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El Mañanero del #5Mar: las ocho noticias que debes conocer

En El Mañanero de Runrun.es de este 5 de marzo resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero a través de Cadivi, María Corina Machado exigió a las autoridades de Chile «llegar a la verdad» en el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el gremio docente exigió al Estado liberar al preso político Víctor Vanegas. 

Claves | ¿Qué viene después de la decisión de la CPI?

Fiscal chileno revela que cuerpo de exteniente Ronald Ojeda no presentaba heridas de bala

Mujeres premiadas en «Las 100 protagonistas» exigieron libertad de Rocío San Miguel

Machado exige a Chile «llegar a la verdad» sobre muerte de Ronald Ojeda

Exigen liberación de docente Víctor Venegas a 47 días de su detención 

Exfuncionario de la GNB se declaró culpable en Florida de lavado de dinero a través de Cadivi

CNP rechaza pretensión del gobierno de crear un «Estado Mayor» de la comunicación

En Apure dedicarán un mes a la prevención de la trata de personas

«(Ellos) tienen una “campañita” dirigida por CNN en español, por Associated Press, y dirigida por todos estos medios (internacionales), entre ellos un medio “nazi”: la DW,  la Deutsche Welle», soltó esa perla Nicolás Maduro este 4 de marzo luego de que la agencia alemana DW publicara un video resumiendo los hallazgos de una ivestigación de Insigth Crime sobre la posible relación entre el gabinete madurista y el cártel de dorga «Los Soles». 

Gracias por leer El Mañanero de Runrun.es de este martes 5 de marzo de 2024.

Exigen liberación de docente Víctor Venegas a 47 días de su detención 

A 47 días de su detención, varios gremios exigieron la liberación del profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev) en el estado Barinas.

Venegas fue detenido el pasado 17 de enero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía de Barinas, sin orden judicial, durante una asamblea de maestros en la capital del estado llanero.

Colegas, familiares y miembros de ONG consideran que la detención de Venegas constituye una violación a sus derechos humanos y a la libertad sindical. 

Para miembros de Fenatev se trata de un acto de criminalización de la protesta y la lucha por reivindicaciones contractuales. 

Gricelda Sánchez, líder sindical del magisterio, denunció que al momento de la detención de Venegas había niños y mujeres. 

“La detención del profesor es una absoluta arbitrariedad. Recordemos que los ataques a Fenatev Barinas del pasado 17 de enero se iniciaron con piedras por parte de simpatizantes del Gobierno de Maduro. La actuación policial incluyó agresiones a maestras, niños y despojos de pertenencias”, relató.

Sánchez aseveró que el salario de un educador en Venezuela es insuficiente y no permite acceder a los bienes de la canasta básica, como está dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Hoy en día el maestro que más gana está por los 20 dólares mensuales”, dijo Sánchez.

La gremialista sostuvo que los maestros deben dedicarse a otras actividades productivas para cubrir sus necesidades básicas y subvencionar el sistema educativo.

“Exhortamos al Estado venezolano a liberar al profesor Venegas y a su hermano Gregorio, a quienes se le han violado derechos fundamentales como el debido proceso, y a no criminalizar a las organizaciones gremiales y sindicales que conforman la sociedad civil”, indicó en un comunicado la  Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan).

 

Exfuncionario de la GNB se declaró culpable en Florida de lavado de dinero a través de Cadivi

Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela se declaró este lunes en un tribunal de Florida culpable de participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.

Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero” y se enfrenta a una condena máxima en un tribunal del sur de Florida de hasta 20 años de cárcel.

El objetivo de la trama delictiva era también “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que “entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, señaló el comunicado.

Las “solicitudes fraudulentas” sirvieron para “supuestamente financiar las importaciones de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores”, destacó el Departamento de Justicia estadounidense.

Escalona admitió además que los conspiradores “acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento”.

Admitió también que, en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que “transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.

