Una de las caras más terrible de la crisis que vive Venezuela es la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos. Antes de entrar en detalles debo recordar que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, o sea que hoy o mañana los responsables de tales atrocidades pueden ser castigados en cualquier parte del mundo.

Eso nunca deben olvidarlo los protagonistas de la brutal represión oficial. No importa que cumplan órdenes, porque eso no los exonerará cuando algún día, espero que sea muy pronto, todos los responsables estén frente a un tribunal imparcial y justo que evalúe sus comportamientos en estos días aciagos para el país.

Si sólo tomamos en cuenta los más de 10 fallecidos, 137 lesionados y los más de 89 detenidos por estas protestas, hasta que escribía este artículo, estamos viendo las cifras que más resaltan y los hechos que más lamentamos. Pero debajo de eso son muchas más las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en esta crisis.

Comencemos con quienes emiten las órdenes de reprimir la protesta sin importar las características de la misma. El ordenar reprimir con armas de fuego prohibidas por la Constitución es un delito. El hecho que hayan sacado a las calles a funcionarios de inteligencia, el Sebin por ejemplo, para castigar a quienes protestan, también es un delito.

El mismo hecho que se haya prohibido cualquier tipo de protesta, sin haber suspendido las garantías constitucionales siguiendo los pasos que determina la ley, es otro delito. Las manifestaciones en Venezuela son legales y no hay que pedir autorización, sino notificar a las autoridades su realización.

Pero hay algo peor en la actuación de quienes supuestamente dan las órdenes. Usar grupos paramilitares o parapoliciales encarnados en los llamados “colectivos” para sembrar el terror en las manifestaciones es un gravísimo delito. Esos civiles por muy amigos del proceso que sean, no pueden usar armas que están reservadas al Estado y mucho menos pueden actuar a bordo de motos y acabar a tiros cualquier manifestación.

Ya son demasiados los hechos en los cuales las bandas armadas del Gobierno salen a reprimir. Aquí en Maracaibo ya ocurrió en varias ocasiones y lo peor es que al mando de esos grupos de mercenarios han estado funcionarios públicos que más bien deberían estar garantizando los derechos de los ciudadanos.

Ahora vamos con los que cumplen las órdenes. Ellos saben que no pueden usar armas prohibidas en el control del orden público. Aquí se ha usado todo el poder de fuego de los cuerpos de seguridad para impedir que el pueblo salga a mostrar su preocupación y reclamo ante la crisis general que vive el país.

Pero no sólo han violado los derechos humanos con el uso excesivo de la fuerza, sino que a las personas detenidas, en su mayoría estudiantes muy jóvenes, los han torturado y hasta hay un caso de un joven de Barquisimeto que denunció como un supuesto militar venezolano, lo violó con su fusil.

La exagerada militarización del estado Táchira para castigar a los ciudadanos cansados de tanto maltrato, es otro delito.  Callar a los medios de comunicación para intentar ocultar la verdad, es otro delito muy grave esta vez contra la libertad de expresión.

Afortunadamente en tiempos de redes sociales y avanzada tecnología, nada de eso puede ser escondido. Interesante la labor que a la calladita realizan varias organizaciones no gubernamentales que están documentando todas estas violaciones a los derechos humanos.

A los responsables de estas atrocidades recuerden: los delitos de lesa humanidad no prescriben y algún día pagarán por sus actuaciones.

@PabloPerezOf

Entre 1999 y 2013, en pleno proceso revolucionario, unas mil 200 empresas fueron expropiadas por el Gobierno de Hugo Chávez y otras 800 mil tuvieron que bajar sus santamarías por las faltas de condiciones para su funcionamiento. Expertos aseguran que durante este periodo, la producción nacional sufrió una caída abominable, y coinciden en que el alto índice de escasez y desabastecimiento que afecta a los venezolanos actualmente es consecuencia de estas acciones.

