La vuelta a la realidad tras el receso de Semana Santa trae una certeza: la brecha en la oposición venezolana se ha profundizado como consecuencia de las posturas irreductibles frente al diálogo convocado por el Gobierno. Valga un hecho y su desarrollo para evidenciarlo. El Viernes Santo se cumplieron dos meses del arresto de Leopoldo López, el líder político venezolano que convocó las protestas callejeras contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El martes, el día de la última reunión con el Gobierno, la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos políticos de la oposición que mantiene conversaciones con el Gobierno con el auspicio del embajador del Vaticano en Caracas y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, trató de plantear su liberación en el marco de una Ley de Amnistía para todos los presos políticos. La propuesta no fue aceptada por la contraparte.

Con López preso crecen las dudas del sector más radical de la oposición venezolana sobre los poderes paliativos del diálogo para resolver la crisis. Era esa una de las condiciones planteadas por Voluntad Popular, la organización de López, para sumarse a la delegación que ya se ha reunido en dos ocasiones con el equipo designado por Maduro. Con su ausencia y la de los estudiantes universitarios opuestos al Gobierno los moderados han recobrado el protagonismo que habían perdido desde hace dos meses con la emergencia de López y de la defenestrada diputada María Corina Machado como los líderes de la oposición.

“La libertad de Leopoldo es un punto fundamental para nosotros, pero estamos buscando la manera de concretarla”, admite Ramón Guillermo Aveledo, secretario de la MUD, en una entrevista con este diario. Que eso no se haya logrado incluso antes de sentarse a la mesa alienta las dudas del sector que considera que el diálogo oxigena al chavismo. Hay otra razón quizá más poderosa. “El Gobierno sigue muy aferrado a su modelo económico y no admite que ese modelo es la causa de los problemas del país”, explica Aveledo. “El pacto sobre un modelo económico común a todos los venezolanos demandará mucha creatividad política para resolver problemas y avanzar sin que nadie sienta que sea derrotado”, agrega.

Este reconocimiento a las dificultades de pactar un proyecto de país es la base de las profundas desavenencias que mantienen dividida a esta sociedad desde hace tres lustros. Esa resistencia al cambio insufla además el espíritu insurreccional, de muy modestas proporciones, de la protesta callejera. Al caer la tarde del Sábado Santo en Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, los estudiantes salieron a protestar en el barrio Fundalara, un sector de clase media de casas de una planta rodeada por edificios más lujosos. Cuando la Guardia Nacional pretendía dispersarlos con disparos de perdigones y bombas de humo los mismos vecinos del sector levantaban las tapas de las alcantarillas para impedir que los vehículos antimotines persiguieran a los jóvenes. Otros, más osados, los subían a sus vehículos para ayudarlos a escapar y les prestaban apoyo logístico para que mantuvieran la protestas. Los manifestantes y sus mecenas son personas que no creen en los actos de constricción que está haciendo el Gobierno y están organizados para mantenerse en la calle por mucho tiempo.

En ese marco se desarrollan las citas entre Gobierno y la Mesa de la Unidad. Aunque Aveledo prefiere no reclamar logros, sí reconoce como un avance el hecho de que el Gobierno, que se negaba a sacar el debate del plano etéreo de la discusión ideológica, haya aceptado ampliar la comisión de la verdad y formarla con individuos confiables para las partes y revisar el caso del comisario Iván Simonovis, el preso político más emblemático de estos quince años de autodenominada revolución bolivariana. Establecer una verdad aceptada por las partes de lo ocurrido en los últimos dos meses es, en opinión de Aveledo, la forma de establecer un relato independiente que haga salir al chavismo de la idea de que exigir la renuncia en la calle equivale a un golpe de Estado en cámara lenta. Con esa verdad, piensa Aveledo, la crisis puede empezar a amainar

El ala dura de la oposición no es tan optimista. Si bien es partidaria del diálogo, considera que era necesario acumular mucha más fuerza para, entonces sí, hacer propuestas que permitieran cambios profundos en la estructura del Estado. La diputada defenestrada María Corina Machado piensa que en Venezuela no hay una institucionalidad que soporte la profundidad de los compromisos adquiridos en la reunión del pasado martes: la urgencia legislativa en el nombramiento de los cargos vacantes del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, la medida humanitaria por motivos de salud para el preso político más emblemático del régimen chavista, el comisario Iván Simonovis, y la ampliación de la Comisión de la Verdad. “El diálogo está dirigido desde La Habana y todos los poderes están sometidos al Ejecutivo”, afirma Machado en una entrevista telefónica.

