Jorge Arreaza y el canciller ruso Sergey Lavrov reunidos el 22JUN21 en Moscú. Foto: Ministerio de Exteriores de Rusia.
Rusia, cuya creciente presencia en Latinoamérica reta abiertamente a EE. UU., es uno de los principales aliados políticos del régimen chavista y su principal suministrador de tecnología bélica
Para confirmar y hacer sentir el grado de penetración que Rusia ha logrado en Latinoamérica, el gobierno de Vladimir Putin se ha convertido en uno de los dos acompañantes de las pláticas que arrancaron el 13AGO21 en México entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Rusia, cuya creciente presencia en Latinoamérica reta abiertamente a EE. UU., es uno de los principales aliados políticos del régimen chavista a nivel internacional y su principal suministrador de tecnología bélica. El otro gobierno acompañante es el de los Países Bajos.
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Un día antes del inicio de las pláticas entre representantes de Nicolás Maduro y de los partidos que respaldan a Juan Guaidó, el gobierno de EE. UU. dejó sin piso dos de las exigencias que el gobierno de facto de Venezuela había puesto como condiciones para sentarse a “negociar”. El vocero del Departamento de Estado Ned Price ratificó el 12AGO21 que las sanciones impuestas al régimen chavista continuarán y que EE. UU. mantiene su reconocimiento como “presidente interino” a Juan Guaidó.
Durante las negociaciones previas, con diplomáticos noruegos como intermediarios, los voceros del régimen exigían el fin de las sanciones y el reconocimiento al gobierno de Maduro. Al final, los dos puntos fueron incluidos como parte de los siete puntos que integran la agenda acordada. En las negociaciones previas Guaidó aceptó ser calificado como “plataforma unitaria de Venezuela” y no como el “gobierno legítimo” de Venezuela.
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El Grupo de Lima, el esquema intergubernamental creado el 08AGO17 para adelantar acciones en procura de la redemocratización de Venezuela habría llegado a su fin. La paralización de la OEA como un esquema para alcanzar acuerdos sobre Venezuela y activar mecanismos de acción latinoamericana, llevó a que los entonces gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, con apoyo de EE. UU., impulsaran la creación de un esquema informal de concertación de políticas hacia Venezuela.
La nómina de miembros del grupo fue variando a medida que se producían cambios en las líneas políticas de los gobiernos de la región. La inicial efectividad política del grupo fue progresivamente disminuyendo en la medida que la capacidad real de influencia los países miembros se mostraba limitada. Poco de ellos implementaron las medidas de presión, incluyendo sanciones económicas o migratorias, que acordaban en sus documentos.
La llegada al gobierno de Andrés López Obrador en México el 01DIC18 y de Alberto Fernández en Argentina el 10DIC19 marcó la creación de una alianza política de ambos con evidente orientación izquierdista que deja sin efecto al Grupo de Lima. La presencia de los castrochavistas Luis Arce y Pedro Castillo en las presidencias de Bolivia y Perú, y de Philip J. Pierre como primer ministro de la isla de Santa Lucía parecieran dejar sin piso político al Grupo de Lima.
La opción proyectada por el Departamento de Estado de EE. UU. es configurar un nuevo esquema donde junto con Canadá y la escurridiza Unión Europea se conjugue acciones de presión externa para la redemocratización de Venezuela. De hecho, las pláticas acordadas entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó que debían comenzar el 13AGO21 en Ciudad de México son producto de este “nuevo esquema” y por ello el 14AGO21 la triada EE. UU.-UE-Canadá emitió una declaración conjunta en la cual acogieron “con beneplácito el anuncio de que pronto comenzarán negociaciones integrales dirigidas por Venezuela en la Ciudad de México”.
El comunicado de la triada, firmado por Antony Blinken, Josep Borrell y Marc Garneau, dijeron esperar “que este proceso conduzca a la restauración de las instituciones democráticas del país y permita que todos los venezolanos se expresen políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales libres y justas”. Igualmente advirtieron su “voluntad de revisar las políticas de sanciones si el régimen logra avances significativos en las conversaciones anunciadas”.
