Leopoldo Martínez Nucete, autor en Runrun

Leopoldo Martínez Nucete

Detengamos con nuestro voto la perniciosa influencia de Trump, por Leopoldo Martínez Nucete*

@lecumberry

Como venezolano que vio una democracia socavada por Hugo Chávez, reconozco a un demagogo populista y radical cuando lo tengo delante. Por eso, he dedicado varias entregas en este espacio a expresar mis preocupaciones ante la crisis de nuestra democracia, desde la elección de Donald Trump. 

Siempre me han alarmado las muestras de intolerancia y la división que ha creado en el país; y Trump se encarga de mantener viva mi angustia, y la de muchos, al provocar a grupos violentos y desquiciados a través de sus tuits y declaraciones.

Con su conducta y retórica el presidente Trump convierte este país y, en realidad, al mundo, en un lugar más peligroso.

Como congresista en Venezuela, fui un perseguido político. La represión del régimen, a quienes disentíamos, no era infrecuente y la violencia inspiró (y a menudo, trastornó) a grupos que actuaron inspirados por el fanatismo y los silbidos caninos de Chávez. En aquellos días, fui víctima de asaltos durante mi viaje diario al Capitolio; y peor aun, fui dos veces blanco de ataques fallidos y secuestros por parte de chavistas armados, mientras estaba con mi familia o, incluso, en mi casa. Eran, a no dudarlo, eventos de motivación política, que se mezclaron con el caos de seguridad ciudadana existente y creado por el régimen, dando así cobertura a los grupos que constituían parte de su base política. 

Los hechos violentos en Charlottesville, Pittsburgh, Charleston, El Paso, así como el asesinato más reciente en Kenosha WI, han sido atribuidos por muchos analistas a un estímulo puesto en marcha por la retórica presidencial.

Durante el reciente debate, el presidente Trump en lugar de condenar a los supremacistas blancos, les sugirió que “esperaran”. Además, su incapacidad para comprometerse con una transferencia pacífica del poder remitió con nitidez al autoritarismo que padecí en Venezuela.

Esta semana, en el debate presidencial, una vez más expresó conceptos despectivos con respecto a los migrantes latinos, al defender su política de separación de familias que literalmente ha dejado hasta ahora 545 niños detenidos sin que se puedan ubicar sus padres; además de afirmar que no puede permitir que las familias tramiten su asilo en libertad con obligación de comparencia a las autoridades porque, según él (a contravía de los hechos), la mayoría son criminales. ¡Y los que se presentan a sus audiencias son personas de bajo coeficiente intelectual!

Escuchar a Trump referirse una vez más de esta forma a nuestra comunidad latina es simplemente la reiteración de su ataque racista y xenófobo. Que además desconoce el drama humanitario de las familias migrantes y los valores estadounidenses como nación, abierta a los refugiados de tragedias como las que afectan en general a los solicitantes de asilo.

En las últimas semanas, hemos visto también a grupos violentos interferir con las actividades de los partidarios de Biden en caravanas de automóviles en Miami.

Personalmente, hace unos meses viví el acoso y la provocación de los “Trump Proud Boys” en esa ciudad de Florida, mientras estaba en una conferencia de prensa, frente a Liberty Tower, donde me uní a la congresista Donna Shalala y otros defensores de los derechos del migrante que exigen que esta administración suspenda las deportaciones de refugiados cubanos, venezolanos y nicaragüenses.

También fuimos testigos (y víctimas) de campañas deliberadas de desinformación en las redes sociales, a menudo impulsadas por troles y bots atribuibles a actores rusos y extranjeros, al estilo del G2 cubano. No descarto que ello tenga que ver con los temas dirigidos a confundir a la comunidad venezolana en Florida, todas estas diseñadas para acosar a los adversarios de Trump con acusaciones falsas y etiquetas que podrían desencadenar acciones lesivas, además del linchamiento reputacional digital. Estas acciones son parte del esfuerzo deliberado para dividir y polarizar al electorado. Y para obstaculizar la convivencia democrática.

Y como tema de cierre, leímos con inmensa inquietud el informe del FBI que indicia a miembros de un grupo de extrema derecha de conspiración para secuestrar a los gobernadores de Michigan y Virginia. Sin más vueltas, EE. UU. se encamina en la dirección equivocada. No es posible prescindir del hecho de que esos eventos fueron precedidos por una retórica de odio, discursos de intolerancia y tuits belicosos del propio presidente Trump, expresados en el grito: “LIBEREN A MICHIGAN” y “LIBEREN A VIRGINIA.”

Esto es antiestadounidense. Ni más ni menos. Debe detenerse. Como ciudadanos de una democracia ejemplar, bastión de los valores de Occidente, debemos utilizar el poder de nuestro voto para frenarlo.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Puerto Rico puede decidir la elección, por Leopoldo Martínez Nucete*

Banderas de Puerto Rico, los EE. UU. y la Cruz de Borgoña en el histórico Castillo de San Cristóbal. Foto Birga en Pixabay.

@lecumberry

La crisis y el futuro de Puerto Rico son un problema y un desafío que demandan respuestas inaplazables. La administración de Donald Trump ha maltratado a nuestra querida Isla del Encanto, al extremo de relegar a los boricuas a ciudadanos de segunda clase, durante y después de la tragedia de los huracanes Irma y María. E incluso, en los momentos más difíciles del pueblo puertorriqueño, sondeó a su equipo en la Casa Blanca sobre la posibilidad ¡de vender la isla!, en lugar de cumplir con su deber, facilitando los recursos que la emergencia exigía.

