como enemigo interno, como una persona que es sospechosa de traición, de estar conspirando para quebrantar el orden”, destaca.

La socióloga puntualiza que la razón última de esta “política de Estado” es que “no haya disidencia”. 

¿Cómo se ha ido logrando? Por medio de una persecución “que causa terror en la población”, comenta Rendón. “Es discrecional, tiene afectaciones en la integridad física, emocional y en la libertad de las personas muy amplia… La gente tiene miedo de opinar, tiene miedo de decir cosas que la pongan en el foco de una represalia tan horrenda como puede ser 10 años de prisión o estar en un limbo en una cárcel, y esto ha sido intencional. Ha sido una respuesta y ha ido avanzando. Ahí es donde estas aplicaciones tienen la finalidad de control social”.

Apretando el control social

Las elecciones de 2024 trajeron consigo un despliegue rápido y continuo para sofocar los focos de protesta en reclamo al “fraude”. Más de 2.200 detenciones, incluyendo adolescentes, bajo acusaciones de terrorismo, conspiración u odio centralizados en tribunales antiterrorismo en Caracas. Imposición de defensa pública, aislamiento en prisiones de “máxima seguridad” o en condiciones que podrían considerarse de tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de la negativa de asistencia médica, han marcado a los presos poselectorales. 

En paralelo, el chavismo ha arrestado a cuentagotas pero de manera sistemática a militantes, dirigentes políticos, aliados en estructuras electorales, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, se han preparado leyes para debilitar a las organizaciones de la sociedad civil y se prepara una reforma constitucional que, según ha dicho el chavismo, busca afianzar el “Estado comunal”. 

“El control que establece el Estado, a partir del 28 de julio de 2024 para acá, ha ido en avance para limitar la capacidad no solamente organizativa sino de libertad de expresión e información. Por eso vimos periodistas, como Nakary (Ramos)… Por eso vimos la detención de economistas que en un momento empezaron a decir el precio real del dólar en un mercado paralelo que existe”, expone la directora del Laboratorio de Paz.

Afirma además que “todo el mundo sabe que en este momento no existe Estado de derecho en Venezuela y cualquier cosa que puedas decir te pone en un foco, como un target, de represalias, vigilancia y control”.

Leyenda: Maduro ordenó reactivar el módulo de denuncias vecinales en la aplicación de VenApp (Archivo)

Esto es justamente lo que la administración Maduro quiere, insiste la socióloga. “Si puedes controlar lo que la gente dice adentro, por lo menos en el control interno de quienes permanecen en el país, la verdad no se sabe. La verdad es la verdad del Estado, todo lo que se salga de ahí va a ser apresado, va a ser condenado, sometido a desaparición forzada”. 

La socióloga recuerda las palabras del ministro Diosdado Cabello sobre un ‘estado de sospecha’. “Estamos en un estado de sospecha cuando se habló del estado de conmoción, y es la política donde la persona es culpable y sospechosa antes de ser inocente y un ciudadano que ejerce sus derechos”. 

Considera que este “estado de miedo, control y censura” es uno de los estadios más graves dentro de un autoritarismo. “Si existiera la posibilidad de que esto se revirtiera, dirías que hay Estado de derecho, hay formas de juzgar a las personas que cometieron estos actos… pero cuando eso es una política de Estado, un patrón, una orden, un acuerdo de Estado que no goza de legitimidad, va a ir incrementándose, no va a haber un retroceso”.

Los condenados por ‘odio’

Durante 2025 se han registrado varias condenas por delitos de odio. El pasado 25 de febrero, el juez Luis Ovalles emitió una sentencia de 15 años contra el activista de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero, detenido desde noviembre de 2023. 

Leyenda: Nelson Piñero permanece en la cárcel de Tocorón acusado bajo la Ley del Odio (Archivo La Hora de Venezuela)

Dos meses después se ratificó la medida en su contra por expresar sus opiniones a través de redes sociales. Se mantiene bajo arresto en la cárcel de Tocorón.

Marcos Palma Martínez fue condenado en septiembre a 15 años de prisión. El hombre fue detenido el 6 de enero por enviar un audio de WhatsApp donde reclamaba el retraso en la entrega de bombonas de gas doméstico en su comunidad y advertía sobre una posible protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques.

