Las recientes declaraciones de “Eïf Al-Islam”, hijo del dictador libio, Muammar Gaddafi, denunciando el financiamiento por parte de su gobierno de la campaña electoral del otrora candidato, y hoy Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, levanta nuevamente la discusión respecto a las consecuencias que conlleva el financiamiento por parte de organizaciones, gobiernos y personas extranjeras, de las campañas electorales. Tal circunstancia es un hecho sensible, si consideramos que el tema de las contribuciones extranjeras a las campañas electorales ha causado serias controversias en el pasado, en donde se han involucrado gobiernos y candidatos presidenciales, como el caso del Presidente Collor de Melo, de Brasil, o el famoso proceso judicial 8000 cuyo objetivo fue el de investigar al entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper, acusado de recibir dinero por parte de reconocidos narcotraficantes del Cartel de Cali, con el fin de financiar su campaña electoral.
Incluso, curiosamente, una semana antes de que se produjeran los terribles sucesos naturales en Japón, el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Seiji Maehara, renunciaba a su cargo, después de admitir que había recibido donaciones económicas de una ciudadana extranjera, hecho prohibido expresamente en ese país.
Respecto a las acusaciones del heredero Gaddafi, éste solicitaba iracundo: “Que (Sarkozy) devuelva el dinero al pueblo libio, para el que se le acordó una ayuda para que obrara en favor del pueblo libio, pero nos decepcionó”. Esta circunstancia viene a aclarar el misterio respecto a las amenazas proferidas días antes por el denunciante, en donde advertía de “un secreto que le costaría la salida del poder al Presidente Sarkozy”.
Ciertas o falsas estas acusaciones, -rechazadas de plano por el gobierno francés-, las mismas no han sido óbice para que éste respaldara enérgicamente todas las medidas tomadas por las Naciones Unidas en contra del país petrolero, formando parte, junto con Los Estados Unidos y la Gran Bretaña, de la coalición militar organizada para garantizar el cumplimiento de la Resolución 1973 dictada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en defensa de la sociedad libia.
Pero fuera de la crisis en este país, el tema que nos ocupa va más allá, al verificar cómo un gobierno, como el de Libia, – indistintamente de la organización política allí existente, la cual niega rotundamente la categoría de jefe de Estado de Gaddafi- reconoce tan campante la contribución económica a un candidato presidencial extranjero, a fin de que éste “obrara en favor del pueblo libio”. Más claro, imposible.
Hablar de Francia implica reconocer toda una tradición en materia de campañas electorales, toda vez que fue esta República, quien en 1914, innovó respecto al establecimiento de financiamiento de los partidos políticos mediante contribuciones públicas, ejemplo que fue asimilado por todas las democracias europeas, después de la segunda guerra mundial. Señalamos esto, porque a diferencia de lo que piensa la familia Gaddafi, en Francia las contribuciones de personas físicas extranjeras (siendo que el propio líder libio se declara un simple ciudadano), son admitidas sin ningún tipo de restricciones, más allá que las exigidas para cualquier francés.
La pretendida amistad que el presidente Hugo Chávez ha tratado de demostrar al líder libio, nos hace hurgar en la memoria para trasladarnos a Venezuela, haciendo un símil de lo narrado, con la bochornosa situación en la cual el gobierno bolivariano se vio envuelto cuando el mundo descubrió las abultadas contribuciones económicas que el Banco Español, “Bilbao-Vizcaya” (BBV), hiciera en 1998 al entonces candidato presidencial, Hugo Chávez.
Terminado el proceso judicial en contra de algunos directivos de la referida entidad bancaria, por falseamiento de información bancaria y uso de los depósitos del Banco para actividades no autorizadas, -y en donde fueran condenados ciertos ejecutivos en España-, en 2002 se inicia un nuevo proceso judicial en contra de Emilio Ybarra, ex copresidente del “BBV-Banco Provincial de Venezuela”; Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado de la entidad; Gervasio Collar y Domingo Ampuero, antiguos vicepresidentes del banco; y Luis Bastida, ex director financiero, ahora acusados por la Audiencia Nacional de España como presuntos autores de un delito continuado de “falseamiento de las cuentas anuales”, cuyos cargos, entre otros, se refieren al “financiamiento ilegal de 525.586 dólares para la campaña del candidato presidencial Hugo Chávez a las elecciones de Venezuela de 1998; así como al partido político, “Movimiento V República”, con un millón de dólares, a la Asamblea Constituyente de 1990”.