En pleno proceso electoral, Trump, llevando al paroxismo la marca populista, anuncia que desembolsará los fondos que ha retenido todos estos años, a los que Puerto Rico tiene derecho. Pero, ¿por qué ahora?, si los reclamos se han acumulado sobre el escritorio de la Sala Oval por tanto tiempo. ¿Será que la oferta tiene un trasfondo de extorsión y el pertinaz verdugo de Puerto Rico pretende ahora cortejar el voto boricua?

No es difícil percibir esta movida con malicia. Los puertorriqueños han cambiado el mapa electoral de los Estados Unidos, principalmente en la Florida, donde se cuentan más de 700.000 electores de ese origen.

Pero no solo allí. También en otros campos de batalla fundamentales, como Pensilvania y Texas, donde se calculan más de 200.000 electores puertorriqueños, respectivamente; o en Georgia, donde se aproximan a los 50.000.

En el pasado, cuando pensábamos en el voto boricua, nos circunscribíamos a Nueva York. Pero, como resultado de la crisis en la isla, la diáspora puertorriqueña creció de forma exponencial en el territorio de los EE. UU., al punto de que, de los casi nueve millones de boricuas, unos seis millones viven en los EE. UU. En Florida se han residenciado en el llamado eje de la autopista I4, que va desde Orlando hasta Tampa.

Al momento en que este inmenso contingente de puertorriqueños se reubicó en territorio continental, activó de manera automática su derecho a votar como ciudadanos americanos. Uno de los absurdos vestigios del sistema neocolonial, que se impone a Puerto Rico, es que, siendo ciudadanos, no pueden elegir al presidente de su país si están residenciados en su tierra natal. Escandalosa cláusula con la que se castiga a un pueblo que no ha escatimado aportes a la cultura de la Unión y, por cierto, tributado su sangre en el ámbito militar estadounidense. Por si fuera poco, la negligencia dispensada en la terrible emergencia de estos años puso de relieve también la inequidad fiscal y política con la que el sistema político-jurídico de EE. UU. gestiona a Puerto Rico, a consecuencia del estatus territorial.

Es cierto que la deuda y la situación fiscal de Puerto Rico exigen un plan de ajustes en el gasto o las políticas de la isla. Pero más allá de la racionalización de su política fiscal, el gobierno federal tiene un rol que jugar en este asunto. Puerto Rico es parte integral y vibrante de la sociedad estadounidense.

Desde la perspectiva económica y financiera, el caso de Puerto Rico, en el contexto del sistema federal americano, es similar al de Grecia en la Unión Europea, con una variante fundamental y es que la fiscalidad y profundidad del mercado de capitales de los Estados Unidos ofrece muchas más posibilidades para tramitarlo con éxito. Es inexplicable que no haya conciencia de ello en los representantes republicanos que integran el liderazgo del Congreso y el Senado. Hasta ahora, ha sido el partido demócrata en el Congreso el que se ha hecho sentir con energía y propuestas concretas para dar a Puerto Rico el trato digno que le corresponde.

Joe Biden ha comprendido esto. Y lo ha asumido como una prioridad en su programa de gobierno. Su plan para Puerto Rico ha sido calificado por todos los líderes de la isla como abarcador, acertado y sintonizado con las prioridades del pueblo boricua. Biden plantea, con detalles programáticos y compromisos financieros:

1) apoyar una recuperación total y la reconstrucción de la infraestructura para cumplir con los estándares modernos;

2) invertir en el futuro de Puerto Rico mediante iniciativas de desarrollo económico y apoyo a las familias;

3) proveer alivio de una deuda insostenible; y

4) ampliar el acceso a la educación y capacitación de la fuerza laboral.

En su discurso en Orlando hace unas semanas, Biden fue más allá. Se empinó por encima de las políticas públicas para hacer un pronunciamiento de magnitud y resonancia política al afirmar que en su presidencia abordará la cuestión del estatus territorial de Puerto Rico: «Mi preferencia personal es que Puerto Rico sea un estado. Corresponde a los puertorriqueños decidirlo soberanamente y nosotros debemos corresponder esa decisión de forma vinculante, a nivel federal».

En términos francos, una administración Biden-Harris estaría comprometida con la ruta a la estadidad de Puerto Rico, si así lo decide el pueblo boricua, que se ha pronunciado con bastante claridad en recientes eventos populares de carácter no vinculante.

La oferta es potente. No es cualquier cosa contar con el inmenso poder e influencia de la Presidencia para tramitar la admisión de un nuevo estado a la Unión Federal, que exige de un acto legislativo del Congreso, según la llamada Cláusula de Admisión del Artículo IV de la Constitución.

Una revisión de las encuestas y su peso relativo en distintos estados clave revela que el voto puertorriqueño puede elegir el próximo presidente de los EE. UU. Así como suena.

Ya sea decidiendo el destino electoral de la Florida, -estado sin el cual Trump no tiene camino a la reelección-, en la reconquista de Pensilvania o en el viraje hazañoso en Texas o Georgia, donde la concentración de puertorriqueños es vital en estos días.

