El canciller mexicano felicita a Gerardo Blyde por la firma de un acuerdo con el régimen chavista el 26NOV22. Foto: @SRE_mx.
Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22
El sábado 07ENE23, sin avisos previos, el presidente de Colombia Gustavo Petro viajó a Caracas para una reunión de urgencia con Nicolás Maduro. Se trataba de la segunda visita a Venezuela por parte del colombiano desde su toma de posesión, mientras que Maduro, aconsejado por sus servicios de seguridad cubanos, ha descartado una eventual visita a territorio colombiano.
Según las versiones oficiales, Maduro y Petro pasaron revista a diversos temas comerciales, de infraestructura, de regulación de inversiones, sobre los cuales estarían trabajando. Todos ellos son asuntos que no ameritaban un viaje presidencial. En realidad, Petro viajó a Caracas para solicitar a Maduro su intervención ante los jefes guerrilleros de ELN quienes se muestran reacios a declarar un cese al fuego bilateral.
El 31DIC22, Petro anunció un cese al fuego bilateral y ordenó la paralización de las operaciones militares ofensivas contra el ELN, las disidencias de la Farc, grupos paramilitares y demás grupos alzados en armas en Colombia. El anuncio de Petro fue rápidamente desmentido por la jefatura del ELN quien informó que en las negociaciones que sigue con el gobierno y que han tenido a Caracas como sede, no se había acordado un cese al fuego. El 04ENE23 Petro ordenó reactivar operaciones militares contra el ELN aunque en la práctica esperaba los resultados de las gestiones de su socio Maduro.
La estrecha relación del régimen chavista con el ELN, organización que controla extensas zonas en territorio venezolano, fue el motivo para que el colombiano apelara a Maduro. Como consecuencia de las gestiones, el ELN aceptó realizar en Caracas una reunión extraordinaria con el gobierno Petro probablemente el 17ENE23.
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A su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 07ENE23, Petro era esperado al pie de la escalerilla por la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez quien estaba acompañada por un hombre cano quien fue colocado en la fila de saludo en segunda posición antes que el embajador colombiano. El hombre, un desconocido para los analistas políticos de ambos países, es el “empresario” venezolano Luis Salas quien actuó como secreto enlace y correo entre Maduro y Petro una vez que el colombiano ganó las elecciones. Salas marchó en el callejón de honor junto a Petro y Rodríguez cuando el colombiano recibió honores militares en el aeropuerto. Después, Salas fue visto en los pasillos del Palacio de Miraflores durante la estadía de Petro para sus reuniones con Maduro. Ya el 01NOV22 en la primera visita de Petro a Maduro, el “enlace secreto” Salas acompañó a Delcy Rodríguez a dar el recibimiento al colombiano.
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Mediante ese acuerdo crearon un mecanismo para la “protección social del pueblo venezolano” y que sirvió para justificar el ablandamiento de sanciones al régimen chavista.
El 16SEP21 Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la opositora “Plataforma Unitaria”, organizadas por diplomáticos de Noruega, auspiciadas por EEUU y que contaban con Ciudad de México como sede. Mientras la oposición decía procurar negociar condiciones adecuadas para unas próximas elecciones presidenciales, el régimen exigía el fin de las sanciones impuestas por EEUU y otros gobiernos. Una hipotética suspensión de algunas sanciones, especialmente la bregada por el lobby de la petrolera Chevron para regresar a operar en Venezuela, estaba condicionada a un regreso de Maduro a la mesa de México.
El mal llamado reinicio de las negociaciones se produjo el 26NOV22 cuando las delegaciones encabezadas por el opositor Gerardo Blyde y el negociador del régimen Jorge Rodríguez comparecieron en México para una sesión de fotografías y declaraciones, y para firmar dos documentos previamente acordados y que no requerían del viaje. Se trataba del “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo sobre la puesta en funcionamiento del acuerdo. En ese documento las partes se comprometieron a designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió. El acuerdo firmado establecía que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. Entre 3.000 y 5.000 millones de dólares era la cifra que chavismo y opositores aseguraban que pondrían en el fondo creado. En aquel entonces el Informe Otálvora del 02DIC22 advertía que “en realidad, se desconoce cuánto dinero del estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos”.
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Tras la firma del acuerdo “social”, la oposición esperaba retomar las conversaciones en breve sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las elecciones que teóricamente tendrán lugar en el año 2024, liberación de presos políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia EEUU, el gobierno Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones durante el mes de diciembre.
El 31DIC22 Jorge Rodríguez dijo que estaban intentando “aterrizar” el acuerdo ya firmado. El 01ENE23 el propio Maduro se quejó porque EEUU no estaba liberando los recursos ofrecidos. Según Rodríguez, sería “atemporal” (sic) avanzar en otros temas “sin cerrar uno anterior” con lo cual nuevamente las negociaciones quedaban congeladas pese a los ya usuales contactos entre el régimen y voceros de la “oposición”.
En tanto, en mentideros de Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de dólares que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del Tesoro. Colocar esos fondos en manos de la ONU para cubrir los supuestos planes acordados entre Maduro y la oposición, de los cuales no se tiene noticias concretas, dependería además de decisiones administrativas y políticas que pudieran no contar con el pleno respaldo del alto funcionariado estadounidense en razón de las responsabilidades legales que pudieran acarrear. Las cifras fantasiosas de miles de millones de dólares forman parte de una hipotética contabilidad que reúne inciertas cifras de activos venezolanos retenidos por gobiernos a lo largo del mundo.