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El acuerdo suscrito el 13AGO21 en Ciudad de México entre los enviados de Guaidó y de Maduro es una reproducción del proceso de fracasadas negociaciones que ya se cumplieron en República Dominicana en 2017-18 y las auspiciadas por Noruega en 2019.
La agenda de las nuevas negociaciones es la siguiente: Derechos políticos para todos. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos. Respeto al Estado Constitucional de Derecho. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.
Quizás las únicas novedades sean la forma lacónica de referirse a los temas y la inclusión de un eventual mecanismo de “justicia transicional” para la “reparación de las víctimas de la violencia”
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La delegación denominada “Plataforma Democrática de Venezuela” quedó integrada por Gerardo Blyde como coordinador y jefe de delegación, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Mariela Magallanes, Stalin González, Roberto Enríquez y Claudia Nikken en calidad de secretaria ejecutiva.
Los cambios en la correlación política en el continente se proyectan sobre la OEA. La alianza castrochavista continental, con Argentina y México como las piezas gubernamentales más activas, intenta defenestrar a Luis Almagro de la posición de secretario general con el paso previo de dejar sin efecto de aceptación del enviado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre Briceño, como representante de Venezuela.
El 09ABR19 el Consejo Permanente de la OEA decidió “aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como Representante Permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo”. La decisión fue tomada por 18 votos a favor y ocho en contra, entre los cuales se incluía el del representante de Nicolás Maduro que aún asistía a las sesiones de la OEA.
La resolución del Consejo Permanente fue confirmada por 20 votos en la Asamblea General reunida en Medellín el 28JUN19. En la votación del Consejo Permanente a favor de la presencia de un enviado de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional electa en 2015 votaron Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE. UU., Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Por lo menos tres de estos países (Argentina, Perú y Santa Lucía) no votarían a favor del “gobierno Guaidó” en una votación en la actualidad.
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Con esa base inicial de cálculo, varias cancillerías están impulsando la inclusión de un punto de agenda para votar nuevamente sobre la representación de Venezuela en la 51 Asamblea General prevista para el 10NOV21 en Guatemala. Los aliados continentales del gobierno de facto de Maduro intentan desalojar a Gustavo Tarre Briceño de la representación venezolana en la OEA ya que según la versión castrochavista de los hechos, Venezuela no es miembro de la OEA desde el 27ABR19.
Por ahora la situación es poco clara sobre los resultados de las gestiones de México y Argentina, con gran apoyo caribeño, ya que deberían reunir 18 votos para imponer una decisión contra el enviado de Guaidó, lo que por ahora parece poco probable. Pero, el “tema Venezuela” ha ido perdiendo fuerza en las agendas de los gobiernos democráticos del continente y está siendo afectado por la pugna entre los partidos Republicano y Demócrata de EE. UU. que mantiene paralizada la renovación de los cuadros del servicio exterior estadounidense orientado hacia Latinoamérica.
La victoria de un candidato abiertamente castrochavista en Perú y de un gobierno procubano en Santa Lucía parecieran haber tomado por sorpresa y aparente despreocupación a los operadores de política exterior de ambos partidos.
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La representación de EE. UU. en la OEA la está ejerciendo un diplomático de carrera, Bradley Freden, en condición de encargado desde que el cubanoestadounidense republicano Carlos Trujillo se retirara del cargo el 20ENE21. La Casa Blanca anunció el 29JUL21 la indicación del también cubanoestadounidense Francisco Frank Mora como representante permanente en la OEA, hecho que confirma que las decisiones de política exterior del gobierno Biden (y de la oposición republicana) pasan por la estrategia electoral hacia las elecciones parlamentarias del 08NOV22.
La nominación de Mora, que requiere de aprobación legislativa para hacerse efectiva, desató las molestias de los republicanos de la Florida. “Nominar a Frank Mora, un abierto partidario de involucrarse con el régimen en Cuba es otra bofetada a los cubanos que exigen libertad” tuiteó el senador republicano Marco Rubio, quien es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El cargo de EE. UU. en la OEA se ha convertido en un tema electoral floridano lo que amenaza con dejar la representación estadounidense en el organismo continental sin una cabeza con peso y capacidad de acción y presión en el cotidiano pulso político en el organismo. Esta situación se podría prolongar, por lo menos, hasta finales del año.