Sin pasiones, sin engañarnos y sin manipular los hechos, no se puede sino concluir que los puertorriqueños tienen dos razones muy potentes para ejercer ese súbito poder. Con su voto por Joe Biden, despedirían a un presidente que los ha discriminado y ha condenado a su isla a sinfín de injustas precariedades. Y, luego, empoderarían una administración comprometida a luchar por la estadidad… si esa es la decisión soberana del pueblo boricua, claro.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los impuestos de Trump: más que un enigma fiscal, un desafío ético, por Leopodo Martíez Nucete

@lecumberry

El país está perplejo. Nos enteramos de que casi todos pagamos más impuestos que el magnate presidente. Lo hemos sabido por una fuente que merece toda la confianza, The New York Times, cuyos bien fundamentados informes de investigación, basados en las declaraciones de impuestos de Trump por más de una década, demuestran que el multimillonario pagó un total de $ 1.500 (para ser precisos, $ 750 en 2016 y en 2017).

Un hogar de clase media estadounidense promedio (el de enfermeras, maestros, oficiales de policía o trabajadores manuales) tributa no menos de $ 5.000 al año. Casi siete veces más.

La revelación viene acompañada de otro datos inquientes: el jefe del Estado debe a prestamistas privados 420 millones de dólares. ¿Cómo puede un multimillonario, que opera en los mercados inmobiliario y de los casinos en grandes hoteles pagar casi cero impuestos durante una década? La tasa impositiva efectiva promedio en tales sectores, entre las empresas generadoras de dinero, ha sido del 22 %, para los desarrolladores inmobiliarios; y del 17 %, para los hoteles y los juegos, según una investigación de la NYU Stern Business School.

Por lo tanto, o Trump está involucrado en una planificación fiscal evasiva y abusiva ¡contra el país que gobierna!, o sus empresas están perdiendo dinero masivamente… en tiempos de expansión económica, ya que el país está fuera de recesión desde 2009.

Solo dos opciones pueden concluirse, a la luz de las declaraciones de impuestos de Trump: ha violado de la ley o es un terrible hombre de negocios. Pero esto no es lo más alarmante. Finalmente, si Trump ha defraudado al Estado o es un empresario lamentable, estas son cuestiones personales. Graves, que claman al cielo, pero individuales.

Lo verdaderamente desolador aflora cuando se asume que, como Trump y sus defensores aducen, esa suma de $750 al año de tributación está ajustada a la ley.

Si esto es así, estamos ante una aberración, puesto que en ese caso el sistema está trabajando para beneficiar a los más ricos a expensas de la clase media y trabajadora, que paga una tasa impositiva efectiva promedio del 19,7 %, según una investigación y datos de Americans for Tax Fairness (organización no partidista).

Más allá de la arena de los impuestos y la política tributaria, nadie ha aclarado quiénes son los acreedores privados (no bancarios) de los $ 420 millones que adeuda el presidente de los Estados Unidos. Un compromiso que, dada la investidura del deudor, es asunto de la ciudadanía en pleno. Estos dos asuntos deben, sin duda, constar entre las prioridades del debate electoral.

Si no bastara la exigencia ética que debe pesar sobre el gobernante, que se destaque, entonces, la coyuntura actual, en la que el déficit fiscal creció de 2,8 % a 4,8 % del PIB, durante los últimos tres años; después de que Trump y el Partido Republicano redujeran los impuestos a las corporaciones más grandes y opulentas de Estados Unidos.

Y si esto tampoco arrojara una sombra ominosa sobre el presidente candidato a la reelección, que se tome en cuenta el malestar social causado por el hecho de que  la tributación injusta, evaluada en investigaciones del Instituto de Política Económica, es uno de los impulsores de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos.

Por donde se le mire, no hay manera de echar un vistazo a las planillas de impuestos de Trump sin sentir que hay algo muy anómalo en el paisaje. Y que si la sociedad le deja pasar esta, se convertirá en cómplice de su propio desmedro. Más que en lo económico, en lo moral.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

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El debate evidenció quién tiene talante de jefe de Estado, por Leopoldo Martínez Nucete

@lecumberry

En la noche del martes 29, se produjo el primer debate entre el ex vicepresidente Joe Biden y el presidente Trump. De muchos asuntos que podrían analizarse, vamos a espigar tres:

Las encuestas revelan con nitidez un ganador: Joe Biden

Según un sondeo de CNN, seis de cada 10 observadores del debate dieron a Biden como el triunfador; y solo el 28% de los observadores pensaron eso de Trump. No hay duda de que Biden superó a Trump, quien no hizo más que sabotear el evento, sin advertir que, de hecho, se perjudicó a sí mismo y, desde luego, al ejercicio de la democracia.

Más allá de las encuestas

Otras consideraciones En segundo lugar, deben medirse otras consideraciones, más allá de las encuestas de desempeño en el debate. Las tendencias posteriores al encuentro reafirmaron el liderazgo que ya tenía Biden. La encuesta aludida, realizada por SSRS para CNN, revela que el debate no cambió significativamente las preferencias previas del electorado (por Trump o por Biden), ni movió de manera significativa a los votantes indecisos. Sin embargo, los datos muestran una ligera inclinación contra Trump, tras su actitud en el debate; y el dato que resalta en las mediciones es que las personas que creen que Biden ganará las elecciones (independientemente de su preferencia) saltaron del 53 % al 60 %, después de ver el debate.