El 13ENE23, mediante un tuiteo del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se conoció que la decena de negociadores de la Plataforma Unitaria encabezados por Gerardo Blyde, habían sostenido una nueva reunión con el Departamento de Estado. Los enviados de la oposición fueron recibidos por un grupo de funcionarios de tercer y cuarto escalón del Departamento de Estado. Según la fotografía divulgada la parte estadounidense estaba encabezada por Mark Wells, el segundo a bordo de la subsecretaría para el Hemisferio Occidental, quien estaba acompañado por el Embajador de EEUU para Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá y viajó a Washington para la ocasión. El tuiteo adjudicado a Nichols informó que el encuentro fue para “reafirmar el apoyo de EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en Venezuela en 2024”. Todavía la administración Biden insiste en la ruta de lograr que el régimen chavista permita elecciones libres en Venezuela.
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La visita de la numerosa delegación partidista opositora venezolana a Washington se produjo poco después que la Asamblea Nacional opositora (denominada “IV Asamblea Nacional” electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única institución electa democráticamente en Venezuela) decidiera poner fin a la figura del “gobierno provisional”, destituir a todos los funcionarios designados durante las gestiones de Juan Guaidó como “presidente provisional” y designar una nueva directiva integrada por militantes de los tres partidos (AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo conocidos como el G3) que coordinaron la destitución de Guaidó.
Por cierto, entre las medidas acordadas por el bloque de tres partidos está la disolución del aparato diplomático del “gobierno provisional” que incluía las misiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU y en la OEA. Mientras cualquier gobierno del planeta, incluyendo a los estadounidenses, hace esfuerzos para mantener su sede diplomática y el reconocimiento diplomático de Washington, los opositores venezolanos desecharon esta herramienta con la cual contaban.
La disolución del “gobierno de transición” fue realizada con el visto bueno del gobierno de EEUU, que les garantizó al G3 la continuidad del reconocimiento a la Asamblea Nacional opositora. Ese reconocimiento no solo sería de carácter político, sino que el Departamento de Estado se comprometió a autorizar que la Asamblea y los organismos que designara para el manejo de recursos fueran autorizados por el Departamento de Tesoro como ya había ocurrido con el “gobierno de transición” de Guaidó. El 09ENE23, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permitirá que la Asamblea Nacional opositora opere como un virtual “gobierno legislativo” con capacidad para realizar transacciones con entes estadounidenses. Probablemente el financiamiento que desde EEUU reciben los diputados opositores continúe fluyendo de esta manera, pero el tema central del control de los activos congelados en el exterior, algunos de ellos en procesos de litigios con acreedores, quedó latente.
Si bien Guaidó no ejercía real gobierno en Venezuela, la existencia del “gobierno provisional” y su reconocimiento legal por importantes gobiernos, creó una situación jurídica que impide que el régimen chavista tenga acceso a activos del Estado situados en el exterior, a la vez que impide que ansiosos creedores a quien el chavismo expropió bienes se hagan de esos bienes como pago. La disolución del “gobierno provisional” por parte de la propia oposición dejó abiertas puertas para que acreedores aumenten sus apuestas para hacerse de propiedades estatales venezolanas como la petrolera Citgo que opera refinerías, redes y gasolinerías en EEUU.
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Por cierto. El gobierno de EEUU está jugando a obviar el caso de la empresa propiedad estatal venezolana situada en Barranquilla, Colombia, cuyo manejo fue devuelto por Gustavo Petro a Maduro. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos como parte de la estatal venezolana Pdvsa vía la filial Pequiven, fue objeto de sanciones por el gobierno de EEUU el 28ENE19. La imposibilidad de realizar transacciones comerciales con empresas de EEUU paralizó en la práctica las operaciones de Monómeros que contaba desde el mes de mayo con una junta directiva designada por el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. Ante este hecho, el 07JUN19 el gobierno Trump emitió una licencia que liberó a Monómeros de las sanciones.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 07AGO22, Colombia dejó de reconocer al “gobierno provisional” venezolano y entró en inmediatos negocios con el régimen chavista. Uno de los primeros movimientos de Petro ante Maduro fue facilitar la retoma del control de la empresa por enviados de Caracas, mediante la inscripción el 09SEP22 de una junta directiva en la cual fueron incluidos dos colombianos vinculados con el nuevo gobierno y una venezolana relacionada con el entorno íntimo de la familia Maduro. La empresa productora y comercializadora de fertilizantes quedaba nuevamente bajo control del chavismo. El asunto habría sido tratado por Petro con emisarios del gobierno Biden, exigiendo que Washington no reimpusiera sanciones a Monómeros, bajo el argumento de que el mayor afectado es el sector agrícola colombiano. En la práctica, uno de los resultados de la línea de no confrontación con Petro decretada por EEUU ha sido mantener a la empresa retomada por Maduro fuera de la lista de sanciones.
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La eliminación del “gobierno provisional” en Venezuela fue recibida como entusiasmo por el gobierno ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, emitió el 09ENE23 un comunicado señalando que “la oposición radical venezolana, con el apoyo y la instigación de los patrocinadores occidentales, continuó sus intentos de dar nueva vida al trabajo de la «Asamblea Nacional paralela» para retener el acceso a las palancas del gobierno por las buenas o por las malas. Al mismo tiempo, se tomó la decisión correcta y lógica de abolir el “gobierno interino” encabezado por J. Guaidó”.
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En Perú está en desarrollo una insurrección impulsada por la alianza entre narcotráfico y el castrochavismo impulsado desde Bolivia por Evo Morales. La agenda de las violentas protestas que se registran en el sur peruano, con decenas de muertos, se limita a aspectos de carácter político: exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolución del parlamento, convocatoria a elecciones y realización de una asamblea constituyente.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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