Las cinco transferencias electrónicas ilícitas realizadas sumaron unos 420.000 dólares.

El Departamento de Justicia aseguró que está previsto que el exmilitar sea sentenciado el 23 de mayo.

¿Quién es Nepmar Jesús Escalona Enríquez?

En el año 2018, el militar fue designado en la vicepresidencia de finanzas de Citgo en Houston. Informaciones de prensa dieron cuenta de que no tenía carrera en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Escalona tenía una empresa de exportación de alimentos en #Miami y que trabajó en la Aduana de San Cristóbal como gerente. 

Egresó de la  Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación (EFOFAC) en la promoción de 1998. 

 

CLAVES | ¿Qué viene después de la decisión de la CPI?

El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales. 

La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.

“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.

Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.

“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y  segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.

Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.

La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.

De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios: 

Con el fallo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestima todos los motivos o alegatos hechos por las autoridades venezolanas y confirma por unanimidad que la investigación debe continuar en vista de incapacidad del régimen madurista para hacer justicia. 

 

El alcance de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, como las protestas antigubernamentales de 2014. La fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad.

 

A la CPI no le satisface que las autoridades venezolanas realicen algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango. De acuerdo con la corte internacional el Gobierno venezolano no toma en cuenta los elementos contextuales.

 

Venezuela no hizo referencia a ninguna causa concreta en la que esté tomando en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución.

 

Pueden investigarse otras formas de violencia sexual y actos inhumanos.

 

El Gobierno venezolano no ha demostrado una investigación progresiva, hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos de investigación.

 

Con esta decisión, las organizaciones de la sociedad civil deben reafirmar su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en cada paso por conseguir la justicia. 

 

 

 

En Apure dedicarán un mes a la prevención de la trata de personas

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El colegio católico de niñas y adolescentes Santa María Micaela, de San Fernando de Apure, desarrollará una campaña informativa y de prevención de la trata entre su población estudiantil durante un mes.

De acuerdo con el portal web Mujeres Constructoras de Paz, la idea es dar a conocer este delito y mostrar que es uno de los flagelos que más acosa a la humanidad, además de alertar a los niños, niñas y adolescentes sobre las consecuencias de la trata de personas. 

El Taller “Estamos Contigo”, dirigido a 137 adolescentes estudiantes del colegio e iniciado con el tercer año de bachillerato, el martes 20 de febrero, se replicará cada martes con todos años de educación media general, hasta culminar el 19 de marzo, detalló Martha Rodríguez, coordinadora de la congregación religiosa Adoratrices del Santísimo Sacramento, que opera el colegio.

“El taller nos abre los ojos para no dejarnos llevar por personas de la calle, las redes sociales e, incluso, familiares y amistades que, con palabras bonitas, nos puedan llevar a caminos no deseados”, dijo Emili Mosco, estudiante de tercer año de bachillerato.

Luisa Vázquez, psicóloga, coordinadora de los laicos Adoratrices y del programa de Prevención de la Explotación y Abuso Sexual (Peas) del colegio, explicó que el taller que se desarrolla durante todo el día, incluye un momento de información, formación y otro espiritual y de sensibilización.

En la primera parte y con apoyo de recursos audiovisuales, se precisan los conceptos de trata, explotación sexual, esclavitud, prostitución, actores y mediadores de la trata, así como se comentan cifras, casos reales y casos simulados para precisar conocimientos. Culmina con un ciclo de preguntas y respuestas.

En el segundo momento, se da a conocer el sistema de protección legal y la ruta de atención, referida a las instancias a las que puede acudir la víctima en busca de apoyo y protección y en demanda de justicia. Esta fase culmina con una actividad lúdica mediante la cual se repasa todo lo aprendido.

El tercer momento, de espiritualidad y oración, es un ejercicio de meditación y conexión con las víctimas y sus familiares, mediante el cual se encomiendan a Dios y se realizan peticiones para su liberación y restitución plena de sus derechos. 