El carácter de los participantes

Más importante aun, dado que los debates evidencian el carácter de los participantes, este ofreció otra prueba monumental de que Trump no tiene cualidades de estadista y que Biden, en cambio, tiene el talante presidencial. Biden, enfrentando con éxito el sabotaje de Trump, habló directamente a la audiencia en varias ocasiones y mostró su empatía por los estadounidenses, en medio de la crisis que vivimos. Específicamente, describió de forma somera su plan para proteger y expandir la Ley de Cuidados Asequibles (Obamacare); y esbozó su plan para conciliar la recuperación de la economía con la protección de la salud y la vida de las personas frente a la COVID-19.

Trump, por su parte, mostró lo que sus acciones han demostrado: a él no le importa la gente, se trata de él y de imponer su agenda personal (y la de quienes tienen poder económico a su alrededor) a través de su presidencia.

Debe enfatizarse, una y otra vez, que Trump no condenó, en el debate, a los grupos que promueven la supremacía blanca. Más bien, les pidió que “se mantuviera al margen y atentos” (stand-back and stand-by, fueron sus palabras). Una posición contraria a los valores americanos.

Este llamado a los supremacistas blancos para que simplemente “se mantengan en espera” es muy preocupante en sí mismo, pero particularmente peligroso a la luz de las declaraciones de Trump de no comprometerse a reconocer el resultado de las elecciones ni garantizar una transferencia pacífica del poder, como es la tradición estadounidense. El Senado ya había aprobado una resolución unánime, la semana pasada, respondiendo a semejante absurdo. No obstante, insistió en ello durante el debate.

La alarmante afirmación de Trump carece de fundamento. La posibilidad de fraude o error en los votos por correo es de menos del 0,0025 % (prácticamente inexistente) según todos los estudios bipartidistas. El propio director del FBI de la administración Trump ha negado rotunda y categóricamente esa posibilidad hasta la fecha.

El voto postal es una alternativa legítima y legal del votante, esencial en pandemia y, según las encuestas, el método preferido de votación para los electores demócratas y los adultos mayores. Esto abre la posibilidad de que Trump esté incurriendo en otro “silbido canino” a los supremacistas blancos (para que estén listos si él aprieta el gatillo de no seguir el camino institucional), antes de que se obtengan los resultados finales; contando, según la ley, todas las boletas enviadas por correo.

El pueblo estadounidense se merece algo mucho mejor de lo que vimos en el primer debate presidencial. Y no hay duda de que, con base en lo que acaba de ocurrir, corresponde exclusivamente al presidente Trump ponerse a la altura de las normas democráticas.

El mundo también está mirando estos debates y preguntándose si el pueblo estadounidense impulsará cambios a la Casa Blanca, si reclamará el liderazgo moral en los asuntos internacionales, o si la presidencia de Trump es una indicación fatal de un declive en la posición de Estados Unidos frente a los asuntos globales.

Las encuestas recogen las reacciones de los consultados, lo que dicen ante una pregunta, pero no registran las impresiones que han empezado a tomar cuerpo en la sicología colectiva.

El debate del martes no dejó lugar a dudas. El país y el mundo saben quién es quién. Cualquier decisión se tomará sobre la base de unas opciones muy claras.

Al momento de escribir esta nota, se ha confirmado que Trump está contagiado con COVID-19. El diagnóstico proyecta una sombra de incertidumbre sobre muchas cosas, pero, de seguro, sobre los dos futuros debates, dado que el presidente entra en cuarentena y habrá que esperar cómo evoluciona su salud. En cualquier caso, con más debates o sin ellos, esperemos que triunfe la democracia y gane la esperanza frente al oscurantismo encarnado por Trump.

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* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

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Una Corte Suprema sin RBG, por Leopoldo Martínez Nucete

Ruth Bader Ginsburg, o RBG como se le conoce, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos (marzo 1933 / septiembre 2020). Foto oficial Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 2016.

@lecumberry

Estados Unidos está de luto. Ha fallecido la magistrada Ruth Bader Ginsburg, campeona de los derechos de las mujeres, los derechos civiles y la igualdad de oportunidades ante la ley.

RBG, como es conocida, se fue tras feroz batalla contra el cáncer. Lo sabemos por ella misma, quien al manifestar sus últimos deseos incluyó que la designación de su sucesor en la Corte Suprema estuviera en manos de un nuevo presidente, elegido por el pueblo.

RBG era consciente del impacto negativo de la actual polarización en nuestra sociedad, así como de la crucial importancia de tener una Corte equilibrada (y no politizada), orientada a crear una unión más perfecta, con igualdad ante la ley para todos.

Designada por el presidente Bill Clinton, la jueza Ginsburg, segunda mujer en llegar a tan encumbrada posición, sirvió en el tribunal más alto del país desde 1993. Durante sus años en la Corte, llegó a ser conocida como la Gran Disidente, título conferido una vez al magistrado John Marshall, por sus muchas discrepancias en la defensa de las libertades civiles, destacando su oposición frente a la infame sentencia de Plessy v. Ferguson, que legalizó por décadas la segregación en edificaciones públicos. El legado de la jueza Ginsburg se define por su lucha por la igualdad de derechos para las mujeres, la comunidad LGBTQ, las minorías y los inmigrantes.

Nacida en el hogar de una pareja de inmigrantes, -su padre era un judío venido de Rusia y su madre, de origen judío-austríaco-, la jueza Ginsburg fue adalid de los derechos de los migrantes.

En junio de 2020, se puso del lado de la mayoría en el caso del Departamento de Seguridad Nacional contra los regentes de la Universidad de California, que había encontrado injustificada la rescisión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por parte de la administración Trump. En junio de 2018, apoyó a la minoría en Trump v. Hawaii, el caso que confirmó la prohibición migratoria a musulmanes decretada por Trump.

