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El periodismo padece en Venezuela la peor crisis de su historia, fruto de una guerra iniciada hace casi 3 lustros, cuando el difunto Hugo Chávez, aconsejado por Fidel Castro, eligió a sus primeros dos enemigos: el imperio norteamericano y los medios de comunicación. Hoy está muy claro que la descomunal crisis política, ética y económica que atormenta a Venezuela no es culpa ni de los gringos ni del periodismo. Pero los medios y sus profesionales sufren graves consecuencias directas de esa guerra.

En principio falta papel para diarios y revistas, lo que afecta de modo muy visible su desarrollo y sobrevivencia (responsabilidad expresa del control de cambios y su perverso manejo) y hay crisis publicitaria en todos los medios independientes, dada la agónica situación de la industria, el comercio y los servicios. La última preventa fue un fracaso estruendoso e inocultable. Pero peor es el blackout de la televisión no oficial de mayor rating, que ignora casi por completo lo que sucede en el país político.

Sin noticias, humor o dramáticos de realpolitik, las pantallas destilan un silencio abrumador. La prueba es que nadie refiere sus noticieros –¿existen?– y no hay casi programas de opinión ni crítica de ningún tipo en las novelas (ni pensar en algo similar a “Por estas calles”) y tampoco por vía del humor: Radio Rochela murió sin sustituto. Lo propio pasa en radio con excepciones, atomizadas o polarizadas, como el Circuito Éxitos y Radio Caracas Radio, por ejemplo.

El Estado acumuló tantos medios como jamás tuvo en la historia: varios periódicos, 5 televisoras sólo desde Caracas, radios por doquier (algunas potencialmente poderosas como la cadena YVKE Mundial) y decenas de emisoras comunitarias. Pero su audiencia mediática no rima con tan costoso despliegue.

Una extensa lista de intervenciones, presiones y “sugerencias” lograron a lo largo de estos años que dueños y ejecutivos de medios sientan acosos diversos y teman por sus licencias radioeléctricas (cuando se vencen quedan normalmente stand by) mientras no pocos periodistas perdieron sus espacios exitosos total o parcialmente (desde Napoléon Bravo hasta Jesús Chuo Torrealba, pasando por Marta Colomina, Kico Bautista y un larguísimo etcétera). Desaparecieron medios –RCTV y el circuito radial CNB fueron los más conspicuos– y cambiaron de manos radios y televisoras (FM Center, Globovisión) y también periódicos (Cadena Capriles) lo que impulsó controversias en el ejercicio del periodismo con crisis, denuncias, suspensiones y renuncia de muchos profesionales notables. Shirley Varnagy, que se fue de Globovisión tras la censura de su entrevista a Mario Vargas Llosa; Iván Ballesteros a quien Conatel le censuró su Plomo Parejo en RCR y el problema del semanario 6to Poder, que denunció problemas en sus tratos de impresión con la Cadena Capriles, son los ejemplos más recientes.

Por cumplir con su deber ser transmitiendo las protestas del 12 de febrero de este año, el canal de televisión colombiano NTN 24 padece una medida inédita en Venezuela para un medio internacional: prohibición de operar y orden a Directv para quitarlo de su grilla. Casi enseguida Nicolás Maduro amenazó a CNN con suspensión de credenciales y se invitó a su figura estelar, Patricia Janiot, a abandonar el país. Y hasta el Oscar cayó en desgracia: tras 39 temporadas con ese show, Venevisión se eximió de transmitirlo este año, cuando circuló en redes sociales que, durante la premiación, divas y astros del cine denunciarían la crisis venezolana.

Así, el triste manto de la censura se ayuda con el telón de la autocensura. Todo vale en pos del objetivo del silencio. Hay chismes que alientan miedo y suspicacias que dibujan intereses tentadores. El Universal siempre está de primero en los rumores de venta. Y nadie sabe quién realmente compró la Cadena. Está dicho que una mayoría radiotelevisiva se aferra al lema “no te metas”, pero queda desnuda –como el rey del cuento– ante la audiencia que igual se entera y participa con fervor creciente en el nuevo paradigma mundial de las redes sociales: mensajitos, Facebook, celulares, Twitter, Youtube, compus y tabletas juegan duro. Igual que en la primavera árabe.