Los controles de precios, las fiscalizaciones, la inseguridad, la devaluación de la moneda y las fallas para la adquisición de divisas para la importación de materia prima, también han alentado el cierre dentro del sector industrial en el país.

“La crisis de escasez en Venezuela es un problema estructural. Basta con ir al eje Carabobo- Aragua-Miranda y ver cuántas empresas están cerradas. El aparato productivo está totalmente paralizado y el país se ha visto en la necesidad de importar más del 70% de los productos de primera necesidad que aquí se consumen.  Esto a su vez se ha visto afectado por la ausencia de divisas para la adquisición de los rubros y se refleja en los anaqueles de los supermercados y abastos”, explicó el secretario para el Progreso Económico del Gobierno de Miranda, Raúl López.

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela registran que en enero de este año el índice que mide la escasez de alimentos básicos se ubicó en 26,2% (la más alta para el primer mes del año desde 2010), cifra que supera en ocho puntos porcentuales a la de enero de 2013. Recientemente, el Gobierno anunció la compra de alimentos a Argentina por un monto de mil 600 millones de dólares, acción que el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, sostuvo “como una derrota al desabastecimiento. Estamos trayendo muchos más productos”,

Al respecto, López señaló que hasta que el Gobierno central no ofrezca las condiciones para reactivar la producción nacional el problema de desabastecimiento va a continuar. “Estas compras a lo mejor den una respuesta puntual a la crisis que estamos viviendo. Aparecerán algunos productos por un tiempo, ¿Pero después qué? La escasez va continuar porque esto es una situación coyuntural, y para que haya una solución efectiva, el Gobierno debe llegar a un compromiso con el sector privado para elevar la producción nacional”.

Por otro lado, cabe destacar que los problemas de abastecimiento están acompañados por la inflación, que el año pasado cerró en 56,2%, la más alta en Latinoamérica y una de la más elevadas en el mundo, por lo que ha ocasionado un constante incremento en el precio de los alimentos, que en 2013 se ubicó sobre 72%, impactando directamente el bolsillo de los venezolanos.

La solicitud de una reunión de emergencia de la OEA para discutir la ola de violencia que aqueja a Venezuela le abre un nuevo frente al régimen de Nicolás Maduro, que tendrá que explicar en un foro internacional por qué soldados y paramilitares chavistas disparan indiscriminadamente contra estudiantes desarmados.

Expertos y diplomáticos consultados dijeron que el pedido realizado el martes por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, establecería un nuevo escenario donde ventilar las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se están acumulando contra el régimen de Caracas, luego que tres semanas de represión excesiva contra los manifestantes han dejado un saldo de 16 muertos y cerca de 200 heridos, la mitad de ellos con balazos.

“Es un importante primer paso que va a permitir a la comunidad internacional examinar la crisis de las violaciones a los derechos humanos y el uso de violencia en una escala que es fuera de lo común en el hemisferio occidental”, comentó desde Washington el ex subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega.

“Yo esperaría que toda persona con algún grado de decencia, o que se respete a sí misma, se muestre renuente a alinearse en este momento con Venezuela”, dijo el diplomático antes de agregar que lo que acontece en el país sudamericano es una verdadera “tragedia humanitaria”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que su Consejo Permanente sostendrá el jueves una sesión extraordinaria para considerar la propuesta de Panamá.

El país centroamericano solicitó la “convocatoria urgente de una reunión de consulta” de cancilleres para considerar la situación de Venezuela y buscar iniciativas que ayuden a “encontrar una solución a través del diálogo entre venezolanos”.

Panamá hizo la solicitud basándose en artículos de la Carta de la OEA y de su Estatuto del Consejo Permanente que “señalan que cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta, con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados”, precisó un comunicado oficial.

El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, uno de los principales promotores de la solicitud, dijo sentir esperanza de que en esta ocasión la situación en el país sudamericano sea examinada con detenimiento.

