La decisión de un tribunal venezolano de enjuiciar al dirigente opositor Leopoldo López es “perjudicial” al diálogo entre la oposición y el gobierno para atenuar la crisis política, dijo este jueves la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.
El juicio contra López “ciertamente no ayuda y es bastante perjudicial al proceso” de diálogo, señaló Harf en una rueda de prensa.
Para Estados Unidos el “diálogo es el camino a seguir” en Venezuela y “no el arresto político, no el intento de criminalizar el disenso”, señaló la funcionaria, llamando a las dos partes a buscar una manera de hacer avanzar el diálogo.
“No hemos visto todavía al gobierno comprometido de manera significativa en eso”, aseguró Harf.
López podría ser sentenciado a 10 años de prisión por presuntamente haber instigado a la violencia durante una protesta opositora el 12 de febrero pasado en Caracas.
La manifestación de ese día se saldó con las primeras tres víctimas mortales de las 42 que han dejado casi cuatro meses de protestas.
En un comunicado, el ministerio público venezolano acusó a López, economista de 43 años egresado de Harvard, de ser “determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa”.
Detenido desde hace tres meses, el dirigente opositor y líder del movimiento Voluntad Popular, rechazó durante la audiencia preliminar haber promovido vías inconstitucionales y se describió como un “preso político, preso de conciencia”.
Washington ha denunciado la violencia y la persecución de opositores en Venezuela en el marco de las manifestaciones, y ha estimulado un diálogo del gobierno del presidente Nicolás Maduro con la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Al calor de las manifestaciones, las conversaciones se iniciaron el 11 de abril -en las que Voluntad Popular rechazó participar-, pero están cortadas desde el 13 de mayo tras la detención de unos 200 estudiantes, la mayoría de ellos ya liberados.
López rechazó participar en el diálogo y Voluntad Popular promueve la estrategia denominada “La Salida”, que busca forzar la renuncia de Maduro a fuerza de manifestaciones callejeras, y que ha sido tachada por el presidente de “golpe de Estado en desarrollo”.
Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010, a pesar de que Estados Unidos es el principal comprador de crudo venezolano.