Cierra con la elaboración de un mural alusivo al tema y una técnica de sensibilización que explora el aprendizaje de las participantes de la actividad, detalló Vázquez. 

Para la realización de este taller, el colegio aprovechó el tiempo de la preparación de las estudiantes y resto de la comunidad Adoratriz para los retiros espirituales, por la entrada de la cuaresma, complementó Daniel Tovar, profesor y coordinador pastoral de la institución apureña adscrita a la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec).

Mujeres premiadas en “Las 100 protagonistas” exigieron libertad de Rocío San Miguel

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El pasado sábado, 2 de marzo, se realizó el evento “Las 100 protagonistas”, donde se dio un reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la defensa de los derechos humanos en el país.

Durante el evento, que se realizó en la Concha Acústica de Bello Monte, municipio Baruta, “Las 100 protagonistas” premiadas exigieron la libertad de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.

San Miguel cumple 24 días detenida este lunes, 4 de marzo. Su detención, además de considerarse arbitraria, ha estado llena de irregularidades. Por ejemplo, defensores de DDHH denunciaron que la activista fue víctima de desaparición forzada.

En el evento, que se realizó a propósito del “Día de la Mujer”, las mujeres alzaron carteles en los que se exige la liberación de San Miguel.

https://twitter.com/LaTvCalle/status/1764092905612804405

https://twitter.com/LaTvCalle/status/1764084916080259295

https://twitter.com/lexysrendon/status/1764131636390617493

https://twitter.com/lexysrendon/status/1764131636390617493

Se vulneró el debido proceso

La organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó que San Miguel fue víctima de desaparición forzada por más de tres días, desde el 9 de febrero, cuando se disponía a viajar con su hija Miranda.

Fue “detenida ‘oficialmente’ desde la noche del lunes 12 de febrero, cuando fue presentada en el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza”, denunció Provea.

La ONG recordó que el gobierno de Nicolás Maduro acusa a San Miguel de “terrorismo” y “traición a la patria” por su trabajo como defensora frente a Control Ciudadano, “donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares”.

Pero además, cinco familiares de Rocío también estuvieron desaparecidos: Miranda San Miguel, hija; Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda; Alejandro González, exesposo (quien sigue detenido junto a Rocío).

Cuatro de esos familiares fueron liberados bajo régimen de presentación, prohibición de salir del país y tampoco declaraciones sobre el caso.

Actualmente, San Miguel está en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y González en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Ambos son ciudadanos españoles.

“A Rocío tampoco le permitieron su derecho a la defensa cuando fue presentada a tribunales con una defensa pública impuesta, vulnerando el debido proceso”, denunció Provea.

https://twitter.com/_Provea/status/1764683153023676613

CNP rechaza pretensión del gobierno de crear un “Estado Mayor” de la comunicación

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazó la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de crear un “Estado Mayor” de la comunicación, un planteamiento hecho recientemente por el viceministro de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en el marco de las llamadas «siete transformaciones».

El pasado 26 de febrero, Ñáñez a través de su cuenta en TikTok, informó que se amerita la adecuación de leyes y reglamentos para que se concrete el «Estado Mayor» de la Comunicación, ya que a su juicio se necesita abordar este tema en aras de una «independencia plena».

«Cómo lograr una independencia plena si no tenemos soberanía de la producción , de la discusión y del conocimiento de nuestra identidad y de la defensa de ella, sabiendo que estamos en una guerra de cuarta generación», precisó el viceministro.

Durante una reunión realizada los días 2 y 3 de marzo en Baruta, estado Miranda, los participantes del LVIII Secretariado del CNP afirmaron que la propuesta realizada por Freddy Ñáñez se hizo con un lenguaje «ambiguo».

«El ministro utilizó un lenguaje ambiguo que nos llenó de preocupación y alarma, sobre todo porque se da en un contexto preelectoral en el que el ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos  de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales», se lee en el texto.

