Foto del episodio Murió de hambre y olvido, del pódcast Vocesdeldesamparo.com, cortesía @Voyzes (interv. por Runrunes).
Realmente la situación de enfermedades contagiosas y la desnutrición cada día aumenta en las cárceles venezolanas y los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Las cifras que arrojan los estudios de expertos en el tema son cada vez más alarmantes.
Si bien hasta hace algunos años la mortalidad penitenciaria provenía de las riñas y conflictos entre reclusos, hoy en día la muerte por falta de atención médica, alimentaria y sanitaria de nuestros presos tiene un aumento importante.
En esto no hay distinción del tipo de presos. Sean presos comunes, políticos, mujeres y adolescentes en conflicto con la ley penal, sufren las mismas vicisitudes.
Recientemente Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo desde su fundación, hace 23 años, presentó un informe sobre el acceso a la salud en 111 centros de detención preventiva de los estados Distrito Capital, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia. Este arrojó unos resultados a los que dedicaré mi columna de hoy por lo crudo y alarmantes que son.
El monitoreo se realizó, como antes dije, sobre un total de 111 centros de detención preventiva, de los cuales 96 están orientados a la población civil y los otros 15 al sector militar. Entre todos tienen capacidad de albergar a 3702 privados de libertad, pero hasta el mes de abril de 2021 en estos retenes había una población de 11.527 detenidos: 10.392 hombres y 1134 mujeres.
Esta cifra representa un 311 % de hacinamiento, solo en los centros monitoreados. Los centros estudiados están lejos de acoger el total de privados de libertad en Venezuela, que abarca un aproximado de ciento diez mil presos, repartidos en las cárceles y en centros de detención preventiva. Por si fuera poco, es en estos últimos donde se encuentra la mayor cantidad de presos: aproximadamente sesenta y cinco mil reclusos, contraviniendo la propia ley, que prohíbe retener a una persona en un calabozo policial por más de 48 horas.
Uno de los datos más resaltantes del informe, es que entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021, lapso que duró la investigación, treinta y dos reclusos fallecieron por enfermedades no tratadas, solo en los centros monitoreados por UVL. El informe detalla las causas de los decesos: “3 privados de libertad con VIH, 24 con tuberculosis y una con una afección gastrointestinal; 3 con complicaciones respiratorias y uno con un infarto.
Igualmente, según el informe, “durante el lapso monitoreado Una Ventana a la Libertad constató un total de 14 personas privadas de libertad con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 274 afectados por tuberculosis y 951 afectados por desnutrición. Se documentaron 93 casos de privados de libertad que resultaron afectados por la pandemia COVID-19”.
Según UVL “La mayoría de decesos se registró en el estado Zulia, específicamente en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, lugar donde los cadáveres son colocados en plena calle para llamar la atención de las autoridades”. Es importante destacar que este lugar, conocido como el Retén de Cabimas, tiene, desde febrero del 2021, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que obliga al Estado venezolano a proteger la vida y la integridad de las personas que allí se encuentran.
La investigación determinó que los fallecidos nunca recibieron atención médica adecuada y que además los tribunales jamás procedieron al otorgamiento de las medidas humanitarias que se aplican en estos casos.
Como verán, la situación de salud y desnutrición está exterminando a nuestra población privada de libertad.
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