Para esta semana Maduro ha anunciado una nueva ofensiva económica que lanzará el martes “para equilibrar toda la economía”. No hay detalles precisos, pero el recuerdo más reciente –la confiscación y remate de electrodomésticos a precios establecidos por el Gobierno, tomada en vísperas de las elecciones municipales de diciembre pasado- es un precedente nada alentador en términos del clima de acuerdo que debería rodear las conversaciones.

Aveledo es consciente de que la comisión debe producir resultados inmediatos. “Los enemigos del diálogo existen y están apostando al fracaso de este esfuerzo para seguir con su agenda”, dice. Esa preocupación se la han trasladado a los buenos oficiantes. La sombra de cumbres anteriores que se han disuelto en la nada, como el proceso conducido por la OEA en 2003, es el principal quebradero de cabeza de todos los venezolanos.

El País 

María Corina Machado introdujo la tarde de este lunes un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el parlamentario Diosdado Cabello, por impedirle entrar a su lugar de trabajo en la Asamblea Nacional. Junto a su abogado Tomás Arias, introdujo también una solicitud de amparo cautelar, para que, mientras el Tribunal responde a la solicitud de amparo, la diputada pueda entrar a la Asamblea.

Tomás Arias explicó que el impedimento a Machado de entrar a la plenaria de diputados “viola su derecho al debido proceso, en tanto que ningún procedimiento se estableció para el fin de la medida”.

Asimismo, según el mismo Arias, quien también es coordinador nacional del movimiento político “Vente Venezuela”, la acción de Diosdado Cabello va en contra de los derechos políticos de Machado, ya que al ganar las elecciones a las que se postuló, “el Estado debe facilitarle el ejercicio de sus funciones y no conculcarle sus potestades y prerrogativas”.

Además, apunta el abogado que también es violado el derecho a un trato igual, sin discriminación, entre los parlamentarios, pues tanto Adel El Zabayar (quien dejó su curul el año pasado para formar parte del ejército de Siria) y Diosdado Cabello (militar activo) violan la Constitución al ejercer “funciones no cónsonas” con la actividad parlamentaria y aún así no se han tenido las mismas consecuencias que la diputada Machado.

“Sigo actuando como diputada”

María Corina Machado expresó que acudió al TSJ aunque “los venezolanos sabemos que no hay justicia” para dejar constancia de la violación de sus derechos. “He venido, como debemos hacerlo todos, para llevar un registro de los atropellos que ha cometido” el Gobierno, porque “habrá justicia y es importante que quede evidencia y pruebas” y porque “esto es necesario a los efectos de poder ejecutar acciones fuera del país”.

“Todos sabemos que lo que ha ocurrido al expulsarme a la fuerza de la Asamblea Nacional es un hecho monstruoso, que viola la Constitución y que no tiene un precedente en la historia de Venezuela. No solamente se violan mis Derechos Humanos y garantías constitucionales, sino sobre todo los de los miles de venezolanos que votaron por mí para que yo fuera su voz y de los millones a quienes me toca y es mi obligación representar”, expuso la asambleísta.

Así, aseguró que “sigo actuando como diputada, porque es lo que soy” y enfatizó que Diosdado Cabello no tiene potestad para desconocer esa realidad, por lo que seguirá denunciando ante la comunidad internacional las violaciones a los Derechos Humanos que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro, según reseña la nota de prensa

“Me quieren callar porque yo soy la voz de ustedes, de los venezolanos que no tienen voz, de estos estudiantes que están hoy detenidos y torturados, de sus madres, de sus amigos, de los empleados públicos. [Pero] seguiré en la calle acompañándolos y llevando su voz por el mundo entero, porque es mi deber como su diputada, como venezolana”.

El Universal 

Recientemente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, publicó una columna de opinión en el periódico The New York Times en un intento por contrarrestar la cobertura desfavorable que ha recibido su Gobierno en la prensa tras la represión de múltiples protestas en los dos últimos meses. Acusó a los medios internacionales de haber “distorsionado la realidad” de Venezuela al describir las protestas como pacíficas y a la democracia del país como “deficiente”. Sin embargo, las medidas que adoptó para responder a las protestas en el país demostraron que las deficiencias de la democracia venezolana son absolutamente palpables. No sólo las fuerzas de seguridad han cometido abusos contra manifestantes que no estaban armados, sino que además su Gobierno ha censurado la transmisión informativa de las manifestaciones y encarcelado a un dirigente opositor que apoyó las movilizaciones.