“Tengo esperanzas de que aquí podamos lograr el apoyo, no solo de los países nuestros, sino también de los organismos multilaterales, como la ONU y la Unión Europea”, comentó el diplomático, quien fue destituido de su cargo en enero del 2013 por denunciar ante la OEA que Maduro había asumido ilegalmente la presidencia durante los últimos días del período del fallecido mandatario Hugo Chávez.

“Se está viendo en Venezuela dos realidades. Por un lado, la realidad de la violencia, de los abusos, de las torturas. Y por el otro, la realidad de Maduro, quien dice que aquí no está pasando nada”, agregó desde la Ciudad de Panamá.

La solicitud fue realizada en medio de un creciente número de pruebas de violaciones a los derechos humanos que estarían siendo cometidas en Venezuela, con denuncias de que grupos paramilitares y agentes de la Guardia Nacional disparan abiertamente contra manifestantes desarmados.

Varias organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela han denunciado adicionalmente que jóvenes detenidos durante las manifestaciones han sido torturados con corriente eléctrica estando bajo cautiverio de la Guardia Nacional, y uno de ellos incluso habría sido violado con el cañón de un rifle.

Múltiples videos tomados en las manifestaciones muestran a agentes del orden público y a grupos paramilitares vinculados al chavismo disparando contra los manifestantes.

Pese a estos informes, la represión gubernamental continuaba esta semana con informes de prensa reportando el martes que el número de muertos había ascendido a 16, luego de que un manifestante perdiera la vida en la ciudad costera de Maracay.

No obstante, los jóvenes continuaban en las calles venezolanas, concentrándose el martes frente a la embajada de Cuba, donde fueron recibidos por centenares de guardias nacionales con equipos antimotines que bloquearon su paso hacia la sede diplomática.

“Venezuela está en la calle con coraje y determinación para librarse del yugo autoritario de Nicolás Maduro quien ha permitido vuestra presencia e injerencia (de Cuba) en los asuntos de la nación”, dijo la dirigente estudiantil Gaby Arellano a un grupo que se concentró frente a una barrera de guardias nacionales apostados en las cercanías de la embajada cubana.

“Rechazamos su presencia en las instalaciones de la fuerza armada, así como en otras áreas estratégicas de nuestra república”, indicó Arellano al condenar lo que consideró la “injerencia” cubana en el país.

Para la analista Vilma Petrash, el elevado grado de violencia y brutalidad con que Maduro ha salido a reprimir los manifestantes es una de las razones por las que la mayoría de los gobiernos de la región, incluyendo a los tradicionales aliados del chavismo, hasta el momento han dicho muy poco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.

“Los gobiernos están guardando silencio porque no pueden defender al régimen. No pueden”, comentó Petrash desde Miami.

No obstante, eso no quiere decir que la región se pronunciaría con rapidez para condenar la actuación del régimen de Maduro.

“En América Latina ha habido una regresión democrática y es por ello que los gobiernos, en vez de estar defendiendo la libertad de expresión, en vez de proteger a los derechos de la población y las instituciones democráticas, han estado inclinándose por prácticas que debilitan la democracia”, expresó.

Noriega, por su parte, afirmó que la situación podría ser diferente precisamente porque la violenta represión ha dejado al descubierto los verdaderos colores de autoritarismo del chavismo.

“Yo espero que tengamos otros países, incluyendo a Estados Unidos, dispuestos a trabajar juntos para poder tener un resultado significativo”, comentó el diplomático estadounidense.

Eso sí, el proceso toma tiempo, advirtió Noriega.

“La gente tiene que tener paciencia. Una vez que una reunión de consultas de cancilleres sea realizada, eso va a ser útil para comenzar a organizar una respuesta regional a lo que está sucediendo en Venezuela en las próximas semanas o meses”, expresó.

