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Cecodap exige al Estado establecer protocolo de búsqueda de niños desaparecidos en los sismos

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El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) exigió al Estado venezolano establecer un protocolo de búsqueda de niños desaparecidos tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en X, Carlos Trapani, abogado y coordinador de Cecodap, señaló que el Estado debe establecer un plan de búsqueda de los 62 niños, niñas y adolescentes que siguen desaparecidos, con responsables, recursos y seguimiento público.

De acuerdo con Trapani, la búsqueda de los menores desaparecidos “exige unificar y contrastar registros de hospitales, refugios y servicios forenses; fortalecer la identificación mediante pruebas de ADN y verificar posibles traslados o separaciones familiares”.

El abogado sostiene que cada familia necesita un enlace institucional que le informe sobre su caso y facilite acompañamiento psicológico y jurídico, sin obligarla a recorrer oficinas repitiendo su historia.

“A las familias que continúan buscando, debemos escucharlas y acompañarlas respetando sus decisiones, sus tiempos y su intimidad. Nadie debe presionarlas para dar por terminada la búsqueda ni exigirles que expongan su dolor para recibir atención”, recomendó el abogado.

Carlos Trapani concluyó que todas las familias “tienen derecho a saber qué ocurrió y a contar con apoyo sostenido durante ese proceso”.

Es importante precisar que el gobierno de Delcy Rodríguez no actualiza el balance oficial de víctimas del sismo desde el pasado 24 de agosto. En ese reporte —difundido a dos meses del doble terremoto— la cifra oficial se fijó en 6509 fallecidos sin especificar cuántos de ellos eran niños, niñas y adolescentes.

Una base de registros, distintos desenlaces

Un reportaje publicado en La Vida de Nos documentó 311 casos de niños, niñas y adolescentes reportados en su momento como desaparecidos, de los cuales la investigación logró verificar 289. El desglose confirma el hallazgo sin vida de 198 de ellos y la localización con vida de otros 29.

Aún quedan 62 cuyo paradero se desconoce: 47 familias buscan recuperar un cuerpo o sus restos, mientras que las 15 restantes mantienen la búsqueda con la duda o la firme sospecha de que siguen con vida.

De 164 testimonios recogidos por La Vida de Nos entre el 3 de agosto y el 18 de octubre, se pudo observar que en la mayoría de los casos había un patrón: Pruebas de ADN sin respuesta, recorrer hospitales y morgues sin resultados, y algunos sin que les permitan la entrada. También ausencia de ayuda estatal en las labores de búsqueda.

Cifras alarmantes

La documentación realizada por el portal web indicó que en el monitoreo y seguimiento de las infancias afectadas por los terremotos un total de 2286 niños fueron localizados, 848 fallecieron, 47 cuerpos no han sido recuperados, 37 están en búsqueda y 31 son contradictorios.

El 37,8 % de los testimonios precisó que el lugar de la vivienda era un urbanismo de la Misión Vivienda. 29,3 % manifestó que buscaron a sus familiares entre los escombros sin recibir ayuda gubernamental. 15, 2 % reportó que pasaron semanas y hasta 50 días para encontrar el cuerpo de su familiar.

14,6 % de los encuestados relató que recorrieron hospitales, morgues o refugios sin obtener información del cadaver de su pariente. El 13, 4 % afirmó que las pruebas de ADN se retrasaron o siguen en espera de las mismas.

Sobre el retiro de escombros o demoliciones prematuras el 9,8 % señaló que se quedaron sin un lugar dónde buscar a su familiar. 62,8 % reportó que en los terremotos perdieron a múltiples familiares.

En los 164 testimonios obtenidos el 5,5 % denunció fallas en la custodia de los cuerpos. El 7,9 % mencionó que sus denuncias ante el Cicpc, Consejos de Protección, Tribunales de Niños, Niñas o adolescentes y el Ministerio Público “quedaron sin respuestas”.

*Lea el especial completo AQUÍ

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Salir del molde: el poder de transformar nuestra historia en liderazgo

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En muchas ocasiones, cuando alguien me decía que mi historia de vida representaba una forma de salir del molde, no le daba el significado que hoy tiene para mí.

