Ha sido una semana llena de logros significativos para la administración Biden-Harris, que se está enfocando exitosamente en los esfuerzos para controlar la pandemia, corrigiendo sus consecuencias socioeconómicas con la promulgación de la ley de alivio financiero frente a la covid-19, por un monto de $1,9 trillones. Durante la misma, el gobierno de Biden decretó otra decisión de especial relevancia para la comunidad venezolana-estadounidense, celebrada por las comunidades latinas en general: la designación del Estatus de Protección Migratoria Temporal (TPS) para Venezuela.
La situación de Venezuela ha involucionado desde lo que comenzó como un gobierno que, aunque electo, se transformó en neoautoritario, con una retórica populista maligna, bajo el liderazgo de Hugo Chávez; hasta el actual deterioro significativo de las condiciones de vida de los venezolanos, quienes luchan contra y resisten el régimen dictatorial de su sucesor, Nicolás Maduro; cuyo gobierno incurre en graves violaciones de los derechos humanos para reprimir la disidencia, dilapidó la riqueza petrolera de la nación, y destruyó la que alguna vez fue una de las democracias y economías más prometedoras de América Latina.
El último informe de la prestigiosa alta comisionada para los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, es una clara evidencia de la magnitud de la represión del régimen venezolano y de su carácter opresivo en medio de una profunda crisis humanitaria.
Las condiciones del país, bien documentadas en el decreto de designación del TPS promulgado por el Secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden-Harris, Alejandro Mayorkas, en consulta con el Departamento de Estado, confirman que los venezolanos están huyendo de un régimen que no solo practica la represión política, sino que también ha establecido el reinado de miedo y terror (la alta comisionada de la ONU Bachelet denunció—como lo hicimos hace unos años en IQLatino—las horribles prácticas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos paramilitares afiliados al régimen).
Más allá de esta situación política, el colapso económico e institucional en Venezuela ha impactado negativa y severamente la seguridad alimentaria y la salud. La magnitud del éxodo de venezolanos cuenta con más de 5 millones de refugiados, que cruzan las fronteras con Colombia o Brasil, y de allí a otros países vecinos de Sudamérica. Además, miles que pudieron, invirtieron sus limitados recursos para llegar a Europa (mayoritariamente hasta España), con 320.000 refugiados desembarcando a lo largo de los años en los Estados Unidos.
En 2017, los legisladores Debbie Wasserman-Shultz (D-FL) y Carlos Curbelo (R-FL) iniciaron un esfuerzo bipartidista, con la simpatía de los senadores Bob Menendez (D-NJ) y Marco Rubio (R-FL). Sin embargo, con la elección de Donald Trump en noviembre de 2016, los acontecimientos tomaron rápidamente un giro diferente, mientras que el deterioro de las condiciones en Venezuela se aceleró.
La administración Trump desarrolló gradualmente una retórica de confrontación que parecía priorizar la crisis de Venezuela, pero se centró en la narrativa de la «presión extrema» y el «cambio de régimen,» que incluía la implementación de medidas, con apoyo bipartidista, y adoptadas por primera vez bajo la presidencia de Barack Obama bajo la ley Menéndez-Rubio para la protección de los derechos humanos y la sociedad en Venezuela; todo lo cual finalmente evolucionó hasta la codificación contenida hoy día por la ley VERDAD.
Las medidas bipartidistas incluyeron sanciones contra los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, el no reconocimiento de su presidencia tras el fraude electoral de 2018, y el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, incluyendo el congelamiento y protección de importantes activos del Estado venezolano en Estados Unidos como CITGO.
Si bien algunas de estas medidas y herramientas bipartidistas de política exterior eran potencialmente apropiadas o necesarias, las estrategias, el despliegue y la implementación por parte de la administración Trump se intensificaron de manera caótica y unilateral (particularmente perdieron eficacia por la poca coordinación con nuestros aliados en Europa). Trump y su equipo tenían, en realidad, un solo objetivo: hacer de Venezuela una extensión política del problema de Cuba en el sureste de Florida, para así aprovechar, con fines electorales, el trauma vivido por ambas comunidades.
