En su primer pronunciamiento después de conocerse los resultados electorales el pasado domingo, el presidente reelecto aseguró que su gran desafío sería que “nadie se arrepintiera de haber votado por él”. Sin embargo, aparte de la tan publicitada y reproducida paz, que muchos aseguran se sitúa a la vuelta de la esquina, Santos tiene al frente cinco enormes desafíos que demandan respuestas de corto, mediano y largo plazo.
Nueva Constituyente para reformar la Justicia
El expresidente Álvaro Uribe lo intentó en sus ocho años de gobierno y fracasó. Mientras Santos, en su primer periodo, trató de hacer un proceso concertado en un diálogo con las Cortes, pero a la reforma la terminaron deformando en un “verdadero orangután”, indica Semana.
Un gran obstáculo que debe romper Santos en este segundo período es ese “poder que tienen los políticos en la rama judicial, así como la politización de los magistrados”. Y que ninguna de las partes quiere perder, señala la revista.
Ante esto, tanto el uribismo como las Farc han abogado por una Constituyente de la que no está de acuerdo el Gobierno. De seguir con esta postura, tendrá que recurrir a fórmulas alternativas para hacer pequeñas reformas que resuelvan problemas puntuales.
Financiación y licencias ambientales para las 4G
El gobierno Santos lanzó el ambicioso programa de Concesiones de Cuarta Generación o 4G, con el que pretende construir más de 3.500 kilómetros de modernas vías, con el fin de reducir su deficiencia en esta materia.
Hasta el momento ya se han adjudicado tres proyectos y otros tres más lo harán en las próximas semanas. Sin embargo, hay problemas en cuanto al aspecto financiero y la consecución de las licencias ambientales.
En el primer aspecto, los bancos han mostrado buena disposición a los proyectos, pero no están decididos a participar en todos, debido a que “los plazos de financiación son muy largos y aumentan los riesgos”. Aparte, los constructores dicen que los plazos largos aumentan los intereses y reducen la rentabilidad”, agrega la revista.
Estas vías demandan inversiones por $50 billones. Y si no se ejecutan pronto se perderán los esfuerzos de la misma, apunta El País. Este aspecto es clave para mejorar la competitividad nacional, ya que después del 2018 la meta es pasar a la fase de autopistas 5G.
Pero además, la consulta a comunidades y las licencias ambientales siguen siendo complicadas. La Ley de Infraestructura avanzó en la expropiación de predios y agilizó la expedición de las mismas, pero no a las de las comunidades.
Asegurar la platica que mantendría al “mejor sistema de salud del mundo”
La Corte Constitucional ya declaró exequible la Ley Estatutaria de Salud a finales del año pasado, en la que se consagra a las salud como derecho fundamental y en la que existen nuevas reglas de juego. Pero la cuestión estará en buscar entre 4 y 10 billones de pesos que puede costar el mantenimiento de un sistema de salud con tan pocas restricciones para médicos, farmaceutas, proveedores y otros. “Se requiere orden y límites” para que el Estado no se quiebre.
Aparte, como la anterior reforma de salud se hundió, el Gobierno ahora tendrá que aplicar un plan B para crear un modelo de atención en departamentos con poblaciones dispersas y en el que el Estado garantice la salud de las personas. También se habla de aplicar normas que dejarán solo a EPS más grandes y sólidas, según Semana.
La tarea más grande y difícil: la Educación
Colombia es uno de los países que más se raja en este aspecto, según lo demostraron las pruebas PISA aplicadas a estudiantes nacionales. Santos prometió un decálogo para efectuar un cambio en el sector, pero uno de sus cálculos algebraicos por resolver está en “cómo financiar la jornada única”, punto en el que muchos han fracasado, indica Semana.
Otro de los grandes meollos del asunto están en la pésima formación de los maestros, su baja remuneración y la pérdida de prestigio de este oficio en la sociedad, que incluso los lleva al manicomio.
Nueva reformas tributaria que financie el postconflicto
Con la última reforma tributaria, Colombia aumentó a 105 billones de pesos su recaudo por concepto de impuestos. Sin embargo, ese nivel representa solo el 15 % del PIB nacional, frente al 37 % que logra acaparar Brasil con su sistema tributario, según datos que publica El País.
Pero además, el nivel de evasión del IVA es del 25% y próximamente se hará el desmonte del 4 por mil y el impuesto al patrimonio, que reducirán los ingresos del país por este concepto en 5,8 billones, agrega el mismo diario.
Ante esto, organismos como Fedesarrollo vienen proponiendo una nueva reforma tributaria, que aumente en 2 puntos del PIB el recaudo y asegure 14 billones de pesos adicionales para financiar diversos aspectos como salud, educación, infraestructura, pero también, el postconflicto, que le significaría al país un gasto del 1% de su PIB durante varios años.