Desde que me dedico plenamente a dictar conferencias sobre inclusión laboral y a utilizar mi historia como una herramienta de motivación, he comprendido que tener cualidades distintas no es una tragedia. También he descubierto que mi recorrido representa una forma de liderazgo consciente y de trabajo en equipo. Así como yo he evolucionado como ser humano, mi historia de vida también lo ha hecho conmigo.

Al mirar hacia atrás, he entendido que mis talentos no necesariamente se encuentran en una carrera específica o en aquello que estudié, sino en la manera de contar mi historia y en el mensaje que deseo transmitir. Porque, así como evolucionamos y caminamos hacia la felicidad, nuestra historia nos acompaña durante todo el trayecto.

Para muchas personas, salir del molde significa atreverse a hacer aquello que otros no se han permitido, ser consecuentes con sus sueños, metas y objetivos. Es, ante todo, un acto de valentía con uno mismo.

El liderazgo no consiste únicamente en ayudar y acompañar a otros. También implica reconocer nuestra propia evolución, comprender cómo cambian nuestras metas y descubrir qué aprendizajes dejan esas transformaciones, tanto en nosotros como en las personas que impactamos.

Siempre he pensado que el verdadero impacto no necesariamente consiste en hacer ruido. A veces, se encuentra en transmitir un mensaje poderoso de una manera sencilla, capaz de llegar a cada persona y tocar una fibra particular de su interior.

En mi caso, tener cualidades distintas no me lleva a creer en la tragedia ni en el «no puedo». Por el contrario, me llena de orgullo comprobar que mi historia puede dejar una huella positiva. Cada vez que termino una conferencia y alguien se acerca para contarme cómo mis palabras le han impactado, comprendo que compartir mis vivencias tiene un propósito que va más allá de mi propia experiencia.

Para mí, una de las formas de trascender consiste en salir del molde y reconocer que las competencias de liderazgo forman parte de cada ser humano. Podemos estudiarlas, desarrollarlas y perfeccionarlas, pero también necesitamos descubrir cómo ponerlas al servicio de los demás. La diferencia está en comprender qué queremos comunicar, a quién deseamos llegar y de qué manera podemos hacerlo.

Disfruto enormemente ejercer el autoliderazgo, reconocer mis propias fortalezas y trabajar en mi evolución personal. Pero también encuentro una profunda satisfacción en contribuir a la transformación de otras personas a través de mi historia de vida. Creo que alcanzar un sueño poderoso y sentirse pleno implica permitir que nuestras experiencias no solo transformen a quienes nos rodean, sino que, en primer lugar, nos transformen a nosotros mismos.

En esta época en la que hablamos cada vez más de salud mental, transformación personal y humanización, considero necesario plantearnos algunas preguntas: ¿qué clase de líderes podemos ser de nosotros mismos?, ¿cómo salimos realmente de nuestra propia caja?, ¿qué buscamos en la vida? Y, sobre todo, ¿cómo podemos utilizar nuestras experiencias para generar cambios positivos en los demás?

Creo que el primer paso está en reconocer que cada uno tiene una historia que contar y que esa historia puede convertirse en una herramienta de crecimiento, aprendizaje e inclusión. No necesitamos parecernos a otros para generar impacto; necesitamos comprender nuestro propio valor y encontrar la manera de compartirlo.

Porque salir del molde no significa dejar de ser quienes somos, sino atrevernos a descubrir todo aquello que podemos llegar a ser y sin dejar de recordar que lo humano nos identifica y lo distinto nos une.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

MiCentroSalud impulsa la prevención en Caracas con nuevas jornadas para noviembre

Con más de 13 jornadas ejecutadas bajo el programa “Momento MiCentro”, la red de atención médica “MiCentroSalud” (ubicada en la Torre Banvenez. en el boulevard de Sabana Grande) ha beneficiado alrededor de 300 personas en Caracas. La institución, operada por el Grupo Médico Santa Paula con el respaldo de Keralty, anunció nuevas actividades para el mes de noviembre que incluyen una jornada traumatológica gratuita para el despistaje de lesiones de cadera y una evaluación oftalmológica a tarifa preferencial.