Cuando hay confabulación para condenarlo a muerte, el periodismo se multiplica y cobra más vida. Reporterismo en fotografía, textos y video ejecutados por amateurs con agallas y enfoque de la realidad. Claro que existe el riesgo de la información falsa. Pero hay noticias por doquier. Y también mucha opinión. La consigna grita en internet: “¡Pásalo!”. El Periodismo Ciudadano reemplaza al que está ausente con aviso y se empata perfecto con el que practican los profesionales que se respetan en los medios que aún se atreven.

Es una tarea difícil, que llega a límites nunca vistos ni imaginados en un país que –cuando casi toda América latina estaba bajo la bota militar– supo jactarse orgulloso de su estirpe democrática. De su libertad de expresión en todos los medios. De sus diarios con cientos de páginas y 4 cuerpos. De su publicidad boyante, garantía de un éxito económico que sostenía su independencia.

Eran tiempos en que los medios y su periodismo se reconocían igual que en el resto del mundo libre, como el Cuarto Poder. Tiempos de democracia representativa, sin duda muy diferente de la democracia participativa y protagónica inventada como antesala del sobrevenido socialismo del siglo XXI: chaleco de fuerza al libre albedrío de los poderes, que era la condición esencial para que la democracia se llamase Democracia, sin calificativos ni sobrenombres.

Por eso empezó la guerra contra el periodismo. Contra el Cuarto Poder, para que deje de serlo. Para evitar que funcione como contrapeso y equilibrio del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que deberían ser independientes entre sí –como enseñó Montesquieu en El Espíritu de las Leyes– y no doblegados al Ejecutivo, si se quiere de verdad una moderna sociedad democrática.

Para someter al Cuarto Poder el socialismo del siglo XXI arrancó un proceso paciente y multiforme para minar las bases de medios y periodistas, eligiendo a los medios independientes como enemigos, haciendo ver a los comunicadores como lacayos y atacando sus valores ferozmente no sólo en el frente intelectual. Los medios, acusados como grandes culpables de casi todo, fueron maltratados más allá del verbo. Violencia contra reporteros en servicio, hostigamiento a las sedes de El Nacional o El Universal y los asaltos a Globovisión fueron casos muy emblemáticos hace ya años.

A la vez se promovió la aparición de medios y/o comunicadores abanderados con el gobierno. Surgió el llamado “periodismo militante”, enrolado al pensamiento oficial. Algo que curiosamente se desarrolló también en Argentina, donde el espejo con Venezuela es sintomático. Igual que la crisis económica. Y la ética. Claro que por el principio de acción y reacción aparecieron también medios y periodistas frontalmente opositores. Fue como inevitable. Y representa lo peor de dos mundos para un negocio que, por principio, busca la verdad y está obligado a ver los hechos a través de un prisma imparcial y ecuánime.

En su ofensiva el gobierno también ninguneó al periodismo. Lo menospreció como poder, negándole el rol que por definición tiene como interlocutor social válido y garante de la libertad y la democracia. El periodismo está obligado a destacar las demandas sociales, políticas, educativas o económicas y a denunciar las necesidades no atendidas de la comunidad, los errores gubernamentales y por supuesto la corrupción. Pero el gobierno, enfatizando que provenían del enemigo, empezó a ignorar olímpicamente reclamos y denuncias. Lo hizo adrede para debilitar a los medios y desencantar de un solo golpe a las fuentes y al público ¿Para qué denunciar si el gobierno no hace caso? Una ecuación perversa, eficaz desde la sociología del socialismo del siglo XXI.