El presidente Maduro ha enfrentado dificultades importantes desde que triunfó por una ajustada diferencia en las elecciones presidenciales celebradas hace un año. Fiel discípulo de Hugo Chávez, fallecido en marzo pasado, Maduro heredó el apoyo de cerca de la mitad de los votantes del país, muchos de los cuales se han beneficiado con los programas sociales gestionados por el Gobierno durante la última década. Pero también heredó una de las tasas de homicidio más altas del mundo y una economía que atraviesa serios problemas, con un índice de inflación que el año pasado sobrepasó el 56%, al cual se agrega una escasez crónica de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

Las actuales protestas comenzaron a principios de febrero, cuando estudiantes universitarios del Estado de Táchira se congregaron para exigir mayor seguridad pública. Las protestas se propagaron rápidamente por el país, y a las demandas iniciales se fueron sumando otras, como críticas a la inflación y al desabastecimiento. Poco después se sumaron también miembros de la oposición política venezolana, cuyo candidato moderado, Henrique Capriles, casi había conseguido derrotar a Maduro en los comicios de abril pasado. El posterior intento de Capriles por convertir las elecciones regionales de diciembre en un referendo sobre la continuidad de Maduro fracasó, y los candidatos oficialistas finalmente se impusieron. Luego, varios de los líderes más combativos de la oposición llamaron a sus simpatizantes a participar en las marchas y declararon que no abandonarían la protesta hasta conseguir “la salida”, o sea, que Maduro dejara de ser presidente.

El Gobierno encarcela a opositores, controla a los jueces, maltrata a los detenidos y  cierra canales de televisión

El 12 de febrero, Caracas fue escenario de sucesos violentos en los que algunos manifestantes arrojaron piedras y miembros de las fuerzas de seguridad dispararon municiones. Tres personas murieron a causa de los disparos, incluidos dos manifestantes y un partidario del Gobierno, lo cual suscitó una nueva ola de protestas en más de 20 ciudades. Si bien la mayoría de las protestas se han desarrollado pacíficamente, en muchos lugares los manifestantes han instalado barricadas, y algunos han lanzado piedras y cócteles Molotov. Las fuerzas de seguridad fueron movilizadas para contener las manifestaciones, y hay numerosas acusaciones de abusos, incluidos casos en que se abrió fuego contra manifestantes que no estaban armados y de personas que sufrieron palizas mientras permanecieron detenidas. Bandas de civiles armados afines al Gobierno han circulado en motocicletas por distintas ciudades y han atacado a manifestantes e infundido temor para evitar que nuevas personas se sumaran a las protestas. Gran cantidad de personas han resultado heridas y más de 30 han perdido la vida, incluidos civiles, policías y miembros de la Guardia Nacional.

En su columna en el Times, Maduro reconoció que las fuerzas de seguridad cometieron abusos, pero insistió en que habían sido muy aislados y que su Gobierno “había respondido con la detención de los presuntos responsables”. Las autoridades han arrestado, en efecto, a más de una decena de miembros de las fuerzas de seguridad en las últimas semanas (si bien lo hicieron a raíz de que se trascendieran grabaciones de vídeo que mostraban el uso de armas de fuego contra manifestantes). Sin embargo, su primera reacción a los asesinatos del 12 de febrero consistió en arrestar a políticos de la oposición.

El primero fue Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y uno de los actores que más enérgicamente ha exigido la salida de Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, señaló a López como el “autor intelectual” de los acontecimientos violentos del 12 de febrero, y la Fiscalía General gestionó rápidamente una orden de detención en su contra por diversos cargos, incluido el de homicidio. Consiguió asimismo que se librara una orden de arresto contra Carlos Vecchio, también dirigente de Voluntad Popular, y otras dos figuras de la oposición. Después de ocultarse varios días, López finalmente se entregó y fue trasladado a una prisión militar, donde lleva detenido casi dos meses. Vecchio y los otros opositores se mantienen en la clandestinidad. El Gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen a López o los demás con hechos de violencia u otros delitos.

En marzo, las autoridades también comenzaron a perseguir a alcaldes opositores. El 19 de marzo arrestaron a Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de Táchira, donde comenzaron las primeras protestas, quien había denunciado el uso de la fuerza contra manifestantes por el Gobierno, y a Enzo Scarano, alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Valencia donde también se habían producido protestas. El mismo día de las detenciones, el Tribunal Supremo condenó al alcalde Scarano a más de diez meses de prisión por no acatar una orden judicial que disponía el levantamiento de cortes de vías de circulación organizados por los manifestantes, y la semana siguiente condenó al alcalde Ceballos a un año de prisión por el mismo delito. Desde entonces, el Tribunal ha dictado órdenes de detención contra otros cuatro alcaldes, y confirmó la decisión de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional que destituyó a la legisladora María Corina Machado, aliada política de López, para que ella también fuera procesada.