  La gerente de la sede, LRaycelig Montero, señaló que estas iniciativas mantienen un enfoque preventivo dirigido a atender síntomas iniciales que los usuarios suelen ignorar. Indicó que la detección oportuna busca evitar que molestias leves evolucionen hacia padecimientos complejos a largo plazo, como problemas severos de columna que afecten la movilidad.

Noviembre de Actividades

Para dar continuidad al programa de atención preventiva, el centro médico incorporó a su agenda dos jornadas específicas. La primera es una sesión oftalmológica llamada “Visión Perfecta” programada para el viernes 6 de noviembre del 2026 de 12 a 3 p.m. con una tarifa preferencial de diez dólares.

La atención incluye evaluación de la función visual y de la capacidad de lectura “con el objetivo de brindar a los asistentes un diagnóstico oportuno sobre su salud ocular.

La segunda se trata de un encuentro sin costo fijado para el 11 de noviembre del 2026. Esta evaluación traumatológica dará continuidad a las consultas especializadas previas en áreas de columna, rodilla, tobillo y pie, abierta a personas de cualquier edad.

    Asimismo, en el marco del Mes Azul de concientización sobre la salud masculina, MiCentroSalud ofrecerá precios especiales en estudios preventivos como el perfil prostático y el eco prostático.

Montero aseguró que estas jornadas cuentan con cupos limitados, por lo que, las personas interesadas en inscribirse deberán gestionar su cita con anticipación.

La organización, respaldada por el Grupo Médico Santa Paula y Keralty, continúa ampliando su oferta de servicios preventivos en el país, orientando sus recursos técnicos y profesionales hacia la detección temprana y la atención integral de los ciudadanos venezolanos.

Tribunal de Barinas decreta prisión preventiva para 11 implicados en el homicidio del fanático del Zamora FC

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Tras casi cinco horas de sesión y en medio de un marcado hermetismo judicial, el Tribunal de Control de Barinas decretó medida de privación de libertad contra once hombres vinculados al homicidio de Luis “Rafita” López, reconocido seguidor de la barra brava “Burra Brava” del Zamora Fútbol Club.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra tres de los procesados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en concurso real con agavillamiento. 

Según la acusación fiscal, este grupo lo integran:

  • Luis Gutiérrez (31 años), señalado como el autor material de las heridas con arma blanca.
  • Cristian Castro (23 años), procesado por causarle lesiones a la víctima con una botella.
  • Yeferson Zambrano (27 años), acusado de agredir físicamente a López y despojarlo de sus pertenencias.

Los otros ocho detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, fueron imputados bajo las mismas figuras delictivas, pero en grado de complicidad correspectiva. 

Las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) los señalan por su participación activa en la golpiza contra la víctima, ocurrida el pasado fin de semana en Barinas.

De acuerdo con el periodista deportivo, Esteban Rojas funcionarios de seguridad incautaron en los dos buses que trasladaron a los barristas del Deportivo Lara los siguientes elementos: objeto punzo cortante artesanal, cuchillo táctico, seis cuchillos de cocina, bate, machete, destornillador y corta exacto.

Rojas agregó que según reporte del Cicpc, los aprehendidos “agredieron a la víctima, arrojándole objetos contundentes y dándole patadas en el suelo para luego propinarle dos heridas punzo penetrantes que le causaron su muerte”.

El tribunal ordenó que los once imputados permanezcan bajo custodia en la sede del Cicpc de Barinas, a la espera de que se defina su sitio de reclusión definitivo.

Defensa pide traslado a Uribana

La defensa solicitó la radicación del caso en dicha entidad y pidió el traslado inmediato de los detenidos hacia el Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, conocido como “Uribana”, ubicado al norte de Barquisimeto.

Esta solicitud introduce un nuevo compás de espera judicial, ya que el tribunal deberá pronunciarse sobre la competencia territorial del caso y la viabilidad del traslado, una medida que en el sistema penitenciario venezolano suele responder a preocupaciones de seguridad de los privados de libertad o a dinámicas de distribución poblacional carcelaria.

