Tras los recientes señalamientos transmitidos desde plataformas estatales la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza denunció que las nuevas acusaciones en su contra forman parte de un “patrón sistemático de estigmatización, persecución y criminalización” contra los defensores de derechos humanos en Venezuela.
La acusación se produjo el pasado miércoles 30 de septiembre, cuando el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabell, catalogó durante la transmisión de su programa de televisión “El Mazo Dando” a la ONG como un “brazo operativo” vinculado a la organización política Vente Venezuela.
Según Cabello, la ONG actuaría como un canal para “financiar medios, plataformas digitales y recursos destinados a la movilización y agitación política”.
Diosdado Cabello ataca a la ONG Un Mundo Sin Mordaza y la califica como "un brazo operativo para la agitación política" https://t.co/M47dYOu4vj https://t.co/2gv6Bl69kC
El defensor de derechos humanos y directivo de Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, se pronunció el pasado primero de octubre del 2026 y aseguró que este tipo de afirmaciones no corresponden a un hecho aislado, sino que son “la continuación de un patrón”.
“Se ha utilizado todos los últimos años el Mazo Dando como la instancia previa a una detención arbitraria”, así señaló Diamanti.
El defensor de derechos humanos también recordó el historial represivo de estas transmisiones y aseguró que según un estudio de Amnistía Internacional, desde el año 2009 hasta el año 2024 casi el 65 % de las detenciones arbitrarias venían de una acusación previa a través de este programa televisivo.
El defensor de derechos humanos Rodrigo Diamanti, de Un Mundo Sin Mordaza, reaccionó al ataque de Diosdado Cabello contra la ONG en su programa de televisión: «Esto es evidentemente la continuación de un patrón».
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🎥 vía @gbastidas
A través de un comunicado oficial publicado este dos de octubre, la ONG advirtió que el uso de medios estatales para desacreditar el trabajo de la sociedad civil busca opacar las vulneraciones de derechos humanos y amedrentar o infundir miedo a quienes documentan e informan la situación actual del país.
La denuncia resalta que las campañas de descalificación promovidas desde el aparato estatal responden a una estrategia de desgaste que atenta contra las libertades fundamentales.
En su pronunciamiento, la ONG enfatizó que los medios y programas del Estado funcionan como vitrinas para descalificar la labor pacífica de la sociedad civil sin ofrecer pruebas ni garantías procesales y estas campañas buscan amedrentar a activistas, silenciar denuncias de violaciones a derechos humanos y limitar el libre ejercicio de la defensa de libertades fundamentales en Venezuela.
Ante este escenario, Un Mundo Sin Mordaza hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse atenta ante la escalada de descalificaciones y acusaciones que vulneran el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Edison José Torres Fernández no era un activista ni un dirigente político. Era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, tenía 24 años de servicio y lo detuvieron el 11 de diciembre de 2025 por presuntamente difundir mensajes críticos con el Gobierno. Quedó recluido en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, en Caracas. Eso es “Zona 7”, una sede de la propia PNB en la que se han denunciado torturas y también desapariciones forzadas porque muchos detenidos han pasado semanas y meses allí incomunicados mientras las autoridades les negaban el paradero a sus familiares.
Edison Torres tenía hipertensión, una condición que llevaba controlada con medicamentos. Según la información que recogió la Misión, nunca pudo recibir visitas de su familia mientras estuvo detenido, y sus parientes tampoco pudieron confirmar si los medicamentos que le hacían llegar al centro de detención le fueron efectivamente entregados. El 8 de enero de 2026 comenzó a sentirse indispuesto, aunque otros reportes aseguran que eso pudo ocurrir mucho antes. Lo trasladaron al Hospital Domingo Luciani, donde murió dos días después, el 10 de enero de 2026. Eso ocurrió una semana después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Dos días después de que se anunciara la inminente liberación de presos políticos en la Asamblea Nacional, algo que 9 meses más tarde no se cumple por completo.
El acta oficial de defunción habla de un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco. Pero la Misión recibió información según la cual el cuerpo de Torres presentaba hematomas en la cabeza, los brazos y el cuerpo, además de sangre en los oídos, un signo que en medicina forense suele asociarse a traumatismos craneales, no a un evento vascular espontáneo. Nada de eso aparece en el informe oficial. Y hasta donde pudo constatar la Misión, las autoridades no abrieron ninguna investigación oficial sobre su muerte.
Este caso obliga a hablar de algo que hasta ahora solo habíamos mencionado en esta serie: cómo reparte el derecho internacional la responsabilidad cuando ocurre algo así, y qué papel jugaron o no jugaron las instituciones que en teoría debían investigar.