El pasado 17 de julio se conoció que Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen fueron condenadas a 10 años de prisión por incitación al odio. ¿La razón? Fueron aprehendidas por funcionarios de la PNB con unas camisas estampadas con una foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez. 

Ambas jóvenes afirman que fueron contratadas bajo un encargo falso para luego levantarles el expediente. 12 de esos funcionarios están presos actualmente por la fuga de un exalcalde en Táchira.

Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años, fue condenada a 10 años de prisión por incitación al odio, tras emitir un comentario crítico sobre el gobierno en una conversación privada por WhatsApp. La sentencia se emitió el 1 de octubre, mismo día que fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Los Teques -ciudad donde tenía residencia-, luego de estar recluida en un comando policial en El Valle (Caracas) desde julio.  

Randal Glendysmar Telles Peña, de 22 años, fue condenada el pasado 14 de octubre a 15 años de prisión por incitación al odio por un video sobre el gobierno nacional creado con Inteligencia Artificial. La madre denunció que un experto comprobó en el juicio que Telles no fue la autora o encargada de subir el material audiovisual a redes sociales como TikTok.

Leyenda: Randall Telles es uno de los casos de condenas por compartir un video hecho por un tercero (Cortesia TikTok)

Lexys Rendón apunta que los tribunales estadales donde se procesaron a estas personas, a diferencia de las juridiscciones penales contra el terrorismo, “avanzan con un poco más de celeridad”. 

Considera que, en el caso de los tribunales contra el terrorismo, “como tienen una constitución, digamos, más política, tienen algunas otras consideraciones”. 

La abogada Martha Tineo recuerda que la llamada Ley contra el Odio es un instrumento penal “en blanco”, pues no aclara a que se refiere o cómo se define odio a los fines de su aplicación. “Es una ley ambigua, que otorga una absoluta discrecionalidad y arbitrariedad alarmante a los jueces de la República al momento de aplicarla”. 

Indica que actualmente hay muchos casos en juicio por la aplicación de esta ley, que contempla penas entre los 10 y 20 años de prisión, tan solo por comentarios en redes de mensajeria como Whatsapp. 

“No solamente censura y criminaliza derechos que son fundamentales, sino que entendemos que su aplicación también tiende a eso que denominamos castigos ejemplarizantes, es decir, que el resto de la sociedad que vemos este tipo de abusos nos contengamos de expresarnos, de emitir nuestra opinión libremente porque hay un silencio colectivo desde el momento que empezamos a ver que quienes se expresen pacíficamente pueden ser condenados”, reafirma la coordinadora de JEP. 

ESPECIAL | Nepotismo en Venezuela: las castas chavistas que concentran poder y privilegios

Equipo de Investigación RR
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ESPECIAL | Nepotismo en Venezuela: las castas chavistas que concentran poder y privilegios

Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, el nepotismo es moneda corriente en el Estado venezolano. Esa ruta de impunidad se revela en casos como el ascenso meteórico de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, quien acumuló más de veinte cargos públicos en poco más de una década —incluyendo subtesorero nacional y director en PDVSA y BANDES— hasta ser señalado como uno de sus principales testaferros. O también en los recientes nombramientos directos de parientes de Diosdado Cabello en áreas sensibles del Ministerio de Interior, Justicia y Paz tras las elecciones de 2025. 

Hace una década, una red de 24 familias vinculadas al PSUV tenía presencia en todos los poderes públicos. Hoy, el número se ha reducido drásticamente. Pero esta investigación de Runrun.es muestra que al menos siete familias han asegurado su presencia en los organismos e instituciones del Estado, repartiéndose cargos y nombramientos. Cuatro de estos clanes han aumentado su poder y concentración de plazas.

En este reportaje especial de Runrun.es se expone cómo el nepotismo es casi una norma en la administración pública venezolana, mientras un poder inmenso se acumula en menos familias que nunca. 

Luego de una extensa revisión de Gacetas Oficiales y artículos de prensa desde enero de 2013 hasta agosto de 2025 se pudo precisar cómo las castas lideradas por la pareja presidencial y Cabello han desplazado incluso a otros clanes históricos del PSUV, un claro ejemplo de cómo la falta de meritocracia y la impunidad se han apoderado de la función pública. Por medio de gráficos explicativos, esta investigación detalla una tradición corrupta que sigue intacta.