Evitando posibles sanciones, una comunicación enviada por el Deportivo Lara a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) niega una posible negligencia institucional en el incidente, así como cualquier vinculación con los sujetos involucrados en el delito.

Duelo en las gradas

Paralelamente al proceso judicial, los restos de “Rafita” López fueron despedidos entre el martes 3 y el miércoles 4 por familiares, amigos e integrantes de la barra del equipo blanquinegro. El cortejo fúnebre, marcado por cánticos y el despliegue de banderas, incluyó una parada simbólica frente al estadio Agustín Tovar “La Carolina”, a pocos metros del punto exacto donde la víctima cayó mortalmente herida el pasado domingo.

El caso ha generado conmoción en el ámbito del fútbol venezolano y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los aficionados y la violencia asociada a las barras bravas en los estadios del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Utopix: al menos 81 femicidios ocurrieron en Venezuela en el primer semestre de 2026

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La ONG Utopix informó este 5 de noviembre que al menos 81 femicidios fueron consumados en Venezuela entre enero y junio de 2026. Advierten que la cifra es un subregistro: los reportes provienen de medios de comunicación y redes sociales, el Gobierno no da información sobre la violencia basada en género.

Los estados con mayor concentración de casos fueron el Zulia y Miranda, con 12 casos cada uno. Luego están los estados Aragua, Carabobo y Falcón, con 6 casos cada uno.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre 20 y 50 años. «Esto es una variación respecto a años anteriores, donde teníamos que incluir a adolescentes, desde los 16 años», explicó Aimee Zambrano, directora de Utopix, en las redes sociales de la ONG.

En el mismo semestre se registraron al menos 94 casos de femicidios en grado de frustración, donde el victimario no pudo consumir el asesinato.

La ONG denunció que al menos 34 niños, niñas y adolescentes venezolanos quedaron en orfandad por los casos de violencia documentados.

Utopix también documentó que al menos 57 mujeres fueron víctimas de femicidio en otros países de América. Entre los países con mayores registros están Colombia (con 22 casos), Ecuador (con 14), Brasil (con 7), Perú (con 5), Trinidad y Tobago y Estados Unidos (con 3 casos cada uno), Chile (con 2 casos), Bolivia y España (con 1 caso cada uno).

Una estadística parcial de la violencia

De los 81 femicidios consumados en Venezuela, las autoridades pudieron identificar a 101 victimarios. De ese grupo, solo 55 (54,46 %) están presos. Otros 10 están en fuga ante la justicia y al menos 6 se suicidaron después de cometer el asesinato.

Sobre las víctimas, Utopix destacó que al menos 11 sufrieron abuso sexual antes de ser asesinadas, otras 11 sufrieron torturas y en al menos 22 casos las autoridades encontraron el cuerpo abandonado en la vía pública.

En al menos 6 casos la víctima ya había denunciado su caso de violencia basada en género y otras 6 habían documentado los antecedentes de acoso previo al asesinato.

Zambrano denunció que estos casos fueron prevenibles si el Estado activara sus instituciones gubernamentales ante la violencia de género.

«Tiene que haber partidas específicas sobre este tema. Tiene que haber formación constante a todo el personal Tiene que haber, además, una campaña de comunicación permanente en los medios, en el espacio público y en las redes sociales», denunció la directora de Utopix.

Teléfonos de emergencia

Ante un caso de violencia basada en género o su sospecha, puede contactarse de forma segura a los siguientes números de teléfono:

  • Instituto Nacional de la Mujer: 0800.685.3737
  • Plataforma Yo Estoy Informada (AVESA): 0424.166.2220
  • Línea PsicoApoyo Por Nosotras: 0212.414.5114 (Marcar la Opción 1)
  • Alianza Cepaz, Fundamujer y CEM-UCV: 0424.183.1025 / 0414.281.2077 | Correo electrónico: fundamujervenezuela@gmail.com
  • Cecodap (para niñas y adolescentes): 0414.269.6823 / 0424.284.2359

Sectores de salud, magisterio y universitario convocan a paro nacional el 16 de noviembre

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En una asamblea intersectorial nacional celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) este 5 de noviembre, trabajadores de los sectores de salud, magisterio y universitario anunciaron un paro nacional de 12 horas para el lunes, 16 de noviembre.