Las causas penales contra líderes de la oposición alertan sobre la ausencia de un poder judicial independiente

Estas causas penales alertan sobre uno de los problemas más flagrantes de la democracia venezolana en la actualidad: la ausencia de un poder judicial independiente. Desde que el Tribunal Supremo fue copado por magistrados chavistas en 2004, sus miembros han rechazado abiertamente la noción de separación de poderes y se han comprometido públicamente a apoyar las políticas del Poder Ejecutivo. Numerosos jueces de tribunales inferiores han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que vayan contra intereses del Gobierno. El juez que reconozca los derechos de López y otros líderes de oposición se expone a ser destituido de manera sumaria por el Tribunal Supremo, o incluso sufrir represalias más severas. En 2009, cuando la jueza María Lourdes Afiuni, para dar cumplimiento a una recomendación de la ONU (y a lo dispuesto por el Derecho venezolano), otorgó la libertad condicional a un opositor del Gobierno, el presidente Chávez exigió que fuera encarcelada. Permaneció más de un año en prisión, al cual se añadieron otros dos bajo arresto domiciliario.

El presidente Maduro y su ministro de Justicia han señalado en varias oportunidades que corresponde al sistema judicial determinar si los políticos que fueron encarcelados son culpables de los delitos que se les atribuye. Sin embargo, a la luz del control que ejerce el Gobierno sobre la justicia, estas garantías pierden plausibilidad, al igual que la afirmación de Maduro de que los funcionarios públicos que han cometido abusos responderán por sus actos.

Los esfuerzos del Gobierno por controlar la información sobre las protestas han sido igualmente alarmantes. El 11 de febrero, antes de que se produjeran víctimas fatales, el director del órgano del Estado que regula a los medios de comunicación les advirtió que podrían sufrir consecuencias legales por sus transmisiones de los sucesos violentos en el marco de las protestas. La advertencia era válida. Durante la presidencia de Chávez se dictaron normas que prohíben difundir mensajes que “fomenten zozobra en la ciudadanía” u “ofendan” a funcionarios gubernamentales, y autorizan al Gobierno a cerrar canales de televisión y estaciones de radio cuando lo considere “conveniente a los intereses de la Nación”.

Pocas horas después de las primeras muertes el 12 de febrero, el presidente Maduro obligó a proveedores de televisión por cable a interrumpir la señal de NTN24, un canal internacional de noticias que se transmite en toda América Latina, debido a su amplia cobertura de los hechos violentos. Al día siguiente, anunció que su Gobierno “tomar[ía] medidas” contra la agencia de noticias France Presse por haber “distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero”. El 16 de febrero, la ministra de Comunicaciones e información anunció que el Gobierno “tomar[ía] acciones judiciales” contra periódicos nacionales e internacionales por utilizar “fotografías manipuladas” para la cobertura informativa.

El sindicato de prensa ha documentado más de 170 “actos de agresión” de las fuerzas de seguridad contra periodistas

El presidente Maduro se dirigió luego a CNN, y anunció el 20 de febrero que había iniciado los procedimientos para sacar del aire al canal en Venezuela. Según afirmó, CNN participaba en “propaganda de guerra” con la intención de “justificar la guerra civil en Venezuela y la intervención del ejército gringo [en el país]”. Siete periodistas de CNN informaron que les fueron revocadas sus licencias de prensa. Al día siguiente, Maduro cambió repentinamente el rumbo y declaró con tono victorioso que CNN había “rectificado” su cobertura y, por lo tanto, se le permitiría seguir transmitiendo desde el país.

Las embestidas contra estos canales internacionales no constituyeron simples actos de improvisación ante la inminencia de una crisis, sino la más reciente medida de presión de una estrategia que, desde hace una década, pretende controlar el contenido de las noticias de la televisión venezolana. Cuando Chávez fue separado brevemente del poder en 2002 durante un fugaz golpe de Estado, los cuatro principales canales privados de televisión dieron amplia cobertura a la intentona golpista, y luego suspendieron la transmisión cuando partidarios de Chávez se movilizaron masivamente para exigir que fuera restablecido en el cargo. Tras el golpe, Chávez adoptó medidas enérgicas para reducir el acceso de sus opositores a las señales de radio y televisión, incluso advirtiendo reiteradamente a los canales y estaciones que podrían perder su licencia. Dos de los cuatro canales privados redujeron su programación crítica, un tercer canal fue obligado a salir del aire y el cuarto fue acosado mediante sanciones administrativas y acciones penales, hasta que su titular finalmente lo vendió a inversionistas aparentemente vinculados con el Gobierno, que han limitado significativamente su programación crítica.