El principio es sencillo, aunque sus consecuencias no lo son. Un Estado responde por los actos de cualquiera de sus poderes (ejecutivo, legislativo o judicial) y de cualquier autoridad pública, sin importar el nivel o la jerarquía. Además, hay algo más específico que aplica directamente tanto al caso de Torres como al de Alfredo Díaz, del artículo anterior: cuando el Estado no investiga ni lleva ante la justicia a los responsables de una violación, ese silencio está lejos de ser una omisión administrativa, porque no es algo que se barre bajo la alfombra. La falta de investigación en sí misma es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del país y genera consecuencias.
Por esta razón, la Misión de Determinación de Hechos no se queda en el nivel abstracto de hablar del “Estado”. En sus informes nombra personas concretas dentro de la cadena de mando. Señala, por ejemplo, a Julio José García Zerpa, ministro del Sistema Penitenciario, como el máximo responsable de garantizar atención médica y reconocimientos periódicos de salud a las personas privadas de libertad. Esa es justamente la obligación que, según el informe, se incumplió con Díaz y con Torres. La Misión documenta que, bajo la gestión de Zerpa, se registraron actos de tortura y tratos crueles en más de 30 casos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo el mantenimiento consciente de personas en estado de incomunicación por motivos políticos.
Extractos del Informe de la Misión ONU sobre el caso de Edison Torres, incluyendo la denuncia sobre las actuaciones y omisiones de los poderes públicos
Pero la responsabilidad no se detiene en los centros de detención. El informe, de la página 88 en adelante, dedica un apartado entero a mapear qué hizo o dejó de hacer cada institución que debía servir de contrapeso, y los resultados son incómodos de leer en orden:
El Ministerio Público, la Fiscalía, tuvo actuaciones y omisiones que permitieron o no impidieron violaciones, y sus investigaciones, cuando existieron, no alcanzaron adecuadamente a los niveles superiores de mando.
Los tribunales, en su función de control judicial sobre las detenciones, mostraron falta de actuación frente a detenciones ilegales, torturas y pruebas fabricadas que la propia Misión documentó caso por caso.
El Tribunal Supremo de Justicia, que debía intervenir en los procesos contra altos funcionarios, tampoco investigó de forma efectiva a los niveles superiores de responsabilidad. Este año, además, cambió buena parte de su composición sin que organizaciones de la sociedad civil consideraran transparente el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados.
Y la Defensoría del Pueblo, que por definición debería ser el organismo que protege a las personas frente al Estado, fue calificada de un modo que vale la pena citar tal cual, porque es una frase dura: “La FFM documentó un incumplimiento sistemático y deliberado de responder eficazmente ante graves violaciones y de actuar de oficio”.
Leído así, el caso de Edison Torres deja de ser un episodio aislado y se convierte en un ejemplo de manual de cómo funciona, según la Misión, todo el sistema. Un hombre muere bajo custodia con señales físicas que contradicen la versión oficial, y ninguna de las instituciones llamadas a investigar (ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Defensoría) activa un proceso. No porque falten leyes o mecanismos en el papel, que Venezuela los tiene, sino porque, según documenta este informe, quienes deberían aplicarlos decidieron, de manera sostenida, no hacerlo.
Delcy Rodríguez sostuvo su última reunión pública con Nicolás Maduro el 2 de enero, solo horas antes de su captura a manos de soldados de Estados Unidos. Ocho meses después, la ahora presidenta encargada acaba de participar en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Mostrando gran confianza atravesó el salón para saludar al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez; también se reunió con el secretario general del organismo mundial, Antonio Guterres, y desde la palestra le agradeció al presidente Donald Trump por su “disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”. Ni una palabra sobre su antiguo jefe.
Atrás quedó la fiel aliada del régimen que en 2019 le reclamó a Trump, en ese mismo escenario, por la “actuación desmedida y abusiva del gobierno de Estados Unidos” que había impuesto más de 350 sanciones a ese país desde 2015. Ahora sigue una fórmula simple: avanza como un gobierno dócil frente a Washington, mientras se esfuerza por mantener los vínculos con el legado del chavismo.
Pero esto es más que pragmatismo o supervivencia política. Delcy Rodríguez sabe que está escribiendo, de puño y letra, su nombre en la historia venezolana y no deja sus jugadas al azar.
Lo tiene claro desde que tuvo una incidencia importante durante la llamada liberalización económica de Venezuela, como una arquitecta de ese periodo, según explica María Isabel Puerta, profesora asistente de Ciencia Política en el Valencia College de Florida. “La veo más como una operadora política, se formó en Europa y ha mostrado que es muy eficiente. No está posicionada allí por sus cualidades personales, sino porque logró un acuerdo con el hombre más poderoso del mundo, para que con la entrega de Maduro, ella se quedara en el poder. No es una líder porque para eso además de habilidad, destreza y conocimiento tecnocrático —que no todos los líderes políticos lo tienen—, se necesita carisma y, por supuesto, legitimidad. Ella no goza de ninguna de las dos”.