En Arizona v. Estados Unidos (2012), dio su respaldo a la mayoría para derogar ciertas disposiciones en la controvertida legislación SB1070 de Arizona, por la cual los inmigrantes debían llevar en todo momento un certificado de registro de extranjero y requería que la policía determinara el estado migratorio cuando existía “sospecha razonable” de que un inmigrante era indocumentado. En Demore v. Kim (2003), la jueza Ginsburg abogó por la minoría al fallar contra una detención obligatoria de inmigrantes prolongada, y en Zadvydas v. Davis (2001), sustentó la posición de la mayoría para dictaminar que el gobierno no podía retener indefinidamente a inmigrantes detenidos si sus países de origen se negaban a aceptar su repatriación o esta ponía en riesgo la integridad de las personas.

El voto de la magistrada Ginsburg jugó un papel crucial en las decisiones que impactaron a millones de latinos. En 2019, fue un voto clave en la decisión 5-4, en el caso Departamento de Comercio v. Nueva York, cuando la Corte bloqueó el intento de la administración Trump de agregar una pregunta de ciudadanía al censo. En 2015, se unió a la mayoría en los casos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) protegiendo la atención médica de millones de latinos y otros estadounidenses.

Su protección del derecho al voto y el repudio de las medidas de supresión de votantes buscaban proteger a las minorías, a menudo blanco de tales intentos. En 2013, asumió un fuerte desacuerdo en Shelby Country v. Holder, que había desmantelado una disposición importante de la Ley de Derechos Electorales (que obligaba a los estados del sur a obtener la aprobación federal antes de realizar cambios en sus leyes electorales). “Prescindir de la autorización previa cuando ha funcionado y sigue funcionando, para detener los cambios discriminatorios, es como prescindir del paraguas en medio de una tormenta porque no se está mojando”, escribió.

Su compromiso con los derechos civiles de los inmigrantes le ha valido a la magistrada Ginsburg el elogio de influyentes grupos hispanos, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, el Latino Victory Project y Voto Latino. Todos le debemos a Ruth Bader Ginsburg una tremenda gratitud por su compromiso de toda la vida para que todos, sin importar nuestro género, raza, orientación sexual, origen o religión, seamos iguales ante la ley.

El muy lamentable deceso de esta titana de la igualdad y la justicia se produce cuando la campaña electoral estadounidense entra en la recta final. Según todas las encuestas, Joe Biden aventaja al presidente Trump, con un cómodo margen en los promedios nacionales (+ 7 %, según la reconocida encuesta de la Universidad de Monmouth), al punto de que en una increíble declaración -sin precedentes por lo irresponsable- el propio Trump se negó a comprometerse a aceptar los resultados electorales y asegurar una transición pacífica de poder. El Senado en pleno tuvo que emitir una resolución en contrario.

Sin atender a la última voluntad de RBG, Trump ha dicho que cubrirá la vacante y el senador McConnell está presionando a la mayoría republicana en el Senado para que haga lo mismo, a pesar de que se hizo lo contrario cuando impidieron que el juez Merrick Garland, nominado por Obama, obtuviera la votación en el Senado para cubrir la vacante del magistrado conservador Antonin Scalia. El Partido Republicano dijo, entonces, porque era año de elecciones, que la gente tenía que votar antes de que el Senado decidiera, aunque faltaban más de 250 días para el día de las elecciones.

Hoy, a menos de 40 días antes del día de las elecciones, y con la gente ya votando anticipadamente (de forma presencial o por correo), el Partido Republicano avanza en su empeño de asegurar una Corte Suprema políticamente inclinada hacia su agenda conservadora, que representa una regresión social de terrible impacto en el ámbito de los derechos civiles; además, desde luego, de sus compromisos con la agenda de sectores económicos y corporativos que hacen abierta resistencia a cuestiones indispensables para una transición económica y energética hacia la sustentabilidad medioambiental, así como la protección de la clase trabajadora y los consumidores, entre otros asuntos fundamentales.

De concretarse este nombramiento, estaríamos ante un delicado escenario en el cual un presidente que no ganó las elecciones con la mayoría del voto popular directo, habría nombrado, a contravía de la opinión mayoritaria del país, a tres magistrados de la Corte Suprema en menos de cuatro años.

De esta manera, arriesgan los republicanos y Trump romper con los equilibrios que ofrece la más alta instancia judicial del país al pacto social concebido para ofrecer a los ciudadanos garantía de que las instituciones son el camino de lucha para alcanzar una “unión más perfecta”, tal como reza el propio preámbulo de la Constitución de los EEUU. El pueblo de este país tiene, pues, muchas razones para llorar la muerte de su sabia y justa magistrada. Pero también para hacer honor al legado de RBG, movilizandose a votar para defender sus derechos.

¡Nos leemos por Twitter!

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La recta final de las elecciones en EEUU y la lucha por el control del Senado, por Leopoldo Martínez Nucete

@lecumberry

La campaña electoral de los EE. UU. entra en la recta final. Como es de esperarse, la guerra de las encuestas genera todo tipo de análisis, pero algo está claro: Biden continúa a la cabeza, con un margen cómodo en los promedios nacionales (+7 % según las reconocida encuesta de la Universidad de Monmouth) y más amplios márgenes que los que tuvo Hillary Clinton en 2016 en cada uno de los estados clave como Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona. Y se da el caso de pelea cerrada en estados como Ohio o Carolina del Norte e, increíble, en bastiones republicanos como Georgia o Texas.