FUENTE: ImpactoCNA

En abril de 2010, el casi inmortal ministro de Planificación, profesor Jorge Giordani en cuyas manos se delegó el manejo de la economía, encaraba una situación de cierta complejidad. Producto de una política fiscal y monetaria absolutamente inconsistente con la tesis hecha realidad de mantener la tasa de cambio oficial fija, la inflación se aceleraba y la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo se ensanchaba de forma sostenida. Como era imposible con ese menú de políticas abatir la inflación y reducir el margen entre el dólar oficial y el paralelo, se le ocurrió a Giordani una idea salvadora: buscar un culpable y lo encontraron: las casas de bolsa que realizaban operaciones de permuta de donde salía una cotización para el dólar no oficial. En horas el aparato del régimen tradujo en  resoluciones jurídicas la voluntad de Giordani y las casas de bolsa fueron allanadas unas, prohibidas otras y algunos directivos fueron arrestados y pagaron casi tres años de prisión por delitos inexistentes. Utilizando aquel principio gomecista de  la “justicia política no contenciosa”, fueron encarcelados lo aparentes culpable de la debacle del bolívar.

Por cadena de radio y TV fueron expuestos al desprecio público gerentes y trabajadores de casas de bolsa para así satisfacer los instintos primarios del profesor Giordani, a cargo de esa operación, que le permitiría evadir su responsabilidad en el manejo de la política económica. Se creó entonces aquel parapeto llamado Bolsa Bolivariana de Valores, donde se transarían títulos y moneda extranjera. No sirvió ni para lo uno ni para lo otro. Transcurrieron casi cuatro largos año desde el cierre del  mercado valores y ahora insiiste el gobierno con lo que destruyó aquel tiempo. Quienes de buena fe hemos advertido que una política de fijación del tipo de cambio en medio de un desajuste fiscal y monetario como el que presenta Venezuela, no tiene posibilidades de estabilizar la economía, hemos sido sometido al escarnio y la degradación moral en esa especie red de vilipendio que es el sistema de medios públicos de radio y televisión. Lo hemos soportado con firmeza y el tiempo acabó por darnos la razón  a quienes no adoptamos una mera actitud contemplativa desde un escritorio acerca de lo que acontece en el país. Hemos sido proponentes de soluciones a la crisis de Venezuela antes que vaticinadores de catástrofes.

Así, después de estar zigzagueando acerca de qué hacer con el manejo de la cotización del bolívar, articuló el gobierno una política cambiaria sin pies ni cabeza. La misma consiste en tener cuatro tipos de cambio para el dólar. Un bien, el dólar, con cuatro precios. El primero es el de Bs/US$ 6,30 mediante la cual se cubrirían las importaciones de alimentos, medicinas y maquinarias y equipos, principalmente. Ello implica un subsidio gigantesco a esas importaciones y obviamente un desestímulo a la producción local de esos bienes que a ese tipo de cambio no se producen ni se producirán. El segundo es el denominado SICAD I, que no es otra cosa que una segunda tasa administrada cuya cotización ronda Bs/US$ 12,0 al incluir los gastos administrativos. Con ese mecanismo que simula ser una subasta, se asignan dólares según el estado de ánimo del gabinete económico y según el centimetraje de escasez que registren los medios acerca de ciertos bienes. El tercer tipo de cambio es la tasa negra o paralela, que recoge todas las distorsiones, riesgo y demás desequilibrios de la economía y por ello es tan elevado.

El cuarto tipo de cambio es lo que llamó el gobierno el SICAD II. Este instrumento cambiario no es otra cosa que la permuta de títulos valores que fue perseguida y clausurada por el gobierno a partir de mayo de 2010. Ha dicho Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, Vicepresidente para el Área Económica y presidente de facto del BCV, que empresas y personas naturales podrán adquirir moneda extranjera en un nuevo mercado que se conformaría con la oferta del sector privado que desee demandar bolívares y para ello debe vender sus dólares y con las ventas de empresas que requieran hacer inversiones en Venezuela y necesiten bolívares. Los compradores serían todos aquellos que no puedan acceder a los dólares a la tasa de cambio oficial de Bs/US$ 6,30 ni al SICAD I. pero que también estimen que el dólar negro es demasiado costoso.