Sin embargo, en este punto sería difícil entender el papel de Delcy sin su hermano Jorge Rodríguez y su herencia familiar de izquierda. Aunque él pase más desapercibido para la opinión pública internacional, a nivel interno se ha consolidado como una pieza clave del poder en Venezuela, y prácticamente el estratega comunicacional del régimen.
Con Delcy al frente del Ejecutivo y Jorge en el Parlamento, la administración Trump los percibió como la opción más factible en el acercamiento diplomático y la negociación de acuerdos energéticos. Para llegar a este punto, los hermanos proyectaron un perfil tecnocrático más allá de la ideología, lo que les permitió evadir o estar menos expuestos a penalidades. De hecho, en abril de este año, Estados Unidos levantó las sanciones que le había impuesto a Delcy en 2018 por formar parte de un grupo que contribuía a la “destrucción de la democracia en Venezuela”. Pero luego de la caída de Maduro se convirtieron, por arte de magia, en garantes de la gobernabilidad.
Mariano de Alba, abogado y especialista en derecho internacional, recuerda que los hermanos Rodríguez eran muy cercanos a Maduro y tenían una posición más pragmática en su gobierno. “Dentro de las facciones del chavismo ambos son los que están más técnicamente capacitados y esto se evidencia en el pragmatismo. Históricamente el sector privado venezolano tuvo muy malas relaciones con el chavismo. Pero Delcy, en los últimos 5 o 6 años, empezó a tejer una relación que no era perfecta, pero funcionaba, entre el gobierno de Maduro y el sector privado, y también con actores internacionales importantes, inclusive empresarios estadounidenses interesados en el sector petrolero”.
.@POTUS: “Última hora: ¡Los Estados Unidos de América acaba de llegar a un acuerdo con Venezuela, el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial! Bajo mis instrucciones, @SecRubio y @SecWar, trabajando estrechamente con la muy respetada Presidenta Interina de Venezuela, Delcy… https://t.co/TzrlvimgQv
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 28, 2026
Ese camino llegó a su punto máximo este año con el acuerdo entre Washington y Caracas en el que Venezuela comprometió 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes al 20% de sus reservas, en una perspectiva de 100 años. Por lo menos es lo que anunciaron en algunos discursos, pero si disipar la opacidad que rodea este arreglo.
En los ojos de Latinoamérica
En los últimos meses Delcy Rodríguez fue dejando atrás su imagen discreta de la era Maduro para asumir en pleno su nuevo papel de mandataria encargada, bajo la protección de Trump, con fotografía viral de por medio. Pero eso no quiere decir que haya podido lavar su imagen y desmarcarse del régimen que llevó a Venezuela a la mayor crisis de su historia.
Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH
Sin embargo, por más alineados que estén con el Escudo de las Américas de Trump, los gobiernos de la región aún no acaban de reconocer a Delcy Rodríguez. Para Jaime Aparicio, abogado y exembajador de Bolivia ante la OEA, “ella no tiene legitimidad, lo que tiene es la conexión política para mantenerse en el gobierno, darse vuelta ideológicamente al extremo opuesto y poner sus recursos al servicio de otro país, en este caso Estados Unidos. Internacionalmente lo que se ve es un doble estándar, porque mientras Venezuela no tenga elecciones nuevas y un gobierno legítimo, todo lo que se está haciendo es una política de intereses, que no respeta ni a la democracia ni al derecho internacional”.
En este contexto, De Alba considera que algunos de esos mandatarios han bajado el volumen de reclamos contra el régimen venezolano, con lo que ha perdido intensidad la estrategia de aislamiento y desconocimiento que promovía Estados Unidos. “La impresión que tienen muchos actores desde afuera es que Delcy Rodríguez está gobernando bajo las instrucciones directas de Washington y que por lo tanto Venezuela ha perdido su autonomía y su soberanía. Para la izquierda esto es muy importante y por lo tanto lo ven con una visión bastante crítica. Al final la realidad es que aquí hay mucho cálculo geopolítico”, dice el analista.
En cuanto a la democracia, Delcy Rodríguez anunció comicios en su país, aunque no precisó fecha y Trump confirmó que trataron el tema en su encuentro bilateral. “Sí hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, dijo el mandatario en la Casa Blanca, sumando más elogios para su nueva aliada en este pragmatismo del poder que la periodista venezolana Luz Mely Reyes ha denominado como “el bromance D-D (Donald & Delcy)”.
