Aún el país no conoce en detalle estas nuevas leyes. En cadena, el presidente anunció 16 y dejó la tarea de informar del resto a sus ministros. Es un proceder atropellado meter de contrabando, entre gallos y media noche, una reforma legal de esta magnitud. ¡Vaya participación popular! La guinda es la actitud del gobierno, que jura que se la está comiendo y que fregaron a la oposición, cegados por una soberbia tremenda que sólo incrementa su desconexión definitiva con los problemas de la gente.

Tras el choricero de artículos, numerales, literales y leyes, el país va muy mal. Cifras del propio Instituto Nacional de Estadística dibujan un repunte espeluznante de la informalidad, que salta casi 6%. Mas aún, 84% de los empleos clasificados por el INE en el último año lo generó el sector informal. La violencia empeora cada día más, de nada sirve que la nueva ministra sea, como el anterior, un militar. En el primer semestre del año hubo 455 homicidios de niños y adolescentes en lo que representa una guerra clara del hampa al futuro. En el país de las mayores reservas mundiales, los ciudadanos se humillan haciendo colas buscando gasolina. En año y medio Maduro trituró la economía y con ella la calidad de vida de los venezolanos, mientras aumenta la censura, la represión, la violación a los derechos humanos. Las ciudades son cerros de basura, de miedo y desconfianza, colapsadas a las primeras cuatro gotas de lluvia. Todo mal hecho.

Si el problema del país se resolviera con leyes Venezuela sería el país más desarrollado, equitativo y próspero del mundo. Pero no se trata de leyes, mucho menos cuando pretenden, estas nuevas y otras no tan nuevas, acelerar el proceso de dominación social y pasarle por encima a la Constitución para darle al gobierno, por la vía legal, el sustento que ha perdido en el apoyo popular. Allí está la Ley Desarme, aprobada pero no implementada por el chantaje del hampa roja, guapa y apoyada, que hoy ocupa a sus anchas incluso antiguas sedes policiales y sedes de gobierno.

El problema es el modelo. Con este paquetazo legal, el pueblo pagará una vez más el fracaso del gobierno. Ante el fracaso de la política económica y sin reparar un instante en la regaladera de los recursos de los venezolanos a otros países, el gobierno de Maduro le mete la mano en los bolsillos a los venezolanos porque se quedó sin plata. Más impuestos. Y ¿Para qué la plata? No es para resolver la grave crisis que vivimos, sino para financiar, otra vez y con el dinero de todos, la campaña del partido de gobierno con miras a las elecciones de la Asamblea Nacional.

El combate a la corrupción no fue más que un pretexto chimbo, como deja en evidencia una reforma a la Ley Anticorrupción que permite al presidente declarar como “secreta” cualquier información en la materia. En lugar de enfrentar la corrupción con transparencia, la ley da facultades para encubrirla. El mundo al revés.

El país se les fue de las manos. Más ocupados en mandar que en gobernar, en el control que en el bienestar del pueblo, desataron la peor crisis de la historia reciente. El desastre rojo no se arregla estudiando la noche antes del examen. Nuestra situación gravísima no admite soluciones piratas. Por eso hay que cambiarlos y, con ellos, cambiar radicalmente su modelo fracasado. De allí la importancia de organizarnos para lograr una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Desde allí podremos impulsar los cambios que requiere el país y ejercer un control efectivo del gobierno, de manera responsable y seria.

Con la verdad por delante, sin convertir la AN en una especie de genio o hada madrina, hay que llevar el mensaje de unión y cambio por todos los rincones, conversando con la gente sobre lo que puede (y no puede) lograr una nueva Asamblea Nacional, que responda al pueblo y no a un grupito enquistado. Es la próxima parada, y nuestra más cercana oportunidad para enderezar el rumbo de un país que se desbarata por un gobierno pirata.

@danielfermin