Lee “Nepotismo en Venezuela: las castas chavistas que concentran poder y privilegios” aquí.

Nepotismo en Venezuela. Banderas de los clanes que tienen el poder

Hace 15 meses que Luis Rondón dejó sin terminar su partida de videojuegos

Redacción Runrun.es
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Hace 15 meses que Luis Rondón dejó sin terminar su partida de videojuegos

A Luis Oscar Rondón le cambió la vida el 29 de julio de 2024. Aunque sabía que la calle Conejeros, municipio Mariño, en la Isla de Margarita estaba convulsa por los resultados electorales, su conciencia estaba tranquila: no pudo votar porque su cédula de identidad estaba en proceso de renovación.

Aquella tarde, Luis Oscar amparado en el dicho popular de “el que nada debe, nada teme”, salió a una cauchera muy cercana a su casa para conectarse a una red de Wi-Fi libre y distraerse con su hobby favorito: jugar videojuegos en su teléfono celular. 

Más temprano, Elimar Barreto, hermana de Luis Oscar, sostuvo una conversación con él en la que le decía que era mejor que no saliera de la casa, pese a la advertencia, Luis decidió salir  y reunirse con sus amigos para jugar.

“Mi hermano es un muchacho. Tiene 22 años, trabaja como  mecánico en un taller, pero él no anda pendiente de más nada sino de trabajar y jugar con su teléfono. Es muy noble, trabajador y tranquilo”, dijo Barreto sobre el menor de sus hermanos.

El viacrucis de la detención

Luis Oscar estaba con sus amigos muy cerca de su casa cuando llegaron varios hombres vestidos de negro pertenecientes a la Policía Nacional Bolivaria (PNB) y los detuvieron. Cuenta Elimar que muchos se salvaron porque dijeron que eran menores de edad. “Aunque mi hermano podía decir que era menor de edad por su carita de niño, prefirió decir la verdad”. 

A Luis Oscar lo pasearon por varios centros de detención. Primero se lo llevaron al Hotel Venetur, donde está la estatua de Hugo Chávez y quisieron implicarlo a él y a todos los que iban recogiendo en la vía de alteración al orden público, pero un fiscal no admitió la acusación. 

Luego de eso se lo llevaron a una comandancia en Los Cocos. Allí estuvo agachado y con la camisa por encima de su cabeza durante varias horas. Elimar se enteró de que su hermano estaba detenido gracias a un amigo PNB que le mandó un mensaje. 

“Mira, tu hermano está detenido acá en Los Cocos, no ha hecho nada malo, pero acá lo tienen detenido, para que sepas”, le dijo el PNB. 

Elimar se fue a buscarlo, intentó llamarlo muchas veces a su celular a ver si por casualidad contestaba, pero ya le habían quitado su teléfono, sus zapatos y otras pertenencias. Comentó que pudo verlo dos semanas después, gracias a la buena voluntad de algunos policías que le permitieron llevarle comida. 

“Cuando lo vi estaba con la misma ropa, sucio, olía muy mal y tenía mucha hambre. Durante el mes que estuvo detenido en Margarita yo le hacía llegar la comida, pero el 30 de agosto -de 2024-  todo cambió porque se lo llevaron a Tocorón”, explicó Elimar. 

Mientras estuvo detenido en la isla, Elimar Barreto se puso en contacto con un abogado para intentar sacar a su hermano de la cárcel. Ella no tenía conocimiento de que a los detenidos en el contexto postelectoral les estaban negando la defensa privada. Bajo engaños y falsas promesas, fue víctima de una estafa que le costó mucho dinero. 

De la isla a Tocorón

A Elimar y Luis Oscar la vida les cambió por completo. Ellos que desde siempre habían sido muy unidos, ahora están separados por  más de 600 kilómetros entre mar y tierra.