A pesar de esta alianza persisten la incertidumbre, el temor y restricciones que configuran una realidad compleja para los venezolanos, cada vez más desesperanzados en la transición hacia una democracia real. Por eso, algunos gobernantes latinoamericanos se encaminan más a pedir estabilización y elecciones con garantías.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que están “trabajando arduamente con la Asamblea Nacional de 2015 para establecer las condiciones necesarias y celebrar elecciones libres y justas lo antes posible”.
SECRETARY RUBIO on VENEZUELA: We're working very hard with the 2015 National Assembly to put in place the conditions necessary to have free and fair elections as soon as possible. pic.twitter.com/EJeHuetv4Q
Sin embargo, el camino no es fácil. Según la politóloga Puerta para que esto suceda el país tiene que renovar los poderes y en particular el Consejo Nacional Electoral. “Tampoco hay confianza de que se pueda conformar una Asamblea Nacional verdaderamente capaz de llevar a cabo un proceso transparente, sino que además pueda nombrar una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Supremo de Justicia que reflejen lo que las leyes y la Constitución exigen. Mientras eso no suceda no habrá una elección que la gente pueda llamar justa”.
En medio de este anuncio, el panorama se complicó al conocerse que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha intentado al menos siete veces ingresar a Venezuela, por mar y aire. Desde que salió clandestinamente de su país a finales de 2025, ella expresó varias veces su deseo de retornar, a riesgo de una posible detención. Por el momento, el gobierno no ha ofrecido garantías en Caracas, aunque hay señales de que podría llegar pronto, pues Claudia Macero, su estrecha colaboradora, regresó luego de más de dos años de exilio.
Regresa a Venezuela la jefa de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado pic.twitter.com/xYFVYQchMy
La caída de Nicolás Maduro no significó la desaparición del chavismo, sino más bien una mutación, en la que la ideología ya no es el ingrediente principal. Los hermanos Rodríguez siguen en posiciones estratégicas en busca de oxigenar su gobierno, pero en medio de fuertes tensiones internas y externas, que privilegian las negociaciones de cuotas de poder en su lógica de subsistencia.
Al respecto, Aparicio compara lo sucedido en los últimos años con movimientos populistas como el de Evo Morales en Bolivia o el de Daniel Ortega en Nicaragua. “En realidad, no tenían una ideología, ellos más bien estaban utilizando la supuesta defensa de los pobres, de los pueblos indígenas, de los oprimidos, como un recurso para llegar al poder. Y la prueba más clara es que de ser un movimiento con Chávez, orientado hacia las políticas de izquierda, hacia una dependencia total de Cuba, acercamiento con China, Corea del Norte, Siria, Rusia, Irán todo ese contexto ideológico en que se movían, la misma gente, el mismo chavismo, cambió radicalmente y se alineó con el bando contrario, el momento en que se sacó a Maduro”.
En este escenario, ¿es posible pensar en que el actual chavismo, con todos sus matices, pueda ser capaz de entregar el poder en un proceso electoral? No hay una respuesta clara. Lo cierto es que la transición ha entrado en una especie de limbo, con cierta presión social aún no lo suficientemente fuerte para dar el ultimátum a Rodríguez.
Mientras tanto Delcy, la “mujer valiente, revolucionaria y experimentada en mil batallas”, como la llamó Maduro, sigue demostrando su habilidad para navegar entre las cenizas del pasado y el pragmatismo de la realpolitik internacional. ¿Una simple forma de supervivencia, o su estrategia para no soltar el poder?
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aeste enlace
Durante la noche del primero de octubre de 2026, el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo condenó a 10 personas, entre ellas al menos 9 militares, hasta 18 años de prisión por el caso «Brazelete blanco», como denominaron las autoridades del madurismo a una supuesta operación para asesinar a Nicolás Maduro, al gobernador Freddy Bernal y atacar instalaciones militares del país.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, el capitán del ejército, Ányelo Julio Heredia, y el teniente coronel, Guillermo Enrique César Siero, fueron condenados a 18 y a 12 años de prisión, respectivamente. Ambos militares se encuentran privados de libertad desde el año 2023 y en este momento están en la cárcel Rodeo I.
También condenaron al coronel Ronald Alejandro Ferrer Vera a 12 años de prisión. Él se encuentra privado de libertad desde 2023 y está recluido en la cárcel Yare II.