Otro hecho claro es que los rangos de aprobación de Trump son históricamente bajos, comparados con cualquier presidente en ejercicio en la historia durante sus campañas para la reelección, con 56 % de sólido rechazo a su gestión, según la prestigiosa encuestadora Gallup.

Y todo esto ocurre en el contexto de la crisis de salud pública de COVID-19, que se agrava por falta de respuestas gubernamentales y una recesión económica que golpea a la clase media y trabajadora, a los pequeños negocios y, con especial rudeza, a la comunidad latina y afroamericana, menores en número, pero proporcionalmente mayores tanto en contagio y muertes por el virus como en afectados por la recesión.

A esto debe agregarse una altísima volatilidad de los mercados bursátiles, que se traduce en jugosas oportunidades de especulación para quienes tienen más recursos, liquidez y crédito para operar en ese espacio privilegiado de la economía.

En la línea de datos nítidos emanados de las encuestas, tenemos que, a mayor participación electoral, más amplia la ventaja de Joe Biden. Un ejemplo de ello es el voto latino.

A nivel nacional, Biden lidera el voto de los hispanos, con niveles que promedian cerca del 60 %. En Nevada, un sondeo reciente de Equis Research coloca a Biden en 66 %. La competitividad de la campaña de Biden en Arizona, donde lidera con ventaja de 4 a 6 puntos (nunca antes vista para un demócrata), así como su competitividad en Texas, tiene que ver con el respaldo de los hispanos.

En Florida, Trump ha logrado optimizar en el respaldo del electorado cubano-americano en Miami, por encima del apoyo que alcanzaron Obama o Clinton entre 2008 y 2016… pero el electorado hispano en Florida es mucho más que el voto cubano o el de los venezolanos, este último todavía muy minoritario, pero ambos muy apetecibles en una contienda de márgenes estrechos como las que suelen darse en Florida.

Pero la realidad en todo el estado, según Equis Research y Latino Decisions, es que Biden tiene el apoyo del 53 % de los latinos en Florida, con un 7 % de electores indecisos, y Trump se encuentra en 37 %, entre los seguros de ir a votar. A la conquista de esos indecisos y para aumentar la participación, el propio Joe Biden enfocó su campaña esta semana en el corredor de la autopista I4 (Tampa-Orlando-Kissimmee), donde se concentra la nueva gran fuerza electoral latina de Florida, el voto boricua.

Biden fue certero en su mensaje, con propuestas para la recuperación social y económica de la isla, al decir algo que además de justo, según las encuestas, esperaban escuchar más del 80 % de los puertorriqueños de más reciente migración a la Florida (y otros estados, como Pensilvania o Texas): «Mi preferencia personal es que Puerto Rico sea un estado. Corresponde a los puertorriqueños decidirlo soberanamente y nosotros debemos corresponder esa decisión de forma vinculante a nivel federal». En pocas palabras, la administración Biden-Harris está comprometida con la ruta a la estadidad de Puerto Rico.

La cuestión de la estadidad de Puerto Rico (igual que la de Washington DC) es un buen puente para conectar con un asunto crucial: las elecciones parlamentarias y del Senado. La admisión de un nuevo Estado a la Unión Federal exige de un acto legislativo del Congreso, según la llamada Cláusula de Admisión del Artículo IV de la Constitución.

La cámara de representantes del Congreso pareciera, según todos los sondeos, que se mantendrá bajo el control del partido demócrata, a pesar del complejo entramado de “gerrymandering”, que ofrece mayor rentabilidad electoral a los republicanos. Los promedios de las encuestas señalan que el apoyo genérico al partido demócrata se encuentra en 48 %, con una ventaja de 5.7 % sobre el republicano (ubicado en 42 %). Los modelos sugieren una proyección según la cual la fracción demócrata sumaría 214 escaños, contra 190 representantes republicanos.

La batalla por el Senado es un asunto diferente porque solo están en juego 35 de los 100 escaños, en un grupo de estados en esta elección. En esta oportunidad, los demócratas defienden 12 escaños; y los republicanos 23 (lo contrario ocurrió en 2018).

La correlación actual de fuerzas en la Cámara Alta es de 53 senadores republicanos, 45 demócratas y 2 independientes (Bernie Sanders y Angus King, aunque ambos incorporados a la fracción demócrata). Los demócratas tendrían que ganar 4 escaños para controlar el Senado; y como suele ocurrir, hay estados donde la elección o reelección de un demócrata o un republicano se da por descontada, quedando la lucha por el Senado circunscrita a un grupo de 13 estados, donde en este momento destacan 4 estados en los cuales el opositor demócrata mantiene sólida ventaja frente al republicano que aspira a la reelección: Carolina del Norte, Maine, Arizona y Colorado. Solo se ve una posible baja demócrata en Alabama.

Y posibles nuevas conquistas demócratas (en pelea tan cerrada como inusual) en alguno de los siguientes estados: Iowa, Montana, Carolina del Sur y uno de los dos escaños de Georgia. Un detalle interesante: en Arizona, por supuesto, el voto latino es de gran magnitud, pero en los demás estados en disputa, aunque todavía la contingente latino es minoritaria, oscilando de un 3 hasta un 7 por ciento de la población electoral; las diferencias son tan cerradas que una alta participación latina favorecería a Biden y podría determinar el triunfo demócrata en toda la boleta electoral.