Para visitar a Luis Oscar, Elimar Barreto debe invertir al menos tres días. El trayecto comienza con cuatro horas de ferry desde Margarita hasta Puerto La Cruz. Desde allí, tiene que tomar un autobús hacia Maracay, lo que le lleva unas seis o siete horas. Finalmente, debe tomar otro carro para llegar al Centro Penitenciario de Tocorón, otra media hora más. El costo estimado para esta travesía tiene un precio de más de 60 dólares, sin incluir comidas o snacks. 

Desde que a Luis Oscar lo trasladaron a Tocorón, Elimar no ha podido visitarlo. Ella es el único sustento económico de él y de su madre, una adulta mayor que necesita de muchos cuidados, porque padece cáncer. 

Elimar sufre en silencio porque a pesar de que no ha podido verlo, está al tanto de todas las penurias que ha vivido su hermano en los 15 meses que lleva detenido por motivos políticos. 

“Cuando yo le dije que yo no podría visitarlo, él me dijo,’ hermanita, vea, usted luche desde allá por los dos, que yo lucho desde aquí por salir con bien’. Y eso es lo que me da mucho valor y me da la fuerza para hacer cosas como rifas y cualquier actividad que me genere dinero para yo poder enviarle las cosas que necesita”, expresó Elimar. 

Luis Oscar Rondón está acusado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria y alteración del orden público. Desde su detención, su estado de salud se ha visto deteriorado. 

“Ha llegado a tener hasta siete forúnculos en una misma zona del cuerpo, en los testículos, axilas, nalgas y en el abdomen. Su cuerpo ha estado inmovil durante varios días por la debilidad y padece de migrañas,  producto de un accidente de tránsito que sufrió cuando era más pequeño”, detalló Elimar. 

Desde Tocorón, Luis Oscar tiene derecho a una llamada telefónica a la semana que puede durar entre cuatro y cinco minutos. No más. Siempre que habla con su hermana se muestra sereno y optimista de que en cualquier momento va a salir de la cárcel y va a retomar su vida junto a su mamá. 

Elimar comentó que el jefe de Luis Oscar siempre pregunta por él y le aseguró que cuando lo liberen,k tiene las puertas abiertas en su taller mecánico porque sabe que es inocente y no cometió ningún delito. 

Solidaridad entre rejas

Elimar insistió en que su hermano es un “chamo tan noble” que no merece nada de lo que está pasando. Admira su gallardía y fortaleza ante la situación, pues es uno de los pocos detenidos que no recibe visitas de sus familiares. Sin embargo, ella no se amilana y desde la isla hace hasta lo imposible para demostrarle a su hermano que, aunque lejos, está muy presente. 

En medio de tanta distancia, Elizabeth González, madre de Eliander Santaella quien también está detenido desde agosto de 2024 por tener un meme de Nicolás Maduro en su celular, se ha convertido en el canal que mantiene vivo el vínculo entre Luis y Elimar. 

Eliander y Luis comparten celda. Pero desde afuera, Elizabeth es quien se encarga de recibir el dinero que envía Elimar y comprarle los artículos de aseo personal y otras cosas que necesite Luis Oscar. 

Elizabeth González también le ha colaborado a Elimar llevando documentos y planillas a instituciones del Estado para pedir la liberación del margariteño. 

“Ella conmigo y con mi hermano ha sido una increíble persona, de esas que no preguntan si tengo, solo me ayuda y ya, así ella tampoco tenga. Yo valoro más de lo que ella imagina todo lo que ha hecho, es una luz en el camino de nuestras vidas”, dijo Elimar sobre González. 

Elimar Barrero comentó que hay otra señora que también la ayuda con las comidas de su hermano. “Los días viernes ella cocina y va y entrega las viandas con su nombre y los custodios se la entregan, de esa manera es que he podido estar pendiente de mi hermano, porque no puedo viajar hasta allá y mi hermano es tan noble que él lo entiende y nunca me lo ha reclamado”, dijo. 

A Luis Oscar en dos oportunidades lo han ilusionado con su liberación. En diciembre de 2024 le aseguraron que en pocos días estaría en la calle y no fue así. Meses después, hasta  le mostraron su boleta de excarcelación, pero sin fecha, y luego nunca más le dieron respuestas. 

Elimar exige que liberen a su hermano y que le devuelvan la alegría a su mamá, quien por su avanzada edad, asegura que lo ve en todas partes y sale a buscarlo a la calle. 

