Una de las exigencias es que reactiven las remesas hacia Colombia, que representa 85% de los ingresos de las casas de cambio, para así mantenerse en operatividad
La Asociación Venezolana de Casas de Cambio señala que actualmente está en riesgo los empleos de más de 900 trabajadores que laboran en este sector, debido a que aún no se ha definido la normativa del Banco Central de Venezuela (BCV) que regule y desarrolle las condiciones bajo las cuales podrán realizar sus actividades, según se reseña en un comunicado oficial, publicado en prensa ayer .
Mientras se discutía los lineamientos que establecería el BCV, se el gremio pidió operar con Sicad 2, que se posiciona en un rango de Bs. 49 y Bs. 50 el dólar , para reanudar las remesas colombianas, la cuál fue aceptada el 3 de abril en una providencias, donde van a poder operar bajo ese mecanismo.
Pero el presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Cambio, César Atencio explicó que no han podido entrar a la subasta de Sicad 2, porque no conocen como operar y bajo que fundamentos.
“Hay una cantidad de venezolanos que están dispuesto a mandar las remesas a Bs. 50 por dólar , pero no hay manera de negociar mientras no haya un acuerdo.
En la transición de conocer que decisión que tomará el Gobierno, las casa de cambio en el país registran una cuantiosa pérdida de sus ingresos debido a la suspensión del envío de las remesas familiares hacia Colombia desde el 7 de febero de 2014. Los representantes del sector han propuesto al Ejecutivo trabajar diversas medidas, pero Atenció afirma que las casas de cambio son los últimos en la fila para entrar en el nuevo esquema económico del país.
“Lo que se pide es que nos den una alternativa temporal, mientras el Banco Central de Venezuela se pone de acuerdo con el Banco colombiano de la República y se eliminaríamos cualquier tipo de arbitraje”, condenó Atencio sobre la necesidad de aplicar esa opción .
El presidente del ente repudió la matriz de opinión que sostiene que los ciudadanos colombianos procuran hacer negocio con este trámite, pues los colombianos se beneficia de este mecanismo desde hace 25 años, previo al control cambiario.
Atencio añadió que el problema radica en que no saben el monto que se puede asignar, si se le da prioridad a los clientes nuevos o a los existentes, y además, no conoce ninguno de lo requisitos que se le solicitan a los que ingresan a realizar transacciones.
Sin explicaciones
César Atencio comentó una comparación que existe entre la regulación para los turistas que llegan a Maiquetia, quienes pueden cambiar dólares en la banca pública a la tasa Sicad 1 y que un persona en el exterior pueda enviar $100 a un familiar que reside en Venezuela.
“Es lo mismo que un turista venga y cambie sus dólares a un venezolano que envíe una remesa familiar a través de nosotros; así que no me explico porque no ha salido la resolución”, sentenció.
Actualmente, las casas de cambio reciben entre $500 mil y $600 mil mensuales, de las per que remesas desde México, Ecuador o Bolivia, pero los operadores no pueden hacer nada para suplir la demanda en el mercado cambiario, ya que solo puede venderlos al BCV.
El Convenio número 028, donde se establece la actuación de las casas de cambio el mercado alternativo de divisas, pero Colombia ha sufrido una discriminación importante, que afecta al 85% de las operaciones cambiarias que ingresan al país.
Los afectados
“ Las 13 casas de cambio que operan en el país están a punto de cerrar sus puertas, y más de 1800 personas perderán su empleo, ya que estamos sin operatividad fluida desde hace 4 meses y debemos pagar nomina; es un tema patrimonial que nos afecta directamente”, sentenció Atencio al explicar lo que esta en juego si el Gobierno no decide a tiempo.
Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió debe buscar una estrategia para que el gobierno de Venezuela reactive las remesas que envían los colombianos residentes en este país a sus familiares en Colombia.
En rueda de prensa asignó al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas para negociar y dijo que es legal para el gobierno colombiano intermedie para resolver el conflicto, ya que viven 40 mil familias en Norte de Santander, las mismas que han resultado afectadas ante esta decisión temporal adoptada por autoridades venezolanas. “Los clientes colombianos usan las remesas para pagar gastos básicos como colegios o medicinas, y se han regresado por no tener ese soporte; ese es el llamado que le hago al Gobierno”, concluyó Atencio.
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