Los modelos (tomando en cuenta el efecto de la elección presidencial concurrente y la impopularidad de Trump) permiten proyectar un Senado 50/50 o 51 a 49 a favor de los demócratas. De acuerdo a la Constitución, el vicepresidente de los EE. UU. preside el Senado y solo tiene derecho a voto en caso de empate en alguna decisión de la Cámara Alta. Es decir, en el polarizado ambiente político de los Estados Unidos, la hoy senadora de California, Kamala Harris, de ser electa vicepresidenta, sería una figura histórica para la toma de decisiones en el próximo período constitucional.

Se avecinan batallas fuertes en el Senado. Desde la admisión de Puerto Rico o DC como estados de la Unión Federal, la expansión de Obamacare, las políticas y presupuesto de transición energética para la sustentabilidad medioambiental, la reforma migratoria con camino a la ciudadanía, la introducción de regulaciones federales razonables a la tenencia de armas o rifles de repetición para prevenir la violencia, la reforma del sistema judicial para resolver el flagelo del racismo sistémico o la aprobación de presupuestos que permitan una adecuada inversión en infraestructuras o calidad del sistema educativo, así como acceso a la educación superior. Sin entrar a especular sobre los altamente probables nuevos nombramientos de magistrados en la Corte Suprema o las Cortes Federales.

Como puede apreciarse, están en el tapete muchas cuestiones fundamentales. Todas de especial relevancia para los latinos.

Y dado el papel que juega en todo esto el Senado, e incluso la posibilidad de que sea la vicepresidencia de los EE. UU. la que aporte el voto que decida todos estos asuntos en la Cámara Alta. Los ciudadanos estadounidenses de origen Latino que creemos en el cambio y la democracia, tenemos muy claro las razones de peso para salir a votar.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El desafío de los EE. UU. en América Latina frente al creciente poder de China, por Leopoldo Martínez Nucete*
La influencia económica de China sobre la América Latina ha crecido en las últimas década de forma impresionante. El desafío de los EE. UU. es pasar de la retórica de cooperación a la acción.

@lecumberry

Se calcula en más de $150 millardos la cartera de préstamos chinos dirigidos a apoyar infraestructuras en América Latina. El Intercambio comercial sino-latinoamericano ha crecido de $17 millardos en 2002, a más de $350 millardos en 2019. El plan multianual del gobierno Chino es llevar ese intercambio a niveles de 500 millardos en el 2025. Y a pesar de los ajustes que esos objetivos puedan tener, dada la contracción económica regional debido a la pandemia, China ha hecho lo posible por liderar en América Latina iniciativas para enfrentar los impactos sanitarios y económicos del COVID-19.

Para países como Brasil y Perú, China es su principal mercado de exportación, al igual que para Chile. Para todos los países del Mercosur China es uno de los tres principales socios comerciales, con Brasil a la cabeza, que como explicamos cada día incrementa su conexión comercial con China. En toda la región y el Caribe el posicionamiento comercial de China es creciente, y le va ganando terreno a EE. UU.

México mantiene a EE. UU. como su principal socio comercial, pero ya China se consolida en un sólido segundo escaño. Los bancos de desarrollo regional como, el BID y la CAF, cada día cuentan con China como un creciente socio financiero.

Por supuesto, podríamos abrir otro capítulo para destacar el nivel de interdependencia económica y comercial sino-estadounidense, y la posición de China como principal acreedor de los EE. UU.; pero el enfoque de este artículo es subrayar la pérdida de influencia estadounidense en el destino de su socio natural e histórico: América Latina.

No cabe duda de que la región con todos sus desafíos de desarrollo, agravados con la crisis de la COVID-19, debe ser una prioridad de la política exterior de EE. UU.

Pero plantearse esto como una política sin ponerle un adecuado ingrediente financiero en el diseño es simplemente un ejercicio retórico.

Para que Estados Unidos pueda retormar su liderazgo en la región y construir alianzas potentes y promisorias debe asumir las magnitudes económicas del desafío que ello supone. Porque China sí lo tiene claro y lo está haciendo realidad. En primer lugar, miremos las magnitudes financieras del U.S. International Development Corporation (IDC) o el Export Import Bank of the U.S. (EXIM Bank), los fondos de cooperación administrados por USAID, o los compromisos financieros que mantiene EE. UU. en el BID y la CAF, para concluir que no compiten en este momento con los recursos invertidos por China en la región. La exposición total del EXIM Bank en Latinoamérica al 2019 es de $8,7 millardos. La totalidad de financiamiento y garantías financieras otorgados por el IDC en América Latina asciende a unos $5 millardos. USAID para el 2019 maneja cerca de $1 millardo en fondos de cooperación.

Y dicho lo anterior sobre el alcance financiero de la acción pública, pensemos en cómo la diplomacia económica China vienen acompañada de una articulación de precisión mecánica con sus sectores empresariales públicos, mixtos y privados. Alcanzar esas magnitudes financieras y articulación público/privada en la relación con Latinoamérica debe ser un objetivo bipartidista, y un propósito de la sociedad estadounidense.

Para que Estados Unidos y América Latina sean socios capaces de aprovechar las oportunidades que esta relación estratégica supone, se debe pasar de la retórica a la acción. De los enunciados de políticas públicas, a los presupuestos que compitan con las magnitudes financieras que China está comprometida a invertir en la región. Y esto no es un ejercicio filantrópico. Está vinculado a la construcción de encadenamientos y enclaves de valor agregado en lo económico y empresarial, transición energética, crecimiento con igualdad, solución de problemas hemisféricos como la lucha contra la violencia, el crimen organizado y los movimientos migratorios desde sus causas raíces; y además, ofreciendo a todos los países una sustentabilidad social y medioambiental de sus desarrollos económicos, respetando la democracia y los derechos humanos.