Durante el evento celebrado en la Facultad de Humanidades de la UCV, los trabajadores recalcaron su exigencia de salarios y pensiones dignas y el respeto a las convenciones colectivas.

«Creo que aquí tenemos que ir a un paro nacional», dijo durante su intervención la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez. «Ya basta de estar tranquilos. Llegó la hora, señores», ratificó, en medio de aplausos a su propuesta y de los gritos de los asistentes, quienes coreaban «paro, paro».

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la @fevemaestros no descarta la posibilidad de convocar a un paro nacional, para presionar al Ejecutivo a cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

Esto lo dijo durante su intervención en la asamblea intersectorial nacional que se desarrolla en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la UCV.

🎥 @APUCV— PROVEA (@_Provea) November 5, 2026

Semanas de protestas

Mientras tanto, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), afirmó que el paro se hará también para expresar solidaridad con una huelga de hambre que mantienen los empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar. Este 5 de noviembre la empresa estatal anunció que se reunirá con las asociaciones de jubilados, trabajadores y sindicatos de las empresas básicas que trabajan en la Amazonía venezolana.

Sin embargo, las autoridades locales del estado Bolívar no incluyeron a los trabajadores que llevan 22 días de protesta, además de más de 130 horas de huelga de hambre, para exigir un pago de 1200 dólares por concepto de utilidades, reportó el medio Correo del Caroní.

«Acordamos en conjunto que, ante la ausencia de respuestas al pliego de denuncias que entregamos el pasado 13 de octubre a Miraflores, convocamos a un paro nacional», destacó Afonso.

«Creo que el Gobierno debe atender de una vez el tema laboral. No puede estar atendiendo otros temas», agregó el presidente de la APUCV. «[El país] tiene una enorme deuda externa, tiene una deuda significativa con lo que les expropió a los empresarios. Pero la deuda más importante es la que tiene con los trabajadores, quienes son los que generan el valor a nuestra sociedad».

Desde el año 2022 el Gobierno venezolano no ha modificado el salario mínimo, que sigue siendo de130 bolívares, equivalentes a 0,145 dólares estadounidenses según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela del 5 de noviembre de 2026. Desde junio de 2025, el umbral de pobreza extrema fijado por el Banco Mundial es de un ingreso de 3 dólares diarios.

El “rodrigato” dejó en visto a expertos de la ONU que solicitaron información sobre bloqueos de Conatel

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El Estado venezolano incumplió una vez más su obligación de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos. 

En esta ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro dejó vencer el plazo de 60 días para responder a 14 preguntas formuladas por cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los bloqueos sistemáticos de páginas web y servicios digitales en el país.

La comunicación, identificada con el código AL VEN 4/2026, fue enviada el 4 de septiembre de 2026 por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad. 

El silencio oficial consolida un patrón de opacidad en torno a las órdenes de censura que, según las denuncias, emanan de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El mapa de la censura y los proveedores involucrados

Los expertos de la ONU señalaron que los bloqueos habrían sido ejecutados por los principales proveedores de servicios de Internet (ISP) del país: Cantv, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network.

Las restricciones se habrían intensificado notablemente durante la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en el periodo postelectoral. 

Para dimensionar el alcance de esta práctica, los relatores citan el informe presentado el 26 de junio de 2026 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos.

Dicho documento constata el “bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web” por parte de proveedores públicos y privados. De esta cifra, 39 corresponden a medios de comunicación, además de una plataforma de redes sociales, 27 servicios de privacidad en línea y plataformas de distribución de contenidos multimedia.

Opacidad en medio de la emergencia

Uno de los puntos más críticos señalados por la ONU es el impacto de estos bloqueos durante situaciones de desastre. Tras los terremotos del 24 de junio de 2026, aunque se levantó temporalmente el bloqueo a la red social X (antes Twitter), la mayoría de las páginas web y medios de comunicación permanecieron inaccesibles.