“Quiero que le den la oportunidad a mi hermano de retomar su vida. Es un joven que apenas está comenzando a vivir. Solo pido la libertad que injustamente le robaron”, finalizó expresando Elimar Barreto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian que en octubre se ejecutó una detención arbitraria cada 15 horas

Redacción Runrun.es
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Denuncian que en octubre se ejecutó una detención arbitraria cada 15 horas

Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, denunció que durante el mes de octubre 54 personas fueron “secuestradas“. De este total, 44 personas permanecen tras las rejas.

En promedio, según una publicación que hizo Moreno en X, se ejecutó una detención arbitraria cada 15 horas durante el mes. Previamente, Vente Venezuela denunció 35 detenciones en solo 23 días de octubre.

Moreno detalló que la lista de nuevos detenidos por motivos políticos incluye a 24 miembros del partido opositor Vente Venezuela. Además, ocho personas pertenecen a otros partidos políticos opositores. Otras 14 personas son miembros de la sociedad civil. También, el activista político precisó que 10 de las personas detenidas en octubre fueron excarceladas.

El pasado martes, la ONG Foro Penal alertó que la cifra de presos se acerca a 900. La organización contabilizó un total de 875 presos políticos hasta el 27 de octubre. La población penitenciaria por motivos políticos es mayoritariamente masculina (763 hombres). La lista incluye 112 mujeres. El grueso son civiles (702) y 173 militares. Según el balance, cuatro adolescentes continúan privados de libertad.

Represión contra la prensa y estudiantes universitarios

Las detenciones arbitrarias no solo se limitaron a activistas políticos, sino que también afectó al gremio periodístico y estudiantes universitarios.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que desde el 30 de octubre en horas de la mañana se encuentra bajo “desaparición forzada” el periodista de sucesos Joan Camargo. Personas sin identificación y vestidas de negro lo interceptaron en su moto cuando salía de su residencia en Cotiza, Caracas. Para este sábado 1 de noviembre, Camargo lleva más de 48 horas desaparecido y su familia pide a las autoridades que dé información de su paradero.

Al día siguiente de la desaparición de Camargo, el 31 de octubre, la organización Surgentes denunció la desaparición forzada de cuatro jóvenes, de los cuales dos de ellos son tesistas de la Universidad Central de Venezuela.

Los jóvenes fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Cisneros y Castillo Vásquez son tesistas de la Escuela de Artes de la UCV. Los detuvieron cerca del Centro Penitenciario Aragua (Tocorón) cuando tomaban una fotografía de la fachada del penal.

Denuncian detención arbitraria de tesistas de la UCV por tomar una foto frente a Tocorón

Denuncian detención arbitraria de tesistas de la UCV por tomar una foto frente a Tocorón

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Denuncian detención arbitraria de tesistas de la UCV por tomar una foto frente a Tocorón

La organización Surgentes denunció la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de cuatro jóvenes—dos de ellos tesistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales—ocurrida el viernes 31 de octubre de 2025 en las cercanías del Centro Penitenciario Aragua (Tocorón).

Los jóvenes detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Noel y Katiuska son tesistas de la Escuela de Artes de la UCV, mientras que Ingrid y Marcela actuaban como productoras audiovisuales.

Según Surgentes, los jóvenes realizaban una actividad académica y profesional relacionada con la preproducción de su Trabajo Especial de Grado. El incidente se desencadenó cuando los jóvenes tomaron una fotografía de la fachada del penal.

Cerca de las 11 de la mañana del viernes, funcionarios de custodia perimetral abordaron a los jóvenes, les retuvieron sus cédulas y les indicaron que debían esperar para ser entrevistados. Estuvieron bajo vigilancia en las afueras del penal durante aproximadamente seis horas. Finalmente, cerca de las 3:45 de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los aprehendieron. Desde ese momento, se desconoce el paradero de los cuatro jóvenes, y las autoridades han negado información a sus familias.

ONG sumadas a la denuncia

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron y condenaron la situación. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó que esta conducta configura una “desaparición forzada”, práctica que prohíbe expresamente la Constitución venezolana y el derecho internacional.