El Gobierno también aumentó de uno a seis la cantidad de canales de televisión gestionados por el Estado y ejerció asiduamente su facultad de transmitir “cadenas” o emisiones obligatorias. Así, ha exigido a todos los canales de televisión y estaciones de radio del país que interrumpieran su programación habitual para transmitir cientos de mensajes presidenciales: en estas transmisiones, Chávez anunciaba nuevas políticas, inauguraba escuelas, se dirigía a los asistentes de reuniones políticas, tocaba la guitarra, celebraba su cumpleaños y, casi sin excepción, increpaba a sus detractores.

Estas tácticas continúan con la presidencia de Maduro. Los canales venezolanos han evitado transmitir en vivo protestas contra el Gobierno, pero sí lo hacen cuando se trata de manifestaciones a favor del actual mandatario. Desde el 12 de febrero, el Gobierno ha ordenado más de 30 cadenas nacionales, que suman más de de 45 horas de transmisión, algunas de las cuales han sido usadas por Maduro para denunciar que los manifestantes intentaban instigar un golpe “fascista”. Si bien algunos programas de noticias han entrevistado a dirigentes opositores y críticos del Gobierno, lo hacen acatando restricciones legales y políticas. Un defensor local de derechos humanos que fue invitado a un programa me comentó, por ejemplo, que el conductor le advirtió antes de salir al aire que el canal había recibido instrucciones del Gobierno de tratar el tema de las barricadas con suma cautela. Esta semana, un presentador de noticias de uno de los principales canales renunció mientras estaba al aire debido a las restricciones impuestas a la cobertura que, según indicó posteriormente, incluían “instrucciones específicas” de no usar las palabras “barricada”, “desbastecimiento” ni “protesta pacífica”.

Maduro interrumpió la señal del canal latinoamericano NTN24 y amenazó con sacar del aire a CNN

Las amenazas contra CNN y la censura de NTN24 también han enviado un mensaje a los medios venezolanos, según señalan defensores locales de la libertad de prensa, quienes aseveran también que miembros de las fuerzas de seguridad han intimidado a periodistas que informan sobre los enfrentamientos en las calles. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela ha documentado más de 170 “actos de agresión” cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad contra periodistas, incluidas agresiones físicas, amenazas y detenciones. Por ejemplo, el fotógrafo de la revista Exceso Rafael Hernández fue detenido luego de captar con su cámara el momento en que un policía golpeaba a una mujer, y recibió varias palizas durante las nueve horas que permaneció retenido. La policía confiscó su cámara y las imágenes.

Las cifras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa serían más alarmantes si tomaran en cuenta las agresiones contra ciudadanos comunes que han documentado por su propia iniciativa la violencia contra manifestantes. Marvinia Jiménez, de profesión costurera, fue atacada por una oficial de la Guardia del Pueblo cuando intentó filmar con su teléfono a miembros de la Guardia Nacional mientras disparaban a manifestantes. Jiménez fue arrojada al asfalto, y una vez allí la oficial la inmovilizó sentándose encima de ella y la golpeó en la cabeza con su casco, a raíz de lo cual sufrió graves contusiones en el rostro. Pasó la noche detenida y actualmente enfrenta cargos por resistirse a la detención. Afortunadamente, varias personas filmaron la golpiza con sus teléfonos celulares y pudieron mostrar al mundo lo sucedido.

Los defensores de Chávez y Maduro a menudo intentan restar gravedad a las preocupaciones sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela, mostrando para ello ejemplos de información crítica con el Gobierno que se publica en varios periódicos del país. Es cierto que el Gobierno no ha atacado a la prensa escrita con la misma determinación con la que arremetió contra medios televisivos, posiblemente debido a que los venezolanos que leen periódicos son sólo un pequeño sector comparado con quienes ven televisión. Sin embargo, varios periódicos han sido objeto de sanciones administrativas —e incluso acciones penales— por su cobertura informativa. En noviembre pasado, el director de El Mundo, un diario de baja circulación, fue despedido después de que Maduro fustigara públicamente la “perversidad de los dueños”, en reacción a un titular donde se criticaba a su Gobierno.

