Finalmente se concretó la amenaza del gobierno. Fue denunciada la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José de Costa Rica. En la argumentación que el régimen esgrime para justificar la separación de Venezuela de la instancia, se encuentra la arcaica concepción que de la soberanía tienen, esa que se transformó definitivamente en 1789 cuando el grito francés de igualdad, libertad y fraternidad se extendió desde Europa hasta el nuevo mundo.
El soberano, rey por la gracia a Dios perdía el poder absoluto sobre personas, bienes, tierras, animales y almas. El pueblo adquiría el derecho de elegir a sus gobernantes, es decir, el soberano se transforma, se recompone e impone la separación de poderes, la igualdad ante la ley y exige castigo para quienes la infrinjan. Precisamente este cambio y la imperiosa necesidad de poner freno a los desmanes de los gobiernos, obliga a los ciudadanos a organizarse y a los estados a aceptar la supervisión a través de las Convenciones de Derechos Humanos.
Venezuela otrora modelo de democracia, fundadora de la Organización de Estados Americanos fue de los primeros países en adoptar el Pacto de San José, el 09 de agosto de 1977 para la Comisión, y el 24 de junio de 1981 en cuanto a la competencia de la Corte. Desde sus inicios, destacados juristas venezolanos integraron ambas instancias y los agravios e infortunios de la guerra civil en Centroamérica, de las dictaduras sureñas y caribeñas encontraron un espacio donde denunciar y obtener justicia.
La denuncia del gobierno de Hugo Chávez de la Convención, nos retrotrae a la afirmación de Luis XIV, “el estado soy yo”. No pocas veces se ha asimilado el Presidente a la noción de pueblo, de allí que los jerarcas del régimen prestos a interpretar los deseos del Comandante, incluida la inefable presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, le hayan recomendado salirse de esa Comisión y de esa Corte que pretende, válgame Dios, limitarle las competencias a él, al pueblo, al soberano. A su majestad.
La decisión de retirar a Venezuela, no es inmediata como desearían los adláteres, debe transcurrir un año para que opere la desvinculación al sistema, y todo cuando hagan podrá ser elevado a consideración de la Comisión y a la competencia de la Corte en el periodo que va desde el 10 se septiembre de 2012 al 10 de septiembre de 2013. Afortunadamente, esta inaceptable decisión puede ser revertida a partir del 10 de enero de 2013.
Olvidan los juristas del horror y la Cancillería de la infamia, que la protección de los derechos humanos goza de rango constitucional conforme al artículo 23, que la normativa de derechos humanos de Mercosur se asienta sobre la Convención Americana, que UNASUR adopta el mismo sistema y que la CELAC proclama la tutela y protección como uno de los pilares de su estructura. Es decir, patearon la mesa sin medir las consecuencias jurídicas y políticas de su decisión. Peor aún, olvidan que la violación de los derechos humanos, no prescribe y su lo dudan, volteen al cono sur, allá militares y políticos de la dictadura están en prisión 30 años después de las desapariciones y asesinatos. Miren hacia Perú, donde Fujimori que por cierto, también retiro a su país de la Convención, hoy purga condena.
Un gobierno que se autoproclama defensor de la raza humana y protector del planeta, pero que es incapaz de aceptar y acatar uno de los sistemas más depurados de protección y tutela a los derechos humanos, y que contempla en silencio el asesinato de más de 100 mil venezolanos en 14 años, no es más que una ópera bufa, una caricatura del pasado que peleando contra molinos de vientos grita, el soberano soy yo. ¿Acaso no entienden?
María Teresa Belandria
@matebe