“Este ataque contra estudiantes y profesionales de la cultura es una afrenta al pensamiento crítico y a la libertad académica en Venezuela”, señaló el Clippve en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció las detenciones y señaló: “Esta detención es una prueba más de cómo en Venezuela se criminaliza el arte, el pensamiento crítico y la juventud”. Además, la organización recordó que “documentar la realidad no es un crimen”.

“Esta detención es una prueba más de cómo en Venezuela se criminaliza el arte, el pensamiento crítico y la juventud”, agregó Sin Mordaza en su denuncia.

También, la Asociación Venezolana de Mujeres Cineastas (JEVA), alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los jóvenes profesionales: “Estos hechos reflejan la vulnerabilidad de los jóvenes creadores y estudiantes en Venezuela, donde ejercer una labor artística o universitaria se ha convertido en un riesgo”, denunció la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

OVP denuncia uso de Tocuyito como centro de “castigo y aislamiento”

La ideologización marcó el inicio de la crisis de las ciencias en Venezuela

Redacción Runrun.es
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La ideologización marcó el inicio de la crisis de las ciencias en Venezuela

Venezuela enfrenta una crisis científica marcada por la fuga de cerebros, el control estatal, ideologización y la destrucción institucional. Esta situación condena al país a un rezago profundo en la generación de conocimiento, afectando directamente su desarrollo y capacidad de respuesta ante problemas cruciales de salud pública.

Este problema se abordó durante el “Foro Analítica: El deterioro de la ciencia en Venezuela”, realizado el jueves 30 de octubre, el cual reunió a destacados investigadores para discutir las causas y plantear soluciones.

Para analizar a fondo esta situación, participaron la licenciada en Biología y jefa del Laboratorio de Biología Molecular del IVIC, Flor Pujol; el químico y exrector universitario Benjamín Scharifker; y el biólogo con doctorados de Cambridge, Jaime Requena. Sus intervenciones revelaron no sólo la magnitud del colapso, sino el factor político e ideológico que aceleró el declive.

El descalabro cuantitativo de la diáspora

El deterioro de la ciencia en Venezuela es una realidad ineludible que se constata en las estadísticas. Benjamín Scharifker destacó que la actividad científica del país gozó de un crecimiento sostenido desde mediados del siglo XX hasta 2008. Sin embargo, a partir de ese año, comenzó un decrecimiento continuado de la producción científica.

Scharifker señaló que hacia finales del siglo XX, Venezuela producía cerca del 5% del conocimiento de América Latina, lo que significaba que “uno de cada 20 artículos provenía de Venezuela”, dijo. El especialista alertó que hoy en día, esa cifra es “menos del 0,5%, o sea, uno de cada 200”. Este descenso representa una caída superior a un orden de magnitud, dejando a Venezuela por detrás de países como Perú, Ecuador y Colombia.

Por su parte, Jaime Requena, quien ha dedicado tiempo al estudio de la diáspora, ofreció un panorama actualizado de la cifra de investigadores emigrados. Si bien al inicio del foro se mencionó que 2200 investigadores habían salido del país, Requena afirmó que la cifra actual que puede confirmar asciende a 3.400.

Requena mostró que hasta 2006-2008, el país tenía un flujo positivo, aumentando sus capacidades científicas a una tasa de aproximadamente 100 a 200 científicos incorporados al año. “Desde esa época hasta el presente, esto es lo que está pasando. El país está perdiendo las tasas de 400 y 600 científicos al año. Eso es un descalabro monumental”, alertó.

Aunque Flor Pujol mencionó que los bonos de corresponsabilidad en institutos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología ayudarían un poco a evitar esa diáspora, estos siguen siendo insuficientes. Requena no observa evidencia de que esta tendencia haya disminuido e insistió en que se  “sigue perdiendo científicos a unas velocidades muy preocupantes”.

Ideologización de la ciencia como punto de quiebre

Más allá de los factores económicos, como la precariedad salarial y la falta de financiamiento, un elemento central en la destrucción del aparato científico venezolano fue el control político e ideológico ejercido por el Estado. Benjamín Scharifker hizo un recuento de cómo esta estrategia se implementó deliberadamente.