El ninguneo tuvo otra cara: se acabaron para siempre las ruedas de prensa del presidente con medios nacionales. El líder era el gran vocero oficial, pero sólo en las cadenas de radio y televisión y el programa Aló, Presidente, que reemplazaba incluso a los Consejos de Estado. Y pese a que el número de ministerios creció exponencialmente, se redujeron al mínimo los voceros oficiales y cesaron los oficiosos. Se condenó al funcionariado al ostracismo con una curiosa forma de censura (“no estoy autorizado para declarar “) que no actúa sobre los medios, sino directo sobre las fuentes. Así se impide el diálogo informativo y opinático, clave para el periodismo en las sociedades abiertas. El modelo funciona con vías monologales, sin preguntas: un presidente que habla pero no da entrevistas y ministros no sabe/no contesta. Por diseño obviamente hay excepciones. Pero cuesta encontrarlas.

Esta conjura contra el ejercicio del periodismo le complica disponer de la información y la opinión libres para divulgarlas, confrontarlas, refutarlas y volverlas a discutir. Le complica operar como Cuarto Poder y ser cuna del equilibrio pendular de los demás poderes, para fortalecer la sociedad en justicia, paz y armonía.

No por nada en casi todos los foros mundiales que evalúan la libertad de expresión como inalienable derecho humano, Venezuela sale reprobada. La SIP y el Freedom Houseson los últimos ejemplos. Pero no los únicos. Es que anular el periodismo y los medios críticos tiene mucho que ver con la idea de profundizar el proceso. Por eso el gobierno está tan convencido del duro camino que emprendió y de la guerra que lleva adelante.

Que lo vaya a lograr es otra cosa. Porque aunque no la tiene fácil, el Cuarto Poder está demostrando con sus armas de siempre –aunque menguadas– y la fortaleza descomunal de las nuevas herramientas digitales, que tiene cómo defenderse. Y también cómo atacar. No por nada Venezuela, con su abrumadora crisis de mil cabezas y el despelote social a cuestas, está hoy en la mira del mundo, no sólo por la acción de algún status político, sino principalmente gracias al periodismo, creyente insobornable de aquella máxima que dice que la verdad es tan poderosa, que solo le basta aparecer.

Editorial de PRODUCTO

Durante este Mundial de Fútbol Brasil 2014, la organización SenosAyuda y Cines Unidos han realizado una alianza en beneficio de la salud de las venezolanas.

Bajo el lema “métele un gol al cáncer de mama”, desde el miércoles 18 de junio hasta el domingo 13 de julio, por cada donación que se reciba a través de las cuentas bancarias de SenosAyuda, el monto se traducirá en goles que se transformarán en ecos mamarios y mamografías, dos de las principales herramientas de diagnóstico de cáncer de mama.

“El monto de la donación lo traduciremos en goles, cada gol será equivalente a Bs. 150,00; al final 4 goles se traducirán en 1 eco mamario y 8 goles se convertirán en 1 mamografía. Para SenosAyuda esta alianza es muy importante en un año en el cual la recaudación de fondos para nosotros ha sido muy complicada. Agradecemos profundamente a Cines Unidos esta oportunidad no sólo de ceder espacios en sus pantallas para llevar este importante mensaje, sino también hacerlo extensivo al personal que trabaja en el circuito de cines y darles las herramientas para afrontar una posible situación de cáncer de mama.” Acotó Bolivia Bocaranda, fundadora y Presidente de SenosAyuda.

Para realizar su aporte, la cuenta disponible es: Cuenta Corriente Banco Provincial 0108-0974-67-0100035223 a nombre de SENOSAYUDA A.C. Una vez que realice su donación debe enviar una copia del depósito o transferencia bancaria con su identificación: nombre, número de cédula de identidad, correo electrónico y teléfono al correoinfo@senosayuda.org.ve y automáticamente estará participando por una entrada para ver un juego del Mundial en las salas de Cines Unidos. Los ganadores serán anunciados por @SenosAyuda y SenosAyuda Asociación Civil (en Facebook), los días 25 de junio 2, 6 y 10 de julio.

