El apunte de esta semana va de análisis acerca de la pertinencia o no, de un criterio que postula que la administración de un Estado debe necesariamente inspirarse en una posición ideológica determinada. Como siempre, para argumentar nuestra posición, nos serviremos de dos anécdotas de la que fuimos participantes.
No obstante, debemos decir primero que esta discusión, que los más importantes pensadores sociales y políticos habían dejado de lado hace algún tiempo, ha renacido de nuevo. Esta parecía conjurada con la aceptación, por parte de un grueso segmento de la intelectualidad mundial, de la tesis de Francis Fukuyama en El fin de la historia, según la cual el mundo se dirigía victorioso hacia una aceptación general de la democracia liberal.
Ello se debe a la aparición de varios liderazgos carismáticos que, apoyados en posiciones ideológicas, han aparecido en la escena mundial. Líderes como Trump, Chávez o Margaret Tatcher no han dejado indiferentes a casi nadie; y han puesto de nuevo sobre la mesa la discusión sobre temas que ya se daba por sentado eran antiguallas destinadas a ser investigadas por los arqueólogos. Fueron exitosos en su operación de respiración boca a boca de aquellos cuerpos exangües.
Lo más tradicional de este debate es desempolvar los viejos conceptos de la izquierda y la derecha; del capitalismo y el socialismo y todos los ismos que derivan de esta antinomia que, creemos, es una anacrónica y maniquea división de las ideas o de las maneras de pensar.
Pero, vayamos a nuestra historia: corrían los años 1990 y 1991. Venezuela acabada de entrar en una de las más interesantes etapas de la historia política contemporánea. En 1989 se habían realizado las primeras elecciones directas a gobernadores en el país. Por casi 30 años había dormido en la Constitución, como la princesa del cuento de Perrault, una norma que preveía la elección directa de los gobernadores. Hizo falta el beso de príncipe del Caracazo, para que nuestra clase política despertara y abriera aquella válvula.
En Carabobo, como es conocido, una coalición de Copei, el MAS y decenas de otros partidos minoritarios llevó a la gobernación a Henrique Salas Romer. Pocos creían en que tal victoria se produciría. Tanto, que conseguir un candidato dispuesto a sacrificarse al liderazgo de Oscar Celli y Acción Democrática no fue una tarea fácil (este cuento será motivo de otro apunte).
En las alforjas del nuevo gobernador estaba la idea de utilizar aquel impulso para proponerse una tarea más ambiciosa: profundizar el proceso de descentralización y dar los pasos necesarios en la vía de una nueva federación para Venezuela.
En otro apunte hablaremos igualmente de ello; y de las gestiones que comenzaron con la firma de la Declaración de la Casa de la Estrella en Valencia por parte de varios de los primeros mandatarios electos en sus estados, que comulgaban con esta estrategia de avanzar hacia metas más ambiciosas.
De acuerdo con la Ley de Descentralización, para asumir aquella competencia solo era necesario que la Asamblea Legislativa aprobara una ley. Antes de que se dieran los primeros pasos, fue menester derrotar una pancada de ahogado del centralismo que pretendió otorgar los muelles a empresas extrañas antes de que la Asamblea aprobara el instrumento legal (fue una batalla interesante y digna también de mencionar en otro momento).
Se comenzó a redactar el proyecto de ley y se abrió un proceso de consultas muy amplio con distintos sectores vinculados a la actividad portuaria. El fin era que expusieran sus ideas y criterios acerca de cómo se debería manejar el puerto, una vez descentralizado.
En una de las muchas sesiones y mesas de trabajo a las que concurrimos, debo referirme a una que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, con representantes de las más importantes empresas de servicios navieros.
Recuerdo que a aquella fuimos comisionados por el gobernador la Dra. Marielena Giménez y yo. La reunión trascurrió con toda cordialidad y plena de interesantes planteamientos. Al concluir, y con las notas tomadas, nos regresamos a Valencia.
Al llegar a mi oficina, tengo el aviso de una de las personas que había estado en la reunión. Un viejo amigo de luchas de la Facultad de Derecho que urgía a que lo llamara de vuelta. Resumo su conversación de esta manera: ¿Julio, tú sabes de qué se quedaron hablando los representantes de las empresas cuando ustedes se fueron? No, le respondo. Pues se quedaron conversando sobre cómo podían hacer para formar UNA EMPRESA ENTRE TODOS para proponerse como administradores del puerto.
Al final, debemos decirlo, la decisión sobre la manera de manejar el puerto tuvo mucho que ver con tratar de evitar que se manejara de manera monopólica; a ello abono también lo que ocurrió en una segunda anécdota.
El gobernador Salas Romer había atendido la invitación de María Liberia, la carismática jefa del gobierno de Curazao. Formé parte de la delegación y una de las cosas que fuimos a ver fue el puerto de la isla. Recorrimos las instalaciones con directivos de la empresa que manejaba el puerto, representantes de la Cámara de Comercio y del gobierno insular.
Cuando el representante de la empresa ponderaba las maravillas del funcionamiento dio mucha importancia a que se habían acabado los robos de mercancías. “Se acabaron los ladrones”, nos dijo con orgullo. Inmediatamente, el representante de la Cámara de Comercio le paró y le corrigió diciéndole: “No, no se acabaron; quedó uno” ¿Cuál? Le preguntó el directivo de la empresa, “pues ustedes, que cobran lo que les da la gana y estamos obligados a pagar porque son un monopolio y no hay competencia”. De más está decir que el viaje concluyó en silencio.
Tras la reflexión que provocaron estos eventos, la ley estableció normas muy severas contra las prácticas monopólicas y de cartelización de tarifas. El Estado mantuvo el control de los muelles, sin otorgarlos en concesión. Y se dio posibilidades a todas las empresas para que compitieran con las labores de carga, descarga, estiba y caleta que son las que constituyen la actividad portuaria.
Gracias a ese modelo, el puerto de Puerto Cabello protagonizó el siguiente milagro económico, político y social: 10 meses después de la descentralización, el puerto se empezó a manejar con 120 trabajadores, contra los 4500 que tenía el INP. Un barco que solía pasar entre 60 y 70 horas en el muelle, comenzó a pasar menos de 35 horas y «last but not least”, un puerto que daba 1500 millones de bolívares en pérdidas a la nación, comenzó a dar 800 millones de ingreso al estado Carabobo. El puerto salió de las listas negras de las aseguradoras que cobraban sobre primas a los barcos que lo tenían como destino y su buen funcionamiento hizo que su Hinterland llegara hasta el Norte de Santander en Colombia.
Si Carabobo hubiera adoptado la receta ideológica de privatizar el puerto y entregarlo a una sola empresa y quedarse como fiscal de una concesión; si se hubiese cedido a la pretensión de algunos que esgrimían el argumento de que el Estado no debe inmiscuirse en los negocios, a Puerto Cabello le hubiese pasado lo mismo que a Maracaibo o a Curazao. El monopolio los hizo ineficientes y terminaron perdiendo clientes en favor de Puerto Cabello que, como hemos dicho, en muy poco tiempo, y sin seguir supercherías y supersticiones ideológicas, consiguió una fórmula de sentido común y adaptado a la realidad para ser exitoso y eficiente.
Las ideologías, definitivamente, son una quincalla.
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