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Salvo la representante de EE. UU. en la ONU y el embajador ante el gobierno mexicano, las designaciones del gobierno Biden para el departamento de Estado están paralizadas por maniobras de los senadores republicanos encabezados por el texano Ted Cruz. El 10AGO21 Cruz logró bloquear varias decenas de postulaciones de política exterior del gobierno de EE. UU. entre ellas la del diplomático Brian Nichols quien está indicado para asumir la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental. Nichols asistió a la reglamentaria sesión ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado el 19MAY21 y hasta ahora no ha sido ratificado. En esa oportunidad Nichols se mostró favorable a continuar con el esquema de “presión económica” sobre el régimen chavista de Venezuela.
Al llegar Biden al gobierno, la subsecretaría para el Hemisferio Occidental estaba en manos de la coreano-estadounidense Julie Chung en condición de encargada, y el 04AGO21 fue reemplazada por el hondureño-estadounidense Ricardo Zuñiga manteniéndose la condición de interinato en el principal cargo de política exterior hacia Latinoamérica.
Zuñiga había sido designado el 22MAR21 como “Enviado Especial para el Triángulo Norte” para ocuparse del único tema latinoamericano sobre el cual el gobierno Biden muestra especial interés: la migración irregular hacia EE. UU.. De hecho, el primer viaje de Biden a Latinoamérica sería a México.
Zuñiga formó parte del equipo de política exterior de la Casa Blanca de Barack Obama y junto al ahora encargado del Hemisferio Occidental en del Consejo de Seguridad Nacional, el colombiano estadounidense Juan González, forma parte del entorno de Biden para la política latinoamericana. Zuñiga seguirá como encargado del Hemisferio Occidental en espera de la ratificación de Nichols quien debería encargarse de reestructurar la política de EE. UU. hacia el continente.
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En tanto, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony J. Blinken, está enfocado en temas muy lejanos de Latinoamérica; la diplomacia hacia el conteniente ha estado asignada a otros funcionarios. El último de ellos en aterrizar el Latinoamérica fue Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien visitó el 05AGO21 a Jair Bolsonaro en Brasilia y al día siguiente al izquierdista Alberto Fernández den Buenos Aires. Sullivan confirmó a Bolsonaro que el gobierno Biden mantiene la promesa de Donald Trump para apoyar que Brasil se convierta en “socio global” de la OTAN” y también le habría recordado la posición de Washington en contra de la tecnología china para el G5.
Según Juan González, en las conversaciones con Bolsonaro y Fernández, su jefe Sullivan habría tratado de “asegurar el consenso hemisférico a favor de la democracia” sin precisar el significado. Todo indica que el actual gobierno de EE. UU. está repitiendo la posición del gobierno Trump en cuanto mantenerse cercano a Alberto Fernández, quizás jugando a una ruptura con la vicepresidenta y jefa Cristina Kirchner y un muy improbable distanciamiento del argentino con sus alianzas izquierdistas internacionales. Alberto Fernández es una de las cabezas del proyecto de retoma del poder en Suramérica por parte del castrochavismo y sus manos han estado involucradas en los procesos electorales recientes en Bolivia, Ecuador y Perú.
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Por cierto, quien sí fue ratificada por el Congreso de EE. UU., fue la teniente general Laura J. Richardson quien hasta ahora ha comandado al componente Ejército del Comando Norte de EE. UU. Richardson fue indicada por Biden para convertirse en la comandante del Comando Sur de EE. UU. y el Senado ratificó su designación el 11AGO21.
Durante su exposición el 03AGO21 ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, la general expresó su preocupación por “la creciente presencia e influencia china y rusa en nuestro hemisferio, particularmente cuando estas naciones están fortaleciendo lazos con los gobiernos que no comparten nuestros valores democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Señaló que en la zona de actuación del Comando Sur se vive una “crisis humanitaria por los millones de venezolanos que huyen de las trágicas condiciones en su patria” y advirtió de una eventual “crisis migratoria” en la zona del Caribe de continuar la “inestabilidad” en Cuba y Haití. Esta es la imagen que los analistas militares estadounidense tienen sobre las inmediaciones caribeñas.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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