Y desde que empezaron las protestas, Últimas Noticias, el periódico de mayor circulación del país, ha recibido presiones por su línea informativa independiente. Tal vez su artículo más importante haya sido un análisis de grabaciones de vídeo tomadas el 12 de febrero, que captaron imágenes de policías uniformados acompañados por hombres vestidos de civil mientras disparaban contra manifestantes que intentaban escapar del lugar, y en las cuales incluso se ve cómo uno de ellos cae abatido a causa de un balazo mortal en la cabeza. Cuando este material se difundió por Internet el 19 de febrero, se convirtió en la primera evidencia firme de que los agentes de las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza letal contra manifestantes que no estaban armados, y para el Gobierno se tornó más difícil atribuir esa violencia a la oposición. Sólo después de este informe comenzaron los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad, y la fiscalía se sintió obligada a retirar los cargos de homicidio contra Leopoldo López.

La oposición deberá, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el Gobierno deje el poder

Sin embargo, pronto se hizo evidente que no sería fácil para el periódico seguir publicando estas revelaciones. Poco después de la difusión del informe, el presidente del grupo de medios al cual pertenece Últimas Noticias renunció a su cargo y fue reemplazado por un exgobernador y abierto partidario del Gobierno de Maduro. La vicepresidenta del grupo renunció una semana después, y explicó que su decisión se debió a que el nuevo presidente le había pedido que politizara el contenido del periódico. Y a fines de marzo, la directora de la Unidad de Investigación del periódico, que había preparado el informe del 19 de febrero, renunció a modo de protesta cuando este medio decidió en el último momento no publicar otro artículo sobre las manifestaciones debido a que era demasiado “político”.

Ese artículo —que desde entonces ha sido publicado de manera independiente— es obra de la experimentada periodista Laura Weffer, quien estuvo presente y dialogó con manifestantes y también con miembros de la Guardia Nacional durante enfrentamientos en la Plaza Altamira, la principal plaza de Caracas donde se han congregado los manifestantes desde el 12 de febrero. El artículo de Weffer describe a los manifestantes como personas de origen humilde que se vuelcan al activismo debido a la difícil situación económica. También ofrece a varios soldados la oportunidad de contar su perspectiva. Un joven soldado de la Guardia Nacional cuenta: “Mi mamá, del Zulia, tiene que calarse la misma cola que la que hacen estos chamos, para comprar cualquier pote de aceite. Yo creo que ellos tienen razón, pero a veces se pasan”.

Pero esta información no coincide con la versión que ofrece el Gobierno de la realidad, según la cual, como Maduro escribió en el Times, “las protestas son organizadas por personas de los sectores más privilegiados de la sociedad” que no están en contacto con las aspiraciones del pueblo venezolano.

De hecho, para Maduro y sus seguidores, la verdadera ofensa cometida por López y otros opositores es haber usado “la salida” como su eslogan. En su opinión, el reclamo de que el presidente renuncie al poder equivale a un golpe de Estado. Sin embargo, exigir la salida no constituye un golpe de Estado; tampoco es, ni debería ser, un delito. Un golpe se produce cuando se toma el poder por la fuerza, y no cuando simplemente se reclama la dimisión. En una sociedad democrática, las personas deberían tener la libertad de tomar un megáfono, marchar por las calles y pedir lo que quieran a sus líderes electos.

Si la salida es o no una estrategia política acertada, eso ya es otro asunto. Algunos líderes de oposición han criticado esta retórica. El ex candidato presidencial Capriles ha instado a la oposición a que se ocupe de problemas concretos que afectan a la mayoría de la población. Difícilmente la oposición pueda sumar a sus filas a expartidarios de Chávez si estos creen que un nuevo golpe está en ciernes. También es menos probable que los manifestantes puedan estar seguros en las calles si miembros de las fuerzas de seguridad y bandas afines al Gobierno también creen en la posibilidad de un golpe de Estado. Y no debería sorprendernos que esta creencia esté extendida: durante más de una década, el Gobierno se ha ocupado de mentalizar a sus partidarios para que vislumbren el riesgo de un golpe de Estado prácticamente en cualquier situación. También lo hace Maduro en su artículo en The New York Times, cuando pone de relieve que algunos opositores apoyaron el breve golpe de 2002.

Ese evento se produjo hace doce años. En cambio, el daño que el Gobierno venezolano le está causando a la democracia en el país está sucediendo ahora: encarcela a opositores políticos, controla al Tribunal Supremo, intimida a jueces, golpea a manifestantes, comete abusos contra detenidos, tolera a violentas bandas de civiles armados que defienden al Gobierno, cierra canales de televisión, censura a periodistas y llena las ondas con transmisiones obligatorias en las cuales el presidente califica de criminales y ”fascistas” a sus críticos.