En tal contexto, el TPS se convirtió en algo marginado por Trump y su Casa Blanca, quienes afirmaban que, en cambio, lograrían un cambio de régimen en Venezuela; incluyendo el engañoso discurso del uso de la fuerza militar, lo cual debilitó aun más la coalición multilateral para intentar y presionar por cambios democráticos en Venezuela.
El mismo día de la designación de TPS, Elliott Abrams, el exenviado especial de Trump para Venezuela e Irán, escribió que la razón por la cual Trump nunca consideró otorgar TPS a los venezolanos fue la prédica antiinmigrantes (xenófoba, debo decir) que prevalecía en los ideólogos de la Casa Blanca.
Sus proyectos de ley nunca se aprobaron a pesar del copatrocinio de republicanos de Florida como el senador Marco Rubio o el congresista Mario Díaz-Balart (cuyos esfuerzos solo pudieron persuadir a Trump de, literalmente en una decisión de último minuto, otorgar el diferimiento de las deportaciones (DED), durante 18 meses, a inmigrantes indocumentados venezolanos.
El DED, por supuesto, no proporciona un estatus migratorio determinado, y fue corto y tardío ante las crecientes necesidades de los refugiados venezolanos. En ese momento, 96.000 venezolanos tenían solicitudes de asilo pendientes, y miles eran vulnerables a convertirse en indocumentados (o ya estaban indocumentados), y más de 3.000 venezolanos seguían enfrentando trámites de deportación, mientras que cientos seguían detenidos en centros de ICE, sin la debida atención médica durante el coronavirus, entre otras humillantes condiciones.
En 2019, a medida que la situación se agravaba, trabajé, con el apoyo del presidente del Partido Demócrata Tom Pérez, y junto a la dirección de la Conferencia Hispana, así como el liderazgo de Latino Victory Project, para aprobar una resolución del DNC que declaraba el TPS Venezuela como una prioridad para el Partido Demócrata; cosa que luego se incluyó en nuestra plataforma electoral. Durante la Convención Demócrata del 2020 hablé sobre el tema. Fue reconfortante cuando el presidente Joe Biden hizo una promesa de campaña que ya cumplió, la de otorgar el TPS para los venezolanos, dentro de los primeros 100 días de su administración.
La comunidad venezolana en los Estados Unidos está creciendo y es vibrante. Emprendedora, honesta y trabajadora, comprometida con los valores estadounidenses. Hay más de 500.000 venezolanos en Estados Unidos de los cuales cerca de 150.000 son ciudadanos, como mi familia y yo.
La administración de Biden ha anunciado que continuará con los esfuerzos para restaurar la democracia y hacer cumplir las protecciones de los derechos humanos en Venezuela, así como abordar la crisis humanitaria; pero esta vez con una estrategia multilateral renovada y enfocada en dirigir toda la presión para crear vías diplomáticas para un solución negociada y pacífica al estancamiento político de Venezuela. Esta incluye la posibilidad de ayuda humanitaria multilateral, siempre que todo sea concurrente con una ruta clara y creíble para celebrar elecciones libres y justas. Este es, sin duda, el enfoque correcto, pero tomará tiempo.
La crisis humanitaria que ha obligado la migración venezolana hasta los EE. UU. requiere no menos que un TPS. Dada la complejidad de la crisis en Venezuela, y en hecho que las las familias refugiadas ahora bajo la protección del TPS irán adquiriendo mayor arraigo en este país, nos mantendremos vigilantes para asegurar y defender que los refugiados, hoy beneficiarios del TPS, sean elegibles para la residencia permanente en caso de prolongarse el tiempo bajo este estatus (y eventualmente abrirles un camino hacia la ciudadanía), todo bajo la reforma migratoria que ahora está pendiente en el Congreso.
* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.
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