Si se quiere trabajar la relación hemisférica con el debido impacto, Estados Unidos tiene que invertir más que China. Así de sencillo. Tienes que poner el dinero para respaldar sus palabras. 

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Nuestra América es prioridad para el liderazgo latino de los EE. UU., por Leopoldo Martínez Nucete

@lecumberry

Para nadie es un secreto la creciente influencia de China y Rusia en toda Latinoamérica. China, enfocada en sus intereses económicos y comerciales, se asegura el suministro de materia prima y mercados para sus productos. Rusia, enfilada en la procuración militar, el negocio petrolero y la influencia geopolítica.

En una primera lectura, la presencia de China, a diferencia de la rusa, no parece tener una agenda política… pero, desde luego, su creciente presencia económica no tiene como trasfondo mucha contribucion que digamos a la defensa del desarrollo en democracia. Los rusos sí tienen objetivos con implicaciones específicas de seguridad nacional para los EE. UU. Particularmente, en el caso de Venezuela.

Este fenómeno encuentra terreno fértil en el decaimiento del liderazgo de los Estados Unidos en la región, y su falta de iniciativa. La agenda hacia Latinoamérica tiene que transcender los paradigmas impuestos hasta hoy.

Reeditar con inteligencia la visión de la Alianza para el Progreso, de John F. Kennedy; esto es, un sistema holístico de cooperación económica y social inscrito en una diplomacia eficiente para fortalecer la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el continente. Así como incentivar la transición hacia la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua, reconociendo las especificidades de los tres regímenes. Hasta ahora, solo en el mensaje de Joe Biden y la plataforma del partido demócrata encontramos esa visión bien articulada.

Asimismo, es preciso entender que el impacto de la pandemia de COVID-19 exige una repuesta hemisférica, antes de que la propia China continúe utilizando esta crisis como una ventana de oportunidad; cosa que viene haciendo de forma sistemática.

Estados Unidos, si pensamos en sus orígenes y diversidad demográfica, es una realidad iberoamericana. Los latinos constituimos ya el 13 % del electorado estadounidense. Salta a la vista que debemos valernos de ese poder electoral para incrementar nuestra representación política, preparar recursos humanos para el ejercicio de la función pública y movilizar nuestra fuerza social en torno a una agenda doméstica y de política exterior.

La crisis del COVID-19 exige una ambiciosa respuesta económica, que incluso asuma la tarea de cara a la urgencia medioambiental y la sustentabilidad social de nuestra economía de mercado. En ese sentido, la relación con América Latina y España reviste una relevancia especial.

El liderazgo latino en los Estados Unidos, en su estrategia de empoderamiento, debe contraer esa ambiciosa agenda económica e internacional como elemento clave de sus propuestas y acción política.

En estas elecciones, por cierto, tenemos una oportunidad para avanzar en esa dirección. Lo primero es afrontar con nitidez el hecho de que Trump no tiene más iniciativa hacia la región que los discursos urdidos para explotar y manipular emociones en Miami. No hay que engañarse al respecto. Organizaciones como Latino Victory, además de su compromiso por un cambio en el liderazgo de la Casa Blanca, están luchando junto con el partido demócrata por elegir más de 85 nuevos líderes latinos al Senado, al Congreso y a las legislaturas de estados donde nuestra comunidad tiene poder de decisión.

Nos referimos a candidaturas como la de Ben Ray Lujan, al Senado por New México, para ocupar un escaño que entonces sumaría a un tercer latino a la fracción demócrata en la cámara alta, junto con Bob Menéndez (Née Jersey) y Catherine Cortez-Masto (Nevada); la reeleccion de representantes como Debbie Mucarsel-Powel, en Florida; Antonio Delgado, en Nueva York; Gil Cisneros, en California; Silvia Garcia y Veronica Escobar, en Texas; o Xotchi Torres Small, en Nuevo México, donde también está Teresa Leger Fernández, así como otras mujeres con un liderazgo emergente, que aspiran a escaños en el Congreso, como Candance Valenzuela en Texas; Brenda López, en Georgia; Christina Hale, en Indiana; o Michelle De La Isla, en Kansas.

Todas son opciones que vendrán a garantizar que nuestras voces sean escuchadas, nuestras prioridades atendidas y que la legislación del país cancele esos puntos ciegos que dejan los intereses de nuestra comunidad al margen.

Un trabuco como este nos llevará a avanzar en una gran coalición latina que promueva los intereses de nuestra comunidad. Desde la reforma migratoria con camino a la ciudadanía hasta el empoderamiento económico de los hispanos; así como la relación con América Latina en el lugar prioritario que corresponde, con el enfoque de cooperación y construcción democrática que urge en la política exterior de los Estados Unidos.

Sobre esto último, la única manera de hacer frente a influencias que, por diversos motivos, podrían ser perniciosas es fortalecer a América Latina desde adentro, desde su gente, desde sus instituciones democráticas. Y una economía que suprima la brecha de las desigualdades.

Estados Unidos puede -y está llamado- contribuir en mucho a este objetivo. Los latinos debemos convertirlo en prioridad. Y en una pronta realidad.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

 

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