Algunas voces sensatas, tanto dentro de Venezuela como en el exterior, han señalado que la única salida a la crisis actual es a través del diálogo entre el Gobierno y sus opositores, y el 8 de abril el presidente y líderes de la oposición acordaron iniciar conversaciones. Para que se produzca un diálogo genuino, la oposición deberá, casi sin ninguna duda, abandonar la exigencia de que el Gobierno deje el poder. Pero, sobre todo, el Gobierno deberá dejar atrás las tácticas autoritarias que ha estado empleando para dirigir el país.

Daniel Wilkinson 

*Subdirector para las Américas de Human Rights Watch

*Artículo fue publicado en inglés por el New York Review of Books

@DWilkinsonNYC

Human Rights Watch

Elmer Brook, Presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento Europeo en nombre de los diferentes partidos políticos que integran el arcoíris de posiciones ideológicas, invitó la semana pasada a María Corina Machado para que expusiera ante la Eurocámara la situación de Venezuela. La valiente dirigente al aceptar la invitación, continuó con su peregrinaje por el mundo para responder  a otra invitacion como las de  las Comisiones de Política Exterior del Senado del Perú, del Senado de Estados Unidos, del Senado de Brasil y ahora de los parlamentarios reunidos en Estrasburgo a pesar de amenazas de desafuero, en su defensa incansable por los principios de la Patria Democrática contenida en la Constitución.

¿Por qué existe tanto interés en escucharla?  Los dirigentes democráticos del mundo quieren conocer las razones de lo que sucede hoy, transcurridos más de dos meses desde que los estudiantes iniciaron un movimiento de protestas de proporciones nunca vistas en Venezuela, y como puede ayudar la comunidad internacional a que se encuentre una solución al drama que día tras día, semana tras semana, viven centenares de miles de venezolanos que se lanzaron a la calle en todo el territorio nacional para expresar en diferentes formas pero de  manera pacífica, su indignación en rechazo a la crisis económica, política, social y ética –como resultado de quince años de errores, incapacidad y contradicciones.

Tampoco entienden por qué el Gobierno se niega a dar las condiciones solicitadas por los verdaderos interpretes de esta indignación  a quienes prefiere reprimir, encarcelar, inhabilitar, torturar y en muchos casos camuflar la muerte de decenas de compatriotas, prefiriendo un dialogo tranquilo con Gobiernos amigos invitados de UNASUR para presenciar en Miraflores conversaciones con dirigentes políticos de oposición que si bien han logrado un dialogo por primera vez en tres lustros, no representan a todos los sectores, ni han logrado que se adopte una agenda que establezca mecanismos de solución a los problemas.

A nivel internacional se ha entendido claramente la situación que vive Venezuela, y han encontrado en la Diputada María Corina Machado una clara expresión de denuncia, quien en su peregrinaje internacional participó ante el Parlamento Europeo, para exponer que en Venezuela “no hay autonomía de poder, se viola la Constitución y el Parlamento es manejado por quien lo preside”. Expuso que el Gobierno ha utilizado a los cuerpos de seguridad y a “paramilitares” para “reprimir” protestas y que además, han sido apresados dos alcaldes, Enzo Scarano y Daniel Ceballo, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y denunció el despojo de su investidura como diputada por su participación ante la OEA.

Como conclusión, el Demócrata Cristiano Ignacio Salafranca y el Socialista Luis Yáñez Barnuevo recordaron la resolución del Parlamento Europeo aprobada por sus grupos políticos respectivos con el apoyo de liberales, conservadores, verdes y los partidos democráticos que integran el Foro Parlamentario Comunitario, anunciando la disposición de que una Misión que viaje a Venezuela en Junio para constatar la realidad. Bienvenidos demócratas europeos.

Milos Alcalay

@milosalcalay

“Aquí no se está pasando hambre, como en los tiempos de la Cuarta República”, enfatizó este lunes el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, tras destacar que los venezolanos consumen en la actualidad 2.285 calorías diarias, que representan 99% de la cantidad necesaria para los seres humanos, de acuerdo con el resultado de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, que elabora este organismo.

Eljuri resaltó, en entrevista con Radio Nacional de Venezuela (RNV), que en el país “ha mejorado el consumo de la población, que en gobiernos anteriores no ingería ni pollo ni carne”.

Asimismo, indicó que más de 13 millones de personas adquieren al menos un producto de la red estatal Mercados de Alimentos (Mercal), que ofrece artículos de la canasta básica con 80% de descuento.

El presidente del INE subrayó que los sectores de menores ingresos están conscientes de que el Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos con su política social para incluir a la mayoría del pueblo.