Debemos destacar que, a diferencia de la legislación francesa, en Venezuela el financiamiento a los partidos políticos, por parte de organizaciones, o personas extranjeras, se encuentra absolutamente prohibido.
En efecto, tal y como lo establecen los ordinales 4° y 5° del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, vigente en Venezuela para la época de recepción de los fondos ilegales, los partidos políticos están impedidos de aceptar donaciones de las compañías extranjeras, o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del estado; y de Estados extranjeros y/o de organizaciones políticas extranjeras. En tal virtud las organizaciones políticas se encuentran en el deber de llevar su contabilidad en donde consten sus ingresos e inversión de sus recursos.
Tanto así, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, modificada en 1998, se establece la pena de dos a tres años de prisión para “El responsable de los partidos políticos o grupos de electores, así como el candidato que reciba contribuciones o financiamiento de forma anónima y el candidato que oculte información o suministre datos falsos al Consejo Nacional Electoral sobre su gasto de campaña”.
Esta no ha sido la única contribución irregular a la campaña del Presidente Chávez. Tan solo el pasado año, el conocido narcotraficante Walid Makled, considerado uno de los más importantes capos de la droga por parte del gobierno de los Estados Unidos, y detenido actualmente en Colombia, denunció públicamente haber financiado con “al menos 2 millones de dólares”, la campaña pro referendo del presidente venezolano.
De igual forma, tal y como fue referido por las autoridades encargadas de verificar la autenticidad de la información extraída de las computadoras del conocido comandante guerrillero Raúl Reyes (FARC), asesinado en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, la organización guerrillera “FARC” habría contribuido con cierta cantidad de dólares a la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998.
Pero no sólo el gobierno revolucionario se ha visto involucrado en hechos dudosos, de recepción de fondos, por cuanto que igualmente ha sido denunciado en distintas oportunidades de interferir en los asuntos internos de otros gobiernos, mediante el financiamiento de sus respectivas campañas electorales.
En este sentido ha sido pública la información facilitada por la conocida organización “Wikileaks”, de acuerdo a datos contenidos en el cable #153018, enviado en 2008, y firmado por Robert J. Callahan, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, transmitido confidencialmente al Departamento de Estado, E.E.U.U., en donde señalaba que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habría recibido financiamiento de las redes internacionales del narcotráfico, así como del presidente venezolano Hugo Chávez.
Igualmente, “Wikileaks” hace referencia al caso de “Paraguay”, el cual, de acuerdo a cable confidencial remitido por el embajador de ese país al Departamento de Estado, de los Estados Unidos, se manejaban serios rumores de que el candidato y actual presidente, Fernando Lugo, en 2007, “recibió una oferta de financiamiento para su campaña electoral de parte de la embajada de Venezuela en la Asunción, y de que éste habría manifestado su interés en contar con ella”.
De igual forma, el diario “Correo”, del Perú, durante la pasada campaña presidencial en ese país, reveló que la esposa del candidato Ollanta Humala recibía 36 mil dólares anuales del diario venezolano “The Daily Journal”, advirtiendo que tal periódico en inglés, antes independiente, se había convertido en afecto al régimen de Hugo Chávez luego de ser adquirido por Julio Augusto López, de origen peruano, quien contribuyó a la campaña presidencial de Humala.
Otro sonado caso que podemos mencionar, se refiere al conocido bajo el nombre del “Maletinazo”, o “Valijagate”, en donde al venezolano-americano Guido Antonini Wilson, le fuera decomisado por las autoridades aeroportuarias argentinas, un maletín contentivo de 790.550 dólares, presuntamente como un aporte del presidente de Venezuela para financiar a la candidata presidencial Cristina Kirchner, en la contienda electoral Argentina.