Mientras tanto, a otras siete personas les impusieron una condena de 3 años con medidas cautelares de libertad por el presunto delito de encubrimiento. Deberán presentarse ante tribunales cada 30 días y les prohibieron salir del país. La lista incluye a:
Karen Nayarit Gómez, primer teniente;
Diana Desirée Victora Justo, sargento mayor;
Jesús Manuel Suárez Gil, civil;
Tomás Martínez Macías, general del Ejército, excarcelado el pasado 9 de junio;
Carlos Jesús SánchezVásquez, coronel del Ejército y esposo de Karen Gómez, excarcelado el pasado 9 de junio;
Guillermo Henry César Siero, sargento mayor, excarcelado el pasado 9 de junio;
Tomas Martínez Chico, capitán del Ejército, excarcelado el pasado 9 de junio.
Aun así, el Tribunal absolvió a cuatro personas que habían involucrado en el caso: Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos; Alejandro González, expareja de San Miguel, y a los miembros del partido Vente Venezuela Luis Camacaro y Guillermo López.
Años de vulneraciones
«El caso “Brazalete Blanco” cierra con una grave incongruencia procesal: la fiscalía admitió que no pudo probar magnicidio, terrorismo ni traición. Pero en vez de asumir el colapso probatorio de su teoría, reconfiguró los delitos en las conclusiones», denunció el abogado de Foro Penal, Joel García. Él se encargaba de representar a la mayoría de las víctimas.
Según García, las únicas evidencias que tenía la Fiscalía eran mensajes de un teléfono particular. «Si esas pruebas no sirvieron para probar los delitos graves, resulta contradictorio que la misma masa probatoria sí baste para condenar a por conspiración», agregó.
Denunció que la jueza Alejandra Romero Castillo cambió los delitos imputados a las víctimas. «En Derecho Penal, la falta de pruebas no se remedia con figuras incompatibles ni vulnerando el artículo 257 del Código Penal. Cuando la acusación fiscal no se sostiene, la única respuesta apegada a la legalidad y al debido proceso es la absolución de ley», dijo.
Sin embargo, el fiscal general de la República, Larry Devoe, indicó que el Ministerio Público solicitó la absolutoria para estas cuatro personas y la condena para las otras 10 «luego de un análisis objetivo de los hechos y las pruebas debatidas durante el juicio oral y público. (…) Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución».
Este jueves 1 de octubre, el Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria para la ciudadana Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusadas de participar en la presunta comisión de diversos delitos en el caso conocido como… pic.twitter.com/J06UldDDp5
Al menos cinco congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos solicitaron transparencia al Gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo petrolero que sostuvo con el gobierno encargado de Delcy Rodrígu7ez y la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep). En un comunicado presentado este primero de octubre, le solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentar toda la información disponible sobre el acuerdo para el 14 de octubre de 2026.
«En una imitación destacable al libreto que sigue el régimen de Nicolás Maduro en materia económica, la Casa Blanca anunció el 31 de agosto que el Gobierno estadounidense adquiriría regalías importantes de la empresa de origen Barbadense [Nabep]», se lee en el comunicado. «Distintos artículos de prensa vinculan a Nabep con Alejandro Betancourt, quien ha sido señalado por la justicia española, suiza y estadounidense de lavado de dinero».
«Según se informa, altos funcionarios estadounidenses intervinieron a favor del Sr. Betancourt en la investigación penal suiza en su contra, incluso mientras la Administración ultimaba su colaboración con él», se agregó en el documento.
La carta está firmada por los congresistas Gregory Meeks, miembro del Comité de Asuntos Exteriores; Robert Garcia, miembro del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental; Jared Huffman, miembro del Comité de Recursos Naturales; Frank Pallone Junior, miembro del Comité de Energía y Comercio, y Joaquin Castro, miembro del Subcomité de Asuntos Exteriores sobre el Hemisferio Occidental.
Hasta la fecha, ni el gobierno estadounidense ni el gobierno encargado del PSUV con el aval de Estados Unidos han revelado los detalles del acuerdo energético más allá de que Nabep ocupará 17 campos petroleros en Venezuela para exportarlos a Norteamérica durante 100 años.
Opacidad binacional
Los congresistas del partido demócrata destacaron que los miembros del Poder Ejecutivo estadounidense fallaron al responder las preguntas del congreso el pasado 14 de septiembre. Entre las preguntas expuestas, mencionaron los recursos que el Gobierno norteamericano a cambio a Nabep «en lo potencialmente sería un acuerdo que vale billones de dólares».
En el documento, el Comité de Asuntos Exteriores y el Comité de Energía y Comercio recordaron que el Poder Ejecutivo estadounidense tiene la obligación de presentar ante el Congreso todos los documentos del acuerdo petrolero.
También, destacaron que el gobierno liderado por Delcy Rodríguez mantiene relaciones comerciales con Betancourt y que aún persisten esquemas de “corrupción” nacionales e internacionales.