Por su parte, Carolina Sandrea, Jefe de Marca e Iniciativas Sociales de Cines Unidos, declaró que “este acercamiento con SenosAyuda nos llena de alegría y confianza en el trabajo que se está realizando en Venezuela. Se trata de una ONG con amplia trayectoria y a través de la actividad que estamos haciendo en nuestras salas de cines vimos una oportunidad maravillosa para ratificar nuestro compromiso con el país. Nos gustaría que esta alianza se mantenga en el tiempo”.

Además de esta actividad, SenosAyuda realizará la charla del “ABC del cáncer de mama” para el personal que trabaja en Cines Unidos, y también suministrará apoyo con material educativo.

Para mayor información, visitar www.cinesunidos.com, síguenos en Twitter: @cinesunidos y Facebook: Cines Unidos Oficial.

El secretario nacional de organización de Primero Justicia y concejal metropolitano, Edinson Ferrer manifestó que desde Primero Justicia le exigen al gobierno nacional “que la Ley del Primer Empleo sea discutida públicamente y se involucren todos los sectores de la sociedad”.

Ferrer recordó que Primero Justicia ha realizado gran cantidad de asambleas para la discusión de esta Ley “nuestro proyecto de Ley del Primer Empleo se ha discutido en universidades y en comunidades, teniendo el respaldo de más de 20 mil firmas,  las cuales le permitieron el ingreso a la Asamblea Nacional por iniciativa popular, sin embargo la bancada oficialista en la AN la ha mantenido engavetada”.

Reiteró que a pesar del rechazo que ha manifestado el gobierno en cuanto a la discusión y aprobación de esta Ley “la juventud de Primero Justicia ha seguido avanzando con la discusión de la Ley del Primer Empleo, llevando la propuesta a todos los municipios del país, teniendo como resultado la aprobación de la misma en varias cámaras municipales”.

Afirmó que el municipio Sucre es un modelo a seguir en cuanto a las ferias de empleo que  han promovido “en el municipio Sucre miles de jóvenes han obtenido su primera oportunidad laboral, gracias a las ferias de empleo que se han llevado a cabo, con los lineamientos del proyecto de Ley de la tolda amarilla.

Ferrer ratificó que el objetivo de Primero Justicia es que “la Ley del Primer Empleo sea discutida por todos los sectores de la sociedad, como fue discutido nuestro proyecto de ley, y no que sea una propuesta ideológica proveniente de Miraflores; queremos el bienestar y progreso de todos nuestros jóvenes, por eso exigimos que este debate sea público y que puedan participar todos nuestros jóvenes, y así aprobar una ley acorde a las necesidades de nuestra juventud”.

Indicó que la propuesta de la tolda amarilla,  propone la incorporación de jóvenes sin experiencia a los empleos formales, con beneficios especiales para que puedan cumplir con sus compromisos académicos, teniendo una remuneración que les permita costear sus gastos escolares, así como personales, mientras que la propuesta del gobierno pretende implementar una reforma a la Ley del Régimen  Prestacional de Empleo, es decir que dicha reforma no incluirá beneficios especiales, lo cual limitará a muchos jóvenes para continuar con sus estudios.

Ferrer destacó que “otra diferencia fundamental entre la propuesta que en algún momento presentó el oficialismo y la de Primero Justicia, es que mientras ellos pretenden imponer una cuota de 2,5% de puestos de trabajo para los jóvenes, nosotros queremos promover a través de incentivos a las empresas, públicas y privadas, para que aumenten entre 5% y 10% de sus nóminas contratando  jóvenes sin experiencia. Esos son los 2 caminos muy claros y diferenciados: imponer o promover”.