Según Ramírez, SICAD II funcionaría como una especie de banda, con un piso y un techo donde PDVSA y el BCV, ambas entidades dirigidas por él, ofertarían dólares para procurar estabilizar la cotización del bolívar. El evento más probable, si el mercado funcionase, es que el tipo de cambio se ubicaría al inicio en la vecindad de Bs/US$ 20,0 o más, con tendencia a depreciarse si el BCV y PDVSA no pueden satisfacer la demanda represada por moneda extranjera y además si el ente emisor sigue bombeando bolívares a una economía ya intoxicada por una moneda local que nadie quiere sino para transformarla en divisas. Por tanto, no es otra tasa de cambio lo que el país requiere sino más bien un programa económico coherentes, que este gobierno no está en condiciones de diseñar y aplicar.

@JoseAGuerra

En su gran mayoría, las opiniones califican al presidente Maduro como a un villano y a los líderes de la oposición como a héroes. Aclaro que no simpatizo con Maduro, no comparto sus posiciones, especialmente cuando toma decisiones que son antiliberales. Pero el fervor con el cual se ataca a Maduro conlleva a no analizar con mayor objetividad la naturaleza de la oposición y las dinámicas de lo que está pasando en el país vecino.

Hace exactamente 25 años, el 27 de febrero de 1989, se desató en Venezuela una rebelión que se venía cocinando a fuego lento entre un vasto y heterogéneo movimiento social conformado por campesinos, trabajadores, población afro e indígena, quienes salieron a las calles a protestar en contra de las políticas neoliberales del presidente Pérez. Este día pasó a la historia como el Caracazo. La represión fue violenta y dejó unos tres mil muertos. Hugo Chávez utilizó este movimiento social, que había nacido mucho antes que el chavismo, como base para llegar a la presidencia en 1998.

Las manifestaciones de estas semanas fueros desatadas por estudiantes en la ciudad de San Cristóbal, quienes protestan por la ola de violencia que afecta el campus universitario y la poca destreza del Estado para garantizar seguridad. El gobierno venezolano respondió con represión y la protesta desde la ciudad andina se extendió al resto del país. La oposición, frustrada con la derrota del pasado abril del moderado Capriles y con su fracaso en las elecciones locales en diciembre, alimentó las protestas para resucitar sus aspiraciones políticas.

Pero más que la fortaleza de la oposición, las protestas señalan, como lo resalta el politólogo George Ciccariello Maher, la división interna de la misma oposición y su radicalización. De hecho, además de Leopoldo López, han tomado relevancia líderes como María Corina Machado, que respaldó el golpe contra Chávez en 2002, y Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, que durante las protestas al comienzo de los años noventa presidió sobre la represión contra docenas de estudiantes.

La oposición hoy en Venezuela, más que una política nueva que emerge, representa un pasado que quiere regresar al poder. Encarna la revancha de la élite tradicional, despojada por el chavismo. Más que la multitud de indignados en Brasil, Chile o España, los disturbios en Venezuela se parecen a los de Kiev, donde las manifestaciones de grupos pro Unión Europea fueron infiltradas por la extrema derecha, como el partido ultranacionalista Svoboda.

Venezuela vive un momento delicado. No es fomentando el sectarismo y la polarización, denigrando a unos como villanos y elevando a otros como mártires, que se favorece una solución democrática y no violenta a la crisis. La historia del sectarismo político en Colombia debería servir de lección. Por el contrario, es necesario crear las condiciones de un ecumenismo político que con el método del diálogo permita enfrentar los grandes retos que enfrenta Venezuela.

@acivico

El Espectador