Los legisladores mencionaron que el Congreso ha solicitado al gabinete de Donald Trump información sobre el papel de Estados Unidos en la política venezolana en dos ocasiones: el 12 de febrero y el 14 de septiembre de 2026. Sin embargo, los miembros del congreso han considerado las respuestas como nulas o ineficientes.
Mientras tanto, la población estadounidense se prepara para las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Estas elecciones definirán la composición del Congreso en los años que le quedan a Trump como presidente. De los 435 escaños que ostenta el Congreso, 213 representan al partido demócrata, crítico a Trump. Mientras otros 218 están bajo la ideología del partido republicano.
Cien días después del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio, la emergencia ha cambiado de rostro. Las primeras jornadas estuvieron marcadas por la atención de personas heridas y la búsqueda de sobrevivientes. Tres meses después, el desplazamiento, la incertidumbre, la pérdida de viviendas y familiares y las dificultades para recuperar la rutina comienzan a pesar sobre la salud física y emocional de las comunidades afectadas.
Así lo describe Médicos Sin Fronteras (MSF) en un material compartido con esta redacción, en el que describen que mantiene una respuesta multidisciplinaria en Caracas y La Guaira. La organización señala que el impacto de la emergencia ya no está relacionado únicamente con las lesiones provocadas por el sismo, sino también con las consecuencias acumuladas de permanecer durante meses en condiciones de inseguridad e incertidumbre.
MSF difundió varios testimonios del impacto en personas desplazadas como Elvira, de 76 años, quien sobrevivió al colapso de un edificio. Quedó atrapada entre los escombros y, según relata, quienes la encontraron llegaron a pensar que había muerto. Después del terremoto comenzó a experimentar miedo constante, llanto e insomnio y acudió a atención psicológica de MSF.
“Aquí llegué con mucha crisis. No es fácil lo que yo viví. Todo me asustaba, lloraba mucho, no dormía. La psicóloga me sacó los nervios. Quiero salir de lo que estoy pasando. Quiero volver a ser la que era”, contó la señora al personal de Médicos sin Fronteras.
Del trauma físico al desgaste prolongado
Durante los primeros cinco días de respuesta, los equipos de MSF distribuyeron 8,5 toneladas de suministros médicos y de emergencia y apoyaron a hospitales que recibían un elevado número de personas heridas.
En los 100 días siguientes, los equipos han realizado más de 7000 consultas médicas. Los dolores musculares y de huesos representan 21,7% de esas atenciones, seguidos por las infecciones respiratorias, con 21,4%, y las afecciones de piel, con 12,4%.
La organización también ha dado seguimiento a más de 880 personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma y epilepsia, condiciones que pueden verse afectadas por el estrés y las condiciones de desplazamiento.
“Lo que observamos hoy no es únicamente el efecto de un evento traumático aislado, sino el impacto acumulado de vivir durante meses en condiciones de incertidumbre”, explicó Milagritos Valderrama, coordinadora médica de MSF para la respuesta a la emergencia.
Según la organización, entre las manifestaciones que encuentran sus equipos están la ansiedad, las alteraciones del sueño, los dolores musculares, las cefaleas, los problemas gastrointestinales, la desesperanza y el agotamiento.
En Mare Abajo, Ashley Mayora, de 43 años,continúa viviendo en una carpa después del colapso parcial del complejo residencial donde habitaba con su hija y su nieto recién nacido. La separación de su familia y las condiciones posteriores al terremoto, relató, afectaron también su salud física.
“Esto me ha desmoralizado. Fue un desastre natural, pero ha acabado con todo, mi corazón, mente y alma. Sufro del corazón y de la tensión, y no duermo”, contó. El 29 de julio, dijo, sufrió un preinfarto.
El desgaste de quienes estuvieron en la primera línea
Las consecuencias psicológicas también alcanzan a quienes participaron directamente en las labores de rescate y atención de la emergencia.
Israel Lanza, rescatista de Protección Civil de 36 años, recuerda que durante las operaciones esperaba encontrar sobrevivientes y terminó enfrentándose a escenas de muerte. Una de las imágenes que más lo marcó, relató, fue encontrar a una mujer y su hijo abrazados al cuerpo de un perro.
“Hasta la persona más valiente llora ante esto. Llegó un momento en que mi propio nombre se me olvidaba. No reconocía cuando me llamaban. Estuve 15 días continuos sin pisar mi casa”, contó.
Elvis Díaz, también rescatista de Protección Civil, relató que durante los primeros días llegó a pensar en abandonar las labores. Parte de su familia estaba en La Guaira y pasó 12 días sin saber de ellos.
“Cuando me bañaba lloraba. Todo se me acumuló. Ya no sabía ni qué cargaba. Lo hacía en privado para que nadie me viera, para no incomodar a mis compañeros, porque todos estamos pasando por lo mismo”, dijo.