Finalmente Edinson Ferrer expresó que “Desde Primero Justicia seguiremos en las calles de toda Venezuela exigiendo  un debate público para esta Ley, así como una respuesta clara para los cientos de miles de jóvenes que están esperando una oportunidad para progresar. Y seguiremos consolidando un gigantesco movimiento social que tiene muy claro que este Gobierno todo lo convierte un show mediático pero nunca termina de darle solución a los problemas que nos aquejan a los venezolanos. Seguiremos organizando esa fuerza social con la inmensa mayoría del país que exige un cambio”.

Cuando el pasado 23 de abril Argentina dejó de publicar las cifras sobre pobreza, José Eduardo Echaniz desapareció de las estadísticas oficiales. Pero su coche sigue dando vueltas por las calles de Buenos Aires en busca de cartones o algo de valor que aparezca en la basura. José Eduardo tiene 36 años, tres hijos, una mujer y hasta diciembre pasado para el Gobierno argentino era indigente: su dieta no alcanza a cubrir las calorías mínimas diarias.

Pero no solo José Eduardo ha desaparecido del mapa oficial estadístico. Aunque el número de argentinos que la Administración de Cristina Fernández de Kirchner ha barrido debajo de la alfombra varía según quién haga las mediciones, las últimas cifras oficiales publicadas hablaban de que el 4,7% de la población -alrededor de dos millones de personas- estaban bajo el umbral de la pobreza. Los técnicos desplazados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) -el organismo encargado de elaborar las estadísticas en Argentina y que, en 2007, el Gobierno de Fernández de Kirchner decidió intervenir para manipular los resultados de su gestión- aseguran que los pobres rondan el 20,4%, o sea que son unos 8.400.000 argentinos. Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el país hay más de 11 millones de pobres. Son un 27,5% de los 41 millones de habitantes.

La polémica por las cifras sobre la pobreza creció cuando la semana pasada la oficialista Central de Trabajadores Argentinos (CTA) clasificó como pobres al 18,2% de la población. Son 7.681.000 pobres, de los cuales el 4,4% o 1.815.000 serían indigentes. Lo que indica que la situación social medida hasta 2013 estaba lejos de la realidad o que empeoró en los últimos tiempos, cuando Argentina comenzó a vivir signos de estancamiento en la economía.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, no dio explicaciones de por qué suspendía la rueda de prensa para dar a conocer las datos públicos de pobreza a fines de abril. Luego, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se encargó de explicar, leyendo un papel, que el motivo se debió a un «empalme de metodologías». La enigmática frase hizo referencia al intento de remediar los problemas derivados de la manipulación de las mediciones que han afectado la credibilidad del país desde hace seis años.

Argentina no solo comienza a vivir la pasión del Mundial del fútbol, sino también una larga campaña electoral que tiene como meta final las elecciones presidenciales de octubre de 2015, cuando finaliza su segundo mandato Fernández de Kirchner, quien ya no puede ser reelegida. Para este último año y medio de gobierno, la Administración kirchnerista necesita financiación externa y, en busca de préstamos, ha tenido que arreglar algunos asuntos pendientes, como reformular la metodología de la mediciones que hasta hace unos meses negaba la existencia de la inflación, que en realidad ronda el 30% anual.

Cambio de metodología

Con este cambio de metodología surgió una nueva Argentina en cifras y sin pobres. La explicación del borrón de la pobreza apunta a la posibilidad de aceptarla, analiza Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Acción Social del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y conoce bien la problemática. Para el exfuncionario -ahora enrolado en el equipo de Sergio Massa, el candidato presidencial del opositor Frente Renovador y líder en las encuestas- la metodología del Indec era buena.«Lo que sucedió es que, en los últimos años, han tomado a los alimentos que integran la cesta básica de la compra, y que determina si se es pobre o no, a precios irrisorios. Al ser el valor de los alimentos falsamente bajos, se encubrió la situación de pobreza», explica. Según Arroyo, con el nuevo método al Gobierno le saldría que alrededor del 27% de la población son pobres. «No lo pueden publicar porque es muy difícil explicar ese salto», sostiene.