Son muchas otras las denuncias que se han visto respecto al financiamiento de campañas electorales por parte del gobierno venezolano a candidatos de países como Bolivia, Ecuador, y hasta Colombia, entre otros. No obstante, los ejemplos antes señalados son suficientemente claros, particularmente el caso español, como para reconocer que indistintamente de la dificultad de demostrar fehacientemente la responsabilidad en todos los otros casos, en lo que respecta al Banco Bilbao Vizcaya-Provincial, los delitos imputados a sus directivos en donde se vinculaba la contribución al gobierno de Venezuela, no dejaron ninguna duda respecto a la responsabilidad de éste.
Paradójicamente, en Venezuela estos casos no han tenido la relevancia suficiente para originar una acción contundente en contra de las autoridades venezolanas involucradas. La falta de memoria de los venezolanos ha sido tal, que el pasado año un grupo de militantes del partido oficialista, “PSUV”, armados con el mayor cinismo y obviando los graves hechos en donde el presidente de la República, y presidente de dicha agrupación política, ha sido involucrado, acudió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) “para solicitar una investigación sobre los orígenes del financiamiento que reciben los partidos que integran la contrarrevolucionaria Mesa de Unidad Democrática (MUD)”. Dentro de la denuncia facilitada a la presidenta del organismo electoral, los visitantes hicieron mención, como posibles donantes de “los fondos ilegales” a la MUD, al “Banco Federal”, a la empresa “Polar”, a la “CIA” y a la organización civil Norteamericana “National Endowment for Democracy” (NED).
Esta situación, de descaro ante la contundente realidad, llegó a tal nivel, que el dirigente y diputado electo por el PSUV, Freddy Bernal, advertía en aquella oportunidad respecto al interés del partido de gobierno, de “impulsar en la Asamblea Nacional una ley para regular el aporte financiero de organismos extranjeros a las campañas electorales, para evitar estas graves situaciones”. En este sentido, el partido “PPT”, introdujo en mayo pasado, ante la Asamblea Nacional, un “Proyecto de Ley de Financiamiento de Campañas Electorales”, el cual fue aprobado por unanimidad en primera discusión, remitiéndosele a la Comisión de Política Interior para la elaboración del informe para la segunda discusión.
Como hemos indicado en otras oportunidades, la falta de transparencia en las condiciones electorales por parte del organismo electoral, así como la poca importancia que dicha situación parece significar para la oposición venezolana, son elementos que hacen presumir la posibilidad- bastante real- de que para los comicios presidenciales de 2012, los resultados pueden ser poco alentadores. Si a esto le unimos la manera como las autoridades del Estado, obedientes del mandatario venezolano, han permitido la violación de prácticamente todos los derechos civiles, políticos y económicos de los venezolanos, los augurios resultan poco menos que dramáticos. Basta con mencionar la novísima “Ley de Soberanía Nacional y Autodeterminación”, la cual limita la actuación de las organizaciones no gubernamentales en el país, eliminando su fuente mayor de financiamiento, para vislumbrar lo que puede significar la Ley que regule el financiamiento de las campañas electorales, aún cuando bajo su contenido se trate de incentivar al colectivo a su apoyo, contemplando la contribución con fondos públicos para las campañas electorales de los partidos políticos.
La responsabilidad de resguardar nuestra soberanía es una obligación que le corresponde a todos los venezolanos; pero es innegable que aquellos que han sido honrados con la representación ante las instituciones del Estado, como los diputados del ala democrática ante la Asamblea Nacional, poseen la capacidad suficiente para evitar una hecatombe electoral, por falta de las garantías de imparcialidad, objetividad y transparencia en el proceso electoral venezolano. De nada nos sirve que pasadas las elecciones presidenciales, los líderes opositores nos señalen una vez más, que “obtuvimos mayor número de votos”, si con ello igualmente perdemos la oportunidad de enrumbar al país hacia el camino democrático que todos nos merecemos. ¿Qué será necesario hacer para que actúen?