Mencionó cifras importantes, como la reducción a 5,5% de la pobreza estructural, el aumento de la matrícula universitaria de 800.000 a 2,6 millones de estudiantes, la atención en salud a 82% de los habitantes a través del sector público y el suministro gratuito de tratamientos de alto costo, para el cáncer, diálisis o otros, que suponen montos de hasta 100.000 bolívares, inalcanzables para la clase media u obrera.

De este modo, Eljuri llamó la atención sobre el hecho de que ni las grandes mayorías de personas de menores ingresos ni de estudiantes participa en las manifestaciones de la derecha, caracterizadas, además, por su violencia.

Eljuri puntualizó que entre los retos del país está mejorar cada día más la distribución del ingreso, así como la lucha de todos por derrotar la especulación, el acaparamiento, la reventa de artículos que son suministrados por el Estado a precios bajos y luego se ofrecen al pueblo en montos mucho más altos, así como el contrabando de extracción, que se ha

señalado como responsable del desvío de casi 30% de los productos nacionales a Colombia.

Además, indicó que también se debe elevar la calidad de lo que consumen los venezolanos, pues las cifras de obesidad pasan de 30% de la población.

El Tiempo / El Nacional 

Invitan al Gobierno a tomar en cuenta la canasta básica y la alta inflación

A dos semanas del 1 de mayo, Día del Trabajador, sindicatos se mantienen a la expectativa sobre el aumento del salario mínimo en 2014.

Ya en abril del año pasado, a una semana de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro había anunciado el aumento salarial que luego se hizo oficial a partir del 1 de mayo. Pero hasta la fecha no ha habido adelantos.

Tanto el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicatos (Fadess) como la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) coinciden en que el anuncio oficial debe servir para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la elevada inflación, que en 2013 terminó en 56,3%, y cuyas proyecciones de este año no lucen alentadoras.

Para Froilán Barrios, portavoz del Fadess, solo con tomar en cuenta el alza de precios del último año cualquier ajuste salarial debería superar el 100%, para que así se cumpla el artículo 91 de la Constitución de que “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

La experiencia inflacionaria de 2013 obligó al Ejecutivo a declarar un aumento del salario mínimo de 59,75%, fraccionado en cuatro partes, que permitió llevar la remuneración básica de 2.047,52 bolívares a 3.270,3. Este año la firma Ecoanalítica proyecta una inflación de 76%, con una caída de 14,2% del sueldo mínimo y de 16,4% del salario promedio.

Servando Carbone, coordinador de Únete, considera que estas estimaciones tienen que ir llamando a la reflexión al Gobierno, para evitar futuros conflictos laborales. Así, lo invitó a abandonar la práctica de solo aumentar el sueldo mínimo y plantearse un aumento general de salarios no menor a 70%, “porque la inflación volvió sal y agua lo que ganan los trabajadores”.

Insistió en la necesidad de que se revise el tabulador de la administración pública, pues la diferencia entre cada escala se ha ido achatando.

El dirigente sindical lamentó que sean los trabajadores quienes estén pagando las consecuencias de la política económica oficial. “Desde el mismo momento que el Presidente Maduro asumió el poder la moneda se ha devaluado de forma exponencial y eso evidentemente impacta el poder adquisitivo del trabajador”, manifestó.

Según Carbone, hasta la fecha el Ejecutivo no ha consultado a Únete sobre el aumento salarial. Tampoco al Fadess. Barrios cree que se desperdicia una oportunidad para sentarse con los representantes de los trabajadores, independientemente de la ideología política, y adoptar medidas que redunden en beneficios para los 13 millones de empleados que existen en el país.

Desde mayo de 2012, con la reforma de la Ley del Trabajo, quedó eliminada la instalación de una reunión tripartita para la discusión del salario. Aunque, Barrios, recordó que ya era una práctica inusual, pues el Gobierno de forma unilateral venía anunciando los ajustes.

Para dotar de poder adquisitivo a los trabajadores, Fadess plantea que más que ajustar la remuneración básica, el Gobierno debe adoptar otras políticas que estén en sintonía con una mayor producción de bienes, minimicen la escasez y frenen la escalada de precios. De lo contrario, “cualquier porcentaje que se pida para el aumento salarial y contrato colectivo queda desactivado por los niveles de inflación”, advirtió Barrios.

El movimiento sindical se prepara para una gran marcha unitaria el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador. Entre las demandas se encuentra un aumento de salario que tome como referencia el costo de la canasta básica, como dice la Constitución.

El Universal