Decisión de madrugada, testigos ignorados, análisis semiológicos y una “llamada de Cuba” signaron la audiencia
En juicio político el derecho no prospera. La defensa de Leopoldo López intentó revertir las acusaciones de la Fiscalía, pero sabía que lo vivido el miércoles y el jueves en la madrugada no fue una audiencia sino una “simulación”. La audiencia, para determinar sí iba a juicio, asegura, estuvo llena de irregularidades: desde los testigos hasta las presiones del Ministerio Público a última hora se dieron para anunciar una decisión cantada.
El abogado Roberto Marrero indicó que enjuiciarán a los estudiantes Christian Holdack y Marco Coello detrás de las rejas para justificar la imputación del delito de asociación al coordinador nacional de Voluntad Popular.
“Ninguno conocía a López antes de este proceso; no están inscritos en el registro electoral, no votan, no militan en ningún partido y los quieren acusar de asociación”, señaló.
López ni siquiera pudo sentarse cerca de sus defensores porque en un momento en que vio el celular del abogado Bernardo Pulido, guardias nacionales corrieron a separarlos, aseguró una fuente.
Marrero dijo que ayer no se tomó decisión a las 3:26 de la madrugada porque la jueza Adriana López sabía desde mucho antes lo que debía hacer, pues a las 7:30 de la noche “recibió una llamada desde Cuba” en la que le dijeron cuál debía ser el fallo. “La jueza solo quiso esconderse para decir la sentencia en la madrugada”, expresó.
Aseguró que los testigos de la defensa no fueron tomados en cuenta por la jueza, que no aceptó el testimonio de camarógrafos ni de periodistas de varios medios que cubrieron el 12-F; pero sí escuchó a funcionarios del Cicpc que cuentan cómo detuvieron a López.
“¿Cómo lo aprehendieron si se entregó voluntariamente ante la GNB? Eso no fue un juicio, fue una simulación. No aceptaron pruebas, no hubo debate, nos negaron todos los testigos porque, según ellos, no hacían falta porque había cámaras y videos que demostraban todo. Pedimos verificar quién grabó esos videos y nos ignoraron”, agregó.
La defensa denunció que 9 de cada 10 testigos (90%) eran funcionarios del Estado que la Fiscalía considera víctimas.
Otro elemento clave en la decisión de la jueza fue el análisis semiológico del discurso de López en la movilización del 12-F hecho por 2 figuras ligadas al oficialismo: Rosa Amelia Asuaje de León, filóloga y articulista de Aporrea, y Mariano Alfonso, que fue viceministro de Gestión Comunicacional e integrante de Periodistas por la Verdad. Concluyeron que López envió un mensaje “subliminal” para incitar a la violencia.
“La señora es experta en griego, ¡pero es que Leopoldo no habla griego! Al parecer Leopoldo dice una cosa y logra que la gente haga otra. Cuando dice ‘fuerza y fe’, al parecer la f es de fuego; vayan y echen fuego”, dijo Marrero.
A las 7:00 de la noche del miércoles la Fiscalía hizo un cambio de fondo, prohibido en una audiencia: la propia Fiscalía y el Cicpc dejaron de ser víctimas y colocaron a la colectividad.
Cambio. Voluntad Popular convocó a una concentración el domingo, a partir de las 10:00 am en la plaza Brión de Chacaíto, para proponer la vía para el cambio de régimen, informó Freddy Guevara.
Fuentes políticas aseguran que propondrán una constituyente o la renuncia del presidente.
López lamenta a través de una carta que la jueza Adriana López “vendiera su conciencia” al gobierno. A Nicolás Maduro le expresa: “Tienen razón en tenernos miedo. Unidos lograremos la derrota de la dictadura”.
La defensa introducirá un recurso de apelación el miércoles y estudia si es necesario presentar un amparo ante la Sala Constitucional, como también una solicitud de avocamiento ante la Sala de Casación Penal.
Calculan que el juicio contra López comenzará a finales de agosto.
Parapeto de justicia
Henrique Capriles aseguró que la decisión del Tribunal 16° de Control de pasar a juicio a Leopoldo López no es más que “una parapeto de justicia”, que se preparó desde hace tiempo.
“La decisión contra Leopoldo y los estudiantes indica que en Venezuela la justicia está podrida. Nosotros hemos podido tener diferencias en cuanto a cómo plantear la lucha, pero que alguien le pida la renuncia a Nicolás Maduro no lo convierte en un delincuente”, expresó.
El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que la decisión contra López no fue judicial sino radicalmente política: “No se han aportado pruebas convincentes que justifiquen mantenerlo preso. Las opiniones pueden ser compartidas o no, acertadas o erradas, pero no son delito”.
Diálogo. Capriles responsabilizó a Maduro del fracaso del diálogo gobierno-MUD, que “nunca dio resultados”.
Aveledo señaló que el diálogo está congelado desde el 12 de mayo debido a la intransigencia del gobierno, que “no ha querido o no ha podido acordar cualquier cosa, aunque parezca insignificante”.
Aclaró que la decisión sobre López y los estudiantes no causó el congelamiento, porque ocurrió casi un mes después, “pero tampoco ayuda a descongelar”.
Incidencias
Los delitos
A Leopoldo López se le imputó asociación para delinquir y se le acusó de ser el sujeto determinador para que se cometieran los delitos de incendio, agavillamiento, daños e instigación para delinquir, de los que fueron acusados Marco Coello y Christian Holdack.
El expediente
El 14 de febrero el Ministerio Público presentó a 16 estudiantes ante el Tribunal 26° de Control y quedaron privados de libertad Marco Coello, Christian Holdack, Demian Martin, Ángel González, Luis Boada y Nelson Gil. A los 2 días el Tribunal 26° declinó su competencia al Tribunal 16° de Control, que fue el asignado al caso de Leopoldo López. Desde ese momento los expedientes de ambos casos se unieron.
El retraso
La audiencia preliminar por los hechos del 12-F fue diferida dos veces: la primera vez, fijada para el 30 de abril, no hubo despacho. El 8 de mayo también fue diferida. Finalmente comenzó el 2 de junio y prosiguió el 3 y el 4, con aproximadamente 25 horas de duración.
Las víctimas
La Fiscalía presentó como víctimas de los delitos al Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y a la colectividad. Al final, cuando la jueza estaba preparada para dar el dictamen, la Fiscalía pidió un recurso de revocación para subsanar algunos hechos. El recurso fue concedido y se retiró al Cicpc y a la propia Fiscalía de la lista de afectados.
Los testigos
El Ministerio Público presentó 222 páginas de acusación y 30 medios de prueba. Entre los testimonios estaban los de los funcionarios aprehensores y de los expertos que hicieron diligencias de investigación y que trabajan en la misma Fiscalía. En la audiencia actuaron 12 abogados por la defensa, 7 fiscales del Ministerio Público (3 nacionales y 4 auxiliares) y 2 representantes de la Procuraduría.
El Nacional