El químico explicó que, en 1999, la sustitución del Conicit (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) por un Ministerio de Ciencia y Tecnología “politiza completamente la ciencia” y controla la producción de conocimiento. 

Posteriormente, detalló una cronología de ataques a la autonomía académica, como la toma del rectorado de la UCV en 2001 y la “destrucción” del Intevep en 2003, acompañada de despidos masivos en Pdvsa. Intevep era reconocida “no solamente como una industria de extracción, sino como una industria de transformación”.

El golpe más duro a la libertad científica, según Scharifker, llegó en 2005 con la “Misión Ciencia”, pues la misma “dio punto final a la ciencia en Venezuela, porque significó su ideologización”. Además, recordó que se introdujeron conceptos, por ejemplo, sustituyendo el investigador por el “cultor de la ciencia”, lo que diluyó “la diferencia entre los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico”.

Esta “revolución cultural”, añadió el químico, intentó suplantar el papel fundamental de las universidades y debilitó sus posibilidades de generar conocimiento. Eventos posteriores, como la Ley Orgánica de Educación de 2009 y la creación del Arco Minero en 2016, reforzaron la dependencia de la explotación de recursos naturales en lugar de la producción de conocimiento y la anulación de iniciativas que no provengan del Estado.

Mientras tanto, Jaime Requena, aunque coincidió en el punto de que la ideología es el problema, matizó la responsabilidad del Estado. Puntualizó que, históricamente, la investigación en Venezuela fue financiada estrictamente por el Estado pues el sector privado fue “muy poco generoso con la ciencia en el país”.

“Con eso, lo que quiero decir que el problema no es que el Estado sea quien fiscalice la ciencia, sino que el problema se presenta cuando la  ideología se mete en el asunto de la ciencia, y es lo que nos ha pasado con la llegada del chavismo”, acotó.

Esta ideologización ha tenido consecuencias directas en áreas críticas. Requena mostró que en el campo de la agrociencia —investigaciones en ganadería, forraje, frutales, hortalizas— las publicaciones científicas se desplomaron. En 2008, el país llegó a tener 300 publicaciones en esta área, vital para la alimentación del pueblo; hoy en día, esa cifra se ha reducido a unas 40. “El país llegó a tener una altísima capacidad de ejecución, que es muy necesaria, porque todo lo que tenga que ver con el campo está muy regionalizado”, agregó Requena.

La ciencia venezolana intenta superarse

Flor Pujol se mostró cautelosamente optimista. Cree que el fuerte “arraigo” familiar podría garantizar el retorno de un 10% a un 20% del personal calificado. Su propuesta se centró en atender la “urgencia salarial”, acompañada de una “mejor inversión en ciencia” y la búsqueda de financiamiento privado y cooperación internacional.

Benjamín Scharifker planteó que la sociedad debe asumir el protagonismo del desarrollo, dejando atrás la dependencia del Estado como único financiador. El futuro desarrollo debe basarse en el “desarrollo de las capacidades humanas” y la innovación, no en la explotación de recursos naturales. La clave es la “vinculación” entre el sector académico y el sector productor de bienes y servicios, tanto nacional como internacional. Insistió en la necesidad de garantizar la libertad, para que la “curiosidad humana” impulse la investigación, incluso en áreas que nunca serán prioritarias para las políticas de Estado.

Finalmente, Jaime Requena alertó sobre la pérdida de la “masa crítica”, tras destacar que solo quedan unos 1000 investigadores activos en el país, un número insuficiente para abordar la recomposición. Ante este panorama, el biólogo presentó tres propuestas:

  • Financiamiento: Reactivación de créditos internacionales (mencionando los gestionados previamente con el Banco Interamericano de Desarrollo).
  • Cooperación Internacional: Fomentar la ayuda extranjera para atraer talento, recordando que históricamente más del 10% de la ciencia venezolana tuvo un componente de colaboración extranjera entre 1940 y 1970.
  • Recomposición Institucional: Es vital “reunir en sitios estratégicos, para programas estratégicos, los pocos científicos que tenga Venezuela”. Esta concentración, afirmó, buscaría generar un “efecto vitrina” que entusiasme a las nuevas generaciones a estudiar carreras científicas, revirtiendo así, a largo plazo, la catastrófica fuga de cerebros científicos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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