MSF advierte que el personal sanitario, los rescatistas, los funcionarios de Protección Civil y los voluntarios también enfrentan fatiga extrema, estrés traumático secundario y procesos de duelo acumulado.
Una respuesta que combina salud física y mental
Para atender las nuevas necesidades, MSF mantiene seis clínicas móviles en Caracas y La Guaira, donde integra servicios de salud mental y apoyo psicosocial dentro de la atención primaria. Además, cuenta con cuatro puntos adicionales dedicados exclusivamente a salud mental.
Durante estos 100 días, sus equipos de salud mental han acompañado a 8147 personas mediante consultas individuales, espacios grupales de psicoeducación y sesiones de primeros auxilios psicológicos.
Los equipos de promoción de la salud, por su parte, han alcanzado a más de 16 792 personas mediante sesiones educativas y trabajo comunitario.
La respuesta también incluye agua, saneamiento e higiene en los asentamientos temporales. MSF ha distribuido cerca de 860 000 litros de agua potable, instalado cinco sistemas de potabilización y 127 filtros, y suministrado cloro e insumos para potabilizar más de 80,5 millones de litros adicionales.
Recuperar algo más que los edificios
Para quienes perdieron sus viviendas y familiares, la recuperación continúa atravesada por la incertidumbre.
Rosmari Colmenares, vocera de una comunidad en Playa Grande, La Guaira, perdió su vivienda, que tuvo que ser demolida. También continúa sin conocer el paradero de su hermano y de su sobrino, quien tiene síndrome de Down. La esposa de su hermano fue rescatada y el cuerpo de su sobrina fue localizado.
“Yo vi cómo demolieron mi casa; mi hijo me abrazó y lloramos. Tantos años de constancia para construirla, arreglarla… En segundos se destruye esa parte de ti y de tu familia”, relató.
Aun en medio de esa situación, Colmenares procura mantenerse activa en el refugio y ayudar a mujeres lactantes y embarazadas.
Elvira también describe cómo cambió el paisaje que durante años conoció. “A veces estoy en la calle y me pierdo. No reconozco porque se cayeron tantos edificios, negocios. Me cuesta ubicarme donde estoy. La farmacia ya no existe, el banco tampoco existe”, relató.
Pero su proceso de recuperación también ha dejado señales de avance. Después de recibir acompañamiento psicológico, volvió a plantearse regresar al trabajo: “Ya volvió mi fortaleza. Hace unas semanas, le dije a la doctora: ‘Quiero ir a trabajar’. Después de que pensaba que nunca podría”.
A cien días de los terremotos, MSF sostiene que la recuperación requiere mantener el acceso a servicios de salud mental, fortalecer la atención primaria y garantizar condiciones de vida dignas para las personas desplazadas.
La emergencia, señala la organización, no termina cuando cesan los movimientos sísmicos ni cuando se retiran los escombros. Para las comunidades afectadas, recuperar la estabilidad también implica volver a sentirse seguras, reconstruir las rutinas y encontrar condiciones para mirar nuevamente hacia el futuro.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de dos años sin escribir en redes sociales, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reapareció en X para informar que el Tribunal 3º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo la absolvió de los cargos formulados en su contra.
“Hoy culmina un duro capítulo en mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió la activista y abogada.
San Miguel dijo que durante el tiempo que duró su condena, su capacidad de resistencia y principios fueron puestos a prueba.
“Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación”, expuso.
San Miguel expresó también su solidaridad con quienes siguen esperando justicia y la libertad.
“Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, manifestó.
Agregó que la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos.
“Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática”, recalcó.
Un proceso irregular
San Miguel fue detenida de manera arbitraria el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija.
Durante las primeras horas se desconoció su paradero, lo que activó alertas de organizaciones nacionales e internacionales sobre una desaparición forzada.
El Estado la vinculó con la supuesta trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco” y le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide bajo aislamiento prolongado y sin acceso oportuno a sus abogados de confianza.
Bajo custodia sufrió una fractura en el hombro derecho, la cual requirió intervenciones quirúrgicas y cuidados médicos especiales que en varias ocasiones, le negaron oportunamente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas ONG exigieron su liberación inmediata ante la falta de un juicio justo y el estado de indefensión.
San Miguel pasó cerca de dos años presa en El Helicoide antes de ser excarcelada el 8 de enero de 2026, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y enviada en un vuelo a Madrid, España.
La activista retornó al país el 26 de mayo de este año bajo medidas cautelares que fueron depuestas recientemente.