Los expertos advirtieron que esta medida “afectó la difusión de reportes sobre la magnitud e impacto del desastre, la asistencia humanitaria disponible, la búsqueda de personas desaparecidas y otros asuntos de interés público”. 

Para la ONU, mantener estas restricciones durante una emergencia humanitaria incumple el deber del Estado de garantizar el derecho de la población a acceder a información confiable y oportuna.

Un patrón contra la sociedad civil y el debido proceso

La comunicación de la ONU expresa una profunda preocupación por la falta de uniformidad en la implementación de los bloqueos entre los distintos proveedores de Internet. Esta disparidad, señalan, “plantea interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales las autoridades competentes supervisan y revisan las medidas de bloqueo”.

Además, los relatores alertan que los requerimientos de Conatel “podrían no haber cumplido con determinadas garantías previstas en la legislación nacional, incluyendo disposiciones constitucionales y administrativas pertinentes”. La falta de respuestas de Conatel y de las empresas de telecomunicaciones a las solicitudes de información de la sociedad civil “suscita preocupaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública”.

Este escenario de censura digital tiene un impacto directo en la labor de la sociedad civil. Los mecanismos de la ONU destacaron que estos obstáculos restringen el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos, especialmente en lo referente a la documentación y difusión de posibles violaciones.

Finalmente, los expertos cuestionaron si el Estado venezolano ha incumplido su deber de proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades de los proveedores de Internet, instando a adoptar medidas para prevenir impactos adversos, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Hasta la fecha, ni Conatel ni la vicepresidencia del área política han emitido pronunciamiento alguno sobre el contenido de la comunicación AL VEN 4/2026.   

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Morir en Venezuela es igual o más costoso que vivir

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Mientras habla, Yesenia Simoza hurga en su cartera. Está buscando algo que ni siquiera sabe qué es, responde de forma automática. Su cuerpo está en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en la urbanización Bello Monte de Caracas, pero su mente pareciera divagar en otro lugar.

Su hermano de 62 años apenas había muerto el día anterior de un infarto en su residencia de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

“700 dólares sin hueco”, dice con absoluta convicción. Eso cuesta enterrar el cuerpo de su hermano. Afortunadamente, su familia cuenta con el dinero que se debe “tener de un día para otro”, dice la propia Yesenia.

Pero esa no es la situación de otra persona que prefirió no decir su nombre y que también estaba el fin de semana pasado en la Morgue de Bello Monte, cuyo familiar de apenas 39 años murió de un infarto luego de recaer de una tuberculosis. 

“También tenía problemas en los riñones. Él estaba en situación de calle desde hace tiempo, dejó a dos hijos huérfanos”, dijo, quien espera que alguna entidad gubernamental la ayude a costear los 550 dólares que le está exigiendo la funeraria para inhumar el cuerpo en el Cementerio General del Sur.

A pocos metros, Aixa* coincide en que es complicado juntar divisas en Venezuela de manera casi inmediata ante una situación extraordinaria como esta, cuando el sueldo mínimo oficial sigue siendo el peor del mundo (alrededor de 0,15 dólares mensuales) y la gente “sobrevive” con bonos subsidiados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya tutela ostenta la administración estadounidense del presidente Donald Trump.  

Aixa y sus hermanas decidieron cremar a su padre de 60 años. Por fortuna, cuentan con los $350 que les piden. “Gracias a Dios entre todos pudimos, pero no es fácil”, expresó. 

La crisis reduce horarios y servicios prestados

“El maracucho” tiene 15 años orbitando en Bello Monte. Trabaja para la Funeraria Noris Díaz.  Sus clientes son básicamente exclusivos de la morgue principal de Caracas.

“El costo de un servicio depende de lo que quiera el familiar, pero aquí oscilan entre 300 y 650 dólares”, precisó, con su acento zuliano.

