En estos momentos de unidad, y de las dificultades que la unidad y la pluralidad implican en medio de una situación extremadamente compleja, de una oposición que se enfrenta al poder, porque es indispensable anotar las desigualdades e inequidades en que se va a desarrollar la campaña electoral a partir de febrero, e incluso, las propias primarias, parece conveniente revisar lo que fue el Pacto de Punto Fijo, suscrito por los partidos democráticos después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez.

También entonces, 1958 y después, la democracia venezolana necesitó la unidad. O, mejor, de sensatez política. El Presidente Rómulo Gallegos fue derrocado, en buena medida, por la disensión de los partidos y la pérdida de perspectivas sobre los riesgos que la historia le reservaba a la libertad. El Pacto de Punto Fijo no fue un acuerdo para repartirse el poder, según la falsa interpretación que se le ha dado. Fue, en pocas palabras, un pacto para respetar y hacer respetar la voluntad popular libremente expresada en los comicios. Leer el texto del Pacto de Punto Fijo suscrito en Caracas el 31 de octubre de 1958 por tres partidos democráticos despeja todas las dudas y permitirá apreciar sus dimensiones y su ejemplar comprensión de la pluralidad del juego democrático. Por eso ofrecemos aquí su texto.

Simón Alberto Consalvi

Texto del Pacto de Punto Fijo

Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEl y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consi­deración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios demo­cráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:

1ra. Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unita­rias para la defensa del régimen democrático han mantenido conver­saciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto y coope­ración entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía orga­nizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958, por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las na­turales divergencias entre los partidos, tan distintas del unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático; la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los par­tidos a nombre de los centenares de miles de sus militantes: el recono­cimiento de la existencia de amplios sectores independientes que cons­tituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas armadas al proceso de afirmación de la República como elemento ins­titucional del Estado sometido al control de las autoridades constitu­cionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación vene­zolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdura­bles de la Nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la ga­rantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsa­ble enfoque de las urgencias del país.

2a Las minuciosas y largas conversaciones han servido para com­prometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así: a) seguridad de que el proceso electoral y los Poderes Públicos que de él van a surgir respondan a la pauta democrática de de la libertad efectiva del sufra­gio; y b) garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolon­gación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la república como sistema popular de Gobierno.

3a Establecidos estos principios de carácter general, COPEI, AD y URD comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:

a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar confor­me al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabili­dad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el período consti­tucional 1959 – 1964; intervención de la Fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organiza­ciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Esta­do, aun cuando durante el transcurso de los cinco años las circunstan­cias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones hayan po­dido colocar a cualquiera de ellas en la oposición legal y democrática al Gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza que pu­diese surgir de un hecho subversivo y su colaboración con ella tam­bién delito de lesa Patria.

b) Gobierno de Unidad Nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de dere­cho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero; el gobierno de Unidad Nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.

c) Programa mínimo común. Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colabora­ción en el Gobierno Constitucional los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacio­nal patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales, ya convenidas, y se considerará un anexo el presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprendidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su pro­grama particular puntos contrarios a los comunes del programa míni­mo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del respeto mutuo a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tre­gua política.

4a El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en aptitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presiden­cial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuer­pos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.

En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales con­tradicen esa perspectiva histórica, mas, afortunadamente, hay otros medios idóneos de preservar la Unidad Nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias des­pués de confrontar sus distintas opiniones entre sí y con las emitidas por voceros independientes autorizados, de la prensa y de otros facto­res nacionales define:

1) Los requerimientos de la unidad son compatibles con la even­tualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.

2) Para que la presentación de varias candidaturas presidencia­les y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.

3) Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Di­cha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interparti­dista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias en la campaña electoral y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control en lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.

4) Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y va­rias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la vo­luntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:

I. Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos cole­giados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cum­plimiento de los compromisos generales convenidos en esta declara­ción cualquiera que sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.

II. Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas, serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.

III. La postulación de los candidatos presidenciales y de las plan­chas legislativas es de la responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cual­quier postulación.

Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhe­sión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.

IV Los partidos signatarios se comprometen a realizar una cam­paña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de la unidad, evitando planteamientos y discusiones que pue­den precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del Gobierno de Unidad Nacional.

V Después de publicado el resultado oficial de las elecciones, tendrá lugar en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:

a) Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la so­berana voluntad popular.

b) Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al Gobierno de Unidad Nacional, al cual prestarán leal y democrática colaboración.

Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta decla­ración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales gremiales, cívicos y culturales, de la prensa y de personalidades independientes, con los fines así precisados, conso­lidarán la convivencia nacional y permitirán el desarrollo de una cons­titucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa y la norma insti­tucional que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo vene­zolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuan­tas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalida­des perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordena­da y pacífica de la democracia.

(Firmado) Por Unión Republicana Democrática,

JOVITO VILIALBA

IGNACIO LUIS ARCAYA

MANUEL LOPEZ RIVAS

(Firmado) Por el Partido Social Cristiano Copei,

RAFAEL CALDERA

PEDRO DEL CORRAL

LORENZO FERNÁNDEZ

(Firmado) Por Acción Democrática,

RÓMULO BETANCOURT

RAÚL LEONI

GONZALO BARRIOS

Caracas, 31 de octubre de 1958