Desde su excarcelación, San Miguel se abstuvo de hablar con los medios de comunicación debido a las medidas cautelares sustitutivas que le prohibían declarar públicamente, además de la presunta existencia de coacciones, chantajes o temor por la seguridad de su entorno familiar aún en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un Mundo Sin Mordaza rechazó categóricamente los señalamientos infundados promovidos por Diosdado Cabello durante la emisión del programa Con el Mazo Dando del pasado 30 de septiembre, en los que se pretendió desacreditar su labor de defensa de los derechos humanos, cuestionar su independencia institucional y vincular a la organización y a su presidente y fundador, Rodrigo Diamanti, con supuestos planes de «violencia», «agitación política» y desestabilización en Venezuela.
A través de un comunicado, la organización advirtió que estas acusaciones constituyen un nuevo episodio de un patrón de estigmatización y criminalización documentado durante años en Venezuela. Los señalamientos contra su presidente y fundador, Rodrigo Diamanti, generan especial preocupación por producirse en el contexto de su reciente regreso al país, después de más de una década de exilio forzado. La organización alertó sobre los riesgos que representa el uso de plataformas estatales para difundir acusaciones que pueden comprometer la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y generar un efecto intimidatorio sobre el ejercicio de las libertades fundamentales.
Un Mundo Sin Mordaza señaló que estos mecanismos de represión persisten mediante la identificación, intimidación y desacreditación pública de quienes documentan violaciones de derechos humanos, ejercen la libertad de expresión y participan legítimamente en el espacio cívico. La organización alertó, además, sobre la evolución de estas prácticas y la incorporación de nuevas herramientas digitales que permiten amplificar las narrativas de criminalización.
Esta situación ha sido documentada en una investigación de Un Mundo Sin Mordaza sobre represión transnacional, que identificó 176 registros de estigmatización y propaganda a partir del análisis de 84 emisiones deCon el Mazo Dandoentre abril de 2024 y diciembre de 2025. El estudio también evidenció el uso de redes coordinadas de cuentas, perfiles automatizados, suplantaciones de identidad y otras herramientas digitales destinadas a reproducir narrativas estigmatizantes, promover la delación y generar temor ante posibles represalias.
No son hechos aislados
La organización destacó que los señalamientos difundidos el 30 de septiembre no constituyen un hecho aislado, sino que se inscriben en un patrón de actuaciones que también ha afectado a otras organizaciones nacionales de derechos humanos. En este sentido, advirtió sobre los riesgos que representa la utilización de plataformas estatales para asociar a actores de la sociedad civil con supuestas actividades violentas o delictivas y restringir su participación en los asuntos públicos.
Asimismo, recordó que la persistencia de estos mecanismos coincide con los hallazgos presentados en septiembre de 2026 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que advirtió que, pese a la disminución de algunas de las manifestaciones más severas de la represión, las estructuras e instituciones que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos permanecen fundamentalmente intactas.
En su pronunciamiento, Un Mundo Sin Mordaza enfatizó que la represión no puede entenderse únicamente a partir de las detenciones, pues la vigilancia, las amenazas, la estigmatización pública, la censura y la autocensura también restringen el ejercicio efectivo de los derechos humanos y reducen los espacios de participación ciudadana.
Derecho al disenso
La organización reiteró que documentar violaciones de derechos humanos, acompañar a las víctimas, investigar hechos de interés público, ejercer la protesta pacífica y promover mecanismos democráticos de participación son actividades legítimas que deben ser protegidas y no pueden ser asociadas, sin fundamento, con acciones violentas, terroristas, conspirativas o delictivas.
“Hay algo que la dictadura no termina de aceptar y es que la defensa de los derechos humanos es nuestro deber, tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo. Es un compromiso al que no vamos a renunciar”, afirmó Rodrigo Diamanti, presidente y fundador de Un Mundo Sin Mordaza.
Ante estos hechos, Un Mundo Sin Mordaza exigió el cese inmediato de las prácticas de estigmatización, intimidación, censura y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. También demandó al Estado venezolano el desmantelamiento efectivo de las estructuras y los mecanismos represivos, incluyendo aquellos utilizados para difundir y amplificar narrativas de criminalización a través de medios estatales y plataformas digitales.
De igual manera, exhortó a garantizar que ningún recurso, institución o plataforma estatal sea utilizado para individualizar, desacreditar o vincular a actores de la sociedad civil con actividades violentas o delictivas. Asimismo, hizo un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mantener especial atención sobre la continuidad y adaptación de estas prácticas y sus consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales en el país.
Con 17 años de trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación ciudadana, Un Mundo Sin Mordaza ratificó su independencia institucional y reafirmó su compromiso con la documentación y denuncia de las prácticas destinadas a restringir el espacio cívico venezolano.