De igual forma, el LVIII Secretariado Nacional del CNP advirtió que la creación de un eventual Estado Mayor de Comunicación, así como su aplicación al pensamiento y a la cultura, a la expresión, al acceso a la información, estaría en el marco del Plan de la Patria 2019-2025.

El Colegio Nacional de Periodistas recalcó que el órgano colegiado tiene dentro de sus funciones cooperar en el diseño -junto al Estado- de la política comunicacional y califica como «inconveniente» que se cree «un único ente regulador, de inspiración militar, de todo el quehacer comunicacional, cultural y educativo del país», al tiempo que lo considera que antidemocrático por atentar contra los principios básicos del venezolano establecidos por la Carta Magna de 1999 y contra los pactos y tratados internacionales firmados por la República que protegen estos derechos.

Fiscal chileno revela que cuerpo de exteniente Ronald Ojeda no presentaba heridas de bala

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El fiscal chileno Ángel Valencia reveló este lunes, 4 de marzo, que el cuerpo de Ronald Ojeda Moreno, exteniente venezolano asesinado en Chile, no presentaba heridas de bala.

Durante una entrevista que concedió a la radio Duna, Valencia justificó la decisión de declarar secreta la investigación porque determinaron que se trataba de un “secuestro atípico”.

“Atípico, no solo por la cantidad de recursos destinados a su comisión, sino que también porque había un exmilitar venezolano involucrado y aquello era especialmente grave. Porque además era un refugiado”, añadió Valencia.

Cabe recordar que Ojeda Moreno era refugiado del gobierno de Chile. Este beneficio se le otorgó a finales del año 2023. A eso, Valencia señaló que, entonces, había “distintas hipótesis” por descartar sobre el motivo del secuestro.

“No cabía duda que era un asunto que para el Estado chileno era relevante. Por eso le asignamos una prioridad distinta desde el momento en que esto ocurrió”, agregó el fiscal chileno.

Este lunes se formalizaría la audiencia del hasta ahora único detenido por el caso, un adolescente venezolano de 17 años. Hay otras dos órdenes emitidas respecto a otras dos personas involucradas en el crimen, según las autoridades chilenas.

“Teníamos alguna información respecto a estas personas días atrás, pero no queríamos ni siquiera revelarla o advertir que teníamos estas órdenes, porque estábamos tratando de buscar más información para tratar también de tener órdenes contra más sujetos”, añadió.

Sobre esa audiencia de formalización, añadió Valencia, se expondría el contenido de la autopsia, reseñó La Tercera.

“Lo que se me ha transmitido es que lo que contiene el informe de la autopsia, de momento, es que no habría indicios de que haya habido herida de bala“, precisó Ángel Valencia.

Familia de Ronald Ojeda con dudas

El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la familia Ojeda, acudió al Centro de Justicia donde se realizaría la audiencia, sitio en el que confirmó que la esposa del exmilitar pudo tener acceso al cadáver de su pareja para identificarlo, pero se concretó de forma parcial.

Según explicó Manríquez, esto “no le permite convencerse del todo” respecto de la identidad de la víctima, por lo que esperan confirmación de exámenes genéticos.

“Hasta ahora ella me ha dicho que si bien agradece que se le haya permitido un acceso, este fue parcial y no le permite convencerse del todo”, indicó Manríquez.

Sobre el posible motivo del secuestro, Manríquez enfatizó en que no han “descartado ninguna tesis”, ya que considera perjudicial cerrarse a una sola explicación.

También, el jurista indicó que se presentó una querella a nombre de la familia de Ojeda Moreno, la que se agrupó a la realizada por el Gobierno, publicó BioBioChile.

“Esperamos participar en la audiencia que sabemos va a ser reservada y, por tanto, sujeta al secreto extremo en el cual se está manejando esta investigación”, añadió.