Arroyo suma dos datos críticos al panorama social argentino actual: además del 27% de pobreza, hay un 34% de trabajo ilegal y un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian. «El Gobierno oculta la condición de pobre de más de una de cada cinco personas, son nueve millones de personas», dice Adolfo Prat-Gay, exdiputado, político de la alianza opositora UNEN y expresidente del Banco Central entre 2002 y 2004, durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. «¿La razón? Están haciendo lo que les exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no están dispuestos a renunciar a la parte de su relato que dice que en estos diez años bajó la pobreza. En realidad, desde 2007 no se redujo este índice», asegura el economista que entabló una demanda penal contra el gobierno por falsear los datos.

José Eduardo Echaniz desconoce esta polémica, pero la vive todos los días. Nunca tuvo un trabajo formal y la alimentación de su familia depende de lo que consigue en la basura o lo que le dan en uno de los comedores comunitarios que funciona en Buenos Aires, y adonde, en estos últimos meses, más gente acude a pedir comida. «Esta época es la más difícil, ya no hay trabajitos porque hay menos obras de construcción. No es fácil lograr unos pesos para vivir», comenta José Eduardo mientras prepara su coche para salir. Son las primeras mañanas frías del invierno de Buenos Aires. Los hijos de José Eduardo juegan con unos globos verdes. No van a la escuela. A unos metros, unos muchachos fuman cigarrillos de tabaco y paco (pasta base de la cocaína) junto a una pequeña cancha de fútbol.

Encarecimiento de la vida

Arroyo insiste en que a los tres datos críticos se suma que a los ciudadanos no les alcanza el dinero porque las cosas están más caras y faltan los trabajos temporales que daban la construcción y la industria textil, lo que permitía sobrevivir a los sectores populares, y que esta parte de la sociedad argentina se ha endeudado en los últimos tiempos.

El no publicar las cifras de la pobreza no solo tapa la realidad. Arroyo asegura que el Gobierno ha creído que había menos pobreza y que, por lo tanto, no vio la necesidad de implementar políticas sociales. «No es solo el problema de no decir la verdad, sino también de cometer errores fácticos en la implementación de políticas públicas», dice.

La manipulación de las estadísticas también ha tenido consecuencias en el ámbito judicial y ha modificado algunos de los logros que hasta este momento hacía gala el kirchnerismo, como el crecimiento económico al ritmo chino. Cristina Fernández de Kirchner y parte de sus funcionarios han sido demandados penalmente por la falta de claridad en las mediciones. Ya existen dos causas abiertas. Una, por la manipulación de las cifras del crecimiento del Producto Interior Bruto (PBI).

Con la nueva forma de hacer cuentas oficiales, entre 2005 y 2012 la economía argentina creció diez puntos menos de lo que resultaba del cálculo anterior: la tasa de crecimiento anual promedio fue del 5,9% y no del 6,7%. El año que causó una de las demandas es 2008, cuando el Gobierno argentino pagó un bono relacionado con el crecimiento del PIB. Según las cifras oficiales anteriores, ese año la economía argentina había crecido un 6,8%, pero en realidad lo hizo un 3%, por lo que se pagaron casi 2.000 millones de dólares cuando no se debía haber pagado nada.

La otra denuncia tiene que ver con la polémica sobre la cantidad de pobres. La demanda -firmada por los diputados opositores Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Pablo Javkin; la senadora Magdalena Odarda y la economista Fernanda Reyes- imputa a la presidenta y a los funcionarios del Indec por falsear, omitir y demorar la publicación de las estadísticas sobre pobreza. «Los pobres son desaparecidos sociales, el Estado no los reconoce y ha decidido ignorarlos», aseguró Carrió ante los tribunales. «Nada nuevo», dice José Eduardo Echaniz cuando le explican lo que están discutiendo por la televisión de un bar de la avenida de Los Corrales, en el barrio porteño de Mataderos. «Nunca existimos para los políticos, ahora está más claro».

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