Según “el maracucho”, muchos carecen de esa cantidad y sus familiares permanecen en la morgue por un lapso aproximado de 15 días. “Después de eso, los cuerpos van a una fosa común”, advirtió.  

Aunque parezca extraño por la cantidad de muertes que hubo en 2026 en Venezuela, producto de los dos terremotos del pasado 24 de junio, “el maracucho” asegura que a nivel de ingresos económicos funerarios, “este ha sido el peor año”.   

“¿Cómo le vamos a cobrar plata a alguien que viene de atravesar una tragedia? Hubo mucha ayuda de parte de este gremio”, reveló.

Atravesando el río Guaire, una empleada de una reconocida funeraria ubicada en La Florida indicó que el servicio mínimo cuesta en el lugar unos 1500 dólares “y que mayoría de la gente tiene un seguro”.  

La Funeraria, donde antes había varias velaciones al unísono, sólo tenía tres servicios un domingo en la mañana.  Ya no hay comida y bebida variada para atender a sus clientes, únicamente pequeños vasos de café, manzanilla e infusiones.  “Imagínate cuánto costará en el cementerio de La Guairita”, dijo la empleada. 

En estos centros ahora se ofrecen servicios velatorios por horas, ajustados a las capacidades económicas de las familias. Atrás quedaron los amaneceres en la funeraria y los horarios prolongados de los servicios. Por razones de seguridad, las capillas también son cerradas después de las 9 de la noche en muchas zonas.

El derecho a la muerte digna también se vulnera

Lamentar la pérdida de un ser querido y enfrentar la imposibilidad económica de costear un entierro o cremación es una situación dolorosa. Cuando el Estado o el sistema de salud pública terminan disponiendo de un cuerpo en una fosa común debido a la falta de recursos de la familia, se vulnera principalmente el derecho a una sepultura digna y el derecho al duelo, los cuales forman parte de un entramado de derechos humanos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como en el contexto venezolano.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CRBV (Artículo 21) prohíben la discriminación por condiciones sociales o económicas. Cuando el acceso a una despedida digna y a una parcela individualizada queda restringido únicamente a quienes pueden pagar los altos costos del sector privado, se genera una vulneración al derecho a la igualdad, donde la pobreza priva a los ciudadanos de un trato humano y respetuoso en sus momentos más vulnerables.

Los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia señalan que el respeto al cuerpo del fallecido es una extensión del derecho a la dignidad, como lo recordó Cofavic el pasado mes de julio de 2026 tras expresar su preocupación por la falta de recuperación e identificación masiva de las personas fallecidas en los terremotos de La Guaira. 

El último balance oficial de los muertos por los sismos del 24 de junio que compartió el gobierno fue el pasado 24 de agosto. En ese reporte, publicado exactamente dos meses después del doble terremoto, las autoridades consolidaron la cifra oficial en 6509 fallecidos y 226 696 personas atendidas en centros hospitalarios. Desde esa fecha, el boletín de víctimas no ha vuelto a ser actualizado de forma oficial, pese a que aún continúan los rescates de cuerpos en zonas como Caribe y Caraballeda.

De acuerdo con defensores de derechos humanos y organismos como la OPS/OMS, toda persona fallecida tiene derecho a ser plenamente identificada y a conservar su trazabilidad jurídica. Cuando un cuerpo es arrojado a una fosa común, se borra su rastro físico y se imposibilita que los familiares conozcan el paradero exacto de los restos o puedan realizar una exhumación en el futuro. Esto vulnera de forma directa el derecho de la familia a conocer la verdad. 

Cuanda una familia o pariente no puede enterrar a su ser querido conforme a sus creencias, al saber que terminó en una fosa anónima o cuando ni siquiera se pudo garantizar la recuperación de su cuerpo tras  un desastre socioambiental  para cumplir con el ritual social del velorio o la sepultura,, se genera lo que en la psicología y el derecho se considera “daño moral profundo” o “trauma extendido”. Al no permitir el cierre del ciclo, el Estado indirectamente vulnera la salud mental y la integridad psíquica de los allegados, un derecho consagrado en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

*Nombre cambiado por petición de la entrevistada    

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país